Nos roban la Constitución para dársela a sus socios

Entre tanta anotación que viene y va, tanta declaración ante el juez Ruz de los sobrecogedores y los genoveses que vieron o no vieron pasar el dinero ante sus ojos directo hasta su bolsillos, entre tanto robo, apropiación indebida, desviación de capitales, el Partido Popular y el gobierno al que mantiene ne La Moncloa nos ha robado dos cosas en un solo día.

Nos ha robado el oído y se ha echado al bolsillo la Constitución. Apenas hemos podido fijar un frente y ya nos abren otros dos. Nadie dijo que iba a ser fácil.

En el Congreso de los Diputados -eso que, según ellos, es intocable e imposible de rodear cuando los ciudadanos quieren tocarlo y rodearlo- nos ha dejado sordos. Ha decidido que no tenemos derecho a escuchar a nuestro presidente, ese que lo es porque los ciudadanos le dieron el poder. 

Han decidido que Rajoy no tiene porque hablar de la financiación de su partido, que nosotros no tenemos que oír lo que tiene que decir al respecto. Ha decidido que, aunque todo el resto de los votantes -representados en el resto de los partidos políticos- lo exijan, Don Mariano no tiene porque hablarnos de los sobres genoveses.

Después de intentar dejarnos mudos en las calles ha logrado dejarnos sordos en el parlamento. No escucharemos de su voz la mentira de la negativa, ni la del de conocimiento. Porque la verdad ya sabíamos que no la íbamos a escuchar.

Pero hay otro robo, otro latrocinio, mucho más peligroso es el que ha protagonizado mientras estábamos pendientes del otro. Nos ha robado la Constitución.

El nuevo Tribunal Constitucional Express, el que ha surgido de la renovación -o involución- que se ha sacado el ministro de Justicia Ruiz Gallardón de su manga más totalitaria, ha tomado su primera decisión y con ella se ha llevado la Constitución a dar una vuelta.

Ha decidido paralizar el Decreto antidesahucios de la Junta de Andalucía. Una normativa que había permitido paralizar doce desalojos, que había dado aire y un poco de futuro a doce familias andaluzas, en tan solo una semana sin la necesidad de que tuviéramos que partirnos el alma y el cuerpo para pararlos.

Y lo ha hecho a petición del Gobierno. No lo ha hecho porque los ciudadanos consideren la norma injusta o fuera de la Constitución. Lo ha hecho simplemente porque el Gobierno moncloita se lo ha exigido.

Mientras Ruz les exige explicaciones sobre su financiación, mientras una jueza sevillana se enfrenta a la corrupción de los ERE, mientras cientos de magistrados se esfuerzan por aunar ley y justicia y anulan desahucios por cláusulas abusivas al amparo de los exigido por los máximos órganos jurisdiccionales europeos, mientras los tribunales superiores de justicia le paralizan sus privatizaciones sanitarias en Castilla - La Mancha y en Madrid por el mal que pueden hacerle a la ciudadanía, el Tribunal Constitucional, su tribunal constitucional, paraliza una ley antidesahucios pese a que sabe el daño irreparable que les hará a cientos de familias andaluzas condenadas a quedarse sin vivienda.

Y ese es el mayor robo perpetrado por el PP y los inquilinos de Moncloa. Mayor que sus privatizaciones nepotistas, mayor que sus sobrecogimientos de pasillo y despacho. Ha cogido la Constitución y se la ha metido en el bolsillo para que deje de servirnos a nosotros y les sirva solo a ellos.

Para eso es para lo que querían y se han esmerado en controlar el Tribunal Constitucional. No para la ley del aborto ni para redefinir el terrorismo, ni para intentar fatuamente controlar el soberanismo. Todo eso son daños colaterales. Querían robarlo para esto.

Porque tanto el nuevo Tribunal Constitucional como el Gobierno saben que ese decreto no es anticonstitucional.

Porque el Gobierno sabe que si es una cuestión de competencias podría haberlas negociado con la Junta de Andalucía en lugar de recurrirlo ante el Constitucional.

Porque los nuevos conservadores que pueblan la alta instancia judicial saben que podían haber admitido el recurso sin necesidad de paralizar su aplicación durante cinco meses.

Porque, a diferencia del cierre de las urgencias nocturnas castellano manchegas, al contrario que la privatización de seis hospitales madrileños, la aplicación del decreto no supone un perjuicio irreparable para la sociedad y los ciudadanos sino todo lo contrario.

Pero, claro, supone un perjuicio para las entidades bancarias, las mismas entidades bancarias que nos han llevado a la ruina, las mismas entidades bancarias que han forzado un rescate que nos endeuda con Europa por dos generaciones para salvar las nalgas laceradas y enrojecidas de su gestión politizada e irresponsable. Las mismas entidades bancarias que nos están matando.

Porque el decreto permite algo que no les viene bien, algo que les descuadra sus ya maltrechas cuentas de resultados. Permite hacer con ellos lo que ellos hacen con otros. Permite la expropiación de viviendas vacías a los bancos.

Y eso no es constitucional

Puede que beneficie a un mercado inmobiliario que está bajo mínimos porque las entidades financieras se niegan a poner a la venta al bajísimo precio de mercado actual todas las viviendas que tienen en sus manos, pero no es liberal capitalista.

Puede que impida que esas entidades acumulen activos tóxicos hasta la extenuación para luego largárselos al Estado y librarse de ellos y del agujero que supone en sus cuentas de resultados y de las provisiones financieras a las que les obligan, pero no es neocon.

Puede que sea necesario para frenar la desesperación de aquellos a quienes la reforma laboral a arrojado al paro y están a punto de quedarse sin techo, para evitar la ruptura que la miseria lleva a cualquier sociedad que se ve arrojada a un futuro marcado por la falta de expectativas. Pero según el Gobierno y su nuevo tribunal amigo y aliado eso no es constitucional.

Y el único motivo de ello es que nuestros acreedores europeos, los que ahora dirigen nuestro presente y nuestro futuro porque nuestro gobierno les pidió el dinero que le hacía falta para salvar a sus amigos y socios de la quiebra, creen que esa medida "tendrá un impacto en la estabilidad financiera".

Pese a la politización de la gestión de las entidades financieras hundidas, pese a las irregularidades en sus balances, pese a la gestión fraudulenta de sus consejos de administración, pese a las mentiras de sus comerciales a la hora de vender preferentes, pese a los créditos millonarios a los gobiernos autonómicos nunca devueltos y desperdiciados en puertos, aeropuertos, circuitos y radiales faraónicas, inútiles y no rentables, lo que "impactará" en la estabilidad financiera es que se les puedan expropiar viviendas. No todo lo demás.

Y Rajoy y su corte moncloita asienten obedientes y deciden que la Constitución tiene que servir a la estabilidad financiera, no a la social, que debe proteger a la banca irresponsable no a la población desesperada, que debe anteponer los daños financieros a los desastres sociales. Deciden que es inconstitucional no ser neoliberal. No ser neocon.

Igual que pusieron a Wert al frente de la Educación para robárnosla, igual que han colocado a sus amantes, consejeros y familiares en las empresas sanitarias para robárnosla, ahora han colocado a sus magistrados amigos en el Tribunal Constitucional para robarnos la Constitución y regalarsela con un lazo dorado a sus amigos bancarios.

Otra cosa que quieren quitarnos. Otra cosa que nos debemos empeñar en mantener en nuestro poder.

Lo dicho, nadie dijo que iba a ser fácil.

De escarches, nazis, conciencia y González Pons

Los nazis, esos locos furiosos que pusieron el mundo patas arriba y ocasionaron la muerte de 40 millones de personas, son un ejemplo muy socorrido. Siempre que hay una polémica, siempre que se da una controversia sobre los derechos de unos y de otros, sobre el choque de esos derechos, más concretamente, salen los nazis a relucir como ejemplo de unos y de otros.

Lo que no se esperaba uno es que, en mitad del ataque más brutal a los derechos básicos por parte de un gobierno que se recuerda en España desde que las botas y los bigotes dejaran de poblar las salas de gobierno de este país, los que mentaran a los nazis, los que se los llevaran a la boca, fueran precisamente aquellos que se encuentran dentro de los bastiones de la corte de Génova, 13.

"Dicen que me van a señalar, pero señalar es lo que hacían los nazis con los judíos”, así se descuelga Esteban González Pons, vicesecretario de estudios y programas del Partido Popular -¿donde va el chico sin cargo?- refiriéndose ni mas ni menos que a los Activistas del la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
¿Por qué?, porque han decidido que todo el mundo sepa que González Pons está contra la dación en pago para saldar las hipotecas que están sangrando y desahuciando a miles de familias; porque han decidido que no pase un minuto sin que el mismo tenga que recordar que ha decidido ponerse del lado de los bancos y no de los ciudadanos, que ha decidido utilizar su escaño y su puesto político para proteger a sus socios y sus amigos y no a aquellos de los que se supone que emana su representación.
El hombre, que debe ser que sabe mucho de totalitarismos porque no olvidemos que para él limitar la velocidad era algo estalinista  tira de nazis para afirmar que nadie tiene derecho a señalarle, a hacerle sentir mal, a recordarle que la mayoría de aquellos a los que se llena la boca de decir que representa están en contra de lo que el defiende.
Pues bien, yo tengo otro ejemplo
En la década de los años 30 un país promulgó una ley. Una ley secundaria, que no era de las más importantes ni de las que copan los sesudos análisis de la historia. Se llamo Ley de Deudas, Empréstitos y Arrendamientos.
La ley de marras permitía a las entidades bancarias alemanas hacerse con el control de viviendas y negocios ante la falta o demora en el pago de un solo plazo en los créditos, aunque en el momento del desahucio tuviera posibilidades de abonar la deuda ¿nos suena a algo?
Obligaba además a los que no habían cumplido con el crédito  a pagar el resto del mismo y forzaba la expropiación de sus bienes para cubrir esa deuda dineraria ¿nos sigue sonando a algo?
Posibilitaba que los propietarios de un local o una vivienda desahuciaran en tiempo récord a sus inquilinos con una cascada tal de excusas que prácticamente podían hacerlo cuando quisieran, obligando ademas, so pena de embargos de propiedades y bienes a abonar el coste total del contrato a modo de indemnización por daños al propietario ¿nos recuerda alguna cosa?

¿El país?,  Alemania; ¿el Ministerio?, el de Interior; ¿el ministro?, Wilhelm Flick; ¿el año?, 1933, ¿el régimen?,  el Nacional Socialismo.
Si es que parece que los nazis sirven para todo y no resulta ni siquiera de recibo que González Pons tire de los nazis cuando se siente molesto mientras está defendiendo una situación bancaria e hipotecaria tan parecida a la de la Alemania de ese régimen.
Claro que él no lo hace por criterios racistas, no quiere quitarle sus propiedades a los judíos, simplemente quiere condenar a la pobreza a toda la población para salvar a sus amigos y socios de las entidades bancarias intervenidas.
Así que la población tiene derecho a saber que él está defendiendo eso, que está defendiendo una ley arcaica, desequilibrada e injusta que se parece más a cualquier normativa nazi que a los principios de la Constitución que dice defender.
Y si hay que escarcharle -que seguirle allá donde vaya- para recordárselo no es porque los activistas de la PAH se hayan vuelto repentinamente camisas pardas con deseos de incendiar el Reichstag, es porque él lo ha olvidado. 
Ha olvidado que su obligación es para con los ciudadanos, no con un sistema financiero corrupto y negligente; es con la sociedad, no con una ideología económica que se ha demostrado imposible de mantener y que ha ocasionado el colapso de un sistema con crisis cíclicas, cada vez más frecuentes y demoledoras.
Si le molesta que llamen 45 minutos a su puerta, que les abra y hable con ellos, como es la obligación de todo representante público; si le molesta que le sigan, que se detenga, les escuche, dialogue con ellos y discuta sus propuestas en lugar de parapetarse tras su escaño de mayoría absoluta para limitarse a pulsar el botón del sí o el no, según le indique su jefa en el Congreso.
Y lo mismo vale con todos los demás.
Si Soraya Sáenz de Santamaría quiere respeto a su intimidad que demuestre tenerla por la intimidad, el futuro y la dignidad de los tres millones de españoles que se encuentran ya en la frontera de la miseria. Porque resulta muy difícil tener intimidad cuando se vive en un banco de un parque o debajo de un puente.
González Pons se queja de que acosan a un "representante de la soberanía", pero lo que olvida es que quien,según él, le acosa, es esa soberanía que le recuerda que trabaja para ella, que recibe el sueldo de ella y que está obligado a pensar en ella antes que en cualquier otra cosa.

"Asustar a mi familia es un método mafioso. Hoy lo hacen para que los políticos cambiemos el voto. Mañana lo harán con los jueces y pasado con los periodistas. Es muy peligroso", dice el miembro de la corte genovita.

Y tiene razón. Pero que no sufra por los jueces o los periodistas. Los primeros saben que son el tercer poder del Estado y que se deben a la justicia y a la ciudadanía y lo están demostrando y los segundos informan, solamente eso. 

No  tienen nada que ver con su Gobierno, no puede arrimarles al ascua de su sardina para que le apoyen en esta causa.

Pero el miedo de su familia no se corresponde con la realidad. 

Si su familia se asusta de la protesta de la PAH es porque alguien les ha enseñado a entender a la ciudadanía como su enemiga, a pensar que los que no apoyan sin rechistar o por lo menos se resignan cristianamente a lo que el PP dicta para España son violentos "radicales", "rojos" y "revolucionarios" peligrosos.

Y eso es algo que no ha hecho la PAH, ni ciudadanía  sino la ideología que González Pons ha inculcado a su entorno.

Pero el miedo de otras familias si se corresponde con la realidad. El miedo que su política impone. El miedo a no saber que comer mañana, de donde sacar ingresos, si al día siguiente tendrá un techo bajo el que cobijarse. Y ese miedo también es peligroso, también es producto de tácticas mafiosas. Las de su partido, la de sus grupos de presión, la de sus centros de poder.

Claro que los métodos mafiosos son muy peligrosos. 

Por eso es peligroso que se intente utilizar el gobierno para beneficiar económicamente a un grupo -método mafioso por antonomasia-, que se intente controlar bajo cuerda los poderes públicos para lograr sentencias judiciales benévolas o favorables, que se intenten utilizar las fuerzas policiales y de seguridad para defender y proteger los intereses de un solo colectivo, que se acepten sobornos, pagos oscuros, sobresueldos sobrecogidos de pasillo, donaciones anónimas, chantajes intuidos...

Todo ello en nada está relacionado con los activistas de la PAH. Todo ello muy de Génova, muy de la peor tradición genovesa, muy de Al Capone y Charlie "Lucky" Lucciano.

Según parece lo mafioso y lo nazi está más cerca de González Pons de lo que el mismo cree o reconoce.

Así que quizás González Pons no tendría que sentirse molesto por los gritos y los recordatorios escarchados de la PAH si, cuando tuvo la ocasión de hacerlo, hubiera escuchado otros gritos que seguramente acalló, que se empeñó por no escuchar y que ahora ha olvidado como si nunca se hubieran producido.

Los gritos de su conciencia sobre sus actos, decisiones e intereses personales. 

Pero claro, es más que probable que hace años que su conciencia se alejajara de él, seguramente a más de ciento veinte kilómetros por hora para evitar caer en el estalinismo comunista.

Por ello la PAH se ha visto obligada a actuar así con los políticos. Para sustituir a sus conciencias.

Eso es el escarche. Los gritos que oyen y tanto les molestan no son de la PAH. Son de sus primero adormecidas y luego enterradas conciencias que el escarche resucita a golpe de megáfono y seguimiento.

Por eso escuecen tanto.

La remodelación ministerial aleja el humo de Moncloa -en forma de carteras, claro está-

¡Remodelación gubernamental Habemus! Y claro no hay más remedio que leer de ella, opinar de ella y hablar de ella.

Voy a obviar el hecho, que debería ser evidente, de que cambiar a las personas de cartera y a las carteras de persona no supone en realidad cambio alguno. Pero parece que sí, parece que es una forma de reforzar el Gobierno, de darle un nuevo rumbo, de inyectarle nuevos bríos. No entiendo el motivo, pero eso es cosa mía. Nunca he entendido por qué la imagen de gobernar es más importante que el hecho de hacerlo. Debe ser que estoy algo chapado a la antigua en materia de lo que es el Ser, el Estar y el Parecer

Y como yo soy mucho más de elegías que de loas, de panegiricos que de odas, voy a empezar por hablar de aquello que desaparece.

En el nuevo gobierno desaparecen dos ministerios, dos carteras de esas que surgieron de la nada y que vuelven a esa nada habiendo sido nada. Es lo que suele ocurrir con las cosas que se colocan en un lugar solamente para que sean vistas. Tienden a desaparecer cuando la gente deja de mirar.

Resumiendo, Desparecen los ministerios de Vivienda e Igualdad. Las dos caras del mismo error. Uno finiquita su existencia porque era imposible que hiciera la política que se tenía que hacer, el otro porque se quería que hiciera una política imposible de hacer.

La primera de las que ha pasado a engrosar la lista de nuestras ex (ministras, que no ex cualquier otra cosa, que ya quisieran algunos) es la titular de Vivienda, Betriz Corredor.

Víctima ha sido la buena de Beatriz del mal que aquejara a aquella tocaya suya a la que el poeta italiano amante del infierno y sus descripciones queria "hacer pequeña para llevarla en lo más grande que era su alma". La ministra Corredor fue puesta en un ministerio con un problema grande para hacer una política pequeña.

Parches, tiritas, propuestas imposibles, declaraciones de intenciones, rectificaciones y más parches, tiritas y propuestas imposibles han sido el devenir continuo de lo que la ministra Corredor se ha visto obligada, mandada o incluso impelida por si misma a hacer en la cartera ministerial que ahora se convierte en recuerdo.

Con la burbuja inmobiliaria estallando en mil trozos junto a nuestros tímpanos, nuestros bolsillos, nuestros sueños de especulación y nuestras hipotecas, el Gobierno se sacó de la manga el as del Ministerio de Vivienda que parecía llamado a poner las cosas en su sitio. A volver a hacer respirar a los propietarios, sobrevivir a los hipotecados y construir a las constructoras, que habían olvidado que ese y no especular era su principal objeto empresarial.

Pero Corredor ha pasado sin pena ni gloria, sometida al empequeñecimiento de sus funciones, a la corrección de sus propuestas, a la ignorancia constante y continua de sus iniciativas, condenada a la política pequeña de gestos y de paños calientes.

Y es posible que no haya sido culpa suya. Lo más probable es que sea responsabilidad de quien se olvidó comunicarle al entregarle la cartera de su ministerio que la gran política de vivienda con la que soñaba, con la que hasta parecía ilusionada, no podía llevarse a cabo por el mero hecho de que las cosas ya estaban en su sitio en el ámbito de la vivienda.

La culpa puede ser de aquel al que se le olvido decirle que, habiendo hecho lo que habiamos hecho todos, no había otro sitio para nuestro mercado inmobiliario que ese en el que estaba. En la más absoluta de las quiebras y en el borde interior del abismo. 

Porque Corredor ignoró que todos habiamos participado en ese desaguisado, que habíamos querido especular en lugar de buscar residencia, que las inmobiliarias no iban a participar en la solución de un fiasco que habían propiciado desde el principio e iban a arrojarse a la obra civil para salir de los números rojos, que los bancos no iban a ablandar sus condiciones ni sus hipotecas aúnque su amplio cedazo para concederlas antaño fuera parte del problema actual.

Así que se vio condenada a la política pequeña para un gran problema y su ministerio se vuelve humo como lo fue la política de imagen por la que fue concebido y el gobierno de gestos en el que participó.

Y luego tenemos el Ministerio de Igualdad -aunque siento un impulso irrefrenable de hacer el ya clásico juego de palabras de Igual Da, no lo haré (bueno, ya lo he hecho)- encabezado y conducido por la inefable Bibiana Aído.

El mal que aquejó desde siempre al ministerio estrella de la segunda legislatura socialista de José Luis Rodríguez Zapatero fue el contrario. Estaba llamado a hacer grande una política que no lo necesitaba.

Aído sujetó fuerte el mastil de una política que engrandecía los problemas para presentar sus soluciones como titánicas, que manipulaba sutilmente titulares y estadísticas para presentar que la única función que se le había encargado era de vital importancia, el centro necesario e inamobible de la politica social de nuestro país.

Engrandeció numérica y estádisticamente la tragedia vital de unas pocas mujeres desafortunadas para convertila en el pequeño modo de supervivencia de otras muchas a las que realmente les importaba bastante poco el sufrimiento real de aquellas a las que esa masificación de las cifras y de las presencias mediáticas perjudicaba.

Se hizo una política grande para un sólo problema, para un sólo mensaje. Se echó mano de crispación, de enfrentamiento, de manipulación solamente para mantener un presupuesto ideológico y un análisis social que estaban obsoletos prácticamente desde el momento mismo de su creación.

Se hizo grande un ministerio que funcionaba mejor cuando era una pequeña secretaría de Estado -si es que una secretaría de Estado es pequeña- porque así parecía que se estaba haciendo algo grande ya que el problema era enorme. Cuando, en realidad, seguía sin hacerse nada porque a corto plazo nada puede hacerse. Todo el mundo sabe que la educación lleva al menos una generación para dar sus frutos.

Aído se lanzó -en su caso estoy convencido que fue también convicción propia-  a hacer una política, tan grande como erronea, que sacralizó la discriminación, que paralizó los tribunales, que perdió a víctimas y verdugos (fueran del sexo que fueran) entre toneladas de papeleos y de cortinas de humo, que aprovechaban esa grandilocuencia y ese miedo engrandecido para otros fines, para otros logros.

El Ministerio de Igualdad tenía dos grandes objetivos, sólo dos: La Violencia de Género y el Aborto y ya ha logrado los dos. Así que estaba condenado a desaparecer porque no se pueden seguir inventando grandes problemas -aunque lo han intentado con la prostitución-  cuando realmente existen otros reales que les centuplican en magnitud.

Las mujeres que morían por causa de la furia discriminadora de sus parejas - que no es cualquier mujer que muere a manos de un hombre, dicho sea de paso- siguen muriendo. Y el ministerio se va. El aborto sigue siendo una salida para aquellas y aquellos irresponsables que olvidan que existen métodos anticonceptivos si no se quiere tener un hijo. Y el ministerio se cierra. Las prostitutas y los prostitutos siguen en las calles, sus anuncios en la prensa y la explotación sexual -no toda la prostitución, dicho sea también de camino- sigue su deambular delctivo más allá del machismo y del feminismo. Y el ministerio y la ministra Aído dicen adios.

Dos ministerios se van porque la realidad siempre supera a la ficción, a la ideología política que no sabe basarse en la realidad social, a la utopía estancada basada en fotografías fijas de lo que fue y lo que debería ser.

La remodelación del Gobierno es un bofetón de realismo que las encuestas, la sociedad y la vida -que no la Oposición, que esa es tán mitómana como el Gobierno- le han dado a Moncloa y aquellos que allí habitan y gobiernan. Aunque es más que dudoso que eso sea suficiente para despertarles.