Corpus Delicti

Como es costumbre, las elecciones, las campañas electorales y sobre todo los programas electorales dan para mucho. Dan para hablar, dan para discutir, pero para lo que parece que no dan es para pensar. Puede que los que los leemos lo hagamos, pero desde luego los que los redactan no.

Y sobre todo en un asunto tan sensible -como dicen ellos- como es la seguridad. Esa apelativa continua a la viscera, al atavismo prehistorico que, aun en nuestros días, nos hace dormir encogidos. Cuando se habla de seguridad hay que dejar la razón guardada en el cajón y la lógica colgada del perchero en el lugar del paraguas de medidas que ponemos a disposición de los votantes para que empape la lluvia de su inseguridad.

Y aquí nadie se libra. Aunque, como siempre, el PP se sobra por los bordes como pantagruel retozando en el lecho de un gnomo.

¡Rebajemos la edad penal a los 12 años en delitos graves y multireincidentes!

Así de repente, ignorando de un plumazo pedagogia y educación; obviando psicología y crecimiento. Dejando a los ciudadanos sin infancia, sin derecho a equivocarse, sin posibilidad de ser salvados por el mismo Estado que ha consentido por acción u omisión que delican a esas tempranas edades.

El PP olvida que cuando un niño delinque siempre hay un motivo y para no buscar ese motivo, para no despachurrar el presupuesto que pretende dedicar a beneficiar a sus votantes incrementando las pensiones, dando ayudas a las familias numerosas -siempre y cuando sean convencionales, claro está- y reduciendo los impuestos empresariales, el PP aboga por incluir a los niños en el sistema penal.

Argumenta que el delito organizado utiliza a menores de catroce años porque sabe que no pueden ser detenidos o procesados judicialmente. Y al decir eso demuestra que ignora lo esencial, sobre todo el señor Ignacio Astarloa, a la sazón portavoz de seguridad del PP e hijo de una familia de pro vizcaina que siempre disfrutó de todas las oportunidades.

Y lo esencial no es otra cosa que saber que si un niño es utilizado por una mafia, por una banda o por un mayor de edad para delinquir no es un culpable ,es, por muy crueles y reiterados que sean sus delitos , una víctima. Y el que no crea eso, el que no lo sepa es simplemente porque valora más su bolso, su cartera o sus pertenencias que la vida y el futuro de un niño. Algo que tampoco es sorprendente en estos tiempos y en estos lares.

Cuando un niño o una niña menor de 14 años es obligado a prostituirse o a mendigar todos lo perciben como una víctima, pero cuando es obligado, con las mismas amenazas, las mismas palizas y las mismas mentiras a vender droga o a robar bolsos y comercios entonces no. Entonces tiene que pagar porque nos hace sentirnos inseguros o quizás porque nos hace sentirnos culpables. Pero tiene que pagar. Lo dice el PP, punto final.

Y claro, las mafias comprenderan el mensaje y presas de un pánico cerval a que metan a todos esos menores en el sistema penal dejaran de utilizarlos, cometerán ellos directamente los delitos o simplemente se entregarán en la comisaria más cercana. Seguro que no se les ocurre, como diría aquel, ir un poco más hacia el oeste, es decir reclutar a crios más pequeños y arrancarles la infancia a los menores de 12 años.

Y si el PP se hace grande con esta propuesta, el PSOE se agiganta también con otra igualmente "garante de la seguridad". Va a poner en marcha un registro público de maltratadores que hayan recibido ordenes de alejamiento o sentencias firmes por este motivo.

Parece ignorar que la ley que ellos mismos han redactado y aprobado incluye las ordenes de alejamiento como medidas preventivas anteriores al juicio, lo cual supone que son dictadas antes de conocer la culpabilidad o inoncencia del acusado.

Pero el verdadero problema no está en eso. El verdadero problema reside en que parecen ignorar el funcionamiento de nuestro sistema legal. Ese registro ya existe, ese documento existe desde tiempo inmemorial y se llama certificado de penales.

Si una mujer es lo suficientemente paranoica como para ir a una lista a comprobar si un hombre que ha conocido o con el que mentiene relaciones es un maltratador, sólo tiene que pedirle que le enseñe un certificado de penales. Si él no acepta que rompa la relación o que no la inicie. Es así de simple. Pero como suena y sería absurdo hacerlo, prefieren ampararse en el anonimato de Internet para no descubrir su paranoia.

Digo yo, que podrían hacer también un registro de las más de 12.000 mujeres que cada año hacen falsas denuncias de malos tratos -y lo dice la Fiscalia del Estado, no yo- para beneficiarse en sus divorcios. Es posible que a sus futuras parejas ese dato les parezca importante. Y por supuesto tambien una lista de las mujeres contra las que se han dictado ordenes de alejamiento y sentencias firmes por acoso o malos tratos -que, aunque menos, tambien las hay-.

Y ya puestos, ya que se trata de proteger a las futuras víctimas, hagamos un registro público de madres que han abandonado o maltratado a sus hijos y contra las que hay sentencias firmes, no vaya a ser que inicien una nueva relación y repitan sus crímenes.

Cualquiera que haya cometido un delito carga con ese antecendente durante un tiempo determinado y se le puede exigir presentarlo. Pero, como estamos en una sociedad de derecho, esos antecedentes desaparecen del dominio público pasado un tiempo marcado por la ley.

Porque alguien que no ha vuelto a cometer delito alguno y que ha pagado por los que ha cometido tiene derecho a no ser estigmatizado de por vida. Pero claro, todo eso es irrelevante para las damas del PSOE porque, para ellas, el único problema social es la mal llamada violencia machista.

Sería muy dificil comenzar una relación solicitando un certificado de penales ¿verdad, damas del PSOE adalides de la satanización masculina? Aunque el varón en cuestion estuviera más limpio que una patena desaparecería a la velocidad del rayo. Nadie quiere tener nada que ver con semejante obsesión paranoide. Por eso tiene que existir el registro, para que nadie sea testigo de sus obsesiones, ¿verdad? Ellas tienen derecho al secreto, a consultar a escondidas y por la espalda la vida de otros, pero ellos no. No pueden tenerlo. Sería machista.

Lo que nos lleva a otro punto del programa electoral del PSOE que, aunque no está directamente relacionado con la seguridad, si lo está con eso de los registros de personas. Las damas del PSOE, encabezadas por la egregia vicepresidenta De La Vega, pretenden que se declare la confidencialidad de todo aborto, aunque sea ilegal.

Parece mentira que una antigua jueza pase por alto el hecho de que si se aborta en este país por encima del plazo establecido o fuera de los supuestos permitidos -que prácticamente convierten la ley en una ley de plazos encubierta- es un delito.

Y no es un delito porque se atente contra la propiedad o la seguridad o porque genere alarma social. Es un delito porque se elimina a un ser que ya ha demostrado ser viable y ha adquirido judicialmente la condición de ser humano, tanto como para poder heredar o para que si alguien mata a su madre cuando está embarazada de él se le acuse de doble asesinato. Resumiendo, es un delito porque se asesina a un niño.

Puede que la campaña contra las clínicas que practican abortos ilegales esté orquestada por el PP y la iglesia católica -que no lo dudado ni un momento- pero mientras esa ley, que el partido socialista ha mantenido y aprobado, exista, las mujeres que abortan pasada la fecha legal cometen simplemente un crimen, matan a un ser humano y eso tiene el mismo derecho a mantenerse en el anonimato para no ser perseguido como la violación, el asesinato o la tortura. Es decir ninguno.
Los jueces y policias que persiguen a los médicos que han practicado abortos ilegales y a las mujeres que los han recibido no están persiguiendo a las mujeres, están persiguiendo delincuentes. Así que las manifestaciones en su defensa están al mismo nivel que las que hacen los Abertxales defendiendo a los que ellos llaman "luchadores por la libertad de Euskadi". Y si esa comparación les escuece y no les gusta cambién la ley.

Pero aunque se haga una ley de plazos, aquella que aborte por encima de esos plazos seguirá comentiendo un delito que tipifica el código penal, que es matar a un ser humano que además depende de ella y está indefenso. Esas son las reglas del juego y las mujeres también están en este juego que se llama sociedad . No merecen -como no merecen los hombres- reglas especiales para ellas.

No se puede exigir que un determinado tipo de delito sea público para todos y por siempre y que otro se pueda cometer amparado en la confidencialidad. Esa es una gran muestra de la coherencia del PSOE en materia de seguridad -aunque me joda decirlo-.

Privación de libertad para niños de 12 años, personas estigmatizadas de por vida, conculcaciones sistemáticas de los derechos a la privacidad y a la redención de los delitos, listas negras, protección e impunidad para determinados tipos de crímenes... Esa es la seguridad que quieren para este país los dos principales partidos.

Discúlpenme si me encuentro indeciso. No se cual de ellos ha perdido más el norte.