Alfonso Fernández Ortega: o cuando una Black Op chapucera termina aterrizando en el mundo real.

No es que sea yo amigo de los protocolos y las formas en exceso, pero hay ocasiones en los que ambos son herramientas  para mantener un poco la distancia y el alejamiento e intentar ver el bosque que suele esconderse detrás de los árboles.

Así que, al igual que Madeleine Mcaan para mí nunca fue "Maddie" o igual que para mí Lee Harvey Oswald nunca fue "Herbbie", para mi, Alfonso Fernández Ortega es Alfonso Fernández Ortega y no "Alfon", no al menos hasta que no le conozca lo suficiente como para establecer esa confianza.

Y además porque es el primer alejamiento que permite una reflexión sobre todo lo que lleva aparejada la detención, el mantenimiento en prisión y la puesta en libertad -en espera de juicio, es de suponer- de este joven, que permanecía encarcelado desde que, allá en los albores del periodo brumario en el que las protestas ciudadanas empezaron a dar respuesta a la misantropía cerril de las acciones de nuestro gobierno, se organizara la Huelga General del 14 de noviembre.

Y sirve llamarle Alfonso Fernández Ortega porque eso le hace el primer favor, eso le concede el primer derecho. El de ser persona.

"Alfon" es un militante, es un colega -salvo para su madre y su familia que así le llamarán, supongo-  y "Alfon" puede ser un activista, un agitador, un terrorista. Ese es un nombre de guerra que puede ser usado en muchos sentidos y para muchos fines.

Cierto es que para todos los que le defienden, le apoyan o le dan la razón significa una cosa pero para aquellos que están intentando convertir este asunto en un debate vacío, en un encumbramiento absurdo de unas fuerzas del orden que cada vez contribuyen más al desorden cuando hay ciudadanos inconformes de por medio. Llamarle Alfon es una herramienta que otros utilizan para otros fines.

Si le llamas por su nombre, si tiene nombre y apellidos, tiene una familia, tienen unos padres, es alguien reconocible y reconocido. Llámale Alfonso Fernández Ortega y tiene un padre, una madre  -y en su caso una hermana- que le echan de menos,  llámale “Alfon” y todo eso desaparece, se pierde en la bruma de la militancia, del seudónimo, del nombre de guerra.

Al fin y al cabo a nadie le importa la familia de Artapalo, de Txomin, de Carlos o incluso del Ché. Los que tienen nombre de guerra es por algo y por algo lo utilizan.

Y esa es la primera herramienta que no se les puede conceder a los que intentan transformar ante nuestros ojos a Alfonso Fernández Ortega en "Alfon" como si eso justificara que fuera tratado como un enemigo en guerra, como si eso les permitiera referirse a el como el enemigo, como el terrorista, como alguien que no tiene capacidad para reclamar los derechos que pertenecen a Alfonso Fernández Ortega.

Ahora Alfonso está en la calle, ha dejado de estar entre rejas y en este momento es cuando todo comienza a hacerse insostenible, a pasar de ser un castillo de naipes endeble y poco sustancioso de un ejercicio policial cuando menos discutible a transformase en lo que desde los libros de historia hasta los juegos de ordenador definen de una sola manera: Una Black Op.

Porque ahora es cuando la versión que todos los estamentos del Gobierno y la policía han estado dando se desmorona sobre sí misma en un ejercicio de esa entropía destructiva que caracteriza a la mentira.

Desde que comenzara todo esto se ha estado tirando de una historia preparada -algo típico de las ops negras, por cierto- se ha estado construyendo un retrato de Alfonso que prácticamente le convierte en el cómplice que cargó el arma que Oswald disparó en Dallas para volarle la tapa del cráneo a JFK.

Y la referencia no es solamente metafórica. Al igual que al convenientemente asesinado Lee Harvey, se le dibuja un pasado de militancia radical, de excesos en el seguimiento deportivo con los Bukaneros del Rayo Vallecano e incluso de delincuencia habitual, colocándole un atraco en Cádiz, y de psicopatía personal, achacándole una agresión sexual.

Y no digo que no sean ciertas que a lo mejor lo son. Pero están dibujadas, colocadas y mantenidas con un único objetivo, están presentadas como una cascada de acusaciones que ni siquiera pretenden desacreditar a Alfonso, sino a dar crédito a los agentes policiales que le detuvieron y a los que han tomado la decisión de mantenerlo casi dos meses en prisión. 

Lo único que pretenden es transformar a Alfonso en "Alfon" y su apodo en mote criminal para justificar que se le trate como si no tuviera derechos, como si fuera solamente humano en apariencia.

Pero todo eso no le transforma en un terrorista, al igual que sus detenciones por portar drogas de diseño -¡Dios mío, las macrodiscotecas están llenas de terroristas!- no le convierten en un terrorista.

En este país, solamente que fuera un terrorista hubiera justificado el tratamiento penitenciario que ha tenido. Y ni siquiera eso.

Y lo que es más importante. Los agentes que le detuvieron no sabían todo eso, no podían saberlo. 
Da igual lo que hiciera en Cádiz o si agredió o no agredió sexualmente a alguien porque los agentes que le llevaron a la comisaria no sabían eso y no le detuvieron por eso. 
No cumplieron con una orden de búsqueda y captura que estuviera pendiente contra él así que, aunque los medios afines a la defensa de la actividad policial y gubernamental a cualquier precio -sobre todo cuando el gobierno es de los suyos- construyen con sus antecedentes una cortina de humo que no oculta nada, que no justifica nada, que nos devuelve al punto de partida.

Tiene que haber un motivo para que Alfonso Fernández Ortega haya sido detenido y se le haya aplicado la incomunicación durante casi dos meses. Tiene que haberlo para que hayan sido conculcados sus derechos, tiene que haberlo para que el Estado haya actuado de esa manera. Tiene que haberlo y no pueden ser sus antecedentes por muy violentos y oscuros que pretendan venderlos. Sin pruebas, claro está.

Así que los ilustradores de la Black Op en la que se ha convertido el encarcelamiento de Alfonso también engrandecen otra parte de la historia.

Publican que Alfonso fue detenido "a las 7 de la mañana del día de la huelga general en la avenida de Buenos Aires, junto a una chica. Les intervinieron un artefacto explosivo que llevaban en una mochila. Contenía, además, tornillería para utilizarla como metralla. Tras su análisis, el Tedax determinó que con el artilugio se habrían ocasionado daños materiales relevantes, pero también heridos."

Y eso sí sería una razón, cogida por los pelos, pero lo sería. Pero su historia se cae porque la acusación por la que se encarcela a Alfonso Fernández es "alarma social", un delito presente en el código penal franquista y eliminado del democrático hace una década.

¿Están diciendo que los agentes le encontraron una bomba montada que incluso los Tedax consideraban peligrosa en extremo y se le procesó por alarma social?, ¿están diciendo que el fiscal encargado del caso es tan incompetente que, teniendo una bomba como prueba, no le procesa por terrorismo?, ¿están diciendo que, una vez encarcelado, se le trata como a un terrorista pero que no se le acusa de tal cosa desde un primer momento?

Como toda historia preparada falla porque los flecos de unos y otros no se cotejan, porque todo se intenta engrandecer para usarlo de justificación sin caer en la cuenta de que la realidad ya ha desmentido esa historia que pretende reinterpretarla.

Y falla porque los actores del error que, para cubrirse de los ojos de los demás, termina convirtiéndose en conspiración, se desmienten los unos a los otros.

Porque, mientras el Diario ABC convierte a Alfonso Fernández en un delincuente habitual que ha abandonado el camino de la psicopatía sexual para arrojarse a los brazos del terrorismo militante portando una bomba que nadie sabe cómo ha aprendido a montar, la otra autora y mantenedora de esta Op Negra de tres al cuarto, La Delegación del Gobierno en Madrid, les desmiente cuanto intenta justificarse.

La tuitera Cristina Cifuentes, con su impecable indumentaria negra y su pose distendida nos publica una fotografía de unos cuantos botes -que no se sabe muy bien de qué son-, de unas cuantas botellas de plástico -que no se sabe muy bien qué contienen-, de un petardo gordo y otros más pequeños y bajo el muy resignado "¡qué cosas, lo que portaba el inocente Alfon!" le pega sin querer, eso sí, un bofetón en el rostro a aquellos que habían lanzado a los cuatro vientos la historia del artefacto explosivo en la mochila en la mejor tradición del yihadismo afgano o iraquí.

¿Si portaba una bomba porque nos enseñan unos botes?, ¿si llevaba siete kilos de metralla porque nos enseñan seis miserables petardos?

Todas estas preguntas se unen a las anteriores y quedan sin respuesta. Porque una Black Op no puede dar respuestas ciertas, no puede cotejarlas y no puede refrendarlas. A menos que sea muy buena como la de JFK. Pero no es el caso.

Nadie parece darse cuenta de que el mero hecho que hablen y que publiquen esas cosas está desmintiendo su propia versión porque Alfonso no está acusado de terrorismo como debería estarlo si portara una bomba en una mochila.
Y si así hubiera sido, la Delegada del Gobierno en Madrid estaría cometiendo un delito -o un redelito, que las retuiteó- al divulgar pruebas de un sumario de terrorismo, algo expresamente prohibido por la ley.

Quieren justificar la permanencia de Alfonso en la cárcel incomunicado presentándole como terrorista cuando no se le acusado de ello y no se dan cuenta de que su propia versión les transforma en delincuentes si Alfonso fuera realmente un terrorista.

Y como todas las historias preparadas, todas las Black Ops internas y propagandísticas -que no todas eran militares-, cae cuando llega al sitio al que todos estos asuntos llegan: a la sala de un tribunal.

El régimen de aislamiento se justificaba o se intentaba justificar por la peligrosidad, la detención preventiva se intentaba justificar comparando a Alfonso Fernández con De Juana o Artapalo, pero el juez -al más puro estilo de Jim Garrison- se encoge de hombros y deja a Alfonso Fernández en libertad provisional.

Y ahí acaba todo.

Da igual que sea un Bukanero, da igual que sea un agitador, da igual lo que haya hecho antes y lo que se le acuse de hacer. El juez considera que no es lo suficientemente peligroso como para que se le mantenga en prisión y ni siquiera le impone una fianza.

Ahora, por fin se le imputa tenencia de explosivos -pero eso es cosa del fiscal, no del juez- y resistencia a la autoridad-, lo de la alarma social ha desaparecido porque ya lo había hecho hace diez años.

Pero, pese a ello, el juez no le mantiene en la cárcel como hubiera hecho con cualquiera que llevara una bomba montada en una mochila. No sé el resto de este país, pero yo no recuerdo que ninguno de los detenidos de ETA en posesión de explosivos saliera en libertad provisional sin fianza.

Así que, al final, como toda Black Op, toda la historia se vuelve blanca y demuestra lo que escondía.

Los derechos de Alfonso Fernández Ortega han sido conculcados y los medios afines han montado una historia para lograr un fin que no es, ni de lejos, el encarcelamiento de Alfonso.

Sino para justificar el camino ideológico que ha decidido tomar el Gobierno con respecto a las protestas, para generar esa alarma social de la que acusan al joven vallecano y así poder afirmar que es necesario "modular" el derecho de manifestación, restringir el de reunión, acallar el de protesta y silenciar el de disconformidad.

Convertir a Alfonso Fernández Ortega en el "Alfon" que justifique que se mantenga a la mayoría -y a la minoría, ya puestos- en el silencio necesario que ellos necesitan para llevar a cabo sus planes ideológicos.

Darse una excusa para que el miedo al caos les justifique su pánico a la disensión ciudadana de su plan para nuestra sociedad.

Todo ello aparte de que Alfonso llevara o no material para hacer una bomba, todo ello aparte de lo que haya hecho hasta su mayoría de edad, todo ello aparte de que sea un hincha furibundo del Rayo Vallecano o de que consuma speed con frecuencia o de forma esporádica.

Lo único que se quiere es tapar los ojos a la sociedad y nublar su memoria para conseguir que olvide algo que hasta los auditores militares recuerdan, puestos en pie, cuando un acusado entra en la sala de un tribunal para un consejo de guerra

¡El acusado tiene derechos!