Carta a la policía y la Ley de Seguridad Ciudadana

 “El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales” de policías “que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación”.

¿En Serio?

Mientras ETA los cazaba como moscas en los peores tiempos de la locura terrorista de la bomba lapa nadie puso en marcha ley alguna que impidiera grabarles para evitar que los terroristas les identificaran.

Durante todo el tiempo que el tiro en la nuca los diezmaba ningún gobierno del PP se preocupó de impedir que una imagen o un dato de un policía le pusieran en riesgo.
Durante los años que los coches bombas hacían estallar sus casas y cuarteles, mataban a sus esposas y a sus hijos, ningún gobierno ni del PP ni de ningún otro partido se preocupó de que una grabación pudiera poner en peligro “la seguridad personal o familiar de los agentes”.

¿Y ahora sí?

Cuando vayan a poner una sanción, requisar un móvil o detener a alguien por tan plausible motivo inventado por la Ley de Seguridad Ciudadana párense un instante y pregúntense algo.

¿Es más peligroso para ustedes un manifestante que un terrorista armado?, ¿un ciudadano descontento merece peor trato que el que ha recibido un etarra?, ¿creen que necesita más protección contra los ciudadanos un miembro de las UPI que la que se concedió a los agentes muertos a manos del terrorismo más brutal de ETA?, ¿creen realmente que la impunidad que les confiere esta nueva norma está ideada por su seguridad o solo para dar cobertura a un gobierno contra la protesta por sus abusos y excesos?

Piensen en ello y luego decidan

Decidan si quieren que la población les respete o les tema, decidan si desean servir a su país deteniendo delincuentes y criminales reales o tratando como tales a ciudadanos que protestan contra leyes injustas, decidan si quieren formar parte de una patria justa y equilibrada o de un país en el que los desequilibrios se imponen por la fuerza, decidan si sirven a la sociedad o al poder, decidan si la bandera española representa a su gente o a sus gobernantes. Háganlo. Nadie les puede quitar ese derecho. Ni siquiera la Ley de Seguridad Ciudadana.

Decidan si quieren ser hombres o marionetas. Policías o sicarios.

Código Penal y síntomas de un nuevo mal social.

El nuevo Código Penal que entra en vigor el próximo miércoles es, como todo lo que en la vida abarca muchos ámbitos, una amalgama casi a partes iguales de buenas intenciones, errores, aciertos, manipulaciones arteras y síntomas de otras cosas.

Y en esto de la política y la justicia los síntomas terminan siendo muy importantes.

Con el nuevo Código Penal los grandes partidos, que ahora llamamos tradicionales, ya estarían disueltos, sus altos cargos inhabilitados para el ejercicio de la política y sus sedes cerradas. Y eso es un síntoma innegable de hasta que punto la corrupción se ha instalado en nuestra política. Desde Filesa hasta Gürtel, Desde Los ERE andaluces hasta las tarjetas Black de Bankia, desde Merca Sevilla hasta el caso Palau.

Con el nuevo Código Penal ninguno de los partidos, que ahora llaman emergentes, estarían disueltos, ni sus líderes inhabilitados para el ejercicio de la política, ni sus sedes cerradas. Y eso es un síntoma de hasta que punto se han magnificado los errores de sus dirigentes en un intento de extender la mancha de la corrupción a todos los partidos por parte de aquellos que ya tenían la suya completamente ennegrecida por ese vicio. Pese a los pagos del venezolano a Monedero, pese a La Tuerka, pese al sueldo de Íñigo Errejón.

Y, no voy a negarlo, la sola aprobación de un Código Penal que contiene estos delitos es un síntoma de que los grandes partidos parecen haber comprendido que no pueden hacer lo que les da la gana con el dinero que gestionan cuando gobiernan. 
Aunque también es un indicio de que no están dispuestos a asumir la responsabilidad de lo hecho hasta ahora. Más que nada porque nadie en esos partidos pide la aplicación retroactiva del cambio legal -cosa que por ejemplo sí exigió a gritos el PP con la Ley de Partidos y la Doctrina Parot, por ejemplo-.

Pero la norma que dirigirá la actividad penal de nuestros tribunales es síntoma de muchas otras cosas.

Los jueces pierden la potestad sobre tres millones de infracciones y eso puede interpretarse como una forma de acelerar la justicia pero el hecho de que el mismo día entre en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana - o sea la Ley Mordaza- en la que recae sobre la policía la potestad sancionadora directa, que se considere su testimonio como una carga de prueba irrefutable o les habilite para cachear, para imponer sanciones a quien les grabe en manifestaciones y para imponer multas sin intervención judicial previa lo convierte en síntoma de un giro totalitario que pretende sacar a los jueces como factor de la ecuación balanceada que debe existir entre libertades y  orden público y des equilibrarla en favor del poder Ejecutivo.
Se endurece la pena para los delitos de odio, agravados si las ofensas a las víctimas de terrorismo o de antisemitismo se hacen a través de Internet. Y eso podría ser síntoma de una mejora en la concepción de lo que es la dignidad social e histórica, pero el hecho de que se agrave solamente en esos colectivos se antoja un síntoma de que se pretende seguir instrumentalizando a esos colectivos en beneficio político propio, Y sobre todo la coincidencia con casos como el del concejal madrileño Zapata lo transforman en un anuncio de que se pretende criminalizar la opinión el único objetivo de deshacerse de la oposición política.
En resumen, que el Código Penal que regirá la justicia española desde el próximo miércoles es un síntoma de la enfermedad que aqueja a nuestros gobernantes, indicios del trueque que lleva intentando vendernos el Gobierno desde que pisara Moncloa. Nos da lo que queremos en la corrupción -aunque tarde, mal y para otros- a cambio de quitarnos o restringirnos de forma intolerable el derecho a disentir de sus designios.
Nosotros veremos si queremos aceptar ese cambio. Y tenemos hasta noviembre para hacerlo.

Los tuits del Brigada y mil preguntas retóricas

Algunas de las lindezas escritas por un brigada de la Guardia Civil en Twitter:

"Frente a toda esta gentuza que agrede a la Policía y contra los Willys Toledos o Cayos Laras de turno, Waffen SS".

Aparte de la absoluta incultura histórica del individuo que supone ignorar el hecho de que en la situación histórica que él añora sería la Gestapo -policía política- y no las Waffen SS -cuerpos de élite militares- la que se encargaría de la disidencia política, la apología del nazismo es evidente.

"1 de abril de 2014: 75 aniversario de la Victoria. Único hecho histórico que el judaísmo internacional, la masonería o el marxismo no han podido manipular".

Otra muestra de antisemitismo en estado puro -mucho más antisemita que hablar de ceniza es aludir al concepto "judaísmo internacional" en clara referencia a un término que parece por primera vez en el Protocolo de Sabios de Sión, una manipulación antisemita urdida por los nazis. Y se le une la apología del franquismo y el negacionismo inverso, ya que la otra verdad histórica que se supone que “marxistas”, “masones” y “judíos” sí han podido manipular está el holocausto nazi.

"Ya se enterara el tal Pablo Iglesias, como el panorama siga así, lo que son de verdad los fascistas cuando surjan los Generales Mola,Yagüe"

"La Junta de Fiscales de Cataluña será pasada por las armas en su momento oportuno. Nuestra mejor arma será el terror".

Amenazas de muerte directas a cargos representativos del Estado y a miembros del Poder Judicial. Así sin más. Sin anestesia ni nada.

http://www.elmundo.es/andalucia/2015/06/24/558a5d48268e3e3e228b4572.html

El individuo está denunciado por la Asociación Unificada de la Guardia Civil, que no olvidó presentar sus estatutos y su poder de representación como la Asociación Dignidad y Justicia al denunciar al concejal Zapata, incluye amenazas directas a personas con nombres y apellidos, hace apología sin ambages del nazismo, contiene mensajes antisemitas, se declara partidario de romper por la fuerza el orden constitucional…

Vamos, todo aquello que se achaca al edil madrileño por contar dos chistes de ningún gusto y alto nivel de grosería, lo incluyen los tuits de este guardia civil en proporciones mucho más altas. Menos el menosprecio supuesto a las víctimas del terrorismo.

Y este para lelismo me crea muchas preguntas

¿El antisemitismo de sus tuits no debe afectar a los judíos del mundo porque no utilizaría a las Waffen SS contra ellos sino contra otras personas?

¿No tienen derecho a que se proteja su dignidad los marxistas y los masones del mundo?, ¿solo lo tienen las víctimas del terrorismo de ETA?

¿Pablo Iglesias no debe sentir su vida amenazada porque el General Mola está muerto?, ¿Willy Toledo no debe sentirse amenazado porque no es judío?, ¿por qué no es cargo público?

¿Cayo Lara no tiene derecho a esa especial protección jurídica contra las amenazas en el ejercicio de su cargo que se ha inventado el gobierno del PP para los políticos -para los de su partido de momento-?

¿Existe alguna posibilidad de que Escribir “Nuestra mejor arma será el terror” pueda no ser interpretado como apología del terrorismo?, ¿no se considera terrorismo porque lo propugna un miembro de la Guardia Civil?, ¿no se considera inconstitucional porque defendería la "unidad de España?

Y además

¿Por qué no ha actuado ya la fiscalía correspondiente con la misma celeridad que en el caso del Edil Zapata?, ¿por qué sus jefes políticos en la sombra no se lo han ordenado?, ¿por qué no supone un beneficio político para los que les han puesto en sus cargo?, ¿por qué comparten en parte al menos su ideología?, ¿por qué el terrorismo que propugna no sería independentista sino unionista?

¿Por qué no considera que la vida de Willy Toledo, de Cayo Lara o de Pablo Iglesias tengan el mismo valor que el de las personas amenazadas por ETA en su momento?, ¿Por qué con la imputación del brigada en cuestión no forzarán una dimisión y darán un argumento a los políticos para los que en estas cosas trabajan?

Pero sobre todo

¿Por qué un cargo público debe abandonar su puesto por groserías y faltas de respeto manifiestas en sus chistes pero un funcionario público pagado con dinero de todos -incluidos Willy Toledo, Pablo Iglesias, Cayo Lara y todos los marxistas, judíos y masones que haya en España- y miembro de la Guardia Civil, que debe proteger a todos los españoles sin distingo no tiene que perder su trabajo por esto?

Desgraciadamente sabemos que todas estas preguntas son retoricas.

De todas conocemos la respuesta.

Preguntas lógicas para una agente irracional

Deportan a un inmigrante dominicano, le meten en un avión y pretenden esposarle al asiento. Hasta ahí hay cosas cuestionables pero pase.

Luego empieza la ilógica irracional más absoluta.

El deportado se resiste a ser esposado. Sus compañeros le tienen sujeto y una agente empieza a golpearle.

¿Por qué empieza a pegarle?

Los otros policías ni siquiera la incluyen en la acción.

¿Por qué entra a golpearle desde detrás de la espalda de sus compañeros?

Es imposible que la fuerza desarrollada y los lugares donde le propina los golpes consigan silenciar al inmigrante

¿Por qué insiste en seguir golpeándole y busca un hueco entre los otros agentes para descargar sus golpes?

El deportado está inmovilizado por otro policía y diciendo que "lo hará por las buenas". El resto de los policías se relajan.

¿Por qué se acerca a él y vuelve a golpearle?

En realidad, ¿quiere lograr algún objetivo con todos esos golpes o solamente quiere que sus compañeros vean que puede ser más brutal incluso que ellos?, ¿es eso lo que quiere demostrar?

Y sobre todo

Si cree que ha hecho lo que tenía que hacer... ¿por qué ordena que dejen de grabarla?

Melilla, bocadillos y la falsa lealtad a la Benemérita

La Guardia Civil reparte bocadillos entre los inmigrantes encaramados en la verja de Melilla.

Y hay gentes que se indignan porque no sale esta acción a toda plana en portada como otros hechos que han protagonizado los miembros de las fuerzas orden en la tenue frontera que separa en las plazas africanas la miseria de la decadencia, es decir, África de Europa.

Pues hacen un flaco favor, según yo lo veo, a la Benemérita, a su país y a sí mismos con esa petición.

A la Guardia Civil no la ayudan porque están considerando algo reseñable, digno de titular, que hagan aquello para lo que supuestamente se les paga que, como dirían los yanquis en ese afán suyo por el lema corto y contundente, protejan y sirvan.

Así que, esas gentes que creen defender el honor del Benemérito Instituto, en realidad les están escupiendo en la cara, les están faltando al respeto. Porque vienen a decir que algo que tendría que ser cotidiano, natural y lógico no lo es y por eso merece ser resaltado en la portada de un periódico, en los hashtag de Twitter o en los sumarios de los informativos televisivos.

Tampoco le hacen un favor porque ellos, que quieren que se valore el trabajo de las fuerzas del orden tendrían que ser los que más protestaran por sus excesos, los primeros que les echaran en cara sus excesos, los que más les recordaran una y otra vez cuando sacan los pies del tiesto.

Tener amigos, conocidos o tradición familiar de pertenencia a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no supone tener que cerrar filas en torno a sus insignias y santos patrones y defender a ultranza toda actuación de sus miembros. Eso no es lealtad, como mucho es "buenrrollismo". Igual que un padre no quiere más a sus hijos por decirles que todo lo hacen bien o una amiga no es más amiga por aplaudir y apoyar cualquier acto de su amiga. 

La lealtad es otra cosa. 

La lealtad es tener la fuerza y la presencia de ánimo para decirle a quien que se equivoca, es arriesgarte a su enfado e incluso a perderle por decirle que está haciendo algo que no debe hacer, que le perjudica a él y a todos los que le rodean.

Si estas gentes que piden que se resalten los buenos hechos de la Guardia Civil en Melilla fueran los primeros en saltar a la palestra cuando se exceden en sus funciones, caen en la corrupción o sacan los pies del tiesto en actos represivos de fuerza excesiva, yo no diría ni coma. Pero no, cuando eso ocurre, permanecen callados en las conversaciones, miran a otro lado, tiran de patria y de bandera para justificarlo y lo único que consiguen en generar un entorno de protección donde los policías, guardias civiles o miembros de cualquier otro cuerpo que participan en actos reprochables -sean muchos o pocos, que afortunadamente son pocos- se sienten permanentemente justificados por el mero hecho de llevar placa y uniforme.

Si tu entorno, los que te quieren, los que te respetan, te dicen que algo es reprochable, excesivo o ilegal ¿no te resultará más fácil darte cuenta de ello que cuando te lo gritan aquellos a los que tú has convertido en tus enemigos cuando en realidad son parte de aquellos a los que debería proteger y servir aunque no piensen como tú?

Así que no le están haciendo ningún favor a la Guardia Civil en Melilla, a los antidisturbios en Madrid o Barcelona o cualquier otro cuerpo cuando callan y justifican los actos desmedidos y piden a gritos que se resalten sus comportamientos adecuados.

Tal como yo lo veo, eso no es lealtad, es cobardía. Para con su país y para con el cuerpo que quieren o dicen defender. Si tu amigo, tu hermano, tu hijo, tu padre o cualquier persona cercana es policía no tiene que molestarte que se hable mal del cuerpo cuando participa en acciones reprochables, te tiene que parecer mal que participe en acciones reprochables.

Matar a pelotazos a un inmigrante que desembarca, golpear, humillar o maltratar a los ilegales en los centros de internamiento, saltar el ojo a una mujer que baja a por el pan de un pelotazo, golpear a una pareja en un portal durante una manifestación, calentar infiltrados las manifestaciones para justificar las cargas policiales o cualquiera de los incidentes deplorables que han protagonizado miembros de las fuerzas del orden no es lo habitual y no es el trabajo de la Guardia Civil, de la Policía Nacional ni de nadie. No es para lo que les pagan los ciudadanos de su país, no es su función y por eso conviene resaltar e incidir en ellos cuando ocurren.

No es odio ni es manía al las fuerzas del orden, no es radicalismo anarquista en la permanente búsqueda del caos. Es pura lógica y una necesidad social.

Lo otro, que hagan aquello que es su obligación hacer, no, no es reseñable. Que alguien haga su trabajo todos los días es lo que se espera de todo aquel que recibe un sueldo por hacerlo.

Y quien mantenga lo contrario creo que ni sabe de periodismo, ni sabe de lo que es un país y mucho menos lo que es la lealtad.

Y luego, claro, están los que consideran que todos esos hechos reprochables son en realidad la función de las fuerzas del orden. Pero a esos no les digo nada. Habrán dejado de leer este post en la segunda linea.

Ley de Seguridad: la obligación ciudadana de confiar

Desde hoy -bueno desde que se publique en el BOE-, alterar el orden -uno de esos conceptos que nunca se especifican y siempre se dejan a criterio de los agentes del idem- en una manifestación ante el Congreso o el Senado tendrá el mismo castigo administrativo que solicitar los servicios de una prostituta. Es obvio que aquellos que han redactado la ley no quieren entender que es precisamente ante esos órganos ante los que tiene más sentido manifestarse.

Considerar una manifestación per se -como se ha dicho por el ministro que defendió la ley en el Congreso- un acto que "va contra la voluntad popular expresada en las urnas", es dejarnos hablar cada cuatro años y obligarnos a callar el resto del tiempo, haga ese gobierno lo que haga con el poder que le otorgaron nuestros sufragios.

¿En qué beneficia eso a la ciudadanía?, en nada; ¿en que beneficia a los que ejercen el poder político?, en todo porque les concede una impunidad absoluta y la discrecional de penalizar las protestas simplemente no autorizándolas.

Pero lo que realmente abre las carnes es un artículo en concreto:

“Las denuncias, atestados o actas formulados por los agentes de la autoridad en ejercicio de sus funciones que hubiesen presenciado los hechos, previa ratificación en el caso de haber sido negados por los denunciados, constituirán base suficiente para adoptar la resolución que proceda, salvo prueba en contrario y sin perjuicio de que aquellos deban aportar al expediente todos los elementos probatorios disponibles”.
Adiós a la presunción de inocencia, Adiós al Habeas Corpus, Adiós al sentido de la justicia ciega y sin prejuicios, Adiós, en definitiva, al Estado de Derecho.
Da igual que Policía, Guardia, Civil, Mossos d´squadra o Ertzaina fueran ángeles custodios descendidos directamente desde los cielos con la única misión de protegernos: quien acusa a alguien de algo tiene que probarlo. Esto no es Camelot donde la palabra de un caballero de la Tabla Redonda no puede ser cuestionada. 
Esto es un Estado Social y de Derecho del siglo XXI con una Constitución que lo afirma. ¡Que parece que solo tenemos en mente la Carta Magna por encima de todo cuando nos viene bien!
Para aquellos que todavía defienden la bondad de esta ley porque "la calle limpia de radicales, antisistema y perroflautas" una pregunta casi retórica:
¿Que pasaría si mañana gobierna otro partido que vea el mundo de forma radicalmente distinta a la vuestra y por ejemplo os expropiaran vuestros bienes inmuebles, quisieras protestar contra ello y se usara esta ley para criminalizaros y multaros por ello? 

Y para aquellos que por ideología, tradición o cercanía personal piensan que las Fuerzas del Orden deben tener ese poder para garantizar la seguridad otra preguntita:
¿Que pasaría si un policía -solo uno- usara el poder casi omnímodo que le concede esa ley para haceros la vida imposible a base de multas administrativas porque le habéis porque le habéis "robado la novia", porque no os habéis querido acostar con él, porque simplemente le habéis mirado de través?
En cualquiera de los dos casos ¿os sentirías más seguros?, ¿pensarías que es una buena ley?, ¿consideraríais eso Seguridad Ciudadana o abuso de poder e indefensión?
A mi me parece que si una ley deja un resquicio a que esas situaciones queden sin castigo es una mala ley, aunque parezca beneficiarnos de momento.
Quizás sería conveniente que respondierais a esas preguntas, si no por sentido general de la justicia, por propio sentido de seguridad personal.

Cuando ser ciudadano es motivo de sanción

Parece que los actuales inquilinos de Moncloa no están por la labor de la confianza. Quizás sea porque no han hecho nada para ganarse esa confianza o porque saben que la sociedad ya la ha perdido.

Y como no están dispuestos a confiar en la sociedad sobre la que gobiernan lo único que se les ocurre es recurrir a algo llamado nueva ley de Seguridad Ciudadana no para recuperar esa confianza sino para evitar que se vea, se sepa o se conozca que la sociedad ya  no confía en ellos.

En la enésima sesión de maquillaje de su imagen pública, que ellos confunden con la de España, aunque todos sabemos que no es lo mismo, deciden modificar la ley no para dar seguridad a los ciudadanos, sino para sentirse ellos seguros de los ciudadanos.

Los mismos que hace 20 años criticaron hasta el aburrimiento la Ley Corcuera por la famosa "patada en la puerta" que atentaba contra los derechos de los ciudadanos, ahora la modifican -dejando ese aspecto, curiosamente, intocado e intocable- para recuperar algo más antiguo, algo más viejo rancio. 
Algo llamado control totalitario de la calle, los ciudadanos y la sociedad.

Para empezar intentan dificultar e impedir los escarches y uno se pregunta ¿en qué beneficia eso la seguridad ciudadana?

La respuesta es absolutamente en nada. Ni siquiera mejora la seguridad de los políticos. Porque los escarches no ponen en riesgo a nadie, no ponen en entredicho la seguridad de nadie. Su conciencia culpable sí, pero su seguridad no.

Son molestos para quien los sufre como molestas son sus decisiones políticas para quien las padece; son una forma de presión por parte de aquellos a los que el propio poder no presta oídos. Pero no ponen en peligro a nadie.

Así que simplemente no tienen nada que ver con la Seguridad Ciudadana.

Tienen que ver con la seguridad que precisa la corte genovesa que habita en Moncloa de que nadie le recuerde que lo está haciendo mal, que nadie haga público sus errores, sus decisiones ideológicas ni sus intenciones de revertir un país a la servidumbre laboral y la desestructuración social.

Y tiene que ver con el totalitarismo más absoluto, no porque se prohíban o porque se persigan. Sino por el modo en el que se intentan perseguir e impedir.

Como los jueces ya han dicho que son legales, no digo que son ilegales, pongo una sanción administrativa. la justicia dice que no son sancionables, pero el Gobierno dice que sí. Y el Gobierno manda. Punto final.

Invaden un ámbito que no es del Ejecutivo solamente para protegerse, solamente para impedir que se sepa lo que hacen, que repercuta en la puertas de sus casas la miseria que ellos están llevando a los salones de millones de hogares, para que sus hijos no tengan que escuchar que su padre o su madre son aviesos, mezquinos y están destruyendo las expectativas de millones de personas.

La justicia dice que son legales, que son constitucionales, que se tienen que aguantar pero, ellos, ajenos a todo, ajenos a Montesquieu y su división de poderes, ajenos a la democracia, ajenos a la justicia, se limitan a intentar cambiar las reglas del juego para protegerse, para sentirse seguros.

Y otro tanto con aquello de no manifestarse delante del Congreso o de no llevar la cara tapada en las manifestaciones.

A nadie se le oculta que ver ciudadanos encapuchados corriendo por las calles puede ser un síntoma de anarquía.

Pero lo que nadie duda es que ver policías encapachados, embragados y sin identificar convirtiendo el Congreso en la tercera parte de Fortaleza Infernal, cargando en estaciones de ferrocarril o corriendo a porrazos a manifestantes se una prueba fehaciente de totalitarismo.

Porque eso tampoco nada tiene que ver con la seguridad ciudadana.No hay nada que justifique que un policía no se identifique cuando se le exige, no hay nada que pueda hacer comprender que un agente del orden no haga su trabajo a cara descubierta.

Dejemos ya la excusa baladí de ETA y de los policías infiltrados porque los terroristas ya no existen y los policías encubiertos no están en las Unidades de Intervención.

Pero ello no conceden las mismas herramientas a los ciudadanos que a los policías. Ellos no permiten la misma impunidad a unos y a otros. Son incapaces de equilibrar. Ni siquiera de eso. o todos o ninguna. Y se acabó.

Y tampoco se les puede grabar, ni se pueden difundir sus imágenes, ni se les puede insultar, ni se puede hacer mofa de ellos.

Y todo eso estaría muy bien si pasara por los tribunales. Si fueran los jueces los que deciden. pero de nuevo pasan a la sanción administrativa para que la palabra de un policía valga más que la de un ciudadano, para que con que él diga que le han insultado o que han hecho mofa de él o que le han grabado "malintencionadamente" sirva para castigar, para multar.

Y, no nos confundamos, eso no es culpa de los policías. No es culpa de la ley. Ni siquiera es culpa del sistema.

Es responsabilidad de aquellos que pretenden usar policía, ley y sistema solamente para protegerse ellos mismo, solamente para estar a salvo de la ira que han generado con acciones que solo les benefician a ellos, sus socios y sus adláteres.

Si no quieren que les graben a elementos descerebrados de las UPI dando palizas o disparando en Atocha que impidan que lo hagan, si no quieren que haya imágenes de policías sin placa y negándose a identificarse que les sancionen por no hacerlo.

Si no quieren que la gente se manifieste ante el Congreso que den voz a la sociedad dentro del hemiciclo, si no quieren que la gente oculte la cara para protestar que obliguen a la policía a no ocultar la suya para actuar.

Si no quieren que les escarchen en las puertas de su casa que se aseguren de hacer bien su trabajo en lugar de correr cual mozos en sanfermines a coger el tren o el avión en el puente, si no quieren que haya huelgas que escuchen a los sindicatos, si no quieren que haya protestas que hagan caso de lo que  la sociedad les está exigiendo en lugar de seguir a pies juntillas sus criterios ideológicos.

Si no quieren que se vean las protestas, consigan que nadie tenga motivo para protestar. Gobiernen en lugar de mantenerse en el poder, busquen el beneficio común en lugar del de sus socios y lobbies.

Pero claro eso no se logra con una Ley de Seguridad Ciudadana. Eso se logra con integridad y democracia. Algo que parece que se han prohibido así mismos desde hace mucho tiempo.

Y ahora nos quieren prohibir a nosotros.

Cospedal reinventa a Mendizabal y el Derecho Penal en perjucio de Génova, 13 y Castilla La Mancha

Hay políticos -no políticos también, pero sobre todo políticos- que están acostumbrados a escuchar campanas y no saber por dónde suenan. Que utilizan retazos de aquí y de allá según les viene bien pero en realidad no tienen muy claro qué significados tienen esos retazos en el conjunto del pensamiento. 

No es que esté yo al día en el currículo académico- ahora que parece tan de moda reclamar relevancia curricular cada vez que se abre la boca en la política- de la ínclita Santa Patrona del Recorte, María Dolores de Cospedal, pero me queda claro que la historia del Pensamiento Político y Social y el Derecho Penal no están entre las asignaturas estudiadas en profundidad por la siempre amantillada Virgen Santísima de la austeridad. O si las estudió las aprobó por los pelos.

 Lo de su concepción del Derecho Penal es de traca. Porque, para empezar, debe haber oído en algún sitio o visto en alguna película estadounidense o leído en alguna novela de Patricia Highsmtih eso de que si te declaras culpable de un delito menor -homicidio imprudente, por ejemplo- no se te puede seguir procesando por otro más grave -asesinato- que se aplica en determinadas situaciones procesales anglosajonas y ella ha decidido que a ella la vale. 

Así que, ni corta ni perezosa se sube al atril genovés desde el que nos castiga desde hace meses con sus diatribas y ensoñaciones y declara a su partido autor de un delito inventado y en apariencia menor como es "la simulación de salario" -¡tócate los pies por no tocarte otras partes!- para argumentar que no es culpable de una tara ética mucho mayor como hubiera sido seguir pagando a Bárcenas a cambio de su silencio. 

No siente pudor alguno en dejar en la calle a todo el aparato administrativo del partido, en arrojar a los leones al departamento de personal de Génova, 13, en colocar en el altar de los sacrificios a quien tenga más a manos para asegurarse de que su defendida virginidad doctrinal y pureza política quede a salvo. 

Pero esa patética defensa de sí misma en su corrupción visible y privada no es lo importante, esta peculiar interpretación del derecho penal que pretende salvarla de responsabilidades no es lo fundamental. 

Quizás lo sea como ejemplo para sus votantes de lo que está dispuesta a hacer para salvarse, de lo poco de confianza que es, de la nula lealtad que profesa hacia los que la rodean, pero eso es algo interno de los que aún creen que Cospedal y toda la corte genovesa del Partido Popular son dignos de confianza. 

Mucho más importante que su pervertida visión del derecho es su rebuscada y parcial comprensión del pensamiento político y social. Ya nos demostró que no lo tenía muy claro con esa versión de Chanel del l'etat c'est moi que se agenció para utilizar los servicios jurídicos de Castilla La Mancha en defensa del maltrecho honor de su consorte. 

Gracias hemos de dar a que no fuera un ministro holandés quien le criticó porque si no, a estas alturas, ya tendríamos a los tercios, los regulares, la división acorazada Brunete y las Fuerzas de Intendencia del cuartel Duque de Ahumada en modo imperial asolando Flandes en defensa del honor del compañero de cama y de cohechos de Nuestra Inmaculada Señora de Cospedal. 

No contenta con eso, ella ahora decide reinventar otro concepto. 

Escucha o lee o le suena de sus tiempos de colegio de monjas eso de la desamortización -la del pérfido Mendizabal- y dice "¡ancha es Castilla, esto me viene de perlas!" 

Y se lanza a la desamortización de Castilla La Mancha en su conjunto. Olvida que Mendizabal la hizo para hacer productivas tierras de La Santa Iglesia, olvida que el político ilustrado la ideó para arrancar a propietarios privados -la Iglesia siempre ha sido privada, se ponga Cospedal como se ponga la mantilla el día del Corpus Christi-, se olvida de todo y de todos y se dedica a vender las tierras de titularidad pública de toda su comunidad autónoma. Inventa la desamortización inversa porque no desamortiza tierras privadas de manos muertas sino tierras públicas y porque no lo hace para hacerlas productivas, sino para que se conviertan en lo más improductivo que puede ser una finca: cotos de caza. 

Cospedal no ha leído o no ha querido leer que una desamortización debe buscar los intereses del Estado. 

No ha querido leerlo porque eso significaría que las reservas de águilas o nutrias y todo lo que pulula por ellas se anteponen a las ansias cinegéticas de sus amigos; que la garantía de subsistencia del cerdo ibérico -del que nuestra exportación saca un rendimiento más que apreciable- se antepone a los deseos de gastar cartuchos de sus colegas y a su necesidad de tener espacios abiertos para hacer cambalaches y sellar cohechos en cacería al modo de Berlanga. 

Y sobre todo olvida que el hecho de que ella necesite 45 millones de euros para contribuir a la salvación de esas entidades financieras que la sostienen en sus campañas y en sus privatizaciones no es sinónimo de que Castilla La Mancha lo necesite. 

Decide ignorar el hecho de que la propiedad de esas hectáreas de dehesa, de esas fincas rústicas corresponde al Estado y a la Comunidad no a ella y por tanto no pueden sacrificarse por las necesidades inventadas de dinero para unos fines que solamente comparten ella, su partido y su gobierno. 

Prefiere no caer en la cuenta de que si quiere sacar dinero de ellas puede hacerlas productivas, puede alquilarlas a cooperativas de agricultores, puede explotarlas si quiere a través de empresas públicas -¿siento un palpitar de trémulas carnes neocon al grito de ¡colectivismo comunista!? Mala suerte- y así no conseguirá el pan del dinero de caja hoy para ella y su gobierno a cambio del hambre de la pérdida de propiedades para toda Castilla La Mancha para el futuro. 

No quiere tener en cuenta que esas “desamortizaciones de la propiedad forestal en el siglo XIX tuvieron desastrosas consecuencias para nuestra naturaleza que aún hoy no hemos logrado reparar. Destruyeron cinco millones de hectáreas de capital natural”, como le ha dicho y repetido el Colegio de Ingenieros de Montes, que algo de esto saben. 

Y por encima de cualquier otra apreciación, no ha querido tener en cuenta que no se puede utilizar, pervertir, seccionar ni reinterpretar el derecho, la historia, el pensamiento político ni la realidad para salvarse ella a costa de todos los demás. No hay ninguna ley, reglamento o conjunto de órdenes administrativas cuyos textos contengan la sentencia "Cospedal debe prevalecer". Ya sea a costa de sus empleados en Génova, 13 o de sus ciudadanos en Castilla La Mancha. 

El derecho y el pensamiento político nos libraron hace siglos de ese tipo de leyes divinas o humanas.

Cuando los tuits no muestran al asesino antisistema

Vaya, Vaya. Si es que hay veces que vale más la pena dejar reposar las falanges -las anatómicas, se entiende-, tomar aire y tomarse un tiempo para hacer a la red social de turno echar humo. Porque si no se hace pasa lo que pasa. 

Mientras el número dos de la Comunidad de Madrid, no elegido por nadie, no votado por nadie y simplemente puesto a dedo como en todos sus cargos políticos anteriores, se arriesga a la artritis traumática denunciando la presencia de turbas -tsunamis los llama él- de golpistas antisistema en la manifestación de ayer de las mareas, van y le crecen los enanos. Le sale un antisistema confeso y convicto justo delante de los ojos. 

Mientras sus reflexiones en contra del engaño y la infiltración nos hacen recordar a esas otras que hiciera la Delegada del Gobierno en Madrid, en su pose de grupi con despacho, intentando vender a un manifestante como la quintaesencia del golpismo radical de izquierdas en base a unos petardos, unas botellas transparentes sin hulla alguna y unas fotos que no tenía derecho a publicar, va y se le cuela un criminal, de los de verdad, de los de condena a casi nueve lustros. 

Porque hoy nos hemos desayunado con la noticia de que un antisistema, un miembro de Fuerza Nueva, de esa que quería prorrogar sine die el estado de excepción perpetuo y la dictadura militar, trabaja para su gobierno; hoy nos hemos tomado el café con la noticia de que un individuo condenado a 43 años de prisión por asesinar de la forma más cruel y rastrera a una joven en plena transición como y se mantiene gracias a los dineros públicos. 

Y no es que trabaje de barrendero o se haya colado por oposición en la función pública -algo que tendría derecho a hacer, una vez redimida su falta y cumplida su condena, si es que lo hubiera hecho-. No es nada de eso. 

Emilio Hellín, alias Luis Enrique Hellín, alias Enrique Helling, trabaja ni más ni menos que de asesor para la Guardia Civil. De asesor elegido a dedo, voluntariamente. Debe ser que los antisistema que defienden y han defendido la dictadura, que mataron para mantenerla, que asesinaron para imponerla si tienen un nicho en las instituciones que controla el Gobierno, en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 

 Más allá de sus irrisorias excusas que van desde una muerte -la de Emilio- de la que no hay constancia documental hasta una unión de apellidos familiares que le hace asumir el apellido de un hombre que no es su padre, que quedan desmentida por su cambio de nombre en el registro civil de un pueblo perdido en Badajoz, la presencia de este hombre en las cercanías del aparato policial al que Cifuentes califica de heroico por cargar en las manifestaciones y en el que Victoria debe poner su confianza para detectar, detener y castigar todos esos infiltrados que quieren derribar el sistema deja al descubierto muchas cosas, deja claras muchas mentiras. 

Deja con su trasero azul al aire a los twitts "demócratas" del bueno de Victoria. 

Porque de repente, por arte de la magia de la edición dominical de un periódico, el muy humano vicio de la comparación entra en escena. 

Y, súbitamente, la protesta contra el sistema económico de algunos de los grupos que se oponen a estos recortes continuos no tiene cabida en democracia pero alguien que recurre al asesinato para intentar imponer su forma de concebir el Gobierno puede asesorar a las fuerzas del orden de un sistema democrático. 

De pronto hay que aplicar el aislamiento carcelario y el tratamiento de terrorista contra el Estado a un joven vallecano que tenía previsto arrojar unos cuantos petardos para protestar contra aquellos que pervierten la democracia pero se tiene que conceder pase y autorización de acceso a alguien que fue detenido con 50 kilos de goma 2, dos granadas de mano, mechas para explosivos, cebos electrónicos, detonadores, scanner VHF y un receptor de las emisoras policiales y de la Guardia Civil.

Repentinamente hay que hacer causa de fuerza mayor en el aparato judicial -que afortunadamente no está por la labor-, que algunos exaltados tiren piedras o quemen contenedores pero hay que hacer la vista gorda con tranquilidad supina a la inmersión en el sistema de alguien que secuestró. golpeó aterrorizó y disparó a bocajarro en la cabeza a una joven por el delito de pertenecer al Partido Socialista de los Trabajadores o de participar en la Huelga General de la Enseñanza o de vivir en la calle Tembleque de Aluche, que nunca se sabe ni se sabrá de qué delito la consideraban culpable a sus 19 años. 

 De un día para otro hay que gritar, que exigir, que pidan perdón por sus asesinatos pasados aquellos que, abandonada la violencia, han sido refrendados por las urnas pero ni siquiera hay que exigir que pague por sus crímenes alguien que nunca ha pedido perdón por la atrocidad cometida, que nunca se ha arrepentido de ella y que aun así trabaja para una institución que dispone de infinitos recursos de fuerza y de violencia. 

De pronto hay que endurecer las penas contra los que aprovechan las manifestaciones para hacer desbandada, tratándoles como terroristas, como criminales peligrosos, pero no hay que hacer siquiera que cumpla su condena íntegra un asesino que se fugó en 1987 de la cárcel aprovechando un permiso carcelario después de que quedara demostrado que se desmandó hasta el asesinato para intentar mantener un régimen totalitario, dictatorial y antidemocrático, aunque algunos de los que ahora se llenan la boca de libertades y democracia, lo miren con añoranza al recordarlo. 

En el visto y no visto de una portada y una noticia dominguera, los twitts de aquellos que dicen defender la democracia y temer que los antisistema nos roben la libertad se demuestran tan falsos como si tuvieran pintado un pajarito malva. 

 Nos demuestra que los antisistema no les preocupan mientras estén de su parte, que los ataques a la democracia no les inquietan mientras no pongan en riesgo su poder, su gobierno o sus necesidades y beneficios personales. 

 La misteriosa resurrección del asesino Emilio Hellín en el seno de la Guardia Civil y su comparación con todo lo que dicen y hacen en las redes nos permite demostrar que para ellos la democracia nunca ha sido un fin y defenderla nunca ha sido un valor. Tan solo ha sido un medio que han asumido a regañadientes porque no les quedaba más remedio. Y un medio muy molesto para ellos, por cierto. 

Y para eso no hacen falta ni siquiera las redes sociales. Con la portada de un periódico de hace 33 años, más vieja que el otro 23F, es suficiente.

Alfonso Fernández Ortega: o cuando una Black Op chapucera termina aterrizando en el mundo real.

No es que sea yo amigo de los protocolos y las formas en exceso, pero hay ocasiones en los que ambos son herramientas  para mantener un poco la distancia y el alejamiento e intentar ver el bosque que suele esconderse detrás de los árboles.

Así que, al igual que Madeleine Mcaan para mí nunca fue "Maddie" o igual que para mí Lee Harvey Oswald nunca fue "Herbbie", para mi, Alfonso Fernández Ortega es Alfonso Fernández Ortega y no "Alfon", no al menos hasta que no le conozca lo suficiente como para establecer esa confianza.

Y además porque es el primer alejamiento que permite una reflexión sobre todo lo que lleva aparejada la detención, el mantenimiento en prisión y la puesta en libertad -en espera de juicio, es de suponer- de este joven, que permanecía encarcelado desde que, allá en los albores del periodo brumario en el que las protestas ciudadanas empezaron a dar respuesta a la misantropía cerril de las acciones de nuestro gobierno, se organizara la Huelga General del 14 de noviembre.

Y sirve llamarle Alfonso Fernández Ortega porque eso le hace el primer favor, eso le concede el primer derecho. El de ser persona.

"Alfon" es un militante, es un colega -salvo para su madre y su familia que así le llamarán, supongo-  y "Alfon" puede ser un activista, un agitador, un terrorista. Ese es un nombre de guerra que puede ser usado en muchos sentidos y para muchos fines.

Cierto es que para todos los que le defienden, le apoyan o le dan la razón significa una cosa pero para aquellos que están intentando convertir este asunto en un debate vacío, en un encumbramiento absurdo de unas fuerzas del orden que cada vez contribuyen más al desorden cuando hay ciudadanos inconformes de por medio. Llamarle Alfon es una herramienta que otros utilizan para otros fines.

Si le llamas por su nombre, si tiene nombre y apellidos, tiene una familia, tienen unos padres, es alguien reconocible y reconocido. Llámale Alfonso Fernández Ortega y tiene un padre, una madre  -y en su caso una hermana- que le echan de menos,  llámale “Alfon” y todo eso desaparece, se pierde en la bruma de la militancia, del seudónimo, del nombre de guerra.

Al fin y al cabo a nadie le importa la familia de Artapalo, de Txomin, de Carlos o incluso del Ché. Los que tienen nombre de guerra es por algo y por algo lo utilizan.

Y esa es la primera herramienta que no se les puede conceder a los que intentan transformar ante nuestros ojos a Alfonso Fernández Ortega en "Alfon" como si eso justificara que fuera tratado como un enemigo en guerra, como si eso les permitiera referirse a el como el enemigo, como el terrorista, como alguien que no tiene capacidad para reclamar los derechos que pertenecen a Alfonso Fernández Ortega.

Ahora Alfonso está en la calle, ha dejado de estar entre rejas y en este momento es cuando todo comienza a hacerse insostenible, a pasar de ser un castillo de naipes endeble y poco sustancioso de un ejercicio policial cuando menos discutible a transformase en lo que desde los libros de historia hasta los juegos de ordenador definen de una sola manera: Una Black Op.

Porque ahora es cuando la versión que todos los estamentos del Gobierno y la policía han estado dando se desmorona sobre sí misma en un ejercicio de esa entropía destructiva que caracteriza a la mentira.

Desde que comenzara todo esto se ha estado tirando de una historia preparada -algo típico de las ops negras, por cierto- se ha estado construyendo un retrato de Alfonso que prácticamente le convierte en el cómplice que cargó el arma que Oswald disparó en Dallas para volarle la tapa del cráneo a JFK.

Y la referencia no es solamente metafórica. Al igual que al convenientemente asesinado Lee Harvey, se le dibuja un pasado de militancia radical, de excesos en el seguimiento deportivo con los Bukaneros del Rayo Vallecano e incluso de delincuencia habitual, colocándole un atraco en Cádiz, y de psicopatía personal, achacándole una agresión sexual.

Y no digo que no sean ciertas que a lo mejor lo son. Pero están dibujadas, colocadas y mantenidas con un único objetivo, están presentadas como una cascada de acusaciones que ni siquiera pretenden desacreditar a Alfonso, sino a dar crédito a los agentes policiales que le detuvieron y a los que han tomado la decisión de mantenerlo casi dos meses en prisión. 

Lo único que pretenden es transformar a Alfonso en "Alfon" y su apodo en mote criminal para justificar que se le trate como si no tuviera derechos, como si fuera solamente humano en apariencia.

Pero todo eso no le transforma en un terrorista, al igual que sus detenciones por portar drogas de diseño -¡Dios mío, las macrodiscotecas están llenas de terroristas!- no le convierten en un terrorista.

En este país, solamente que fuera un terrorista hubiera justificado el tratamiento penitenciario que ha tenido. Y ni siquiera eso.

Y lo que es más importante. Los agentes que le detuvieron no sabían todo eso, no podían saberlo. 
Da igual lo que hiciera en Cádiz o si agredió o no agredió sexualmente a alguien porque los agentes que le llevaron a la comisaria no sabían eso y no le detuvieron por eso. 
No cumplieron con una orden de búsqueda y captura que estuviera pendiente contra él así que, aunque los medios afines a la defensa de la actividad policial y gubernamental a cualquier precio -sobre todo cuando el gobierno es de los suyos- construyen con sus antecedentes una cortina de humo que no oculta nada, que no justifica nada, que nos devuelve al punto de partida.

Tiene que haber un motivo para que Alfonso Fernández Ortega haya sido detenido y se le haya aplicado la incomunicación durante casi dos meses. Tiene que haberlo para que hayan sido conculcados sus derechos, tiene que haberlo para que el Estado haya actuado de esa manera. Tiene que haberlo y no pueden ser sus antecedentes por muy violentos y oscuros que pretendan venderlos. Sin pruebas, claro está.

Así que los ilustradores de la Black Op en la que se ha convertido el encarcelamiento de Alfonso también engrandecen otra parte de la historia.

Publican que Alfonso fue detenido "a las 7 de la mañana del día de la huelga general en la avenida de Buenos Aires, junto a una chica. Les intervinieron un artefacto explosivo que llevaban en una mochila. Contenía, además, tornillería para utilizarla como metralla. Tras su análisis, el Tedax determinó que con el artilugio se habrían ocasionado daños materiales relevantes, pero también heridos."

Y eso sí sería una razón, cogida por los pelos, pero lo sería. Pero su historia se cae porque la acusación por la que se encarcela a Alfonso Fernández es "alarma social", un delito presente en el código penal franquista y eliminado del democrático hace una década.

¿Están diciendo que los agentes le encontraron una bomba montada que incluso los Tedax consideraban peligrosa en extremo y se le procesó por alarma social?, ¿están diciendo que el fiscal encargado del caso es tan incompetente que, teniendo una bomba como prueba, no le procesa por terrorismo?, ¿están diciendo que, una vez encarcelado, se le trata como a un terrorista pero que no se le acusa de tal cosa desde un primer momento?

Como toda historia preparada falla porque los flecos de unos y otros no se cotejan, porque todo se intenta engrandecer para usarlo de justificación sin caer en la cuenta de que la realidad ya ha desmentido esa historia que pretende reinterpretarla.

Y falla porque los actores del error que, para cubrirse de los ojos de los demás, termina convirtiéndose en conspiración, se desmienten los unos a los otros.

Porque, mientras el Diario ABC convierte a Alfonso Fernández en un delincuente habitual que ha abandonado el camino de la psicopatía sexual para arrojarse a los brazos del terrorismo militante portando una bomba que nadie sabe cómo ha aprendido a montar, la otra autora y mantenedora de esta Op Negra de tres al cuarto, La Delegación del Gobierno en Madrid, les desmiente cuanto intenta justificarse.

La tuitera Cristina Cifuentes, con su impecable indumentaria negra y su pose distendida nos publica una fotografía de unos cuantos botes -que no se sabe muy bien de qué son-, de unas cuantas botellas de plástico -que no se sabe muy bien qué contienen-, de un petardo gordo y otros más pequeños y bajo el muy resignado "¡qué cosas, lo que portaba el inocente Alfon!" le pega sin querer, eso sí, un bofetón en el rostro a aquellos que habían lanzado a los cuatro vientos la historia del artefacto explosivo en la mochila en la mejor tradición del yihadismo afgano o iraquí.

¿Si portaba una bomba porque nos enseñan unos botes?, ¿si llevaba siete kilos de metralla porque nos enseñan seis miserables petardos?

Todas estas preguntas se unen a las anteriores y quedan sin respuesta. Porque una Black Op no puede dar respuestas ciertas, no puede cotejarlas y no puede refrendarlas. A menos que sea muy buena como la de JFK. Pero no es el caso.

Nadie parece darse cuenta de que el mero hecho que hablen y que publiquen esas cosas está desmintiendo su propia versión porque Alfonso no está acusado de terrorismo como debería estarlo si portara una bomba en una mochila.
Y si así hubiera sido, la Delegada del Gobierno en Madrid estaría cometiendo un delito -o un redelito, que las retuiteó- al divulgar pruebas de un sumario de terrorismo, algo expresamente prohibido por la ley.

Quieren justificar la permanencia de Alfonso en la cárcel incomunicado presentándole como terrorista cuando no se le acusado de ello y no se dan cuenta de que su propia versión les transforma en delincuentes si Alfonso fuera realmente un terrorista.

Y como todas las historias preparadas, todas las Black Ops internas y propagandísticas -que no todas eran militares-, cae cuando llega al sitio al que todos estos asuntos llegan: a la sala de un tribunal.

El régimen de aislamiento se justificaba o se intentaba justificar por la peligrosidad, la detención preventiva se intentaba justificar comparando a Alfonso Fernández con De Juana o Artapalo, pero el juez -al más puro estilo de Jim Garrison- se encoge de hombros y deja a Alfonso Fernández en libertad provisional.

Y ahí acaba todo.

Da igual que sea un Bukanero, da igual que sea un agitador, da igual lo que haya hecho antes y lo que se le acuse de hacer. El juez considera que no es lo suficientemente peligroso como para que se le mantenga en prisión y ni siquiera le impone una fianza.

Ahora, por fin se le imputa tenencia de explosivos -pero eso es cosa del fiscal, no del juez- y resistencia a la autoridad-, lo de la alarma social ha desaparecido porque ya lo había hecho hace diez años.

Pero, pese a ello, el juez no le mantiene en la cárcel como hubiera hecho con cualquiera que llevara una bomba montada en una mochila. No sé el resto de este país, pero yo no recuerdo que ninguno de los detenidos de ETA en posesión de explosivos saliera en libertad provisional sin fianza.

Así que, al final, como toda Black Op, toda la historia se vuelve blanca y demuestra lo que escondía.

Los derechos de Alfonso Fernández Ortega han sido conculcados y los medios afines han montado una historia para lograr un fin que no es, ni de lejos, el encarcelamiento de Alfonso.

Sino para justificar el camino ideológico que ha decidido tomar el Gobierno con respecto a las protestas, para generar esa alarma social de la que acusan al joven vallecano y así poder afirmar que es necesario "modular" el derecho de manifestación, restringir el de reunión, acallar el de protesta y silenciar el de disconformidad.

Convertir a Alfonso Fernández Ortega en el "Alfon" que justifique que se mantenga a la mayoría -y a la minoría, ya puestos- en el silencio necesario que ellos necesitan para llevar a cabo sus planes ideológicos.

Darse una excusa para que el miedo al caos les justifique su pánico a la disensión ciudadana de su plan para nuestra sociedad.

Todo ello aparte de que Alfonso llevara o no material para hacer una bomba, todo ello aparte de lo que haya hecho hasta su mayoría de edad, todo ello aparte de que sea un hincha furibundo del Rayo Vallecano o de que consuma speed con frecuencia o de forma esporádica.

Lo único que se quiere es tapar los ojos a la sociedad y nublar su memoria para conseguir que olvide algo que hasta los auditores militares recuerdan, puestos en pie, cuando un acusado entra en la sala de un tribunal para un consejo de guerra

¡El acusado tiene derechos!