Cuando ser ciudadano es motivo de sanción

Parece que los actuales inquilinos de Moncloa no están por la labor de la confianza. Quizás sea porque no han hecho nada para ganarse esa confianza o porque saben que la sociedad ya la ha perdido.

Y como no están dispuestos a confiar en la sociedad sobre la que gobiernan lo único que se les ocurre es recurrir a algo llamado nueva ley de Seguridad Ciudadana no para recuperar esa confianza sino para evitar que se vea, se sepa o se conozca que la sociedad ya  no confía en ellos.

En la enésima sesión de maquillaje de su imagen pública, que ellos confunden con la de España, aunque todos sabemos que no es lo mismo, deciden modificar la ley no para dar seguridad a los ciudadanos, sino para sentirse ellos seguros de los ciudadanos.

Los mismos que hace 20 años criticaron hasta el aburrimiento la Ley Corcuera por la famosa "patada en la puerta" que atentaba contra los derechos de los ciudadanos, ahora la modifican -dejando ese aspecto, curiosamente, intocado e intocable- para recuperar algo más antiguo, algo más viejo rancio. 
Algo llamado control totalitario de la calle, los ciudadanos y la sociedad.

Para empezar intentan dificultar e impedir los escarches y uno se pregunta ¿en qué beneficia eso la seguridad ciudadana?

La respuesta es absolutamente en nada. Ni siquiera mejora la seguridad de los políticos. Porque los escarches no ponen en riesgo a nadie, no ponen en entredicho la seguridad de nadie. Su conciencia culpable sí, pero su seguridad no.

Son molestos para quien los sufre como molestas son sus decisiones políticas para quien las padece; son una forma de presión por parte de aquellos a los que el propio poder no presta oídos. Pero no ponen en peligro a nadie.

Así que simplemente no tienen nada que ver con la Seguridad Ciudadana.

Tienen que ver con la seguridad que precisa la corte genovesa que habita en Moncloa de que nadie le recuerde que lo está haciendo mal, que nadie haga público sus errores, sus decisiones ideológicas ni sus intenciones de revertir un país a la servidumbre laboral y la desestructuración social.

Y tiene que ver con el totalitarismo más absoluto, no porque se prohíban o porque se persigan. Sino por el modo en el que se intentan perseguir e impedir.

Como los jueces ya han dicho que son legales, no digo que son ilegales, pongo una sanción administrativa. la justicia dice que no son sancionables, pero el Gobierno dice que sí. Y el Gobierno manda. Punto final.

Invaden un ámbito que no es del Ejecutivo solamente para protegerse, solamente para impedir que se sepa lo que hacen, que repercuta en la puertas de sus casas la miseria que ellos están llevando a los salones de millones de hogares, para que sus hijos no tengan que escuchar que su padre o su madre son aviesos, mezquinos y están destruyendo las expectativas de millones de personas.

La justicia dice que son legales, que son constitucionales, que se tienen que aguantar pero, ellos, ajenos a todo, ajenos a Montesquieu y su división de poderes, ajenos a la democracia, ajenos a la justicia, se limitan a intentar cambiar las reglas del juego para protegerse, para sentirse seguros.

Y otro tanto con aquello de no manifestarse delante del Congreso o de no llevar la cara tapada en las manifestaciones.

A nadie se le oculta que ver ciudadanos encapuchados corriendo por las calles puede ser un síntoma de anarquía.

Pero lo que nadie duda es que ver policías encapachados, embragados y sin identificar convirtiendo el Congreso en la tercera parte de Fortaleza Infernal, cargando en estaciones de ferrocarril o corriendo a porrazos a manifestantes se una prueba fehaciente de totalitarismo.

Porque eso tampoco nada tiene que ver con la seguridad ciudadana.No hay nada que justifique que un policía no se identifique cuando se le exige, no hay nada que pueda hacer comprender que un agente del orden no haga su trabajo a cara descubierta.

Dejemos ya la excusa baladí de ETA y de los policías infiltrados porque los terroristas ya no existen y los policías encubiertos no están en las Unidades de Intervención.

Pero ello no conceden las mismas herramientas a los ciudadanos que a los policías. Ellos no permiten la misma impunidad a unos y a otros. Son incapaces de equilibrar. Ni siquiera de eso. o todos o ninguna. Y se acabó.

Y tampoco se les puede grabar, ni se pueden difundir sus imágenes, ni se les puede insultar, ni se puede hacer mofa de ellos.

Y todo eso estaría muy bien si pasara por los tribunales. Si fueran los jueces los que deciden. pero de nuevo pasan a la sanción administrativa para que la palabra de un policía valga más que la de un ciudadano, para que con que él diga que le han insultado o que han hecho mofa de él o que le han grabado "malintencionadamente" sirva para castigar, para multar.

Y, no nos confundamos, eso no es culpa de los policías. No es culpa de la ley. Ni siquiera es culpa del sistema.

Es responsabilidad de aquellos que pretenden usar policía, ley y sistema solamente para protegerse ellos mismo, solamente para estar a salvo de la ira que han generado con acciones que solo les benefician a ellos, sus socios y sus adláteres.

Si no quieren que les graben a elementos descerebrados de las UPI dando palizas o disparando en Atocha que impidan que lo hagan, si no quieren que haya imágenes de policías sin placa y negándose a identificarse que les sancionen por no hacerlo.

Si no quieren que la gente se manifieste ante el Congreso que den voz a la sociedad dentro del hemiciclo, si no quieren que la gente oculte la cara para protestar que obliguen a la policía a no ocultar la suya para actuar.

Si no quieren que les escarchen en las puertas de su casa que se aseguren de hacer bien su trabajo en lugar de correr cual mozos en sanfermines a coger el tren o el avión en el puente, si no quieren que haya huelgas que escuchen a los sindicatos, si no quieren que haya protestas que hagan caso de lo que  la sociedad les está exigiendo en lugar de seguir a pies juntillas sus criterios ideológicos.

Si no quieren que se vean las protestas, consigan que nadie tenga motivo para protestar. Gobiernen en lugar de mantenerse en el poder, busquen el beneficio común en lugar del de sus socios y lobbies.

Pero claro eso no se logra con una Ley de Seguridad Ciudadana. Eso se logra con integridad y democracia. Algo que parece que se han prohibido así mismos desde hace mucho tiempo.

Y ahora nos quieren prohibir a nosotros.