Parece que una de las dicotomías que se han impuesto desde el Gobierno que nos echamos a las espaldas en las últimas elecciones en el distingo entre educación concertada y enseñanza pública.
Pero, no nos engañemos, ni Wert ni sus avatares autonómicos -Catalá, Figar y demás- tienen esa dualidad en su maniqueo concepto de organización de la sociedad, en su mapa en blanco y negro de con nosotros o contra nosotros. Sus dicotomías son otras, sus divisiones son otras.
Y una de las pruebas más trasparentes, más meridianas de ello es Alberto Fabra, ese presidente de la Comunitat Valenciana que destila públicamente la poca vergüenza de cerrar una televisión pública que no se pliega a sus necesidades de propaganda política argumentando que "no cerrará un colegio por mantenerla abierta" o que necesita ese dinero para "educación, sanidad y unos servicios sociales de calidad".
Él y su senescal educativa, María José Catalá, no hacen distingo a la hora de destruir la enseñanza y la educación entre pública y concertada. Para ellos es lo mismo.
Y lo demuestra el hecho de que le deban millones a centros y entidades educativas concertadas. Al Patronato Intermunicipal Francisco Esteve le deben 433.000 euros y Bienestar Social, 393.000 euros. El Colegio La Unión de Torrent, 760.000 euros. A Torrepins le debe el Consell 300.000 euros.
Y así hasta catorce colegios concertados.
Pero no hay que confundirse. Cuando asistimos a las protestas de estos centros exigiendo el dinero que Fabra y Catalá les deben y les niegan no veremos a monjas con pancartas, a profesores de religión con lemas en sus camisetas ni a miembros de la Conferencia Episcopal Española apoyándoles.
Porque estos colegios no cobran cuotas "voluntarias" que bordean la legalidad, no rezan el ángelus ni dan clase de valores cristianos. Estos colegios son concertados sí, pero no son religiosos.
Son los colegios que se hacen cargo de los más débiles, de los que necesitan más apoyo en el desarrollo de su proceso educativo. Son los colegios concertados que atienden las necesidades educativas de los discapacitados psíquicos y físicos.
Así que la diferencia, la división dogmática e ideológica no se encuentra entre lo concertado y lo público, no se halla entre lo gestionado directamente por el Estado -o el Gobierno Valenciano, en este caso- y lo gestionado por entidades privadas -sin ánimo de lucro, se presupone-.
Porque entonces estos centros que atienden a discapacitados no tendrían que manifestarse en Torrent, Paterna o Valencia y nadarían en fondos y exenciones fiscales como lo hacen aquellos a los que Catalá ha concedido suelos gratuitos por valor de varios millones de euros, como lo hacen esos otros concertados a los que ha aumentado las becas de comedor mientras elimina físicamente los comedores mismos en muchos centros públicos.
Si la diferenciación que hace la política educativa del Partido Popular en Valencia y en el resto de España enfrentara a la dicotomía entre lo público y lo concertado, estos profesores, directores y alumnos no tendrían que protestar porque recibirán los mismos edificios gratuitos para asentarse que algunas universidades privadas, porque verían aumentar y alargarse sus conciertos dentro de los 663 millones de euros que la Consellería va a dedicar a pagar conciertos con entidades privadas educativas.
Pero, si no es la división entre la gestión educativa pública y la concertada la que marca la política educativa del Partido Popular ¿cual es entonces?
¿De verdad hace falta que lo diga?
Es la maniquea y perversa elección entre servicio y negocio. Y entonces todo cuadra.
Porque la educación de discapacitados no está concebida como un negocio y por ello, por muy concertada que sea, no entra dentro del tipo de enseñanza que quiere y se esfuerza por promover Catalá en Valencia, Figar en Madrid y Wert en todo el territorio nacional.
Porque la educación de discapacitados nunca dará beneficios por su condición ineludible de servicio público a un colectivo con necesidades especiales más allá de su renta y posición económica y por ello cae en el mismo saco que la enseñanza pública obligatoria convencional, sean los centros concertados o no.
Porque lo único que les importa es que sus socios ganen con el negocio y que ellos no pierdan dinero que pueden usar para sus cosas en prestar un servicio.
Esa es la única división que entienden: Servicio o negocio, prestaciones o ganancias.
Y eso hace que hasta los profesores de la concertada vayan a la huelga cuando se dan cuenta de que los recortes en la educación afectarán a sus centros y el gobierno hace todo lo posible para que sus contratadores sigan ganando dinero aún a costa de sus salarios, de sus jornadas y de sus condiciones de trabajo.
Por más que unos y otros hayan intentado establecer una falsa división entre lo público y lo concertado, esa división no existe en la mente de los ideólogos del desmantelamiento educativo español.
Solamente existe la que pone a un lado a los que precisan el servicio educativo y de otro a los que quieren ganar dinero a costa de esa necesidad.
Bueno, esa y la otra división. Entre los que enseñan y los que adoctrinan. Que otro gallo nos estaría cantando si en esos colegios concertados para discapacitados se rezara el Ave María a la entrada, el Ángelus a mediodía y el Jesusito de mi Vida a la hora de irse a acostar. De eso tampoco cabe la menor duda. Y mucho menos a la ínclita hija de La Obra, María José Catalá.
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