Esa dantesca inconstitucional de mejorar las condiciones de trabajo

Vaya por delante que no es que yo tuviera demasiada confianza en esa supuesta última linea de defensa de nuestros derechos que es el Tribunal Constitucional.

Sus continuos vaivenes, sus formas partidistas de entender la justicia y demás compañeros mártires no le favorecían demasiado. Cierto es que algo de crédito había recuperado con lo de la anulación de la amnistía fiscal, pero lo perdió de inmediato al reprocharla pero no anularla.

Y ahora remata la faena con su admisión del recurso del gobierno contra un decreto de la Junta de Andalucía por vulneración de derechos y discriminación.

Y ¿cual es el decreto de marras del gobierno andaluz?, ¿ha firmado la independencia de Al Andalus?, ¿ha decidido negar la entrada de los no andaluces en la comunidad?

No. Ha reducido la jornada laboral de los funcionarios andaluces a 35 horas semanales.

El Gobierno central recurre. No se entiende muy bien el motivo, pero en su derecho está. Y el Tribunal Constitucional lo acepta. Y eso sí que carece de explicación ninguna.

¿Cómo una medida que reduce la jornada laboral manteniendo el suelo, que fomenta la conciliación laboral y aumenta la oferta de empleo público para que más personas que no tienen trabajo puedan acceder a uno puede vulnerar los derechos?

Desde luego los de los andaluces no. Y los del resto de los funcionarios tampoco. Porque la Junta de Andalucía no tiene la posibilidad de aplicar esa jornada a la función pública que no trabaja para ellos. Si los funcionarios que dependen en Andalucía del Gobierno central siguen trabajando 37 horas, quien en todo caso vulnera sus derechos es su contratador, o sea las administraciones dependientes del Gobierno Central, o sea el mismo que ha presentado el recurso.

Ya de por sí no tiene lógica ninguna. Pero encima el Tribunal Constitucional obliga al gobierno andaluz a que los funcionarios vuelvan a la jornada de 37 horas hasta que decida si su reducción es constitucional o no. Estupendo.

De modo que no anula la Amnistía  Fiscal para que no los delincuentes confesos de fraude fiscal no caigan en indefensión, pero sí anula el decreto de la Junta da Andalucía sin importarte esa indefensión de los funcionarios públicos que no han cometido delito alguno.

No soy yo de los que dicen que los delincuentes no tienen derechos o que estos no deben ser respetados. Pero desde luego no parece muy constitucional ni de una estado de derecho que se tengan en cuenta para estos y no para los que no comenten delito alguno.

Lo de la discriminación es aún más grave.

¿No se supone que la discriminación positiva es un concepto que tiene cabida en nuestra Constitución?, ¿no se utilizó ese concepto para declarar constitucional una ley que convierte a la mitad de la población española en inocente y a la otra mitad en sospechosa y culpable por su mera condición sexual?, ¿por qué no se puede aplicar ese concepto a los funcionarios andaluces?, si se les discrimina positivamente sobre otros funcionarios mejorando sus condiciones de trabajo ¿por qué no se puede aplicar en este caso?

Porque no conviene. Simplemente por eso.

Y eso hace que el Tribunal Constitucional sea una vez más la voz de su amo. Si se acepta para los andaluces, el gobierno tendrá que igualar las condiciones en Andalucía y luego posiblemente en todo el territorio nacional. Y eso supondrá más gasto.

Y no olvidemos que la última linea de defensa de nuestros derechos constitucionales dejó que se alterara la Carta Magna con nocturnidad y alevosía para incluir el techo de gasto sin decir una sola palabra. Por no hablar que, mientras todos los recursos del Gobierno se aceptan, el 99 por ciento de los recursos de amparo de los ciudadanos son desechados sin ni siquiera entrar a juzgarlos.

Al final, ya no sorprende que la justicia no sea ciega pero que sí continúe siendo sorda.

Lasquetty: Vivir en Matrix o la cruel inocentada del estajanovismo sanitario

Acabando el Año de las Sombras -que esperemos que no se transforme en el Bienio Oscuro- ya no nos sorprende nada de lo que hacen y pretenden hacer con la Sanidad Pública desde los despachos que les hemos dado en las últimas elecciones a la corte genovesa en los centros del gobierno central y autonómico.

En los primeros días del próximo año la judicatura debe resolver todos los recursos contra la privatización hospitalaria madrileña que pretende privar a la sanidad pública de la región de gran parte de los que luchan por nuestra salud día a día y precarizar a los que queden al pie del cañón de nuestro futuro sanitario; el primer día de Enero entre en vigor el copago hospitalario que logrará que las ya menguadas mesnadas de los profesionales sanitarios públicos vean reducido el arsenal necesario de herramientas para pelear por nuestra salud.

O sea que se pretende dejar el combate sanitario diario -que es imprescindible en cualquier sociedad, desde los tiempos de Asclepio- sin efectivos y sin armamento para destinar los fondos a otros menesteres supuestamente más importantes.. Diríase que Malthus ha invadido la mente de nuestros gobernantes.

El copago hospitalario también está recurrido en algunas comunidades autónomas pero mientras los jueces deciden sobre el futuro de la sanidad madrileña y española, los hacedores de ese infortunio se encargan de defender sus posiciones, de atrincherarse en sus decisiones.

Y como no van a decir que pretenden desarmar al ejército sanitario público, a la última linea de defensa de nuestra salud, para beneficiar a sus amigos y familiares, para hacer caja con sus negocios privados y para asegurarse un retiro de la política suculento en algún consejo de administración, tiran de todos los argumentos que se les vienen a la cabeza.

El primero nos lo lanza el ínclito Javier Fernández Lasquetty a modo de broma de Santos Inocentes de mal gusto y se descuelga diciendo en una publicación económica que "los profesionales de los hospitales madrileños están deseando que se privaticen".

Y la afirmación del consejero madrileño hace que uno se pase la mano por la nuca en busca de una entrada de conexión a Matrix escondida bajo la cabellera.

Porque si no se está viviendo en una realidad alternativa a la que maneja Lasquetty no se comprende porque uno tiene constantes imágenes de profesionales sanitarios manifestándose contra las privatizaciones hospitalarias madrileñas durante todo el año, uno no entiende porque tiene el recuerdo de huelgas continuadas en todos los hospitales madrileños, desde el de La Princesa hasta La Paz, desde el Gregorio Marañón hasta el Infanta Sofía - y siéntanse incluidos, por supuesto, todos los demás- contra la privatización, uno no comprende como es posible que en la lista de contactos de su twitter haya perfiles de todos los hospitales madrileños, de varias asociaciones de médicos y facultativas, de combativas agrupaciones de personal sanitario cualificado, de trabajadores de la transfusión de sangre e incluso de empleados de los servicios de lavandería clamando contra la "externalización", la canallada antes conocida como privatización hospitalaria.

Así que te preguntas si es que el proceloso Lasquetty es Morfeo, el primero que ha conseguido salir de Matrix y ve la realidad o es Neo, el que aún no ha tomado la pastilla adecuada y se empeña en seguir al conejo blanco de su propios intereses y percepciones hasta el profundo agujero de su nepotismo.

Claro que la pregunta se transforma en retórica cuando recuerdas que todos los recursos contra esas privatizaciones han sido interpuestos por asociaciones profesionales y además lees la siguiente afirmación del adalid del negocio sanitario antepuerto a la salud pública de la sociedad.

Así, como el que felicita las navidades a disgusto, como el que te da una palmadita en la espalda para colocarte el monigote del Día de los Santos Inocentes, Lasquetty afirma que "no quiere funcionarios en la sanidad porque perciben unas retribuciones prácticamente iguales sea cual sea el rendimiento de su trabajo"

Y eso ya pasa de la película de ciencia ficción al insulto directo. Pasa del malthusianismo de recortar la sanidad hasta dejar fuera de ella a quienes no interesa curar porque no son productivos, al estajanovismo puro y duro de intentar imponer la servidumbre hospitalaria.

O sea que el futuro de la sanidad pública que dibuja con su carboncillo Lasquetty son unos hospitales en los que se cobre por pieza, como los colaboradores periodísticos, como los monteros de las cacerías medievales, como los vaqueros del salvaje oeste estadounidense.

Unos hospitales en los que te contabilicen las operaciones, las anestesias aplicadas, las vendas puestas, las cuñas cambiadas. En el que se trabaje a destajo en  espera de que se contabilice ese aumento de productividad en tu nómina a final de mes.

Un esputo en el rostro de aquellos que llevan desde que empezó el desmantelamiento de la sanidad pública que lo que menos les importa -aunque les importa, como es lógico- es lo que cobran o dejan de cobrar.

De aquellos que han sacrificado nóminas enteras para defender lo de todos, de aquellos que se han jugado su condición de trabajadores públicos -y la seguridad que ello supone o suponía- para defender un modelo de sanidad pública justa y necesaria.

Lasquetty pretende vendernos el mismo modelo viciado que el Gobierno de la nación intenta impulsar con su Reforma Laboral. Pretende que compremos eso de que hay que cobrar más si eres más productivo. Algo que al parecer, según él, se puede aplicar a la fabricación de Iphones y a las colonoscopias indistintamente.

Y cuando se ponga en marcha ese paradisíaco modelo de sanidad pública ¿qué harán los profesionales?, ¿rechazarán participar en una operación de cuatro horas para que no baje su ratio de intervenciones?, ¿arrojarán una solución de alcohol y betadine al 50% con un aspersor a los heridos para que aumente su número de curas diarias?, ¿se calzarán patines, cual reponedora del Carrefour, para ganar el suplemento asignado al mayor ratio de cuñas cambiadas a la hora?

Intentar aplicar el concepto de productividad cuantitativa de Stajanov a los profesionales sanitarios es el mayor insulto que se puede hacer a la medicina, a la sanidad y al juramento hipocrático. La productividad en la sanidad se mide en términos de vida y muerte de los pacientes, de curación y enfermedad de los enfermos, de comodidad y dignidad de los atendidos. Precisamente por eso  no tienen que tener la espada de Damocles del despido o de las exigencias de ganancia financiera de su empresa sobre sus cuellos y sus nóminas.

Porque esa presiones conducen al error y el error es algo que no se pueden permitir, que no nos podemos permitir que comentan.

Alguien dijo, un médico, por supuesto, que "los errores de diagnostico se cubren con medicación, los errores de medicación se cubren con cirugía y los errores de cirugía se cubren con tierra". Por eso necesitamos que sean funcionarios y no trabajen bajo el yugo de la incertidumbre laboral. Por eso hay que hacer todo lo posible para alejar a esos profesionales del error.

Porque no queremos ni podemos permitirnos que nuestros hospitales públicos se vacíen convenientemente con un excelso ratio de productividad mientras nuestros cementerios se llenan de montones de tierra a causa de la loca carrera por el estajanovismo sanitario que quiere emprender Lasquetty.

Es de mal gusto, hasta como inocentada.

4.388 yuanes que pueden hacer fracasar las mareas

Que hay gente que se está partiendo el pecho, el salario, el esfuerzo y el compromiso por defender lo que es de todos es algo que, a estas alturas del partido que nos han obligado a jugar con nuestro futuro, es incuestionable. 

Mientras los políticos se debaten en cismas territoriales de una parte y en sobrecogimientos intestinos y salarios fingidos de otra; mientras "Cantós y Montalbanes" se enzarzan en la enésima diatriba sobre unas cifras que no admiten discusión en aplicación de la más pura lógica -y cada uno y una arrimará esta frase a la sardina que prefiera-, hay gentes que se centran en lo importante, en lo que deberíamos estar centrados todos. 

Las distintas mareas defienden lo público a capa y espada a huelga y manifestación a descuento salarial y puesta en riesgo de lo propio en beneficio de lo ajeno de todos. Pero, tal como están las cosas, con la cerrazón política europea cabalgando a lomos de la austeridad extemporánea, no podemos fingir que creemos que eso es suficiente. 

 No lo es no porque lo hagan mal, no porque no tenga sentido. Lo hacen bien -de hecho magníficamente- y tiene sentido que lo hagan. Pero les falta algo. 

Les faltamos nosotros. Les hemos dejado solos. 

No es que no acudamos a sus manifestaciones, no es que no les apoyemos por activa y por pasiva, no es que no vayamos a parar los desahucios o secundemos sus iniciativas, que hay muchos de nosotros que lo hacemos. 

Es que no hemos puesto en marcha nuestra marea, es que no hemos levantado la espuma de nuestras olas para sumarlas a las mareas que vienen y que van reclamando justicia, reclamando una sociedad que tenemos y que nos están robando. 

Nos falta la marea laboral. 

Porque si no emprendemos de una vez de forma continuada y contante la lucha por nuestros sueldos, por nuestra dignidad laboral, por la defensa a ultranza de los derechos que nos quieren arrebatar, la lucha de la marea verde, de la marea blanca, de la marea negra o de cualquier otra está abocada al fracaso. 

Cada vez que bajamos la cabeza para evitar que nos toque un ERE, cada vez que aceptamos un recorte salarial, una extensión de jornada sin aumento de sueldo, un trabajo con una remuneración inferior a la acordada en convenio o cualquiera otra de esas medidas que se han inventado para precarizar el empleo y convertirnos en un elemento de oferta para aquellos que quieran generar beneficios sin repartirlos, no solamente estamos jugando a la ruleta rusa con el futuro de los nuestros sino que estamos clavando un clavo en el ataúd de los servicios públicos. 

Rajoy, Báñez y toda la actual corte moncloita han iniciado el camino de la precarización laboral para hacer de España un país rentable, para hacer de España un país que pueda competir. Para convertir nuestro país en China, el gran gigante que niega a sus trabajadores lo esencial para demostrar que su capitalismo comunista puede derrotar al capitalismo neocon de toda la vida. 

Y no son los profesores, los profesionales de la sanidad ni los funcionarios los que deben luchar contra eso. No son los padres de alumnos, las doctoras, los rectores, los estudiantes, los sanitarios, los bomberos, las fiscales, los maestros, las enfermeras, los jueces, los cirujanos o las funcionarias de la Consejería de Agricultura aquellos que deben parar eso. 

Somos nosotros. Los que no trabajamos para la Administración, los que no somos empleados públicos. 

Porque si los recortes son el ataque frontal contra la condición pública de los servicios, la precarización laboral es el torpedo sumergido que cañonea la linea de flotación de su existencia.

Si, por aguantar el tirón, por miedo o por desgana, preferimos escondernos a pelear, preferimos mantener un puesto, preferimos aceptar la precarización, terminaremos cobrando 4.388 yuanes al mes, como en China. 

Y habremos dicho adiós definitivamente a todo lo público. 

Porque, con 500 euros mensuales de sueldo, ¿cuánto cotizaremos a la Seguridad Social?, ¿cuánto se podrá detraer para nuestras pensiones o nuestras prestaciones por desempleo?, ¿cuánto pagaremos de impuestos? 

Habremos dado la razón a Rajoy y Cospedal y los servicios públicos no podrán mantenerse: habremos dado argumentos a De Guindos, que podrá mantener que los impuestos de los españoles no serán suficientes para sostener el sistema de prestaciones públicas. 

Si no abrimos el frente laboral en todas partes, si no emulamos el continuo negro de la huelga de Telemadrid, o la huelga indefinida de los mineros asturianos o el paso por el arco del triunfo de los servicios mínimos abusivos de los trabajadores del metro madrileño, si no les hacemos perder en el presente más de lo que pretenden ganar en el futuro con nuestra precarización, la lucha de las mareas por los servicio públicos no triunfará. 

Su esfuerzo habrá sido en vano y nosotros seremos cómplices pasivos de su derrota.

Daremos la razón al ínclito Montoro que, por cierto, se queja de que los actores no pagan impuestos pero no dice ni una palabra cuando Apple, después de haber vendido en España millones de IPhone, IPad e IPod y todos los "I" que se nos vengan a la mente, declara pérdidas en nuestro país para no pagar impuestos y factura todas sus ventas desde la sucursal irlandesa de la marca. 

Pero a lo que vamos. Con cotizaciones ínfimas debido a sueldos miserables, con recaudaciones paupérrimas originadas en rentas de subsistencia, no habrá salvación para los servicios públicos. 

Así que los que luchan por la Sanidad Pública, por la Educación Pública y por todo lo público nos necesitan. Pero no nos necesitan solamente apoyándolos en sus trincheras.

Nos necesitan, les somos imprescindibles, luchando en la nuestra, arriesgándonos en la nuestra, jugándonosla en la nuestra. Ellos ya están haciendo lo que deben. Quizás no podamos decir lo mismo de nosotros. 

Y cómo hemos de hacerlo es tan obvio que no merece la pena siquiera comentarlo. El Occidente Atlántico tiene demasiada historia acumulada al respecto como para fingir que ignoramos el camino que tenemos que seguir. 

Nosotros mismos.

El Consejo Real de José Ignacio Wert envía a la Universidad a la guerra contra el señor feudal

Puede que ya sea un efecto propio, una recurrencia por defecto cada vez que estas endemoniadas líneas se acercan a la actualidad de lo que se está haciendo e intentando hacer con la Educación en España. Pero parece que cada vez que uno quiere desgranar la realidad de lo que está ocurriendo en ese campo, acaba irremisiblemente arrojado a los más oscuros años del medioevo o incluso de sus pretéritas eras de barbarie.

Y ahora le toca el turno a la Universidad. José Ignacio Wert. el ministro que no lo es de cultura porque no utiliza la que atesora en aras de la lógica y que no lo es de Educación por la forma y el modo en el que se comporta, saca a relucir el informe encargado a su comité de expertos sobre el futuro de la Universidad en el que se concluye -¡Oh, sorpresa!- que hay que "desfuncionarilizar los campus y la docencia e investigación universitaria".

Más allá del cierto tufillo arcaico y trasnochado a Consejo Real de los de antaño -pero el antaño de los Austrias Mayores-, que destila este comité nombrado para que el rey y monarca absoluto de la Educación en España escuche de otros labios aquello que le dicen una y otra vez sus pensamientos, este dictamen no retrotrae a una pelea medieval, nos vuelva a arrojar a una campo de batalla que parecía superado hace ya siglos: la autonomía de las universidades.

Porque Wert, atrincherado en su defensa numantina de la competencia entre iguales como sinónimo de libertad, mejora y evolución -algo que más que darwiniano es ya stajanovista-, pretende vender la "desfuncionarilización" como el espejo ideal de la libertad universitaria.

Y, claro, yerra de pleno porque de repente la historia le pega una bofetada con la mano cóncava en medio de su sonrisa de soberbio través.

Porque las universidades son libres, son autónomas, precisamente porque dependen del Estado; porque allá en los años oscuros de cruzadas, invasiones, guerras feudales y rafias por doquier hubo monarcas que al parecer tenían las cosas más claras que Wert que las hicieron depender directamente de ellos -o sea, por entonces del Estado, no olvidemos aquello de El Estado Soy yo- para que no dependieran de nadie más. Para que pudieran ser libres.

De modo que el hecho de que estén "funcionarilizadas", aunque Wert y su Consejo Real de expertos lo utilicen como algo peyorativo, es precisamente lo que les garantiza que sean autónomas y libres.

Porque si no es así, si pasan de su autonomía, bajo el ala del Estado, a la dependencia del dinero, este  las hará esclavas, siervas como ya lo son las privadas, buscando matrículas de alumnos acomodados para asegurarse los ingresos, repartiendo aprobados para que los alumnos que pagan sigan pagando, recortando inversiones aquí y allá para conseguir que sus acciones se sientan satisfecho al final de cada ejercicio económico.

Y si pierden esa autonomía, esa libertad, que su condición "funcionarial" les otorga a manos de los gobiernos regionales, la cosa será algún peor.

Porque entonces estaremos, un milenio después, en la situación que desde Alfonso X, El Sabio hasta El Príncipe Negro de Gales, pasando por los Capetos franceses, quisieron evitar al inventarse la autonomía universitaria. 

Estarán a merced de cada señor feudal, de cada reino de Taifas y de sus caudillos que podrán moldearlas y remodelarlas a voluntad para conseguir  sus objetivos políticos, para utilizarlas en su provecho, para transformar la educación en propaganda. Como ya pasa con los medios de comunicación autonómicos en las comunidades gobernadas por le Partido Popular.

Pero a Wert eso no le preocupa porque es lo que realmente quiere. Que el investigador investigue para  el bien del gobernante, no para el del Estado, que el docente estudie para el presidente -o la presidenta- de la Comunidad Autónoma, no para el bien del Estado.

Necesita y quiere que las universidad está o bien bajo el peso aplastante de la competencia económica o bien bajo el férreo yugo del poder político local, del señor feudal de turno.

Porque esa es la única manera en la que el Bachillerato de Excelencia que se experimenta en Madrid tendrá una oportunidad de fingir que es un éxito, porque así es la única manera en la que la Universidad aceptará recortar materias que a Wert le molestan, que incomodan a Moncloa, que no hacen perfectos técnicos serviles que no se preocupan de otra cosa nada más que de generar riqueza a sus empresas, porque solamente de esa forma la Universidad antepondrá el presente efímero del equilibrio en las cuentas públicas del actual gobierno al futuro de todo un país, que depende en gran medida de su sistema educativo.

Porque esa es la única forma en la que evitará que la Universidad haga aquellos para lo que los reyes de hace diez siete u ocho centurias la "funcionarializaron", la hicieron depender directamente de ellos para garantizar así su autonomía de todos los demás.

Porque, acuciada por la necesidad de resultados económicos para su supervivencia o impelida a conseguir los objetivos políticos de aquellos que cierren su puño feroz sobre su garganta, dejará de hacer lo que siempre hizo, aquello que está diseñada para hacer.

Enseñar a los que cruzan sus umbrales a pensar por su cuenta.

Y eso es, al fin y a la postre, lo que al falso ministro de Educación y Cultura le viene mal, muy mal, tremendamente mal.

Rosell no se juega Suiza por ganarse una portada

Determinadas voluntades y personalidades no se resignan a la mediocridad, no se conforman con la irrelevancia. Se empeñan en hacer de la relevancia mediática un epítome de su autoestima, un sustituto del espejo en el que mirar su egolatría.

No es que tenga yo tumbado en el diván del psicoanálisis a Juan Rosell, el presidente de la patronal española, para hacer estas afirmaciones pero se antoja que algo de eso debe pasarle. Porque es lo único que puede explicar al menos parcialmente lo que está haciendo y diciendo últimamente.

Debe ser que, incapaz de superar a su predecesor en manejos fraudulentos y adelantado por su vicepresidente en tejemanejes fiscales y laborales, solamente ha encontrado para restarle portadas a las renuncias papales y a los sobrecogimientos genoveses el camino de hacer declaraciones extemporáneas y absurdas. 

Es de esperar que sea eso. Porque cualquier otra explicación entraría dentro de lo patológico y sería mucho más preocupante para los especialistas en psiquiatría.

Para empezar carga contra los funcionarios. Afirma a bombo y platillo que habría que mandarlos a casa con un subsidio y serían más provechosos porque ahorraría en papel y teléfono.

Más allá del novecentismo de Larra -aunque es dudoso que Rosell sepa quién es Larra-, de la aversión patológica a la ventanilla, más allá de lo primitivo que demuestra el Presidente de la CEOE que es su concepto social, ignorando la existencia de los ordenadores y los correos electrónicos, Rosell abre la boca solamente para demostrar que con tal de salir en los papeles dice cualquier cosa.

Porque con los funcionarios dedicándose a diletar tranquilamente en sus residencias mientras reciben su subsidio mensual, ¿quién va a gestionar todas esas ayudas que el reclama constantemente para las empresas?, ¿quién va a distribuir los dineros europeos, a tramitarlos, a darles salida de las arcas públicas en dirección hacia las empresas?

A lo mejor Rosell imagina un mundo idílico en el que las administraciones públicas tengan una caja abierta en algún edificio en la que él pueda meter la mano para sacar el dinero que necesita para sus negocios sin necesidad de rellenar solicitud alguna, de dar explicación ninguna, de dejar recibo siquiera.

Pero ahí no queda la cosa ¿quién va a impedir que roben en sus empresas con los policías en casa?, ¿quién va a impedir que le quiten las patentes -aunque dudo que sea capaz de haber generado alguna-, le hagan competencia desleal o le levanten arteramente la empresa con los jueces en su casa?, ¿quién va a diseñar las autopistas, los aeropuertos o las infraestructuras que reclama constantemente para mejorar la competitividad de las empresas que dice defender?

Porque, aquejado de su visión antigua y primitiva de la función pública que la reduce a la ventanilla, la póliza y el vuelva usted mañana, Rosell pretende olvidar que todas esas figuras son funcionarios públicos, al igual que médicos, profesores y toda una serie de colectivos sin los cuales le sería imposible mantener una empresa a nadie.

Pero quizás pese más el hecho de que un funcionario público le ha paralizado los planes a Aguas de Barcelona -empresa en la que Rosell tiene mucha querencia, como las buenas reses- que todo lo demás.

Y para seguir poniendo los puntos sobre las íes -según él, claro-. El tipo dice que la actividad empresarial necesita que se reduzca aún más el sector público español.

Nadie se explica muy bien porque una cosa afecta a la otra y desde luego él no lo hace.

Porque el Sector público español es el tercero por la cola en porcentaje del PIB de la Unión Europea, porque el sector público español hace tiempo que se desprendió de todo aquello que podía significar una competencia para la empresa privada, desde la metalurgia hasta las telecomunicaciones, desde la banca hasta el transporte aéreo.

A lo mejor lo que quiere decir Rosell es que el estado les regale empresas que han sido puestas en marcha con dinero público como Paradores Nacionales, Aena, El Canal de Isabel Segunda, Renfe, Adif o cualquier otra que se le pueda ocurrir, para que él y sus adláteres accedan a nuevas fuentes de ingresos sin necesidad de gastar un duro, de arriesgar un euro. 

A lo mejor pretende que así la empresa privada española siga siendo la última en inversión productiva de la Unión Europea y siga pudiendo guardar a buen recaudo helvético sus beneficios en lugar de arriesgarlos en nuevos sectores, limitándose a aprovecharse de lo que a lo largo de muchas décadas ha invertido el estado con el dinero de todos.

Muy liberal, muy empresarial. Parece que Rosell se ha equivocado de íes sobre lasque poner el punto. Porque en este caso las íes son griegas.

Y para completar la trilogía -hoy en día, todo lo que adquiere relevancia en el mundo de la ficción tiene que ser una trilogía, como mínimo- el tipo se descuelga con la propuesta de los mini puestos de trabajo.

El problema del paro se solventaría con que se pudiera contratar a los trabajadores durante una o dos o tres horas al día.

Y así por fin consigue superar la conjura veneciana - o romana, que para el caso..., que se ha cargado a Benedicto en las portadas y los arranques de los informativos televisivos.

Rosell olvida o pretende olvidar que la creación de empleo no es un valor límite, no es un axioma completo, no es una vedad completa.

La creación de empleo es una elipsis. 

Cuando se habla de creación de empleo se está haciendo una elipsis de más de la mitad de la frase, de los sintagmas que la convierten en una necesidad: La prioridad es la creación de empleo para que los que trabajan puedan mantenerse ellos y sus familias con los ingresos que obtengan de su trabajo.

Esa es la frase completa. Aunque le venga mal a Rosell, aunque él intente ignorarla porque como empresario de antiguo cuño, de los que pasan de invertir, de los que no quieren asumir riesgos, le viene bien hacerlo.

Da igual que dejes el paro en cero si todos esos puestos de trabajo de una, dos o tres horas, te aportan sueldos ínfimos que no te dan para alimentarte, que no te permiten, ya no vivir, sino ni siquiera subsistir..

No se trata de reducir las listas de parados -de las que Rosell también desconfía porque, al parecer, él ha ido casa por casa para saber más que los que hacen la EPA y descubrir que ne España no hay parados-, se trata de aumentar la lista de personas que salen de la miseria y que pueden vivir de los ingresos obtenidos de su trabajo.

Cualquier otra cosa, aunque Rosell y su visión feudal de las relaciones laborales lo disfrutarían sin pudor, no es de recibo para ninguna sociedad del Occidente Atlántica. Por desgracia para el bueno de Juan, ni ha nacido en la Francia de María Antonieta ni en la España de Delibes. Ha venido al mundo, para vergüenza de sus progenitores- en la Europa del siglo XXI y nadie va a desandar lo caminado para que él siga engordando sus ganancias.

Si de verdad Juan Rosell quiere ser L'enfant terrible algo crecidito de la patronal española, si quiere ser verdaderamente transgresor bien podría sentarse en esos desayunos de trabajo que monta la CEOE y decir a todos sus colegas que saquen sus dineros de Suiza y los dediquen a la inversión productiva, que dejen de estafar a Hacienda y a la Seguridad Social los impuestos y as cotizaciones, que dejen de gastar lo que no tienen en buscar concesiones públicas beneficiosas a través de oscuras contribuciones de dudosa legalidad a las campañas electorales y a los partidos y que asuman el descenso de sus márgenes de beneficios y compartan con los trabajadores de sus empresas los rigores de la crisis.

Pero eso no lo dirá, claro. Una portada informativa no es más importante que una cuenta cifrada lustrosa y bien provista entre hermosas montañas nevadas.

El capataz, la paga extra, la caza del funcionario y cincuenta y pico millones de porciones del Estado

No soy funcionario. No lo soy porque nunca me fiare del Estado lo suficiente como para trabajar para él y el Estado nunca se fiará lo suficientemente de mi como para dejarme trabajar en su seno. Así es y supongo que así tiene que ser.
Pero el Estado soy yo -ahora mismo me imagino a mi con melena postiza de rizos y zapatos de medio tacon. ¡Quita, quita, demasiado Versalles para mi!-. El Estado soy yo, una parte ínfima y proporcionalmente inoperante del mismo, pero soy yo. Y como soy el Estado no puedo ensimismarme en la contemplación de lo que le pasa a los funcionarios.
Ahora que los funcionarios hablan, gritan, protestan, resisten y se quejan podemos ampararnos en las envidias y los reproches, de tópicos falsos y de medias verdades para no apoyarlos. O podemos ser la parte del Estado que nos toca ser. 
Podemos seguir a lo nuestro y asentir gozosos a la visión de cómo la espada de Damocles de la falta de recursos y de futuro cae sobre ellos. O podemos ejercer de Estado Soberano, ínfimo, pero soberano, y no seguir callados, riéndonos por dentro, de que aquellos a los que hacíamos seguros en sus trabajos y firmes en sus ingresos ya estén como nosotros o peor.
Porque puede que hubieran tenido que hacer algo antes. Puede que hubieran tenido que protestar con La Reforma Laboral, que unirse a los mineros en su lucha, que sumarse a profesores, médicos, enfermeras o farmacéuticos antes de que el altar de los sacrificios a la City y a Berlín reclamara sus nóminas y sus condiciones laborales como chivo expiatorio de la crisis de un sistema que no puede salvarse de esa forma.

Quizás tuvieran que haberlo hecho ¿pero lo hicimos nosotros? Más allá de nuestras quejas y reproches, ¿lo hicimos o lo hemos hecho nosotros? 

Puede que estuvieran mucho más centrados en su estabilidad y su supervivencia que en lo que estaba pasando en el país pero ¿no hacíamos nosotros igual cuando la crisis y el deseo de mantener ganancias de los empleadores sacudía las vidas, los trabajos y los futuros de aquellos que vivían en la puerta de al lado?, ¿no bajábamos nosotros la cabeza y seguíamos a lo nuestro?
Es posible que no se arriesgaran ni cuando vieron a parte de ellos mismos -profesores, médicos, enfermeras, empleados de metro y bomberos entre otros- pelear por lo público y por sus futuros y los nuestros. Pero ¿no empleamos nosotros sus mismas estrategias?, ¿no agachamos el rostro cuando vimos que los despidos se llevaban a los que trabajaban en la mesa de enfrente o en el sitio de al lado?, ¿no encorvamos el lomo con tal de hacernos invisibles y seguir protegiendo lo nuestro en lugar de arriesgarlo por defender el futuro de todos?

Es muy probable que algunos de ellos se centren más en las siglas del partido que les ha permitido ascender en el escalafón que en las verdaderas necesidades de la Administración o del país. Pero, ¿no vivimos e hicimos nosotros lo mismo?, ¿no encontramos culpables en nuestros trabajos en los que hacer recaer el peso del error?, ¿no dijimos a jefes, directores y directivos lo que quisieron oír para garantizarnos su aquiescencia, su favor, para asegurarnos no ser nosotros los sacrificados, para poder aguantar un día más, un mes más, una nómina más, aun a costa del esfuerzo de otros y de la verdad? 

Los funcionarios, que ahora sangran sus recortes, no han hecho nada que no hayamos hecho nosotros. Si está injustificado para ellos, lo está también para nosotros. Si nosotros no merecemos lo que tenemos por eso, ellos tampoco.
Como es norma en el Gobierno que ahora nos dirige, en el que nos echamos a la espalda en las urnas, la carga de Rajoy contra la función pública ha tenido el efecto contrario del que ansiaba.

Los militares, que por tétrica tradición histórica en este Estado sólo hablaban con sus sables, ahora hablan: 

"Desde AUME -Asociación Unificada de Militares Españoles- no vamos a quedarnos con los brazos cruzados mientras se nos hace pagar por algo que no hemos hecho y se nos trata como a unos “cabezas de turcos”, desde en una situación compleja que ni los que nos han prometido solucionar con ciertas medidas, ahora, tras la confianza depositada en ellos, modifican las reglas de juego con unos recortes que además negaron que fueran a realizar. AUME se va a sumar a toda iniciativa ciudadana que plantee la defensa de unos derechos que nunca hemos debido de perder, porque derechos conquistados son ya algo inherente a la condición de ciudadanía". 
"Vamos a denunciar públicamente todos aquellos gastos superfluos que en el ámbito de las Fuerzas Armadas aún se continúan permitiendo. Celebraciones de patronos, aniversarios, tomas de mando, aniversario de promociones, utilización de pabellones de cargo, utilización de vehículos oficiales, despedidas de promociones, bodas de plata, juras de bandera civiles, participación en fiestas religiosas, etc." 

Los policías que, por aciaga costumbre suelen hacer hablar más a sus porras que a sus labios, hablan:

"El Colectivo de Agentes de Policía Municipal de Madrid colectivo está cansado de que los empleados públicos sean los paganos de todo el derroche producido por personas sin escrúpulos tanto de la política como de la banca, Es vergonzoso haber comprobado como la bancada parlamentaria recibía con alegría y aplausos los recortes salariales a los parados y a los funcionarios, mientras ellos siguen percibiendo suculentas dietas por asistir a su trabajo". 
"No se pueden mantener subvenciones millonarias a los partidos políticos, COE o sindicatos, mientras se recortan sueldos de trabajadores y parados. Se está ante otra medida inútil a la vez que ineficaz y, solamente hay que escuchar al vicealcalde Villanueva para darse cuenta que la supresión de la paga de Navidad a los trabajadores del Ayuntamiento de Madrid va a servir para pagar el aumento del IVA anunciado". 
 "No queremos más gente a dedo dirigiendo la Administración, no queremos más alquileres de edificios propiedad de sus socios. Las Administraciones no pueden ser un cortijo para los desmanes de los políticos y de la banca".
Así que aquellos que callaban, ahora hablan. Aquellos que se suponía que no iban a decir nada porque tenían mucho que perder arriesgan mucho más que nosotros con expedientes sancionadores e incluso expulsiones y penas de cárcel -el código de disciplina militar es un curioso baluarte del absolutismo en este país-.
Y a nosotros, que somos el Estado -cincuenta y tantos millones de pequeñas porciones del Estado-, debería darnos igual que lo hicieran porque les han quitado la paga extra o porque han echado cuentas y con el IVA aumentado no les llega para hacer la compra. Los que no hablaban, los funcionarios ahora -como siempre, supongo- están de nuestro lado. No están del lado del Gobierno. Están del lado del Estado. 

Tenemos a militares, policías, funcionarios en general... ¿qué excusa seguiremos poniendo para no hacer lo que tenemos que hacer?, ¿qué explicación daremos para seguir callados y sin movernos?, ¿qué necesitamos nuestra paga extra para cubrir agujeros, pagar las vacaciones y darnos algún caprichito? 

Puede que hayan tardado pero ellos ya no le hacen caso al capataz de la obra y vuelven su vista a aquel que les emplea de verdad, que les paga las nóminas, que les da el trabajo. A nosotros. 

Yo no soy empresario, ni tengo un negocio, pero soy una pequeña parte del principal empleador de este país. Como los somos todos.
 Ahora que el administrador de la finca se ha puesto a defender intereses de otros que no viven ni trabajan en ella nos toca hacer de aquello que siempre hemos soñado ser. Nos toca hacer de jefes.
Porque todas esas personas que se han unido a la lista de seres a los que no importa arrastrar a la miseria con tal de cuadrar las cuentas de otros que quieren mantenerse en la seguridad de sus inversiones y sus beneficios, no trabajan para Rajoy, no trabajan para Montoro, no trabajan para Moncloa. Trabajan para nosotros.

Y no deberíamos dejar que ningún capataz miope y egoísta maltrate a nuestros empleados. No debemos permitir que ningún Administrador rígido y dirigido desde fuera perjudique sin motivo a nuestros trabajadores. 

Porque soy el Estado y todas esas gentes trabajan para mí. 

Y como soy el Estado y no Esperanza Aguirre no hablaré de privilegios inexistentes por unos días libres, unas horas de menos trabajadas al mes o un régimen especial en las pensiones. Aunque yo no disfrute de esos días, de esas horas y ese régimen de pensiones.

Como soy el Estado y no Santa Dolores de Cospedal no compraré una imagen de inutilidad y fatua conveniencia de aquellos que educan a mis hijos, que sanan mis dolencias, que curan mis heridas, que tramitan mis gestiones, que protegen mis calles o que multan mis malos estacionamientos. 

Como soy el Estado y no Montoro no venderé que sus condiciones económicas son injustas con respecto al resto de la población para quitarles una paga extra a los que cobran ochocientos euros por limpiarnos las calles, novecientos por repartirnos el correo o mil por repararnos las carreteras. Aunque yo no perciba ninguna paga extra de mi empresa ni en invierno ni en verano. 

Como soy el Estado y no Andrea Fabra no diré ¡Que se jodan! 

Esta ínfima e inoperante en solitario porción del Estado peleará con ellos.

Y sin tengo que despedir al capataz. Pues le despido. Y si tiene que joderse el administrador de la finca ¡que se joda!. Ese sí, ¡Que se joda!

Y los otros cincuenta y pico millones de porciones del Estado Español que hagan lo que quieran. Pero ya no tienen demasiadas excusas para seguir sin hacer nada. 

Salvo que la paga de verano y las vacaciones se consideren excusas estatales.