Romper la hucha o no ser conservador, liberal ni mucho menos competente

Mucho se habla en estos días del partido del Gobierno. De sus ramalazos totalitaristas, de sus deribas autocráticas y de sus juicios por corrupción.

Y pareciera que esos son lo únicos motivos por los cuales resulta absurdo seguir manteniéndole en el poder con los sufragios. Pero no. Otro motivo, quizás el principal motivo que haya para no mantener a un gobierno en el poder, es su total y completa incompetencia.

Más allá de la incompetencia política en la gestión de la crisis catalana, más allá de su absoluta inoperancia a la hora de aportar soluciones a la crisis social que sufre España y que no cubre bandera alguna por grande que la bordes y alto que la izes, está su absoluta incompetencia económica.

Alguien dijo que "los gobiernos progresistas son votados cuando se quiere mejorar y los conservadores cuando se quiere no perder lo logrado" Y esa era la función que se encomendó el PP a sí mismo, que gritó a los cuatro vientos en sus dos campañas electorales consecutivas. Pero no lo hace, no solo es que no quiera hacerlo. Es que no sabe hacerlo.

Y como muestra el botón de las pensiones.

Los genoveses que habitan en Moncloa, con Montoro, Bañez y De Guindos a la cabeza, cogieron un Fondo de Reserva de la Seguridad Social con más de 60.000 millones de euros y ahora lo tienen apenas con 8.000, lo que casi ni es suficiente para un pago.

¿Por qué? ¿porque su incomptente gestión de la Seguridad Social lo ha propiciado? No, ni siquiera se reduce a eso. 

Es simplemente porque su absolutamente negligente gestión de las politícas de empleo y el mercado laboral lo ha posibilitado.

Han tenido que tirar del fondo porque, embarcados en su política de imagen de los brotes verdes y la recuperación del empleo y el crecimiento, han hecho que sus propias políticas dinamitaran el fondo.

Su reforma laboral, que ha convertido a dos millones de españoles en suempleados de corta duración con contratos sucesivos de semanas, días o incluso horas, ha tirado por tierra las cotizaciones a la Seguridad Social. 

Hay muchos más contratos, millones de contratos más cada mes que les permiten maquillar las cifras del paro y vender que este desciende -y lo hace estadísticamente-, pero esos empleos, esos subempleos cotizan menos y por tanto el dinero no llega para pagar las pensiones o llega con lo justo. Y cada vez que hay una paga extra hay que tirar del fondo -y me refiero a paga extra de pensionistas y de funcionarios-.

Su política de empleo ha hecho que los jóvenes -los que más años van a cotizar- accedan al mercado laboral en condiciones precarias, con sueldos de 600 euros -580 de media, para ser exactos- y con contratos de corta duración que hacen que lo que cotizan se lo coman dos meses después con la prestación por desempleo y no pueda sumarse al Fondo de la Seguridad Social porque no hay continuidad en el empleo.

Y no lo digo yo, ni mi radicalismo izquierdista, ni nada de lo que se suele achacar desde el votante medio del PP a este tipo de críticas. Lo dicen los numeros de la UE que colocan la perdida de ingresos medios de los españoles en casi 5.000 euros desde 2010 hasta el año pasado.

¿Ingresando 5.000 euros menos se puede cotizar lo mismo? Matemáticamente es imposible. 

¿Cotizando menos se puede mantener el mismo nivel de la Seguridad Social? La ciencia de los números nos arroja idéntica respuesta a la anterior.

Así que, ese mercado laboral que intentan vender como recuperado es el que está matando las pensiones, el que está vaciando el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, el que está tremolando a los cuatro vientos, como una bandera rojigualda a bandas anchas enarbolada contra el independentismo, la absoluta y total incompetencia económica del Partido Popular en el gobierno.

Y encima les lleva a otra inutilidad, a otra incapacidad. La de controlar la deuda y el déficit. Cada vez que meten la mano en la caja de las pensiones generan más gasto y por tanto aumentan el déficit; cada vez que piden un crédito -que no son de 100 o 200 millones, sino de 4.000 millones- aumentan la deuda pública. Dos incompetencias más en su ya abultada lista de inutilidades manifiestas.

Se pueden decir muchas cosas de los gobiernos anteriores al PP -y yo las digo-, pero en eso cumplieron. Se suponía que su trabajo era mejorar la situacion y dejaron un Fondo de la Seguridad Social de 66.000 millones de  euros en constante incemento, con superavits anuales uno detrás de otro. 

¿Por qué? Por el simple motivo de que el modelo de mercado laboral que mantuvieron -aún después de su reforma laboral- potenciaba esas cotizaciones continuadas con la "rigidez" en los contratos y por tanto evitaba el endeudamiento y el déficit en ese aspecto. Así que, lamentandolo mucho por la defensa de enroque siciliano del votante medio del PP, aquí no se puede tirar del famoso "los otros también".

Lo intentan tapar con recortes sanitarios por doquier, con tratamientos caros que ya no sufraga la Seguridad Social, con todo tipo de privatizaciones, pero ni aún así les salen las cuentas. No pueden salirles porque simplemente han permitido que quienes trabajan ingresen menos y por tanto coticen menos en una sociedad que se hace vieja por días, casi por horas.

Si los conservadores no pueden conservar lo más básico ¿por qué seguir votando a un gobierno conservador?, si los liberal capitalistas -que siempre se jactan de tener la economía como base de su política- no son económicamente competentes ¿por qué votar a un partido que se llama liberal capitalista?

Los votantes del PP no tienen respuesta a eso porque los datos y las cifras les dicen que no la hay. Así que se envuelven en la bandera, gritan por la unidad de España y vuelven a tirar de moral y enseñanza de la religión católica en las escuelas, que nunca viene mal.

Los típicos capotes que el PP coloca ante sus militantes, simpatizantes y votantes para que embistan, cegados y sordos a la realidad que les rodea, como el toro de osborne que tan símbolico a ellos les parece.

Beneficios empresariales y la crisis perpetua

Los beneficios empresariales han aumentado y nos dicen que eso es bueno y que eso significa que hemos salido de la crisis.

La mentira es mayor que la que Judith le coló a Olofernes y está destinada al mismo fin, a encontrar el modo de segarnos la yugular -económica y social, en este caso- mientras nos dormimos en los laureles.

Y en este caso la explicación de porque es una mentira conveniente y falaz es muy sencilla.

Los beneficios han aumentado a costa de las reducciones salariales y porque se ha permitido a las grandes empresas tributar cada vez menos. Eso no significa salir de la crisis.
La remuneración de los asalariados cayó a lo largo de todo el año, los beneficios de los inversores y empresarios aumentaron porque el Impuesto de Sociedades y el impuesto sobre las ganancias financieras (beneficios bursátiles) cada vez recaudan menos. Los grandes grupos empresariales y corporaciones, pese a tributar nominalmente el 30% de los mismos, se acogen a tantas desgravaciones creadas ad hoc que apenas si tributan un 6%.
Así que en realidad, las empresas ganan menos y el Gobierno mantiene artificialmente su nivel de beneficios permitiéndoles recortar los salarios, los gastos de contratación y las aportaciones a la Seguridad Social a límites que les parecerían ridículos a los hermanos mayores de Oliver Twist y dejándoles prácticamente no tributar pos sus ganancias.
Las empresas salen de la crisis a costa de que los asalariados sigan en ella para siempre. Eso es lo que en estas circunstancias significa el aumento de los beneficios empresariales.
Eso es lo que significa que crezcan loas beneficios empresariales, el excedente bruto de explotación o como se le quiera llamar crecerá a costa no de crear riqueza sino de repartirla cada vez más injustamente.
Que la próxima vez, que ya está empezando de nuevo, el camino para que las empresas sigan manteniendo los beneficios será otra nueva vuelta de tuerca hacia la servidumbre de los que trabajan en ellas.

Occidente rescata por dinero el Asiento de Negros.

Dos potencias se sientan a acordar un tratado.

A lo largo de la historia es algo común. En ocasiones solamente diplomático y banal, en otras histórico y trascendental.

Pues bien, se acerca uno de esos que será trascendental. De hecho, el más trascendental para la historia del mundo desde el Tratado de Utrech, que puso fin a la Guerra de Sucesión española.

Y para aquellos que creen que para el mundo no fue tan significativo que los Austrias o los Borbones reinaran en España solo diré tres palabras: Asiento de negros.

La Unión Europea y Estados Unidos han negociado casi en secreto, de espaldas a sus instituciones nacionales y a sus ciudadanos un acuerdo que, aunque tiene el anodino e inocuo nombre de Tratado Trasatlántico para el Comercio y la Inversión -TTIP, en inglés-, en la práctica es la recuperación del Asiento de Negros del tratado de Utrech. La única norma a lo largo de la historia en la que se reconoce a los seres humanos como pura mercancía.

Y ahora no van a ser los negros mandigos de África, ni los indios de Calcuta, ni los enemigos vencidos del imperio. El Tratado de marras da poder a cualquier empresa transnacional para esclavizar a cualquier ciudadano de la Unión Europea y Estados Unidos.

Así de sencillo.

Y quienes arqueen una ceja, resoplen o alcen las manos con desesperación cuando lean tan radical definición, que sigan leyendo.

"El objetivo es reducir, o incluso eliminar barreras no arancelarias al comercio". Puede que parezca otra cosa pero las únicas "barreras no arancelarias" que tiene el comercio son las leyes. Las leyes que anteponen los derechos a la actividad económica, las leyes de seguridad en el trabajo, la protección laboral. Las Constituciones nacionales.
Así que quien lo firma está diciendo que si un derecho de algún colectivo dificulta la obtención de beneficios, ese estado se reúne y cambia su ley, su norma o incluso su Constitución.
Quien pueda decirme que eso no es esclavitud que lo haga.
"La competencia económica es una libertad fundamental suprema e inalienable". O lo que es lo mismo o somos neocon o estamos fuera de la ley.
La competencia económica reconocida como derecho fundamental, supremo -sí, supremo- y inalienable significa que los derechos de las empresas se anteponen a los de las personas, que son solamente considerados "barreras no arancelarias".
Quien encuentre argumento para defender que esto mejora las condiciones de los trabajadores, que lo intente.
Y para rematar la faena, para retrotraernos al tratado de Utrech definitivamente, el TIIP proporciona a las corporaciones privadas "derecho de litigio contra las leyes y regulaciones de los diversos estados, en aquellos casos en los que dichas corporaciones sientan que tales leyes y regulaciones representan obstáculos innecesarios para el comercio, el acceso a los mercados públicos y a las actividades de suministro de servicios. Estos litigios no serán ya más establecidos de acuerdo a las jurisdicciones nacionales, sino a través de estructuras privadas de arbitrio". 
O sea que si alguna ley, decreto, conjunto de normas, reglamento o constitución nacional, supone un impedimento subjetivo -repito, subjetivo- para una corporación tiene derecho a litigar contra él y no en los tribunales nacionales, ni siquiera en las instancias judiciales europeas o en el Tribunal Supremo estadounidense.
¡En un sistema de arbitraje privado que tiene como máxima norma el propio tratado y solo el tratado!
El comercio, el dinero y los beneficios cambian, anulan y dictan la ley. Los seres humanos dejan de tener derechos si estos dificultan el comercio.
Si eso no es esclavitud que alguien me lo explique.
Bienvenidos al nuevo Asiento de Negros.
Dicen que así se generarán millones de puestos de trabajo en todo el mundo. 
También los generó la esclavitud, también los generó la servidumbre. Todos trabajaban pero carecían completamente de derechos.
Y si alguien todavía cree que puede defender ese tratado para oponerse al comunismo, el estatalismo o cualquier otra estupidez que se les pueda ocurrir que cierre los ojos y se imagine qué le va a decir a su hija cuando, dentro de una generación, tenga que dar las gracias por cobrar 600 euros por 50 horas de trabajo semanales y a lo peor tenga que abrirse de piernas si el dueño de su empresa se lo exige.
Si tiene claro lo que va a decirle, que me lo escriba.
A lo mejor los europeos y los estadounidenses blancos, católicos, protestantes, anglosajones, teutones o latinos, no lo tienen claro. Pero yo sé de donde vengo y  donde no quiero volver.
No voy a dejarle ese mundo a mis hijos. Sus ancestros ya pasaron por eso.
Un almirante inglés dictó una carta al Gobierno de Estados Unidos mientras bombardeaba y arrasaba hasta los cimientos la última fortaleza de esclavos de África: "me es muy grato comunicarles que estaban en lo cierto, la fortaleza de esclavos de Sierra Leona no existe"
Y va a seguir sin existir.

De Guindos, el miedo y el frío y crudo invierno.

Esperaba yo que por una vez eso de que el cambio de año supone una tabula rasa de la que partir fuera real. Bueno, para ser sinceros, en realidad no lo esperaba, pero hubiera estado bien.

Pero 2015 empieza como acabo 2014 o para ser más exactos peor.

El ministro de Economía Luis de Guindos, que parece tener un don para la frase celebre fuera de lo común,se ha desayunado el primer día del año diciendo que "en España se ha pasado el miedo a perder el empleo".

Y se queda tan ancho.

Claro, como cinco millones de personas en edad laboral no tiene ya empleo, no tienen miedo a perder el trabajo; como un millón y medio de jóvenes no consiguen hallar su primer empleo, no tienen miedo a perder un puesto que no tienen; como se ha despedido a más de seiscientas mil personas en Eres avalados por la reforma laboral, esos ya no tienen miedo a que les quiten el trabajo, ya se lo han quitado.

Debe ser eso a lo que se refiere el señor ministro con eso de que nadie miedo a perder el empleo ya.

Porque no creo que sean las trabajadoras de Mercadona que soportaron acosos laborales por miedo a quedarse sin trabajo, ni a los cerca de dos millones de trabajadores que han aceptado el pasado año rebajas sustanciales de sus sueldos para que no les echaran a la calle, ni a los cerca de cuatro millones de trabajadores que, según las últimas estadísticas, acepta cobrar parte o la totalidad de su sueldo en negro para poder seguir trabajando, ni a todos aquellos que se callan y tragan con la inutilidad de sus jefes, la incapacidad de sus mandos intermedios o las tropelías de los propietarios de sus empresas por miedo a que su queja, su protesta o su denuncia origine un fulminante despido.

Y por supuesto supongo que tampoco hará referencia a los 17 millones de personas que aún trabajan en España y que torciendo el gesto aceptan el estudiado insulto de que se planifique una subida mensual de siete euros en sus salarios.

Ojala por una vez el ministro De Guindos acierte y en España se haya perdido el miedo a perder el empleo. Porque, si eso es verdad, a él, a su gobierno y a todos aquellos para los que Moncloa a diseñado un mercado laboral semi siervo y precario les debería esperar un invierno más que calentito.

Pero me temo que no. Nada es más fuerte que el miedo y nos espera un duro, frío y crudo invierno. También en 2015.

Bélgica y nosotros. Empezar pronto o conformarse

Bélgica está parada por una huelga general de esas de tomo y lomo. No como las nuestras, quiero decir..

No suele ser común que nos lleguen este tipo de noticias desde este país pero su huelga general nos puede servir como siempre para mirarnos a nosotros, que de vez en cuando no está de más verse un poco reflejados en los demás.

Bélgica tiene un 8,5% de paro y va a la Huelga General, nosotros tenemos un 25% y nuestros sindicatos se dan palmaditas en la espalda por lograr la caridad de seis meses del gobierno para con los parados de larga duración.

El gobierno belga de centro derecha quiere recortar 11.000 millones de euros en cinco años y sus sindicatos paralizan vuelos, cierran el espacio aéreo, echan el candado a las grandes superficies y detienen la actividad económica en general; el Gobierno de Moncloa ha recortado cinco veces esa cifra en dos años y en nuestra huelga general el comercio no la secundó y además protestaba por las pérdidas.

A los belgas les suben la jubilación a los 67 años -como a nosotros- y se ponen en pie de guerra porque eso "resta oportunidades de trabajo a los jóvenes", no porque tengan que trabajar dos años más como hacemos nosotros.

 Y sobre todo una frase "Esta huelga general no será la última hasta que Michel -el Primer Ministro- se vaya".
Iba a decir algo sobre la capacidad de perseverancia estratégica en la protesta de nuestras organizaciones sindicales -con las gloriosas excepciones en la Enseñanza y la Sanidad públicas-, pero se me ha olvidado
Iba a decir algo sobre nuestra capacidad de esfuerzo solidario por el bien de todos anteponiéndolo a la perdida de una o varias jornadas de sueldo -con idénticas excepciones que lo anterior-, pero de repente se me fue de la cabeza.
No sé, quizás me estoy haciendo viejo. 

Mil preguntas y una respuesta para 426 euros

Va a sonar un poco a eso de la parda flora argentina -que si se la meten grita y se la sacan llora- pero el pacto social que acaba de escenificar ese gobierno que pusimos en Moncloa con nuestros sufragios me resulta más que contraproducente.

La medida más visible será que cerca de medio millón de parados de larga duración recibirán durante medio año 426 euros de ayuda. Nadie va a decir que eso no sea necesario, pero las cifras dan que pensar, los porcentajes dan que pensar.

En España hay casi tres millones y medio de parados de larga duración ¿Por qué se establece una ayuda que solo cubre a 400.000?, ¿por qué, habiendo un millón de familias con todos sus miembros en paro se establecen unos principios de acceso a la ayuda que imposibilitan a muchas de ellas acceder a esos paupérrimos 426 euros?

El plan precisará como mínimo 1.200 millones de euros sin tener en cuenta los gastos de reinserción laboral -cursos y demás- que lo colocarán casi en dos mil millones ¿de dónde salen ahora esos miles de millones de euros que no existían cuando hace dos años se decidió borrar de las prestaciones del INEM a miles de parados?, si han existido siempre ¿por qué se espera a este momento para sacarlos de la chistera y utilizarlos con este fin?

Ni en la edad de jubilación, ni en las pensiones, ni en la reforma de los tipos de contratación, ni en los despidos. En nada de todo eso ha cedido el gobierno de Mariano Rajoy a la presión sindical ha lo largo de todo su desmontaje del mercado laboral español, ¿por qué ahora pasa de su primera oferta de ayuda para 40.000 parados a multiplicarla por diez solamente con un para de reuniones con los sindicatos?

Puede que la primera y más obvia respuesta se resuma en una sola palabra: elecciones, maquillaje electoral o como se quiera llamar. Pero a mi, que me gusta darle vueltas a las cosas -demasiado, según algunas- se me antoja otra respuesta.

El Gobierno ya tiene el mercado laboral donde lo quería. Ya tiene cinco millones de personas dispuestas a trabajar casi en cualquier condición, ya tiene a los que trabajan dispuestos a soportar reducciones de sueldo y pérdida de derechos laborales con tal de conservar sus puestos de trabajo, ya tiene un sistema en el que la precariedad laboral desequilibra las reglas del juego a favor del empresario hasta límites no recordados desde los cuentos de Charles Dickens. 

Ya ha hecho el trabajo para el que accedió al poder, aupado por quienes querían que eso ocurriese.

Así que ahora no está demás recurrir a la limosna, desprenderse de algunas migajas para demostrarles a los siervos de la gleba del nuevo feudalismo empresarial que sus señores de horca y cuchillo pueden ser amos magnánimos y caritativos.

Eso sí, aprovechando que cada vez están más cerca las elecciones.

No sé, a lo mejor exagero.

El largo paro o cómo ganar tiempo para la esclavitud

El Gobierno, ese gobierno que está en Moncloa por nuestros sufragios y que ahora se atreve a decir que solicitar emitir un sufragio es anticonstitucional y antidemocrático, utiliza a Artur Mas y su consulta para que no miremos a otros sitios. Nos hace girar hasta la torticolis el cuello hacia Catalunya para que no miremos al lado.

El Gobierno planea que los parados de larga duración tengan que estar un año sin cobrar para poder acceder a una ayuda de un máximo de 490 euros. 

Mientras nosotros nos enzarzamos por si la estelada o la tricolor, ellos simplemente están planeando matarnos de hambre.

¿Un año sin cobrar?, ¿quien puede vivir un año sin ingresos? Quizás aquellos que acumulan comisiones ilegales de siete dígitos en cuentas cifradas estén en condiciones de afrontar ese paréntesis en sus remuneraciones pero el común de los mortales no.

Así que, llevando la propuesta a un lenguaje real, sacándolo de esa versión capitalista liberal de Matrix en la que nuestro gobierno pretende mantenernos, los inquilinos de Moncloa pretenden no ayudar a los parados de larga duración, pretenden dejarlos tirados a su suerte. Pretenden dejarlos morir.

Porque su estrategia del tiempo demorado -algo muy nuestro también en otros ámbitos-, su fórmula de ganar tiempo a toda costa, lo único que hará es que cuando, pasado el mítico año, se pueda acceder a esa ayuda yo no haya nadie a quien ayudar. Dinero ahorrado para otros fines. Estrategia exitosa. A otra cosa.

Y si el parado de larga duración se ha arrojado por un puente, se ha introducido en la economía sumergida, se ha lanzado a la actividad criminal para ganar el dinero que el mercado laboral le niega y su gobierno le demora será culpa suya. Habrá hecho algo ilegal, no será culpa del Gobierno.

Porque siempre podría haber vuelto a casa de sus padres pensionistas con sus hijos para que toda la unidad familiar tenga que sobrevivir con unas pensiones que no solo están congeladas sino que descienden en poder adquisitivo a pasos agigantados.

O podría, que es en realidad de lo que se trata, aceptar un trabajo remunerado con 600 euros al mes en el que se verá obligado a aceptar condiciones de trabajo draconianas, a renunciar a la remuneración por su preparación -sea esta cual sea-, al bienestar del presente y las expectativas de futuro a cambio de una pírrica supervivencia.

Un gobierno cuyo trabajo es proteger los derechos de sus ciudadanos, propicia con sus leyes laborales que se expulse a una cuarta parte de la población del mercado laboral y luego diseña una estrategia que tan solo consiste en ganar tiempo para que esas personas, esos parados de larga duración, se rindan y renuncien a su vida y su dignidad a cambio de su supervivencia.

Esclavitud o Muerte. 

Lo mismo que el Imperio -el romano, el de verdad- ofrecía a los pueblos vencidos.

Alguien debería recordar como galos, pictos, ilirios, sármatas, vándalos o parthos reaccionaron ante esa dicotomía imposible de asumir. Quizás convenga recordar donde está el Imperio Romano ahora.

Infracontratados o el arte de lograr duros a peseta

Cuando las cosas empiezan suelen seguir. Poco o mucho tiempo pero suelen seguir.

Y poco más de un día ha tardado en presentarse ante el segundo capítulo -o la primera secuela, según se mire- de la política laboral que ha escenificado Fátima Bañez y el Gobierno al que pertenece con su gloriosa idea de pagar 18.000€ a los empresarios por cada joven sin formación que arroje a la espiral hacia abajo de la rotación en trabajos precarios.

Y el nombre de esa secuela no puede ser otro que: Los Sobrecualificados.

Por supuesto, el concepto no hace referencia o otro tipo de sobres que, sin calificación ninguna más que la de robo y corrupción, circulan por los cada vez menos iluminados pasillos de Génova, 13, sino que se refiere a que un tercio de los trabajadores españoles trabaja en puestos que están muy por debajo de su preparación, conocimientos y cualificación.

Y solo con el término que utilizan los medios de comunicación convencionales ya se nos pinta de nuevo el boceto del mensaje que se pretende mandar con ello, de las culpabilidades que se pretenden distribuir sobre esta situación.

En realidad no es que uno de cada tres trabajadores estén sobrecualificados. Es que el 31% de los españoles que trabajan están infracontratados. Que, como siempre en este país, puede parecer lo mismo pero no lo es.

Porque si estamos sobrecualificados la culpa es nuestra. Si el problema es que tenemos más formación de la que requiere nuestro puesto de trabajo quizás lo que deberíamos haber hecho es lo que quieren los actuales habitantes de Moncloa para rediseñar la sociedad española a imagen suya y de los beneficios de sus socios nepotistas.

Y la solución será abandonar la formación cuanto antes porque al fin y al cabo no nos es necesaria para el trabajo que a la postre encontraremos. Arrojarnos al mercado laboral en cuanto nos sea posible y coger el primer trabajo que nos ofrezcan por mísero que sea el suelo que nos paguen y ahorrarle al Estado los gastos de nuestra educación, de nuestros libros de texto de bachillerato, de nuestros profesores, de nuestras becas universitarias, de nuestros departamentos de investigación en las facultades porque no nos va a servir para nada.

Exactamente lo que quieren aquellos que han hecho de la falsa austeridad presupuestaria pública la cuchilla con la que están cortando las venas de nuestro futuro y nuestra sociedad. Que estudien pocos y a costa del bolsillo de sus progenitores.

Pero si estamos infracontratados la cosa cambia.

Porque entonces la solución es proteger esa preparación dentro del mercado laboral. Es forzar a las empresas a pagar por esos conocimientos y esa preparación. 

Es no consentir que una empresa exija para un puesto supuestamente sin cualificación de recepcionista a una persona que sepa manejar tablas de cálculo y programas informáticos y hable tres idiomas y no le pague por ello. 

Es no permitir que se contrate a un cocinero como pinche y luego se le obligue a confeccionar los menús; que no se contrate a un ingeniero informático como webmaster y se le obligue a desarrollar herramientas y aplicaciones informáticas, algo que excede a las funciones del contrato que ha firmado, que no se pueda utilizar un abogado como administrativo pero se le haga redactar los documentos legales de la empresa, que no se pueda contratar a un realizador como ayudante y dejarle luego al mando de un programa en directo, y así en todas las profesiones, empresas y puestos de trabajo.

Si estamos infracontratados, la solución pasa por determinar claramente para todo el territorio nacional las atribuciones y los conocimientos que exige cada puesto de trabajo y no permitir, a través de una inspección de trabajo eficaz y efectiva,  que las empresas no paguen la cualificación que exigen a sus trabajadores escudándose en que han sido contratados para puestos que no requieren esa cualificación.

Porque la sobrecualificación es un problema de mala suerte ocasional del trabajador que por circunstancias de la vida se ve obligado temporalmente ha desarrollar un trabajo por debajo de sus posibilidades hasta que encuentra, como siempre se ha dicho, "algo de lo suyo".

Pero la infracontratación es simplemente una estafa, un robo continuado e institucionalizado por parte de las empresas que, con la aquiescencia y el consentimiento culpable de los gobiernos y las autoridades laborales, se aprovechan de la desesperación para obtener profesionales cualificados y preparados por el coste de trabajadores no cualificados.

El viejo arte de comprar duros a peseta. Y así no, señores. Así no.

Bañez y los 1.800 € que dinamitan al joven español

El economicismo gubernamental, esa suerte de moderna de numerología que lo basa todo en las cifras y no en las personas, en los números y no en las realidades que reflejan, ha vuelto a hacer una de las suyas. O, para ser más exactos, la corte moncloíta y genovesa que utiliza ese economicismo como gas lacrimógeno y cortina de humo para ocultar otras cosas ha vuelto a hacer de las suyas.

En España -en lo que queda de ella- hay dos millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Esas cifras bordean lo insostenible, rayan en lo incomprensible más si se tiene en cuenta que ahora resulta que se es joven hasta los treinta años, no como antes que a los 23 ya te arrojaban a la madurez adulta sin red, anestesia ni paracaídas.

Como hay que bajar esa cifra, como nos queda mal el número en las tablas de EuroStat, nuestros egregios gobernantes, con Fatima Bañez, la ministra de la rogativa a la Virgen del Rocio en pos del pleno empleo, se ponen a arreglarlo.

Y se les ocurre lo de siempre. Nada nuevo bajo el sol. Pagar a los empresarios para que contraten a jóvenes que ni estudian ni trabajan a razón de 1.800 euros por cabeza.

Los de la libre empresa, los del mercado laboral competitivo, los del exabrupto neocon cuando les viene bien tiran de la medida más proteccionista que se recuerda desde que las tropas de Su Graciosa Majestad pusieran el pie en Hong Kong.

En principio parece que, pese a la incoherencia formal y material con su supuesta ideología, la cosa es natural, es lógica, está justificada. Lo parece hasta que te das cuenta de que no, de que hay cosas que chirrían, que hay circunstancias que en realidad ocultan otras necesidades que van más allá de la mera exigencia economicista de rebajar los números de jóvenes sin estudios ni empleo que hay en este país.

La subvención al empresario se le dará si les hace un contrato fijo -sí, sí, un contrato fijo. Ese concepto que desconoce una generación completa y que la anterior ya apenas si recuerda- pero podrá romper el compromiso a los seis meses.

La primera en la frente.

O sea, que en realidad le estamos dando al empresario de recibir de forma prácticamente ilimitada subvenciones por cada trabajadores que contrate porque a los seis meses romperá el compromiso contractual, contratará a otro joven sin trabajo ni estudios y recibirá otros 1.800 euros y así en un ciclo que no tendrá fin y que conseguirá que siempre haya un joven sin estudios trabajando pero que no dará un futuro a ninguno de ellos en concreto.

Nunca antes el viejo dicho fue más real, más evidente, más ridículamente visible para todos. Nunca fue más cierto que quien hizo la ley hizo la trampa.

Y la trampa es tan evidente que te dan ganas de dar un salto mortal con pirueta y tirabuzón para no quedar atrapado en ella. Lo que se crea en realidad es un sistema de rotación laboral precaria en la que los jóvenes sin preparación irán saltando de un empleo a otro en una situación de continua e insuperable precariedad, sin posibilidad de establecerse en ningún trabajo ni de progresar en ellos porque su permanencia por más de seis meses en cualquier puesto de trabajo supondrá a cualquier empresario la pérdida de los 1.800 euros de subvención que el Gobierno le dará si le despide y contrata a otra persona que se encuentre en su misma situación.

De modo que Fatima Bañez no lo que pone en marcha no es un sistema para lograr sacar de la falta de expectativas de futuro laboral a dos millones de jóvenes españoles, lo que pone en marcha en realidad en un engranaje que los arroja a un futuro de precariedad laboral constante y de rotaciones laborales continuas y constante en beneficio de los rendimientos empresariales.

Y encima paga a los empresarios para que la ayuden a lograrlo.

Pero ahí no queda la cosa cuando de repente una pregunta asalta tus embotados procesos de razonamiento de lunes por la mañana.

¿Por qué a los jóvenes que no estudian ni trabajan?

Puede parecer que es lo más urgente, que es lo que más atención precisa, Pero el primer café de la semana te despeja el velo de los razonamientos proyectivos y te das cuenta de que no.

Wert y Gomendio, Rajoy y Rosell y todos los voceros mediáticos de Moncloa y Génova se han repetido hasta la afonía en gritar que hace falta recuperar la cultura del esfuerzo, del compromiso y la superación personal.

¿Y ahora la primera medida de apoyo a los jóvenes en el mercado laboral repercute directamente en un supuesto beneficio sobre los que no estudian ni trabajan, sobre aquellos que no son el ejemplo y epítome de esos aparentemente deseados valores universales?, ¿por que no empezar por favorecer la contratación real - no ese sistema de becarios propio de algodonal a orillas del Mississippi que se han sacado de la manga- de jóvenes que están estudiando?, ¿por qué no subvencionar la contratación fija de jóvenes licenciados?

Y no se puede responder a esas preguntas, no se puede entender porque no se empieza la recuperación de nuestra juventud, de la siguiente generación, de nuestro futuro, por aquellos que están demostrando que sí quieren prepararse, que sí quieren mejorar, que si piensan en construirse un futuro pese al campo de minas en el que Wert y sus adláteres han convertido la enseñanza universitaria.

Bueno, en realidad, sí se puede. Pero la respuesta te riega la sangre en las venas.

La única respuesta plausible es que esos jóvenes no les interesan. No quieren profesionales preparados, licenciados competentes o diplomados preparados. No los quieren porque esos no les servirán para su sistema de rotación laboral en la eterna precariedad que ellos han diseñado para nuestro futuro y el de sus beneficios.

Porque esos podrían reclamar un sueldo de acuerdo con su preparación, una remuneración acorde con su valía, una estabilidad laboral justificada por los beneficios que originan en la empresa en la que trabajan.

Y eso no. Eso no es bueno. Eso no sirve para su economicismo numerológico y el diseño de la sociedad con la que sueñan. Esos que emigren, que se vayan a otra parte donde la inteligencia, la preparación y el rendimiento si sean valorados y remunerados.

En España no hay sitio para ellos. Solo pueden vivir los que obtienen beneficios y todos sus esclavos.

FAES, un millón por errar con unos y con otros (I)

Los hay que no se cansan de intentar poner velos delante de los ojos de los demás para intentar que no descubran sus miserias, que no sean capaces de tener una imagen general de la realidad, que no les descubran en sus vergüenzas ni les contemplen en la desnudez de sus mentiras.

Y si hay alguien que se empeña en intentarlo una y otra vez es ese gobierno nuestro que reside en Moncloa pero que pernocta continuamente en Génova, 13.

En medio del último velo que nos pretenden extender sobre los ojos,  ese nuevo y debate falsamente político sobre los orígenes del hombre, -en este caso el hombre se llama Pablo Iglesias- nuestro gobierno y sus pensadores asociados nos intentan colar de nuevo lo que realmente les importa, lo suyo, lo que marca toda la línea de su gobierno y su pensamiento político y social.

FAES, esa hermandad de reflexión para el desastre que se dice neocon pero en realidad lo único que hace es crear filosofía económica y social cosida a la medida del Partido Popular, sea necon o no, sea liberl o no, sea lógica o absurda, se ha descolgado de nuevo con el caballo de batalla favorito del PP, con la palanca con la que pretenden mover la piedra de la sociedad moderna y hacerla girar de nuevo varios siglos hacia el pasado, hacia esos viejos y buenos tiempos en los que los ricos y poderosos se sentían a gusto: el mercado laboral.

Y crean diez propuestas de reforma, de mejora, de como se quiera llamar. Diez propuestas que son ridículas y que les dejan completamente al descubierto porque pueden ser rebatidas por cualquiera. Porque son inasumibles te calces la ideología que te calces, te disfraces de Milton Friedman o de Marx, de Pablo Iglesias o de Junker, de neo liberal o de chavista.

Juguemos a ese juego. Un poco de economía para desoxidar nuestros engranjes cerebrales.

1.- Ahondar en la simplificación contractual haciendo converger los costes de todos los contratos en niveles más moderados, incluidos los costes de despido.
Si nos ponemos las blancas barbas del socialismo económico de antaño tendremos que decir que supone una injusticia social, que pone en serio riego el mantenimiento del sistema de pensiones y de la seguridad social porque detrae gran parte de la caja pública el coste de las cotizaciones empresariales y por genera una rotación laboral inasumible que conduce a los trabajadores a la precariedad.
Si nos colocamos las gafas y el escudo de Harvard de los pensadores económicos neo liberales al principio aplaudimos con las orejas ante la propuesta hasta que descubrimos que España está en un nivel de desempleo del 26% y entonces nos echamos las manos a la cabeza porque nos damos cuenta que abaratar ahora el despido y los cotes contractuales nos situaría por encima, muy por encima, de los niveles de paro asumibles por un sistema económico que se basa en el crecimiento y en el consumo para poder sobrevivir. Así que tendríamos que decir algo parecido a: "vale, pero ahora no".
2.- Complementar con ayudas del Estado eventuales reducciones del salario mínimo para favorecer la contratación de colectivos específicos garantizando su nivel de bienestar.
Con la profusa melena encoletada de Pablo Iglesias nos veríamos obligados a protestar airadamente porque nuestro salario mínimo es el menor de nuestro entorno, porque no puede existir nivel de bienestar alguno si se reduce a un mínimo por debajo del nivel de subsistencia y sobre todo porque no se puede exigir al Estado que asuma con dinero de todos, con los impuestos de todos, la parte de los sueldos y salarios que las empresas se pretenden ahorrar para mantener un nivel de beneficios que solamente repercute en las cuentas bancarias de sus propietarios y accionistas, aunque ha sido principalmente generada con el trabajo de aquellos a los que no se deja participar en los beneficios.
Pero con la amplia calva de Junker encima de la cabeza tendríamos que preguntarnos a punto de rasgarnos las vestiduras con desesperación ¿Ayudas estatales para pagar sueldos?, ¿nos hemos vuelto locos? ¿desde cuando un sistema de libre competencia permite que un Estado asuma los costes laborales de las empresas? Si no son capaces de mantenerse pagando los salarios que tienen que pagar que se hundan y sean sustituidas por otras mejor gestionadas, más rentables y con más beneficios que sean capaces de generar empleo.

3.- Concentrar un importe sustancial de la prestación por desempleo en los primeros meses de vigencia, sin perjuicio de mantener, o incluso aumentar, el volumen total de la cuantía.
Esta incluso puede parecer bien desde el punto de vista de aquellos que tomen la ideología socialista del Estado del Bienestar como referente. Pero cuando se paran a pensarlo un momento te das cuenta que lo único que significa es que se aleja arbitrariamente de las prestaciones sociales a los colectivos que más dificultades tienen para encontrar empleo en un país en el que el problema no es -por más que se intente vender por parte del gobierno- que los trabajadores no quieran trabajar sino que es que no encuentran un puesto de trabajo con un salario que les garantice el nivel de supervivencia, ya no de bienestar, sino de supervivencia.
Pero si tomas el nuevo liberalismo capitalista como fuente de crítica sería simplemente una perdida estúpida de dinero público. Porque al recibir casi el montante total de la prestación por desempleo en los primeros meses, los trabajadores -que según esta teoría económica son todos pérfidos tramposos que buscan solamente vivir de la sopa boba- pasarían esos meses sin trabajar y luego buscarían trabajo con lo que el Estado habría dejado de ahorrarse todo el dinero que se podía haber ahorrado si alargara más tiempo una prestación de menor cuantía que no permitiera vivir al desempleado y le forzara a aceptar cualquier empleo para poder comer. O sea, sería hacer un pan como unas ostias.
4.- Avanzar en la reducción de los costes generales vinculados a la contratación, con una evaluación de la eficacia de la multitud de bonificaciones actuales.
Volvemos a lo mismo que en la segunda porque en esencia es casi una reiteración del concepto.
Aquellos que defiendan la condición social del Estado se echarán las manos a la cabeza porque supondrá que los colectivos con mayores dificultades tendrán menos posibilidades de acceso a los empleos y aquellos que defienden la condición monetarista del Estado gritarán furiosos porque supone destinar dinero público a fines que solamente suponen garantizar mantener el nivel de beneficios de las empresas privadas y que atentan abiertamente contra la libre competencia laboral y económica: ¡Intervencionismo, anatema completo!
5.- Aumentar la penetración de las Agencias Privadas de Colocación y de las ETTs en la intermediación para activar a los desempleados.
De nuevo la crítica de la ideología del Estado Social es evidente. Introduces un intermediario que solamente precariza las condiciones de trabajo, que no aporta beneficio productivo ninguno al sistema económico y que solamente se alimenta y obtiene beneficios de la situación insostenible del mercado laboral español y encima a costa de los trabajadores, que son los que pagan por sus servicios", no de las empresas, que son las que se benefician de ellos. 
De nuevo colocas un servicio que lo público -El INEM,en este caso- puede hacer de forma neutra y equilibrada en manos de entidades privadas que solo buscan ganar dinero.
Pero para el nuevo liberalismo económico supone que el trabajador tiene que detraer una parte de su salario para pagar a la ETT y ya sabemos lo que eso. De nuevo menos ingresos, de nuevo dinero detraído del consumo y del ahorro, de nuevo estancamiento del crecimiento. De nuevo una losa en el sistema económico que defienden.
Y estas son solamente las primeras cinco medidas. Las cinco posteriores son igual de divertidas y hablaremos de ellas.

Las mires por donde las mires son absurdas. Desde Milton Friedman o Karl Marx, desde Krugman o Keynes, desde la internacional liberal o desde la internacional socialista, son propuestas que solamente buscan beneficiar a un colectivo determinado, no a la economía en su conjunto.
Y encima provienen de una entidad que recibe un millón de euros del Estado por "ayuda al desarrollo". Algo que debería hacer vomitar la misma bilis irritada a los defensores del libre mercado y del Estado Social.

Montoro, miseria, autopistas y la píldora de Matrix

Que nuestro gobierno, ese que nos echamos a la espalda en los últimos comicios, vive en Matrix es algo que ya se nos antoja cotidiano desde los tristemente famosos brotes verdes que solamente ellos ven.

Arquitectos de sus propias cifras, ya no se conforman con presentarlas como paradigma de una recuperación inexistente o de una realidad manipulada que solamente ellos perciben como positiva. Ahora han dado un paso más.

Como en la mítica película de los Warchosky, ya no se limitan a ignorar a los que están fuera del sistema de realidad virtual en el que pretenden hacer vivir a la sociedad española, sino que a hora además envían a sus agentes a localizar y destruir a aquellos que consiguen abrir un ojo a destiempo y ven que lo que cuentan no existe, no es real.

Y no hay mejor agente Smith para estas cosas que Montoro, ese ministro que cree que la mala educación es elegancia, el insulto es sarcasmo y la arrogancia es superioridad.

No conforme con intentar vendernos la píldora azul de que cerrar 2013 con un déficit público mayor del esperado es un dato positivo, con contento con intentar colarnos el enganche a Matrix de que una reforma fiscal, que vuelve a beneficiar a las grandes empresas y a no perjudicar en exceso a los defraudadores, es beneficiosa para todos, el ministro de Hacienda la emprende contra Cáritas.

¿Qué ha hecho Caritas? ¿lo hace porque la Iglesia diocesana española lleva años eludiendo pagar impuestos?, ¿carga furioso contra la institución porque sus inspectores han descubierto que es utilizada para blanquear otros capitales o patrimonios sacros?

Pues no. Arremete contra esa institución porque por una vez -y a lo mejor hasta sirve de precedente- se ha puesto del lado de los que se tiene que poner, ha dejado el palio bajo el que la iglesia española lleva un siglo dando cobijo a los gobiernos conservadores de este país y se ha descolgado con algo que seguramente los procelosos inquilinos de Moncloa no esperaban: "rescatar a los 700.000 hogares sin ingresos costaría 2.600 millones de euros, la mitad de lo que el Gobierno va a invertir en salvar a las autopistas".

Y claro eso al Gobierno le hace crujir los entresijos porque además de ser cierto viene de alguien a quien están beneficiando, a quien están haciendo ganar dinero con su reforma educativa, con las continuas concesiones a la educación religiosa concertada, con sus cesiones gratuitas de suelo en todas las comunidades en las que gobierna el Partido Popular -o sea, casi en todas-.

Viene de alguien que creía que estaba firmemente conectada a a Matrix y que nunca delataría que es una realidad virtual engañosa.

Y Montoro, que no encuentra exactamente contra quien disparar -si contra los obispos ¡Dios nos libre! o contra cualquier otra cosa que se le ponga delante- mueve a diestra y siniestra su pistola reglamentaria y tira por la calle de en medio.

“Eso de pedir un mayor presupuesto del Estado para erradicar la pobreza está bien para las sociedades centralizadas, pero no en la nuestra", dice Montoro. Y, como diría alguien muy querido, se queda tan pichi.

Como quien no quiere la cosa acaba de acusar a Cáritas, a la estructura diocesana en la que se integra y a la jerarquía eclesiástica que la dirige de comunistas.

Así sin más.

Porque, claro, son los comunistas los que quieren sociedades centralizadas, son los rojos los que quieren que el dinero de los impuestos se destine en parte a compensar las desigualdades, son los radicales los que quieren que la riqueza no solamente se cree sino que se distribuya.

Resulta curioso que Montoro diga que los presupuestos para erradicación de la pobreza -o para minimizar su impacto- no son cosas de nuestra sociedad. Porque da la casualidad de que el 44% de los fondos de Cáritas que, como su propio y latino nombre indica, se dedica precisamente a eso vienen de instituciones públicas.

Pero claro Montoro no les puede acusar de radicales antisistema porque son de la Iglesia, no les puede decir que son unos terroristas violentos porque no colaría mandar a unos cuantos policías encapuchados a quemar contenedores delante de la Catedral de la Almudena para poder hacerlo. 
Así que opta por desprestigiarles, por adoptar ese tono de "yo se de economía y tú no" para que parezca que estos "pobres curas tienen buena intención pero no entienden".

Y por supuesto reza en su fuero interno para que nosotros, los que oímos sus palabras no sepamos que hay dos grupos de trabajo de Naciones Unidas que llevan varias décadas instando a los gobiernos del mundo a destinar fondos a la erradicación de la pobreza -la general y la infantil-, que ignoremos que el Consejo de Europa se ha quedado ronco de repetir que los gobiernos de los estados miembros tienen que tener como prioridad eliminar las bolsas de pobreza de sus territorios y que nunca hayamos oído leído o visto la parte de los presupuestos de ministerios, comunidades autónomas y ayuntamientos que va destinada a ayudas, subvenciones y aportaciones a organizaciones no gubernamentales de todo rango y condición que tienen como único objetivo declarado la erradicación de la pobreza.

Así que Montoro nos intenta colar de nuevo la píldora que nos mantenga firmemente pegados a Matrix para que creamos que una sociedad moderna, liberal y capitalista tiene la obligación de salvar a empresas en quiebra y costear carreteras privadas por valor de 5.200 millones de euros pero no de salvar a 700.000 familias de la miseria más absoluta.

Y por si fuera poco el insulto a nuestra inteligencia el tipo -porque ha perdido su tratamiento de ministro con la primera afirmación- se descuelga con que "los informes de Cáritas sobre la pobreza son puramente estadísticos y por ello cree que no nos podemos basar en ellos a la hora de acabar con este problema".
Él, que forma parte de un gobierno que ha tirado de estadísticas manipuladas y números engordados para segar la hierba bajo los pies de multitud de prestaciones sociales, que solo ve a los individuos como números, que es absolutamente impermeable a los rostros y las vidas que están tras los ERE, los desahucios, los despidos, las bajadas de salarios y todo lo demás, ahora se atreve a decir que las estadísticas no son lo que marca el nivel de pobreza de un país.
Y eso lo dice en una rueda de prensa que ofrece para dar estadísticas que, según él y solamente según él, si determinan la situación económica de un país. Pero para bien, claro.
O sea que cuando los números le salen al gobierno las estadísticas sí sirven, pero cuando no le cuadran o le arrojan a la realidad social de un país que empieza a estar devastado por la miseria entonces no hay que tenerlas en cuenta.
 “Lo que erradica la pobreza es el crecimiento y la creación de empleo”,concluye el ministro en uno de esos mantras que repite hasta la extenuación con la esperanza de que empape nuestro cerebro hasta no dejarnos pensar.
Pero va a ser que no. Lo que erradica la pobreza es la distribución de la riqueza y la forma en la que una sociedad moderna distribuye la riqueza es mejorando las condiciones de trabajo, no empeorándolas para que se mantengan los beneficios de unos pocos, utilizando los impuestos para dar servicios sociales que abaraten a los ciudadanos sus vidas, no limitándolos, eliminándolos o privatizándolos como está haciendo el gobierno del que Montoro forma parte.

Lo que erradica la pobreza es la creación de empleo digno y bien remunerado, no de trabajo precario en condiciones de semi servidumbre como el que pretende crear su Reforma Laboral.
Y desde luego lo que no erradica la pobreza es gastar 5.200 millones de euros en rescatar autopistas privadas deficitarias.Porque eso ni crea empleo ni genera crecimiento.
"No tiene nada que ver con la realidad". Puntualiza Montoro.
Claro que no. No tienen nada que ver con la realidad que él vive, enganchado en la matriz de datos falseados por él mismo y que ha llegado a creerse de tanto intentar que los demás los digiramos sin protestar.
No tiene que ver con su realidad. Pero su realidad no existe. Las 700.000 familias que viven en la pobreza sí. Y eso no hay píldora de Matrix que nos lo borre de la mente.

Como para beber solo cerveza

Sangre, humo y el eterno tropiezo ideológico

No tenemos remedio.

No está muy claro si es nuestra condición de humanos o simplemente la casualidad geográfica que nos ha hecho criarnos dentro de las fronteras de nuestro país lo que determina el hecho, pero lo cierto es que tropezamos todas las veces que haga falta en la misma piedra. A lo mejor las dos primeras son por ser humanos -como todos- y las restantes por ser españoles.

Un inciso, solo para conste: El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido comerciar con nuestra sangre. No volveré a hablar de este asunto hasta el final. Sigamos.

Lo cierto es que da igual cuantas veces nuestros gobiernos realicen la misma estrategia, da igual en cuantas ocasiones busquen apelar a nuestra ideología más visceral -y en ese caso visceral no quiere decir otra cosa que arraigada en lo más profundo de nuestras vísceras, nada peyorativo- para tapar sus vergüenzas, sus carencias o sus excesos. Nosotros lo hacemos.

¿Qué no es cierto?, Veamos.

Los actuales inquilinos de Moncloa se encontraban inmersos en su Reforma Laboral, la involución social más intensa desde el fugaz intento de recuperar la servidumbre que se produjo en la Francia de la restauración borbónica tras la Revolución Francesa. Los sindicatos estaban pie de guerra, se convocó una huelga general sin precedentes y el Gobierno reaccionó criminalizando las protestas, proponiendo leyes que restringían el derecho de reunión y de manifestación, dando carta blanca a los elementos más represivos del sistema de Orden Público.

Entonces, justo entonces, alguien filtra, anuncia o expone que se proyecta una Ley de Educación en la que se va a recuperar la religión como asignatura obligatoria.

Y todos los agnósticos, ateos, antiteistas, anticlericales y laicistas cambian el foco de sus miradas y se centran en eso. Los periódicos ideológicamente contrarios al Gobierno llenan páginas y páginas con esa noticia, toda la izquierda laica se moviliza, las bancadas de la oposición hierven de indignación...

Resultado. La Reforma Laboral, hacedora de la mayor y más rápida destrucción de empleo de la historia de la democracia española, generadora del más alto grado de precarización laboral de este país desde los tiempos de Los Santos Inocentes de Delibes, pasa a un segundo plano, los sindicatos y las protestas laborales pasan a un segundo plano porque el laicismo no es un foro en el que sean voces relevantes.

Tropezamos en la piedra de nuestro laicismo y dejamos pasar a nuestro lado lo que en ese momento hubiera debido ser una prioridad sobre cualquier otra cosa.

¿Queremos un segundo tropiezo? Ahí va.

Comienza la campaña -porque casi es una campaña militar- de desmontaje de la Sanidad Pública. Se recorta en todo lo imaginable. Se elimina a los inmigrantes de las prestaciones, se anuncia el copago sanitario, se introduce -o intenta introducir- el euro por receta, se eliminan 283 millones de euros de las prestaciones a la Dependencia. 

Valencia, Castilla-La Mancha y Madrid, puntas de lanza de la reforma de la sociedad que proyecta el Partido Popular, se lanzan a la privatización de todas las instituciones sanitarias que se les ocurren.

Y, claro, Los profesionales sanitarios, los colectivos de pacientes, de defensa de las ayuda a la Dependencia, de trabajadores de los servicios sociales, se lanzan a la calle, inician su Marea Blanca y Naranja, se mantienen firmes en su huelga, en su defensa de la sanidad y las prestaciones de todos.

Y es entonces, precisamente entonces, cuando, como si con él no fuera la cosa, el ministro de Justicia Gallardón se levanta y anuncia que va a tramitar una nueva Ley del Aborto. Lo dice, se sienta y el mundo desaparece de nuevo ante nuestros ojos trs la cortina de humo.

De nuevo los periódicos no hablan de otra cosa, las activistas de Femen invaden el Congreso, la bancada socialista redobla sus críticas, sus esfuerzos en esa linea. 

Se habla de la Iglesia, de los obispos, del Opus Dei, de las leyes ideológicas y de repente la Sanidad Pública, su defensa y el destrozo que están realizando en ella pasan a un segundo plano.

Bueno, el ser humano es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Pero el ser humano español debe ser el único que tropieza infinitamente en la misma piedra. Vamos a por la tercera.

Comienzan los recortes en la Educación, la remodelación de nuestro futuro a imagen y semejanza de los que quieren una sociedad de semi esclavos que se dediquen exclusivamente a trabajar sin pensar y no tengan opción de protestar por sus salarios miserables. Los estudiantes se lanzan a la calle, la comunidad educativa se viste de verde y se opone en masa a esos cambios y recortes. La Universidad arde como no lo hacía desde el Cojo Matecas y en esta ocasión con el apoyo de sus profesores, catedráticos y rectores.

Y casualmente es entonces cuando Artur Mas, cabeza de uno de los gobiernos autonómicos que más se ha esmerado en recortar hasta el tocino del jamón, lanza su supuesto órdago soberanista con la consulta.

Y de nuevo vuelve a ocurrir. La Ley Wert queda subsumida en los medios de comunicación bajo el combate floral, la discusión versallesca, entre Rajoy, Don Mariano y Mas, Don Artur. Sin olvidar que seguimos arrastrando todas las anteriores, desde la enseñanza de la religión hasta el proyecto -todavía- de Ley del Aborto.

Las gentes de La Marca -dicho esto con el máximo cariño y respeto histórico de La Marca Hispánica- salen a la calle para revindicar que no les nieguen Catalunya en lugar deque no les cierren las universidades, les quiten aulas de primaria o les suban las tasas. La gentes del Imperio Español -las pocas que afortunadamente quedan- se quejan bandera en mano por las esquinas. En los bares, en las casas, se empieza hablar de España y Catalunya, de Puyol y Casillas en lugar de hablar de becas y comedores escolares.

La cosa sigue. Y nosotros a lo nuestro. A comprar todo burro que nos coloquen delante en la feria de ganado informativo.

Congelan las pensiones y de repente surge de la nada del olvido histórico un enfrentamiento nacionalista con La Pérfida Albión por el eterno y cansino asunto de Gibraltar. Lo compramos. 

Se anuncian las primeras privatizaciones hospitalarias en Madrid y oportunamente se inicia un debate sobre la decisión de Ana Mato de no pagar la fecundación asistida a las mujeres que no estén en pareja. Los medios lo compran, nosotros lo compramos.

Los jueces empiezan a entrar con la podadora en las decisiones del Gobierno, a paralizarlas por los recursos y el gobierno reacciona con la Ley de Seguridad Ciudadana más retrógrada desde la Ley de Vagos y Maleantes -por no retrotraernos a la de convivencia cívica de 1931 en Alemania- y nos sacude el fin de la doctrina Parot, de las manifestaciones por "una paz con victoria" y del relato continuado y constante en las portadas y las cabeceras de informativos de cuantos terroristas, asesino y violadores con sus condenas ya cumplidas según la ley -eso se omite, obviamente- quedan en libertad.

Y por fin llegamos al hecho del que se ha dejado constancia al principio de todo esto.

Nuestro gobierno decide comerciar con nuestra sangre. Como si se tratara del capítulo más delirante de True Blood o de la entrega más sórdida de Crónicas Vampíricas, decide ponerle precio y tasa a la sangre que damos para salvar la vida de otros. Decide lucrar a un tercero con el precio de nuestra hemoglobina que, obviamente no tiene precio y...

El País dedica seis de sus informaciones de portada digital de Sociedad al aborto, ni uno solo de los informativos de las cadenas de televisión con cobertura nacional han hablado de ellos, El Mundo habla de soberanismo catalán hasta el hartazgo, ABC y La Razón siguen con sus ERE andaluces y sus discursos reales.

Nuestros gobernantes deciden transformarnos en una especie de mezcla entre el Mundo de Daybreakers y Vampire Nation y consiguen  que pase inadvertido porque vuelven a lanzar a la palestra uno de esos asuntos que nos encienden, un asunto del que no se habla ni argumenta en la linea correcta por ninguna de las ideologías en conflicto -desde este humilde punto de vista- desde que se empezara a hablar de ello allá, en la década de los años setenta del pasado siglo.

Una ley que se modificará en el Congreso -¿de verdad creemos que la disensión repentina de Cifuentes, los matices de los mandamases autonómicos del Partido Popular y todas esas repentinas voces discordantes no responden a una estrategia prediseñada?-, una ley que se anuncia justo antes y para calentar ese famoso domingo de las familias que la jerarquía católica ha puesto de moda y que se celebra precisamente hoy, una ley que entre recursos, trámites judiciales y demás es posible que no llegue a entrar en vigor o que simplemente dure exclusivamente lo que tarde el PP en perder el poder.

Y ellos consiguen lo que quieren, lo que realmente les interesa que no tiene nada que ver con los derechos o no derechos de la mujer, con la integridad territorial de España o con la dignidad de las víctimas del absurdo y criminal terrorismo de ETA.

Consiguen que uno de sus negocios pase inadvertido en una maraña de visceralidad ideológica que nos impide separar unas cosas de otras y establecer prioridades comunes en lugar de batallas individuales.

Consiguen que nos importe más algo que ni siquiera ha empezado a pasar aún que el hecho de que estén comerciando con nuestra sangre al módico precio de 67 euros la bolsa de litro.

Pero todo esto no empezó ahora, al menos con este Gobierno. 

Empezó cuando incumplieron todas sus promesas electorales, se les descubrió en todo tipo de chanchullos nepotistas que ponían lo público en manos de sus socios y nos robaron para salvar a los bancos que ellos mismos habían hundido y nosotros, nuestros medios de comunicación y nuestra indignación compro de saldo el Caso Bárcenas.