Cuando las cosas empiezan suelen seguir. Poco o mucho tiempo pero suelen seguir.
Y poco más de un día ha tardado en presentarse ante el segundo capítulo -o la primera secuela, según se mire- de la política laboral que ha escenificado Fátima Bañez y el Gobierno al que pertenece con su gloriosa idea de pagar 18.000€ a los empresarios por cada joven sin formación que arroje a la espiral hacia abajo de la rotación en trabajos precarios.
Y el nombre de esa secuela no puede ser otro que: Los Sobrecualificados.
Por supuesto, el concepto no hace referencia o otro tipo de sobres que, sin calificación ninguna más que la de robo y corrupción, circulan por los cada vez menos iluminados pasillos de Génova, 13, sino que se refiere a que un tercio de los trabajadores españoles trabaja en puestos que están muy por debajo de su preparación, conocimientos y cualificación.
Y solo con el término que utilizan los medios de comunicación convencionales ya se nos pinta de nuevo el boceto del mensaje que se pretende mandar con ello, de las culpabilidades que se pretenden distribuir sobre esta situación.
En realidad no es que uno de cada tres trabajadores estén sobrecualificados. Es que el 31% de los españoles que trabajan están infracontratados. Que, como siempre en este país, puede parecer lo mismo pero no lo es.
Porque si estamos sobrecualificados la culpa es nuestra. Si el problema es que tenemos más formación de la que requiere nuestro puesto de trabajo quizás lo que deberíamos haber hecho es lo que quieren los actuales habitantes de Moncloa para rediseñar la sociedad española a imagen suya y de los beneficios de sus socios nepotistas.
Y la solución será abandonar la formación cuanto antes porque al fin y al cabo no nos es necesaria para el trabajo que a la postre encontraremos. Arrojarnos al mercado laboral en cuanto nos sea posible y coger el primer trabajo que nos ofrezcan por mísero que sea el suelo que nos paguen y ahorrarle al Estado los gastos de nuestra educación, de nuestros libros de texto de bachillerato, de nuestros profesores, de nuestras becas universitarias, de nuestros departamentos de investigación en las facultades porque no nos va a servir para nada.
Exactamente lo que quieren aquellos que han hecho de la falsa austeridad presupuestaria pública la cuchilla con la que están cortando las venas de nuestro futuro y nuestra sociedad. Que estudien pocos y a costa del bolsillo de sus progenitores.
Pero si estamos infracontratados la cosa cambia.
Porque entonces la solución es proteger esa preparación dentro del mercado laboral. Es forzar a las empresas a pagar por esos conocimientos y esa preparación.
Es no consentir que una empresa exija para un puesto supuestamente sin cualificación de recepcionista a una persona que sepa manejar tablas de cálculo y programas informáticos y hable tres idiomas y no le pague por ello.
Es no permitir que se contrate a un cocinero como pinche y luego se le obligue a confeccionar los menús; que no se contrate a un ingeniero informático como webmaster y se le obligue a desarrollar herramientas y aplicaciones informáticas, algo que excede a las funciones del contrato que ha firmado, que no se pueda utilizar un abogado como administrativo pero se le haga redactar los documentos legales de la empresa, que no se pueda contratar a un realizador como ayudante y dejarle luego al mando de un programa en directo, y así en todas las profesiones, empresas y puestos de trabajo.
Si estamos infracontratados, la solución pasa por determinar claramente para todo el territorio nacional las atribuciones y los conocimientos que exige cada puesto de trabajo y no permitir, a través de una inspección de trabajo eficaz y efectiva, que las empresas no paguen la cualificación que exigen a sus trabajadores escudándose en que han sido contratados para puestos que no requieren esa cualificación.
Porque la sobrecualificación es un problema de mala suerte ocasional del trabajador que por circunstancias de la vida se ve obligado temporalmente ha desarrollar un trabajo por debajo de sus posibilidades hasta que encuentra, como siempre se ha dicho, "algo de lo suyo".
Pero la infracontratación es simplemente una estafa, un robo continuado e institucionalizado por parte de las empresas que, con la aquiescencia y el consentimiento culpable de los gobiernos y las autoridades laborales, se aprovechan de la desesperación para obtener profesionales cualificados y preparados por el coste de trabajadores no cualificados.
El viejo arte de comprar duros a peseta. Y así no, señores. Así no.
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