Hay situaciones en las que resulta
muy sencillo discernir que toda organización, por uniforme que parezca, está
compuesta por individuos que a su vez se agrupan en tendencias y que por tanto
tienden mucho más a lo heterogéneo que la homogeneidad que los dirigentes de cualquier
estructura pretenden defender por regla general a capa y espada.
Y todo esto por un quítame allá un
impuesto que todos los españoles que tienen que hacerlo pagan sin rechistar -o
rechistando, pero que pagan-, llamado IBI y todo ello en una institución que presume
de homogeneidad como la Iglesia católica española. Así que parece que un simple
impuesto sirve para separar el trigo de la paja. Parece sencillo.
Porque mientras el obispo Blázquez
dice a sus sacerdotes que paguen el IBI si se lo cobran y a otra cosa, mientras
los obispos vascos se encogen de hombros y no dicen nada, mientras no son pocas
las voces dentro de la jerarquía eclesial católica española que no se oponen a
esa medida, los hay que tiran de todo lo que tienen a mano para mantener un
privilegio que saben injusto pero que como es suyo quieren defender.
Los inmatriculadores innatos de la
iglesia navarra entran en un temblar de carnes trémulas que no se recordaba en
los reinos ibéricos desde los estertores místicos de San Juan de La Cruz cuando
echan cuentas y caen en la ídem de que esa especie de rapiña secular que llevan
haciendo con las propiedades del antiguo reino les puede costar ahora un ojo de
la cara. Así que tiran de fueros -privilegio sobre privilegio y tiro porque me
toca- para defenderse.
Pero sin duda lo más espectacular,
lo más digno de penitencia y contrición cristiana de viernes santo al caer la
noche es lo que idea el siempre difuso Cardenal Rouco Varela, director de la
nave de la Conferencia Episcopal Española que cada vez parece tener más polizones
y tripulación amotinada.
Como al ínclito Rouco el anuncio de
esto de que se les va a cobrar el IBI cuando se pueda le pilla un poco a
trasmano, enfangando como estaba en una disquisición en la que defendía, con la
misma base teológica que la cría de la langosta en cautividad, que, como ahora
a la gente le ha dado por utilizar el sexo como divertimento habría que hacer
desaparecer el delito de violación -no es una exageración, lo juro- porque
todos sabemos que las violadas "se
divierten" de lo lindo durante ese crimen en concreto –eso lo digo yo,
que conste como argumento sarcástico de refutación, que todo hay que
explicarlo, leches-, pues el hombre tira de lo primero que tiene a mano para
salir del paso con lo del dichoso impuesto.
Tira de aquello a lo que cada vez se
está acostumbrando más: de la mentira y de la amenaza.
Y antes de ponerse a su defensa a ultranza
de la necesidad de recuperar el derecho de pernada -que supongo que será el
siguiente paso en esta nueva teología del sexo impuesto que se ha inventado-
afirma que "si se le cobra el IBI a
la iglesia católica, se verán afectadas las actividades de Cáritas".
Y eso despierta una marea de
reacciones de unos y otros.
Muchos de los que dependen de la
caridad cristiana -que haberla, haila, aunque a mí me parezca que es un
concepto mal interpretado y entendido, pero la hay- se encogen de miedo ante la
posibilidad de no poder comer ni caliente ni frío, de que su fuente de
supervivencia miserable sea cerrada por mor de un impuesto cargado a la
iglesia. Y tienen miedo y es lógico que lo tengan. Eso es los que quiere Rouco
Varela. Para eso sirve una amenaza.
Pero la amenaza se basa en una
mentira. Es como si la iglesia pagara las acciones de Cáritas con su propio
dinero y por eso, si tiene que hacer frente a los pagos del impuesto, no
podrá destinar dinero a esa función.
Y eso es una mentira, y nunca mejor
dicho, como un templo.
En el último del que hay datos
Cáritas invirtió 247,5 millones en acciones de lucha contra la pobreza, de las
que se beneficiaron 6,5 millones de personas dentro y fuera de España.
De ese dinero el 65 por ciento llega
de fuentes privadas como empresas, particulares, socios, colectas y todo el que
quiere ayudar a esa caridad cristiana. Y ese dinero no va a verse afectado por
el pago del IBI, a menos que el cardenal Rouco esté insinuando que va a cometer
en nombre de los privilegios de su jerarquía un delito de alzamiento de bienes
y malversación de fondos utilizando las donaciones y las colectas para un fin
diferente a aquel para el que fueron entregadas.
No sería muy inteligente que fuera
eso. Aunque quién sabe con el egregio purpurado.
Se podría decir que queda un 35 por
ciento del dinero de Cáritas que aún está en riesgo. Pero si se dice eso la mentira
adquiere dimensiones basilicales.
El 35,11% lo pagan entes públicos,
desde Hacienda a través de la casilla de Fines sociales en el IRPF -curioso
¿no?, se supone que hay una casilla para la iglesia católica y otra para fines
sociales y al final parte va a la iglesia por otro camino. Pero eso es otra
historia-. A ello se suman el Gobierno central y los autonómicos, los
ayuntamientos y un largo etcétera de organismo entre los cuales se encuentra
por fin la Conferencia Episcopal Española con 5 millones de euros en el último
ejercicio en una aportación que lleva haciendo solamente tres años.
Así que lo que está en riesgo es,
como mucho, un dos por ciento del dinero de Cáritas. Cinco millones de casi
doscientos cincuenta. La manipulación es tremenda.
Pero Rouco está dispuesto a poner en
riesgo algo que nunca será criticable de la iglesia católica ni de ninguna otra
institución como es la ayuda a aquellos que se encuentran en el escalón más
bajo de la cadena alimenticia de esta sociedad nuestra que se empeña en no
tenerlos en cuenta y no pelear por ellos a cambio de un privilegio que no sólo
es cuestionable sino que es marcadamente injusto en su origen y desarrollo.
La archidiócesis de Madrid se gastó
el año pasado cerca de 400.000 euros en la misa por la familia que celebró en
Madrid, la de Toledo se gasta una media de 250.000 cada año en la celebración
del Corpus Cristi por no recordar que, según dijo en su momento, la conferencia
episcopal aportó de su pecunio -y no con dinero de La Comunidad de Madrid-
otros 500.000 euros a la organización de la visita papal.
Pero claro hay que quitarle dinero a
Cáritas.
La iglesia católica española tiene
70 diócesis, incluyendo la castrense -casi el doble de provincias que el Estado-.
Algunas de ellas, como la de Calahorra o la de Vic, sin desmerecer a nadie, no
parecen ciudades clave en nuestros tiempos aunque lo fueran durante la Reconquista.
Juntarlas no sería un ahorro en recursos, alquileres y gastos, se supone.
Y no parece imposible porque un país
como Francia que tiene casi 200.000 kilómetros cuadrados más de extensión que
España sobrevive perfectamente con una docena de diócesis.
Pero el purpurado del elogio
teológico de la violación está dispuesto a sacrificar lo incuestionable con tal
de no mover lo cuestionable.
Quizás ha llegado el momento de que
los católicos españoles comiencen a hacer lo que su mesías galileo les propuso
hace tiempo.
Que empiecen a no creer en escribas
y fariseos y a separar el trigo de su fe y su creencia de la paja de una jerarquía
que ni piensa en ellos, ni en el mensaje de su profeta, ni en los supuestos
deseos de su dios invisible y solamente se preocupa de mantener sus privilegios
a costa de lo que sea. Incluso de su evangelio.
Pero ese es trabajo suyo. Nadie
puede hacerlo por ellos. Cada uno llevamos nuestra cruz y es nuestra responsabilidad
librarnos de ella.
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