Hay perdidas que se relativizan comparándolas con otras, que se minimizan tomándolas en el conjunto general o que simplemente se ignoran.
España ha perdido 22.000. Si fueran millones de euros de la banca ya nos los estarían sacando a los ciudadanos, si fueran militares ya estarían sonando todas las alarmas como si los lanceros de honor de Mohamed VI estuvieran atrincherados para iniciar el asedio de Cauta o Chafarinas, si fueran políticos sería, como en el chiste anglosajón sobre los abogados, un buen principio.
Pero no es nada de eso. España ha perdido en dos años 22.000 profesores. Los ha perdido porque los ha perdido su enseñanza pública. Ha ganado 161.000 alumnos y ha perdido 22.000 profesores. Y eso no se puede relativizar o minimizar y mucho menos justificar, esconder o ignorar.
Es una pérdida tan absoluta que resulta imposible justificarla de ninguna manera. Ya ni siquiera es un recorte. Es un atentado en toda regla.
Un atentado porque asesina a sangre fría las posibilidades de formación de las generaciones futuras, porque dispara a quemarropa contra las expectativas de consecución de un salario digno de los que estudian para lograr un horizonte más abierto. Porque descerraja el tiro de gracia sobre un sistema educativo público que ya agoniza con todos los demás recortes.
Y por supuesto a la cabeza de ese tijeretazo que es un fusilamiento está la santa patrona de la expiación social en forma de austeridad llamada Santa María Dolores de Cospedal.
Ella, que ha aumentado el número de asesores y cargos de libre designación de La junta de Castilla La Mancha, que ha incrementado la plantilla de los servicios jurídicos de su gobierno y ha querido contratar bufetes privados a cargo de fondos públicos para que puedan defender en condiciones la honorabilidad de aquel con quien comparte lecho de vez en cuando y manejos nepotistas a diario, se ha permitido el lujo de estar a la cabeza de la reducción de profesores.
La virgen Cospedal ha prejubilado, eliminado interinos, no cubierto bajas ni jubilaciones hasta eliminar a 14 de cada 100 profesores mientras el número de alumnos castellano manchegos seguía creciendo. Ha disparado de frente y a la cara al pecho de la educación pública y luego se ha ido a la catedral a colocarse la mantilla.
Pero no es la única. Puede que sea el paradigma de la estrategia. Pero no es la única.
Todos los adalides del recorte hablan del déficit, de esa cuadratura del círculo que parecen ser las cuentas públicas, de la estabilidad presupuestaria para justificar que nos han quitado 22.000 personas que podrían educar a los que tienen que vivir tras nosotros. Pero mienten.
En España hay 131.000 cargos de libre designación en las diferentes administraciones públicas. Existen 131.000 personas que cobran del erario público solamente porque un cargo político quiere que cobren, que ganan todos ellos sueldos superiores a los de cualquier maestro o profesor de infantil, primaria, secundaria o bachillerato. 131.000 personas que suplantan las atribuciones de un funcionario o que en realidad no hacen otra cosa que atribuirse el trabajo de ese funcionario y comprobar en su despacho que sus nominas mensuales de siete ocho dígitos llegan puntualmente a sus cuentas corrientes.
Si el principio fuera el ahorro se habrían suprimido dos mis o tres mil de esos cargos -que con lo que cobran sería suficiente- en lugar de 22.000 profesores. Si el objetivo fuera evitar el déficit público se hubieran suprimido todos esos cargos asignando sus supuestas atribuciones a funcionarios de carrera cuyos sueldos ya están consignados en el presupuesto.
Si aquellos que afirman una y otra vez que buscan la solución a los problemas presupuestarios quisieran hacer que lo público gastara menos no hubieran seguido el ejemplo de su santa patrona Dolores, hubieran puesto sus ojos en la Pérfida Albión. Hubieran mirado a Chris Huhne.
Cuando el ministro británico de Energía dimitió por sus "cosillas" salieron con él de la sede del ministerio todos sus cargos de confianza. Dos personas.
Y lo mismo hubiera pasado si hubiera sido el titular de Interior, de Agricultura o de Educación o de cualquier otra cartera. Porque ese es el límite máximo de cargos de libre designación que tienen los ministros británicos fuera del escalafón de la función pública que cubre incluso la jerarquía de lo equivalente a nuestros Secretarios de Estado. El máximo para todo el ministerio.
Se puede mover de cargo y de puesto a todos los funcionarios que se quiera para asignarles funciones distintas en función de su afinidad política -si son conservadores o laborista-. Pero no cobran ni una libra más -salvo las dietas por viajes- por asumir esas funciones.
Incluso hay puestos, como las Secretarías de Ministerio, que son inamovibles porque se obtienen por ascenso y se mantienen hasta la jubilación sin posibilidad de que el ministro de turno las modifique.
Pero claro nuestros adalides del ahorro no pueden hacer eso. No pueden defender una ley que elimine los cargos de libre designación y que confiera a la administración pública una condición de profesionalidad más allá de la política. Y que además resulte más barata.
Prefieren eliminar profesores para ahorrar.
Porque el maestro que enseña a nuestros hijos no es su primo, su hermana, su nuera o su cuñado; porque el profesor que da las clases de apoyo o los desdobles a nuestros hijos no es su socio político ni le ha ayudado a esconder los cadáveres que ha encerrado en el armario en su ascenso al poder; porque la profesora que permite a nuestros hijos con su esfuerzo suplementario superar el arduo tránsito por el bachillerato no tiene un familiar que ha contribuido generosamente a su campaña electoral con donativos misteriosos que sobrecogen los pasillos de Génova, 13.
Así que la próxima vez que nos presentemos ante la Juana de Arco de la austeridad o ante cualquiera de sus lustrosos barones y caballeros porque nuestros hijos no tienen profesores, están hacinados en aulas muy por encima de su ratio o carecen de horas de apoyo o de desdoble, escarchémosla con eso.
Repitamos como un mantra esa cifra hasta que le resuene día y noche en la cabeza, mientras imparte órdenes a sus asesores, mientras se fotografía con la aristocracia de la estupidez y la silicona pectoral y labial, mientras escucha los sermones de sus amigos purpurados, mientras firma sus privatizaciones nepotistas.
Que resuene por encima de sus rezos matutinos junto aquellos a los que protege, de sus discursos vespertinos en presencia de aquellos a quienes beneficia injustamente, de sus gemidos nocturnos bajo -siempre debajo que es lo pudoroso- aquel al que goza de noche y hace rico de día.
Ciento treinta y un mil cargos de confianza. Que tengan que escucharlo hasta que les estallen los oídos.
Que sepan si no acaban con ellos, lo haremos nosotros.
2 comentarios:
Buen artículo. Estoy de acuerdo con el nudo argumental, pero me gustaría saber la fuente de la que ha extraído usted el dato de los 131000 cargos de libre designación. Gracias.
José Miguel Vipond García.
Del propio estudio que la Presidencia del Gobierno encargó en 2012 dentro de su aparcado Plan de Racionalización de la Administración y que ahora ha retomado con la propuesta, curiosamente, de eliminar los Defensores del Pueblo y los Tribunales de Cuentas autonómicos.
Un saludo
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