Hay enfrentamientos en los que todo está desequilibrado, en los cuales se está condenado a recibir muchos golpes, a encajar muchos reveses antes de ver un atisbo de posibilidad de devolverlos.
La lucha que el Gobierno al que nos condenamos en las urnas nos ha obligado a emprender en defensa de lo público es una de ellas. Con dos de los poderes públicos firmemente decantados en favor de aquellos que quieren cerrarnos el futuro y el presente en aras de sus beneficios nos toca recibir mucho antes de poder dar, nos toca tirar de mandíbula de acero y encajar los golpes antes de encontrar un resquicio en la guardia del oponente por el que colar un directo.
Pero cuando llega es demoledor. Y eso es lo que ha ocurrido con la suspensión "cautelarisima" -no deja de ser curioso el concepto- que ha decretado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid de la privatización de seis hospitales madrileños con la que Lasquetty y el gobierno regional quería engordar sus cuentas personales aún a costa de las públicas y de los derechos de los ciudadanos.
Y ese croché que ha recibido Lasquetty y su corte nepotista en el mentón es en sí mismo una victoria por muchos motivos, por muchas circunstancias que no podemos dejar escapar en la vorágine de los acontecimientos que se suceden.
Es una victoria porque la decisión parte de un poder del Estado, el judicial, que es el único que no se encuentra en manos de la suerte de despotismo democrático que la mayoría absoluta del Partido Popular en el legislativo pretende imponer como justo e incontestable.
Lo es porque, pese a los intentos reiterados del ministro de esa cartera de controlar los tribunales en su beneficio, pese a que se presupone que el alto Tribunal Madrileño es afín en su mayoría ideológicamente al emporio genovita, ha sido capaz de sobreponerse a ello y tomar una decisión basada en la justicia y en las necesidades de la generalidad de los ciudadanos.
Y es un triunfo porque demuestra que pelear por lo de otros es el camino, que el sacrificio de tiempo, esfuerzo y nóminas de los profesionales de la sanidad en defensa de sus pacientes es útil. Porque aquellos que han puesto la demanda y aquellos que la han aceptado lo han hecho en respuesta a horas de manifestaciones, a semanas de huelgas a meses de protestas, encierros y acciones que han demostrado que la iracunda y soberbia afirmación del presidente -designado, que no elegido- de la Comunidad de Madrid de que "las manifestaciones no van a parar la externalización de la gestión de la sanidad pública madrileña" era tan infundada como lo son las espurias motivaciones que están tras su obsesión con las privatizaciones.
Las manifestaciones y la lucha social y democrática sí ha parado las privatizaciones. A través de los jueces, como de be de ser, pero las ha parado. Al menos de momento.
La decisión judicial es una derrota de los que ahora tuercen el gesto de contrariedad y antes sonreían e insultaban con superioridad porque demuestra que un gobierno dirigido por una ideología elitista y clasista juzgó erróneamente a todo un colectivo profesional, creyendo que antepondrían sus sueldos y sus posiciones al bien general y aceptarían cualquier cosa, cualquier apaño político o económico con tal de mantenerlos.
Pero sobre todo es una victoria porque deja de una forma clara y meridiana la verdad de lo que González, Lasquetty, Aguirre y todos los demás paladines de este absurdo camino de privatizaciones querían ocultar y negaban cual apóstol antes del matinal canto del gallo.
La paralización de las privatizaciones decretada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no se produce por una cuestión ideológica, por una cuestión formal, ni siquiera viene motivada por una reserva constitucional, como la que paralizó el cierre de las urgencias de los pueblos castellano manchegos.
Se paraliza ni más ni menos porque un alto tribunal ve signos, indicios y marcas de delito en ella.
Porque demuestra que Lasquetty y los suyos hicieron y rehicieron todas las veces que fue necesario las condiciones de licitación para adecuarlas a aquellos que querían que la obtuvieran.
A falta de cuatro días para el cumplimiento del plazo bajaron la cuantía de los avales necesarios para que las empresas que ellos querían que resultasen adjudicatarias estuvieran en condiciones de presentarse demostrando con ello que su prioridad no era el mejor servicio, ni siquiera era la mejor gestión privada posible sino simplemente la adjudicación a esas empresas en concreto de una dádiva que ya tenían acordada.
Huele mal que haya seis ofertas para seis hospitales y no se de coincidencia en ninguna de ellas; apesta que de repente las empresas tengan que aportar 28 millones de aval en lugar de los doscientos millones que eran necesarios según las condiciones del pliego original, despide un hedor insoportable incluso para el TSJM que "por casualidad" las empresas no coincidan en sus ofertas que "por casualidad" la Comunidad baje los requerimientos financieros, que "por casualidad" se tomen decisiones cuando ya muchas empresas han renunciado a presentarse, cuando ya es evidente que va a resultar imposible que las que licitan cumplan las condiciones.
Un tribunal de justicia, incluso uno ideológicamente afín, no puede pasar por alto tantas casualidades para evitar un resultado que, por lógica y legalidad, era inevitable: declarar el concurso desierto porque ninguna de las empresas cumplía las condiciones y renunciar a sus externalizaciones.
Y eso es lo que hubieran hecho si de verdad les motivara la ideología liberal capitalista,como hubieran aceptado las propuestas de ahorro de los colectivos profesionales si en realidad les moviera el deseo de ahorrar y racionalizar la sanidad pública, como hubieran escuchado las protestas de ciudadanos y pacientes si en realidad les motivara el bienestar de los ciudadanos.
Pero todos sabemos que no es ese el objetivo. Que el verdadero objetivo es beneficiar y beneficiarse a través de la gestión privada de la sanidad madrileña. Por eso se han saltado la libre concurrencia sacrosanta del liberalismo económico, por eso se han saltado el concepto de servicio público incuestionable en cualquier Estado del Bienestar. Por eso están en los tribunales y estos han paralizado su irregular y hedionda venta por partes de la sanidad pública madrileña.
Y esa es la gran victoria. El gobierno madrileño no está en los tribunales por ser liberal capitalista, sus privatizaciones de hospitales no están paralizadas por atacar frontalmente el concepto de Sanidad Pública. Todo eso sería una batalla ideológica.
Lasquetty, González el gobierno madrileño y sus privatizaciones están en los tribunales por prevaricadores, por haberse saltado cualquier ideología y manipular sus propias leyes para lograr sus fines, están paralizados por nepotistas, por buscar la forma de beneficiar a sus socios, amigos o aliados económicamente para que hagan negocio con su gobierno.
Ahora son ellos los que se coloca fuera de la ley. Ahora son ellos lo que siempre han sido: los antisistema. Porque el sistema exige legalidad y justicia y ellos manipulan la primera y obvian directamente la segunda.
Puede que la victoria solamente nos dure una semana o puede que se convierte en algo más duradero. Puede que tengan que reiniciar de nuevo todo el proceso demostrando con ello que el ahorro no les importa, solamente su beneficio y el de los suyos. Pero, de momento es una victoria. Una victoria de todos los que lucharon, de todos los que se opusieron, de todos los que arriesgaron.
Así que, si hay que seguir en esta brecha, que los que no participaron capten el mensaje. Si se pelea se puede vencer aunque se reciban golpes a diestro y siniestro. Si no se pelea es imposible
Y quien tenga oídos para oír -o sanidad privada- que oiga.
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