Entre tanta anotación que viene y va, tanta declaración ante el juez Ruz de los sobrecogedores y los genoveses que vieron o no vieron pasar el dinero ante sus ojos directo hasta su bolsillos, entre tanto robo, apropiación indebida, desviación de capitales, el Partido Popular y el gobierno al que mantiene ne La Moncloa nos ha robado dos cosas en un solo día.
Nos ha robado el oído y se ha echado al bolsillo la Constitución. Apenas hemos podido fijar un frente y ya nos abren otros dos. Nadie dijo que iba a ser fácil.
En el Congreso de los Diputados -eso que, según ellos, es intocable e imposible de rodear cuando los ciudadanos quieren tocarlo y rodearlo- nos ha dejado sordos. Ha decidido que no tenemos derecho a escuchar a nuestro presidente, ese que lo es porque los ciudadanos le dieron el poder.
Han decidido que Rajoy no tiene porque hablar de la financiación de su partido, que nosotros no tenemos que oír lo que tiene que decir al respecto. Ha decidido que, aunque todo el resto de los votantes -representados en el resto de los partidos políticos- lo exijan, Don Mariano no tiene porque hablarnos de los sobres genoveses.
Después de intentar dejarnos mudos en las calles ha logrado dejarnos sordos en el parlamento. No escucharemos de su voz la mentira de la negativa, ni la del de conocimiento. Porque la verdad ya sabíamos que no la íbamos a escuchar.
Pero hay otro robo, otro latrocinio, mucho más peligroso es el que ha protagonizado mientras estábamos pendientes del otro. Nos ha robado la Constitución.
El nuevo Tribunal Constitucional Express, el que ha surgido de la renovación -o involución- que se ha sacado el ministro de Justicia Ruiz Gallardón de su manga más totalitaria, ha tomado su primera decisión y con ella se ha llevado la Constitución a dar una vuelta.
Ha decidido paralizar el Decreto antidesahucios de la Junta de Andalucía. Una normativa que había permitido paralizar doce desalojos, que había dado aire y un poco de futuro a doce familias andaluzas, en tan solo una semana sin la necesidad de que tuviéramos que partirnos el alma y el cuerpo para pararlos.
Y lo ha hecho a petición del Gobierno. No lo ha hecho porque los ciudadanos consideren la norma injusta o fuera de la Constitución. Lo ha hecho simplemente porque el Gobierno moncloita se lo ha exigido.
Mientras Ruz les exige explicaciones sobre su financiación, mientras una jueza sevillana se enfrenta a la corrupción de los ERE, mientras cientos de magistrados se esfuerzan por aunar ley y justicia y anulan desahucios por cláusulas abusivas al amparo de los exigido por los máximos órganos jurisdiccionales europeos, mientras los tribunales superiores de justicia le paralizan sus privatizaciones sanitarias en Castilla - La Mancha y en Madrid por el mal que pueden hacerle a la ciudadanía, el Tribunal Constitucional, su tribunal constitucional, paraliza una ley antidesahucios pese a que sabe el daño irreparable que les hará a cientos de familias andaluzas condenadas a quedarse sin vivienda.
Y ese es el mayor robo perpetrado por el PP y los inquilinos de Moncloa. Mayor que sus privatizaciones nepotistas, mayor que sus sobrecogimientos de pasillo y despacho. Ha cogido la Constitución y se la ha metido en el bolsillo para que deje de servirnos a nosotros y les sirva solo a ellos.
Para eso es para lo que querían y se han esmerado en controlar el Tribunal Constitucional. No para la ley del aborto ni para redefinir el terrorismo, ni para intentar fatuamente controlar el soberanismo. Todo eso son daños colaterales. Querían robarlo para esto.
Porque tanto el nuevo Tribunal Constitucional como el Gobierno saben que ese decreto no es anticonstitucional.
Porque el Gobierno sabe que si es una cuestión de competencias podría haberlas negociado con la Junta de Andalucía en lugar de recurrirlo ante el Constitucional.
Porque los nuevos conservadores que pueblan la alta instancia judicial saben que podían haber admitido el recurso sin necesidad de paralizar su aplicación durante cinco meses.
Porque, a diferencia del cierre de las urgencias nocturnas castellano manchegas, al contrario que la privatización de seis hospitales madrileños, la aplicación del decreto no supone un perjuicio irreparable para la sociedad y los ciudadanos sino todo lo contrario.
Pero, claro, supone un perjuicio para las entidades bancarias, las mismas entidades bancarias que nos han llevado a la ruina, las mismas entidades bancarias que han forzado un rescate que nos endeuda con Europa por dos generaciones para salvar las nalgas laceradas y enrojecidas de su gestión politizada e irresponsable. Las mismas entidades bancarias que nos están matando.
Porque el decreto permite algo que no les viene bien, algo que les descuadra sus ya maltrechas cuentas de resultados. Permite hacer con ellos lo que ellos hacen con otros. Permite la expropiación de viviendas vacías a los bancos.
Y eso no es constitucional
Puede que beneficie a un mercado inmobiliario que está bajo mínimos porque las entidades financieras se niegan a poner a la venta al bajísimo precio de mercado actual todas las viviendas que tienen en sus manos, pero no es liberal capitalista.
Puede que impida que esas entidades acumulen activos tóxicos hasta la extenuación para luego largárselos al Estado y librarse de ellos y del agujero que supone en sus cuentas de resultados y de las provisiones financieras a las que les obligan, pero no es neocon.
Puede que sea necesario para frenar la desesperación de aquellos a quienes la reforma laboral a arrojado al paro y están a punto de quedarse sin techo, para evitar la ruptura que la miseria lleva a cualquier sociedad que se ve arrojada a un futuro marcado por la falta de expectativas. Pero según el Gobierno y su nuevo tribunal amigo y aliado eso no es constitucional.
Y el único motivo de ello es que nuestros acreedores europeos, los que ahora dirigen nuestro presente y nuestro futuro porque nuestro gobierno les pidió el dinero que le hacía falta para salvar a sus amigos y socios de la quiebra, creen que esa medida "tendrá un impacto en la estabilidad financiera".
Pese a la politización de la gestión de las entidades financieras hundidas, pese a las irregularidades en sus balances, pese a la gestión fraudulenta de sus consejos de administración, pese a las mentiras de sus comerciales a la hora de vender preferentes, pese a los créditos millonarios a los gobiernos autonómicos nunca devueltos y desperdiciados en puertos, aeropuertos, circuitos y radiales faraónicas, inútiles y no rentables, lo que "impactará" en la estabilidad financiera es que se les puedan expropiar viviendas. No todo lo demás.
Y Rajoy y su corte moncloita asienten obedientes y deciden que la Constitución tiene que servir a la estabilidad financiera, no a la social, que debe proteger a la banca irresponsable no a la población desesperada, que debe anteponer los daños financieros a los desastres sociales. Deciden que es inconstitucional no ser neoliberal. No ser neocon.
Igual que pusieron a Wert al frente de la Educación para robárnosla, igual que han colocado a sus amantes, consejeros y familiares en las empresas sanitarias para robárnosla, ahora han colocado a sus magistrados amigos en el Tribunal Constitucional para robarnos la Constitución y regalarsela con un lazo dorado a sus amigos bancarios.
Otra cosa que quieren quitarnos. Otra cosa que nos debemos empeñar en mantener en nuestro poder.
Lo dicho, nadie dijo que iba a ser fácil.
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