Código Penal y síntomas de un nuevo mal social.

El nuevo Código Penal que entra en vigor el próximo miércoles es, como todo lo que en la vida abarca muchos ámbitos, una amalgama casi a partes iguales de buenas intenciones, errores, aciertos, manipulaciones arteras y síntomas de otras cosas.

Y en esto de la política y la justicia los síntomas terminan siendo muy importantes.

Con el nuevo Código Penal los grandes partidos, que ahora llamamos tradicionales, ya estarían disueltos, sus altos cargos inhabilitados para el ejercicio de la política y sus sedes cerradas. Y eso es un síntoma innegable de hasta que punto la corrupción se ha instalado en nuestra política. Desde Filesa hasta Gürtel, Desde Los ERE andaluces hasta las tarjetas Black de Bankia, desde Merca Sevilla hasta el caso Palau.

Con el nuevo Código Penal ninguno de los partidos, que ahora llaman emergentes, estarían disueltos, ni sus líderes inhabilitados para el ejercicio de la política, ni sus sedes cerradas. Y eso es un síntoma de hasta que punto se han magnificado los errores de sus dirigentes en un intento de extender la mancha de la corrupción a todos los partidos por parte de aquellos que ya tenían la suya completamente ennegrecida por ese vicio. Pese a los pagos del venezolano a Monedero, pese a La Tuerka, pese al sueldo de Íñigo Errejón.

Y, no voy a negarlo, la sola aprobación de un Código Penal que contiene estos delitos es un síntoma de que los grandes partidos parecen haber comprendido que no pueden hacer lo que les da la gana con el dinero que gestionan cuando gobiernan. 
Aunque también es un indicio de que no están dispuestos a asumir la responsabilidad de lo hecho hasta ahora. Más que nada porque nadie en esos partidos pide la aplicación retroactiva del cambio legal -cosa que por ejemplo sí exigió a gritos el PP con la Ley de Partidos y la Doctrina Parot, por ejemplo-.

Pero la norma que dirigirá la actividad penal de nuestros tribunales es síntoma de muchas otras cosas.

Los jueces pierden la potestad sobre tres millones de infracciones y eso puede interpretarse como una forma de acelerar la justicia pero el hecho de que el mismo día entre en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana - o sea la Ley Mordaza- en la que recae sobre la policía la potestad sancionadora directa, que se considere su testimonio como una carga de prueba irrefutable o les habilite para cachear, para imponer sanciones a quien les grabe en manifestaciones y para imponer multas sin intervención judicial previa lo convierte en síntoma de un giro totalitario que pretende sacar a los jueces como factor de la ecuación balanceada que debe existir entre libertades y  orden público y des equilibrarla en favor del poder Ejecutivo.
Se endurece la pena para los delitos de odio, agravados si las ofensas a las víctimas de terrorismo o de antisemitismo se hacen a través de Internet. Y eso podría ser síntoma de una mejora en la concepción de lo que es la dignidad social e histórica, pero el hecho de que se agrave solamente en esos colectivos se antoja un síntoma de que se pretende seguir instrumentalizando a esos colectivos en beneficio político propio, Y sobre todo la coincidencia con casos como el del concejal madrileño Zapata lo transforman en un anuncio de que se pretende criminalizar la opinión el único objetivo de deshacerse de la oposición política.
En resumen, que el Código Penal que regirá la justicia española desde el próximo miércoles es un síntoma de la enfermedad que aqueja a nuestros gobernantes, indicios del trueque que lleva intentando vendernos el Gobierno desde que pisara Moncloa. Nos da lo que queremos en la corrupción -aunque tarde, mal y para otros- a cambio de quitarnos o restringirnos de forma intolerable el derecho a disentir de sus designios.
Nosotros veremos si queremos aceptar ese cambio. Y tenemos hasta noviembre para hacerlo.