"El
peor síntoma de la disfunción de un gobierno en democracia es que los poderes
juzgadores se vean obligados a intervenir contra el poder del que emanan las
leyes cuando este ha desaprovechado todas las oportunidades previas para que la
ley promulgada sea justa"
Esta frase de Alexis de
Tocqueville, el jurista francés nada sospechoso de revolucionario ya que vino
al mundo porque sus padres se salvaron por los pelos de exponer su cuello a
Madame Guillotine, le viene como anillo al dedo, como.... a la situación que la
venerada patrona del recorte patrio, santa Dolores de Cospedal, ha desatado con
su desaforada guerra contra las urgencias rurales en Castilla La Mancha.
El Tribunal Superior de Justicia de
la comunidad autónoma se ha visto obligado a intervenir contra un gobierno,
contra un legislativo democrático que ha desaprovechado todas las ocasiones que
se le han dado de hacer una ley justas, de hacer lo que debe hacer, de
equilibrar los recortes que ella y solamente ella considera necesarios.
Pero la autonombrada madrina y
baluarte de la austeridad irracional no debe contar con las obras de este
ilustre y ultramontano jurista conservador novecentista entre sus lecturas de
cabecera porque, incapaz de aceptar un revés, incapaz de asumir una enmienda,
incapaz de hacer lo que todo gobierno haría ante una suspensión cautelar de
este tipo de norma que es asumirla en espera de que la decisión definitiva,
Cospedal se arma de furiosa jurista, saca a su gabinete jurídico de la
preparación de la defensa de su señor esposo y contraataca con unas alegaciones
a la suspensión cautelar.
Porque el órgano judicial no ha
dicho aún que la decisión de dejar a miles de castellano manchegos a quince
minutos según ella, y tres cuartos de hora, según la realidad demostrada, de la
atención sanitaria de urgencia sea ilegal, lo que ha dicho es que en espera de
su decisión al respecto, no se puede aplicar para evitar daños irreparables si
al final se demuestra -que se hará- que es ilegal.
Pero Cospedal no acepta esta demora,
no acepta la espera paciente a la resolución. Ella, que está acostumbrada a la
atención sanitaria privada al momento, ella que no tiene que hacer cola, que no
ha visto nunca demorada sus citas médicas en días o semanas, no sabe esperar.
Y presenta sus alegaciones.
Que tiene derecho a hacerlo nadie
lo cuestiona, que es un traspié político y electoral es indiscutible. Que
demuestra que le importan un carajo los intereses de la sociedad sobre la que
gobierna, el bienestar de sus administrados y los riesgos que se asumen con esa
decisión no solo es innegable, es también tristemente indignante.
Y los motivos de esas alegaciones
lo dejan tan claro que Tocqueville utilizaría el caso para ilustrar su cita.
La directora del servicio jurídico
alega ni más ni menos que "debe
hacerse una ponderación circunstanciada de todos los intereses en conflicto y
considerar en tal pugna si persiste la prevalencia del interés particular
sostenido por el actor (el que solicita la suspensión) sobre los intereses
generales perseguidos por la Administración"
Ole y ole y ole.
Se atreve a argumentar que un
ayuntamiento, en este caso el de Tembleque, defiende un interés particular,
mientras ella y su gobierno defienden el
interés general.
Los intereses de 100.000 habitantes
pueblos y pedanías de Castilla La Mancha son considerados intereses
particulares, mientras que el compromiso de controlar el gasto, de recortar los
servicios, que solamente han asumido ella, su ideología y su gobierno es tenido
por interés general.
A lo mejor se refiere al hecho de
que son intereses particulares porque esos 100.000 castellano manchegos se
preocupan por algo muy particular y
propio que su vida y la posibilidad de perderla por no tener atención de
urgencias cercana, mientras que a ella eso no le importa lo más mínimo, le trae
al pairo con tal de defender eso que tan general, como sinónimo de vago e
impreciso, llamado datos macro económicos.
Cualquiera diría que es el alcalde
de Tembleque el que se beneficia del mantenimiento de las urgencias porque
recibe dinero de ellas, porque su familia o sus allegados las gestionas y son
pagados por prestarlas, porque ha hecho de ellas su forma de hacer negocio y de
mantener su nivel de vida y sus ingresos…
¡Ah no!, que eso es lo que hace su
señor esposo y las empresas en las que se integra con la sanidad privatizada de
Madrid y que probablemente hará en cuanto su santa cónyuge privatice esos
servicios en Castilla La Mancha.
Pero el que defiende 100.000 es el
interés particular y la que solamente busca beneficiar a un puñado de lobistas
y arribistas, uno de los cuales comparte cama y mantel con ella, actúa en aras
del interés general.
Para ella, la vida humana es un
interés particular cuando se enfrenta a la reducción del déficit público que ni
siquiera ha sido causado por los gastos sanitarios, que es el interés general.
Tocqueville se revolvería en su tumba.
Pero la cosa sigue.
La redactora de las alegaciones se
atreve a escribir que "no puede
entenderse que un solo ayuntamiento defienda a las demás localidades"
y con ello pretende conseguir que el tribunal no paralice el cierre de todas
las urgencias, sino solo las de Tembleque.
Y eso descoloca la peineta y la
mantilla definitivamente a Cospedal.
Ella, que habla de ahorro, de
recortar gastos, de "racionalizarlo"
-que debe significar gastarlo en lo que a ella sí le viene bien y no en
aquello que le importa un pimiento, por bien que le venga a todos los
ciudadanos castellano manchegos-, prefiere que haya un rosario de pleitos, que
el sistema de justicia tenga que enfrentarse a un centenar largo de casos
idénticos, con el gasto de tiempo y dinero que conlleva, en lugar de utilizar
el primer caso como elemento ejemplar para que, una vez solucionado judicialmente
ese, los demás sepan a qué atenerse.
Pero, claro, a la profeta del
interés general eso le descuadra.
Porque no es lo mismo paralizar
solamente las urgencias de Tembleque que todas; porque de esa manera no puede
presionar, ni asustar, ni coaccionar, ni agasajar a los alcaldes de su propio
partido para que no pidan la suspensión cautelar, para que se atengan a su férreo
mando y a su inflexible férula.
Y así, para cuando se decida sobre
lo de Tembleque, lo otro ya estará hecho y será irremediable.
Las urgencias de todos los demás
pueblos -al menos de los ayuntamientos regidos por el PP- ya estarán extintas,
sus cuentas le cuadrarán mejor y sus privatizaciones de ambulancias, traslados
y demás seguirán siendo rentables, muy rentables, para la empresa que reciba su
gestión.
Que un pueblo no descuadra las
previsiones, pero todos sí.
Y para terminar de dar la razón al
bueno de Tocqueville, los servicios jurídicos de la Santa Patrona del Recorte,
ponen la guinda al alegar que la orden que cierra las urgencias es "un mero instrumento de
autoorganizacion, siendo esta una facultad de la Comunidad Autónoma"
Y así, de un plumazo, se ignora el
riesgo vital para 100.000 pacientes, se le quita el rostro, la condición humana
y la existencia a, como dirían los antiguos, cien mil almas. Se les convierte
en números.
Básicamente, se dice que la sanidad
pública pertenece al gobierno de la Comunidad Autónoma pertenece al Gobierno de
Cospedal.
Ella sabe o debería saber que no es
así, que los servicios públicos son públicos precisamente porque sirven al
público. Y eso son los ciudadanos, no los gobiernos; están pagados con el
dinero de los ciudadanos, no de los gobiernos y que por tanto ellos tienen
mucho que decir en su regulación, su organización y su utilización.
Pretende ignorar que, aunque la
legalidad le otorgue la facultad autoreguladora en todos los servicios, esta
autoorganizacion se puede aplicar a servicios secundarios. Se puede decidir
cerrar o abrir una oficina de recaudación, una ventanilla de gestión o unificar
consejerías Pero no un servicio primario, no un servicio del que dependen la salud
y la vida de muchos ciudadanos.
Para eso la ley da la potestad al
Gobierno -ya sea autónomo o estatal- de organizarla, pero porque presupone que,
en su exigible ética, tendrá en cuenta los factores que afectan a los derechos
de los ciudadanos, tendrá en cuenta sus vidas y su bienestar.
No solamente el dinero que se
quiere ahorrar y el que se pretende ganar bajo cuerda.
En definitiva, el mensaje de las
alegaciones de Cospedal a la paralización del cierre de las urgencias nocturnas
es el siguiente: la sanidad es mía, hago con ella lo que quiero, vuestras vidas
solo os interesan a vosotros y al Gobierno Castellano manchego lo único que le
importa es el dinero que yo quiero ganar privatizando servicios.
¿Y pretende que un juez no
intervenga cuando lee eso? Es la esencia misma del feudalismo.
Y luego se sorprende de encontrarse
como ya un conservador de hace casi dos siglos auguró que pasaría cuando se
hacen las cosas de esta manera
“Si
esto ocurre, si los gobiernos anteponen la fuerza legal a la justicia,
estaremos durmiendo sobre un volcán... Un viento de revolución nos golpeará, la
tormenta estará en el horizonte”.
Lea a Alexis de Tocqueville,
Nuestra Señora de Cospedal, lea a Alexis de Tocqueville. Aunque solamente sea
por el mantenimiento de su cabeza política en su sitio.
Léale, que era de los suyos.
Bueno, casi de los suyos. Él era
conservador, pero era listo e íntegro.
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