Existen dos factores lingüísticos
que, aunque usados y mal usados de forma constante por todos, casi nos resultan
desconocidos, casi nos pasan inadvertidos en esto de la lengua nuestra.
El primero de ellos es la
redundancia, ese repetir las cosas, a veces por descuido, a veces con toda la
intención del mundo, que nos hace que las cosas nos suenen a lo mismo; el
segundo es la elipsis, eso de omitir lo que se da por sentado, de ahorrar
palabras y esfuerzos -algo muy nuestro, lo segundo- a la hora de hablar porque
presuponemos que todo el mundo entiende lo que ocultamos tras el manto del
silencio.
Y ¿a qué viene esta charla pseudo lingüística
en el comienzo de este post?
Pues muy sencillo.
Son esos dos recursos, son esas dos
operaciones lingüísticas las herramientas que nos sirven y han de servir para
interpretar el nuevo varapalo que ha arreado este gobierno, que nos echamos
encima con las urnas, en los ijares de la Enseñanza Pública, ya muy zaherida
por su parte.
Solo la redundancia y la elipsis
nos permiten entender -o más bien descubrir- lo que es y lo que será el
distrito único escolar.
Porque el distrito único escolar se
ha vendido y decorado como una forma de garantizar la libre elección, se ha
tremolado como un estandarte de libertad por aquellos que confunden libertad
con liberalismo y al final se ha puesto en marcha como una garantía firme y
duradera de la libertad de elección.
Pues bien no es más que una
redundancia. Y ni siquiera una errónea o descuidada. Es una redundancia
voluntaria, casi podría decirse que alevosa.
Porque los padres ya tienen
libertad de elección de centro. Pero no la tienen por la LOE, no la tienen por
la LOGSE, ni siquiera la tienen desde la LODE. La tienen desde el principio de
la democracia. Es más, incluso la tenían con Franco.
Ahora mismo cualquier familia puede
presentar instancia para sus hijos en cualquier colegio público o cualquier
instituto. No hay ley, decreto, reglamento, normativa, ordenanza o
conjunto de normas alguno que se lo impida.
La prioridad de la cercanía del
domicilio -que es lo que se determina por la pertenencia a un distrito
municipal u otro- no es una imposición legal estalinista -como la disminución
de la velocidad lo era para González Pons- que un pérfido gobierno se ha
inventado para vulnerar las libertades en aras de la imposición de una
ideología, como nos pretenden vender y como todos los interesados en defenderlo
pregonan por doquier. Es simplemente un criterio para dirimir empates.
Cuando hay más solicitud de plazas
que oferta de las mismas, ese baremo se tiene en cuenta por encima de otros,
ese baremo fuerza al centro a conceder las plazas a aquellos que viven
más cerca. Déjenme que lo repita.
Fuerza al centro a conceder las
plazas, no fuerza a la familia a solicitarlas.
Y con ese baremo vigente, desde los
albores del Baby Boom en la era franquista, tres generaciones relacionada con
el autor de estas endemoniadas líneas han estudiado en el instituto que han
elegido, la primera y la segunda en el madrileño Lope de Vega, pese a que sus
distritos de residencia eran otros –y obteniendo la segunda, o sea yo, puntos
por ser hijo de ex alumna, o sea mi madre-, la tercera en el Ramiro de Maeztu,
famoso por sus ex alumnos baloncestistas entre otras cosas, mientras residía
incluso en otra población de la provincia.
Sirva solamente como ejemplo, pero
el caso es que la libertad de elección de las familias ya está garantizada, ya
es un hecho, ya es una realidad.
Entonces ¿por qué tanto esfuerzo, tanto interés y tanta polémica en
algo que no es más que una redundancia, una repetición de lo que ya existe y funciona?
Para eso tenemos que recurrir a
nuestro segundo concepto lingüístico: a la elipsis. Porque lo importante es lo
que se calla, la terminación de la frase que se dé por supuesta.
El distrito único garantiza la
libre elección de los padres (redundancia)... y de los centros (elipsis).
Y ahí está el meollo de la
cuestión. Ahí es donde la libertad se convierte en liberalismo, donde la
educación se convierte en negocio, donde lo público se transforma en
concertado.
Porque ahora ningún centro
concertado puede poner trabas a la escolarización de nadie y los centros
concertados lo saben así que lo que hacen es crear las trabas sin ponerlas.
Ponen ojos de cardero degollado y
les dicen a los padres que no tienen profesores de apoyo, que no tienen aulas
de inmersión (para extranjeros), que no tienen profesores de apoyo o de
refuerzo y así intentan librarse de los alumnos que les resultan más costosos
en tiempo y en dinero, de aquellos que necesitan más horas y más inversión para
sacarlos adelante.
Por supuesto no es ético, por
supuesto no es vocacional en lo educativo. Pero nadie presupone eso en los
intereses de la educación concertada. Salvo para unos pocos con una tradición
casi milenaria en la enseñanza -tanto religiosos como no religiosos- la
educación concertada es simplemente negocio y beneficios.
Pero si la familia que reside cerca
del colegio, en el ejercicio de su existente libertad de elección insiste en
llevar a su hijo a ese centro docente. Entonces tienen un problema. Porque
tienen que admitirle, porque su puntuación será la más alta, porque, aunque
aleguen carencia de plazas, pasará la criba y su hijo tendrá que ser
escolarizado en ese centro.
Y entonces llega el crujir y el
rechinar de dientes porque, si quieren mantener el concierto y la familia no se
deja convencer, tendrán que empezar a gastar dinero en profesores de apoyo si
el niño lo necesita, en desdobles, en clases de inmersión para extranjeros, en
psicólogos o pedagogo. En todo lo que puedan necesitar porque será eso o perder
el concierto tan lucrativo que han conseguido si los padres se ponen cabezones
y terminan recurriendo al ministerio o incluso a los tribunales.
Pero con el distrito único eso
desaparece. Al dejar de existir la baremación por cercanía ya esos niños que
suponen más gasto que ingreso podrán ser desviados a otro centro porque todos
formarán parte del mismo distrito y al final acabarán en un colegio público -si
es que a esas alturas queda alguno, que alguno dejarán precisamente para librar
a los concertados de ese tipo de alumnos- que ni siquiera podrá educarles como
está mandado porque habrá sido menguado en sus recursos hasta la extenuación.
Conclusión: el distrito único
sacraliza la libertad de elección de los centros en aras de su negocio y
destruye la de los padres -que generalmente siempre eligen el centro más
cercano por comodidad para ellos y para los niños-. Y por supuesto destruye
completamente la libertad de los alumnos con problemas a tener una oportunidad
y el apoyo suficiente para superarlos.
Salvo que tengan dinero, claro
está.
Y los habrá que piensen que el
problema está en que los adláteres de Wert en cada Comunidad Autónoma y en el
ministerio buscan potenciar la enseñanza católica y religiosa. Pero se
equivocarán.
Esta redundancia y está elipsis no
busca una sociedad educada bajo los criterios morales de la religión vaticana.
Al menos no es su principal objetivo.
El problema es que parte de
una noción completamente liberal capitalista a la antigua que pretende
convertir la educación en un negocio. Lo que pretende que la educación
concertada pueda seleccionar a sus alumnos para transformarse en enseñanza de
élite con el menos esfuerzo posible y entonces, combinada con la famosa Lista
de Calidad de Centros haya un mayor número de alumnos que acudan a los
centros concertados y estos ganen más dinero.
Eso nada tiene que ver con sus
deseos católicos, tiene que ver con sus necesidades neocon.
Tiene que ver con convertir la
educación pública en una referencia de educación marginal como ocurre en Estados
Unidos, por ejemplo, para que todos quieran ir a la concertada y esta pueda
ganar dinero a espuertas.
De modo que al final la redundancia
no lo es realmente y se transforma más bien en una metonimia. Se coge la
libertad de todos para elegir centro y se transforma en la libertad de algunos para
seleccionar a su alumnado.
Sustituir el todo por la parte. La
esencia misma del gobierno actual de nuestro país en todos los ámbitos y en
todas las situaciones. La metonimia perfecta.
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