De Clausewitz a Viceroy para colar los recortes (I)

Alguien, alemán por cierto, dijo en una ocasión: "Para que el oponente se someta a nuestra voluntad, debemos colocarlo en una tesitura más desventajosa que la que supone el sacrificio que le exigimos".

Cierto es que el individuo en cuestión hablaba de la guerra y sus estrategias y que el bueno de Von Clausewitz probablemente hubiera entrado en barrena intelectual si hubiera sabido que un siglo y medio después de sus diatribas sobre el ejercicio del enfrentamiento militar, un gobierno lo iba a aplicar casi a rajatabla dentro de sus propias fronteras y contra población civil desarmada. 

Pero en esencia -probablemente sin saberlo, que no le otorgo yo tanta erudición a los actuales inquilinos de Moncloa- eso es lo que está haciendo el Gobierno de Mariano Rajoy en todos los ámbitos sociales de este país.

Para empezar Rajoy ha delimitado un término -aunque claro no públicamente, que eso no va con su política de comunicación-. Nos dice que el oponente es el déficit, en ocasiones se le escapa que lo es el antagonista de ese bipartidismo devorador que sufrimos, pero en realidad lo es otra cosa. 

Por convicción y equivocación ha hecho su oponente del Estado Social de Derecho -sí, eso que acaba de celebrarse el Día de la Constitución- y por tanto lo social, y por consiguiente lo público y por definición, nosotros.

Y es entonces cuando su estrategia se define en todos los sectores, en todos los ámbitos, en todos los frentes de esta guerra que Moncloa ha iniciado contra su propia sociedad. 

A los funcionarios les quita la paga extra y les rebaja un 20 por ciento el sueldo, después de pregonar que sobran una cantidad indeterminada de miles de ellos y que tendrá que despedirlos, a los pensionistas no les mantiene el poder adquisitivo después de augurar que no se podrán pagar las pensiones en unos años, a los facultativos, personal sanitario y demás los privatiza después de defender con cifras manipuladas que no se puede mantener la actual sanidad pública, a los enfermos se les impone el euro por receta después de afirmar sin pudor que si no es así las compañías farmacéuticas dejaran de facilitar medicamentos porque el Estado no los paga, a las comunidades educativas les resta profesores, becas, transporte, mantenimiento y todo lo que haga falta tras rasgarse las vestiduras y anunciar que hay que cerrar centros y despedir profesores, después de afirmar que sobren departamentos en las universidades.

Siempre la misma estrategia que definiera Von Clausewitz para los asedios de ciudades y la guerra de trincheras. 

Se dibuja una situación prácticamente apocalíptica de un futuro nonato e innominado, en la esperanza de que esa tesitura anticipada haga que se acepte el sacrificio que están exigiendo a la sociedad española y por tanto esta se rinda, carente de esperanza y de forma incondicional, a sus armas del recorte y la supresión de servicios.

Sin embargo algo le falla a este Gobierno nuestro, tan occidental atlántico en sus objetivos, y tan ciego en su defensa de un sistema económico que sus propios creadores y teóricos enterraron hace centurias. Algo hace que esa estrategia se le difumine.

Y es que claro, Ni Rajoy, ni Wert, ni Bañez, ni Guindos ni ninguno de los miembros del Estado Mayor de esta guerra de asedio contra la sociedad civil que ha iniciado el Gobierno tuvieron en cuenta. Algo que se les olvido leer en los escritos del teórico militar.

"Para que el asedio sea efectivo y promueva la rendición, debemos hacer percibir al asediado la bondad y la copiosa mejora que va a significar la rendición con respecto a la situación en la que le colocamos con el asedio".

Esto se les pasó por alto y claro. No funciona. 

Porque, por más que recorta de las pensiones, la caja de las pensiones no sube, por más que recorta de la sanidad esta no se estabiliza, ni elimina sus listas de espera, por más que recorta derechos laborales, el paro no disminuye, por más que indulta a defraudadores las empresas no crean puestos de trabajo, por más que quita profesores, autobuses, comedores y aulas, el nivel de nuestra enseñanza no progresa y ni siquiera se estabiliza.

Cierto es que lo intentó y casi lo logró con el CSIF, ese sindicato que perdió la oportunidad de ser de todos y decidió seguir siéndolo solamente de los funcionarios. Pero cuando estos renunciaron a la lucha conjunta y firmaron su rendición en la segunda jornada de huelga general contra el Rajoy y su gobierno, no les acercó a las tibias hogueras del ejército atediante para que disfrutaran de la carne sabrosa asada en el espetón que escaseaba en la ciudad sitiada, les instó a aceptar más recortes, más sacrificios, más pérdidas. Y fracasó.

Si te ofrecen esclavitud a cambio de la rendición y ni siquiera te garantiza una mejora, es absurdo rendirse.

Así que, como esa parte de los manuales de Clausewitz de la buena guerra y el asedio ordenado,  le está fallando porque se niega a aplicarla en su conjunto, nuestro gobierno ha recurrido a otra.

Menos militar y más propagandística, menos de estrategia guerrera y más de campaña publicitaria.

Ha dado la vuelta a Shakira, Antonio Banderas, Julio Iglesias y algún que otro prescriptor publicitario de altos vuelos y ha hecho suyo el slogan inverso que hizo famoso Viceroy: No es lo que tengo, es lo que soy.

Vamos a ello en menos de lo que sube un post.

Wert modifica el contexto en defensa de la concertada

Si hay algo que hemos perdido en este mundo nuestro tras generaciones de dedicarnos solamente a ir a la nuestra como sociedad y a mirarnos el ombligo como individuos es la capacidad de contextualizar.  Para nosotros no existe el contexto, no prestamos atención a lo que rodea a nuestros actos ni a los de los demás. 

En contra de Ortega, ya no somos "yo y mis circunstancias". Somos solamente “Yo y mi acto aislado en cada ocasión”.

Y si hay un individuo de los actuales inquilinos de Moncloa que está jugando con esa incapacidad secular del Occidente Atlántico de contemplar más allá de las fronteras del hecho aislado es José Ignacio Wert. Y si hay un acto que pretende explicarse de esa forma por los portavoces, voceros y embajadores de Wert en cada una de las comunidades autónomas de este país es su reforma educativa.

Después de pelearse por el monolingüismo, bilingüismo o trilingüismo, después de acabar definitivamente con Educación para la Ciudadanía -la asignatura de cabecera del anterior gobierno- y de otras luchas menores, Wert ha abordado en su nueva ley educativa novecentista lo que realmente le importa, lo que busca desde el principio con ella.

La solución a la dicotomía entre la educación pública y la concertada.

Y en su ley incluye una serie de elementos que juegan a ser buenos, positivos, asumibles pero que, si por una vez nos paramos a mirar el contexto general, nos damos cuenta de que quizás, por decirlo de algún modo, no sean castos y puros en su elaboración.

Wert, que no hace referencia alguna en su ley a garantizar la oferta de enseñanza pública para los ciudadanos, sí incluye la garantía de "enseñanza subvencionada allá donde haya demanda".

Y eso está bien. Está bien hasta que se mira a Madrid, a Valencia o a Castilla La Mancha. Entonces la cosa cambia. No por las palabras sino por el contexto.

Porque el por ejemplo, María José Catalá, Consejera de Educación de la Comunitat Valenciana es capaz de posar en una instantánea con esa pose orgullosa del político satisfecho con los brazos cruzados ante el pecho mientras en el colegio 103 le crecen los enanos, mientras en el Evaristo Calatayud se le encierran los padres y se le ven obligadas a desnudarse las madres, mientras en los colegios públicos se caen los techos, se cortan las calefacciones o se le enmohecen los barracones que dan cabida a las aulas.

Y ¿Por qué está orgullosa Catalá? Pues por esto:

"Este dinero (los adelantos del Estado) lo dedicamos a pagar gastos corrientes de instituciones y centros que dependen de nosotros. Ya hemos pagado a los colegios concertados y ahora en diciembre queremos afrontar un cuatrimestre de los centros de Secundaria públicos. También se abonan gastos de transporte, comedor y todo aquello relacionado con servicios que se prestan y que precisan de pagos con cierta regularidad".

Vaya hombre ¿Y por qué ha empezado por los centros concertados?, ¿por qué no lo ha hecho por los públicos?, ¿por qué se ha preocupado de pagar las rutas de los concertados y no de pagar el autobús de Montserrat o la luz de los centros concertados y no el gasóleo del Luis Vives?

Por sí solo no tendría explicación plausible. Pero, en el contexto general, sí la tiene. Se llama crear demanda.

Porque si machacas a la educación pública, la reduces a su mínima expresión y la haces impracticable mientras cuidas la concertada conseguirás que haya demanda de esta. En realidad será demanda de cualquier centro educativo que funcione pero como solamente permites funcionar a los concertados, pues los padres, madres y alumnos optarán por la concertada.

Y así con todo.

En La Comunidad de Madrid, Lucía Figar lleva negando el pan y la sal a once municipios que piden desde hace años un segundo centro educativo -colegio o instituto- en sus términos municipales, en Valencia Catalá lo hace con Montserrat y otras al menos seis localidades, en Galicia, Feijoo riza el rizo y cierra colegios públicos para meter a alumnos de distintas edades en idéntica aula.

¿Qué pasa si, en esas condiciones, aparece un visionario y comprometido empresario educativo -lleve sotana o no- y con suelo cedido por las Administraciones, con ayudas y subvenciones para la construcción y con exención del pago de impuestos, de tasas y de licencias, construye un colegio privado?

Pues que entonces entra en acción la famosa máxima de la ley Wert de la garantía de "enseñanza subvencionada allá donde haya demanda" y, ¡Voila!, tenemos un colegio concertado.

Si se hubiera construido uno público no existiría esa demanda, si se hubiera facilitado el transporte o el comedor no existiría esa demanda, sí se hubiera mantenido la calidad de la enseñanza con el adecuado ratio de alumnos, las condiciones adecuadas de las instalaciones o la situación idónea del profesorado no existiría esa demanda.

Porque la comunidad educativa busca educación de calidad no educación pública o concertada. Pero Wert, Figar, Catalá y todos los demás crean un contexto en el que la única oferta de calidad ha de llegar desde la concertada porque ellos se aseguran de que a la pública le resulte imposible competir.

Es como decir que la televisión pública no puede competir con la televisión privada cuando te empeñas en programar documentales sobre la reproducción de cangrejos de río en alta montaña mientras las cadenas privadas proyectan Los Tudor o Juego de Tronos.

De esa forma se va creando el contexto que hace que la ley no sea neutral, no sea equilibrada. No sea una ley. Sea un panfleto propagandístico y una resolución dictatorial.

En la misma entrevista que no tiene desperdicio, Catalá -de la que voy a abrir un club de fans en Facebook, proponiéndola para el record mundial de cagadas políticas por segundo- contesta a un entrevistador, que recuerda a los que en el NODO introducían las peroratas del gobernante de antaño de las botas altas y cargo militar superlativo, "Las familias necesitan que la Administración facilite el tener a todos escolarizados en el mismo centro, o que si quieren elegir un colegio lejos de su domicilio porque tienen determinada preferencia, como una especialización en nuevas tecnologías o idiomas, lo puedan hacer". 

Ole, ole y ole. Saliendo por la puerta grande.

De modo que no hay 43.000 euros para pagar un autobús a los niños de Montserrat para que acudan al único y más cercano colegio que tienen, el Evaristo Calatayud, pero si hay disposición para que sea posible acudir a cualquier centro concertado en cualquier rincón de la Comunidad Valenciana. Y lo mismo con el Calvo Sotelo de Madrid o con el Rosalía de Castro de Galicia.

Y será concertado. Porque las autoridades educativas del PP se asegurarán de que los centro públicos no puedan competir con los concertados en programas de idiomas, de tecnología o de cualquier otra cosa. Y lo harán como ya lo están haciendo. Negándoles fondos, inversiones y dinero en general.

Creando el contexto, en definitiva.

Y solamente queda una pregunta, una de esas triples a lo Mourinho: ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?

No es porque la educación concertada sea más barata para el Estado, que no lo es. No es porque sea la más utilizada por los ciudadanos porque solamente el 25% la utiliza en contra del 70% de la pública -el resto va a la privada pura-. No es ni siquiera porque tenga más calidad porque entre los 100 mejores colegios e institutos de Madrid, por ejemplo, hay 89 públicos y entre los diez mejores, siete.

Su preferencia está fundamentada en otra parte del contexto que se explica con otras dos normas que quiere introducir Wert -y que lo hará, aupado por su mayoría absoluta-. 

La primera es el aumento de un periodo máximo de cuatro años para renovar los conciertos a un mínimo de seis en primaria y cuatro en secundaria. Lo que significa que los empresarios del sector tendrán más seguridad de que, hagan lo que hagan, tendrán un mínimo de seis años para ganar dinero. Ya no un máximo de cuatro, sino un mínimo de seis que podrían ser más porque es un mínimo.

Y eso puede que no le dé estabilidad al modelo educativo, pero si se lo da al negocio. Si se lo da a los beneficios y a las ganancias porque sabes que recibirás dinero público durante más de un lustro como poco.

La segunda es que se eliminan los representantes municipales en el consejo escolar. Lo que supone a todos los efectos que, aunque cambie el gobierno municipal y vaya a manos de otros gobernantes más propensos a la responsabilidad con la educación y con el dinero que el Estado dedica a los concierto, no podrán meter mano en el negocio hasta que se acabe el concierto, si es que se acaba.

Así que la Ley Wert no quiere que la educación concertada se haga mayoritaria por su calidad, por sus bajos costes o por su mejor gestión, sino porque así se transformará en un negocio del que podrán beneficiarse no los alumnos ni los padres ni, por supuesto, los profesores, sino los empresarios que utilicen la educación como se usó la vivienda o ya se está usando la sanidad.

Y luego está la guinda del pastel. La última pincelada que termina dibujando el contexto que ha creado el PP para la educación en España.

El 80% de los integrantes de las patronales de educación concertada son religiosos. En este país el 93% de los religiosos se ganan la vida con la educación. Les da negocio y les da capacidad de proselitismo. Supervivencia y poder.

De manera que potenciar la educación concertada es potenciar la educación religiosa, es asegurarse de que la mayoría de los alumnos estudia en centros religiosos de enseñanza. Es volver al nacional catolicismo.

Wert lo sabe, el PP lo sabe y por supuesto La conferencia Episcopal lo sabe. Educación para la Ciudadanía, la asignatura alternativa a la religión o la contrainmersión lingüística son el chocolate del loro.

http://www.calendariosolidarioautobus.com/index.php

La educación concertada debe prevalecer. Si unas madres tienen que tirar de lucha y de encantos sensuales que lo hagan, si unos padres tienen que tirar de encierro y barricada que lo hagan, si una comunidad escolar tiene que enviar a sus hijos a casa por la acumulación de basura en sus aulas, que procedan a ello.

La educación concertada debe extenderse y prevalecer. Está en juego la enésima evangelización de España.

Id y predicad el evangelio clama Wert y sus apóstoles autonómicos. Hacedlo aunque los derechos de los demás sean pisoteados en el intento.

El preámbulo constitucional, segun el sueño del Bipartidismo

Artículo 1.

1. España se constituye en un Estado (poco) social y (vagamente) democrático de Derecho (del Gobierno a hacer lo que le venga en gana), que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad (de robar, meter la mano en la caja pública y favorecer a los amigos), la (utilización partidista de la) justicia, la igualdad (de todos a la hora de ser desoídos por el Gobierno) y el pluralismo político (de robo y manipulación).

2. La soberanía nacional reside en el (silencioso y obediente) pueblo español, del que emanan (para hacer lo que les venga en gana) los poderes del Estado.

3. La forma política del Estado español es la Monarquía (obsoleta) parlamentaria (y corrupta).

Artículo 2.

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común (sin posibilidad de opinión contraria) e indivisible (les guste o no) de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades (no reivindicativas) y regiones (no nacionalistas) que la integran y la solidaridad entre todas ellas (si son gobernadas por el mismo partido político, o sea el PP).

Artículo 3.

1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber (derecho) de conocerla y el derecho a (deber de) usarla.

2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos (o con lo que el Gobierno central quiera en cada momento).

3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un (inútil) patrimonio cultural que será objeto de especial (falta de) respeto y (des)protección.

(…)

Artículo 6.

Los partidos políticos expresan el pluralismo (en las formas de robo y corrupción) político, concurren (solamente ellos) a la formación y manifestación de la (ignorada en otros ámbitos) voluntad popular y son (el único) instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres (de beneficiar a sus militantes) dentro del respeto a la Constitución y a la Ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos (hasta que lleguen al poder).

Artículo 7.

Los sindicatos de trabajadores (deben abolirse) y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios (a los trabajadores trabajar por cualquier sueldo y a los empresarios conseguir beneficios a cualquier precio). Su creación y el ejercicio de su actividad son libres (de corromperse cuanto quieran) dentro del respeto a la Constitución y a la Ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos (para ellos, no para todos los demás).

(…)

Artículo 9.

1. Los ciudadanos (sin dinero ni contactos) y los poderes públicos (que no sean del PP) están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (mientras el Gobierno no lo cambie en su beneficio).

2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la (falta) libertad y la (ausencia de) igualdad del individuo y de los grupos (no afines al Gobierno) en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten la plenitud (de ganancias y beneficios para los amigos del Gobierno) y facilitar la participación de todos los ciudadanos (que piensen como el Gobierno) en la vida política, económica, cultural y social.

3. La Constitución garantiza el principio de (i)legalidad, la jerarquía normativa, la (falta) publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas (potenciadoras) de derechos individuales, la (in)seguridad jurídica (de los no afines), la (ir)responsabilidad (de los gobernantes y políticos) y la interdicción (sacralización) de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Feliz día de La Constitución (de lo que queda de ella).

Los halcones de Israel deciden jugar en otra liga.

En estos tiempos en el que los velos parecen objeto continuo de debate y motivo constante de protesta hay uno que ha caído.

Ha caído de un rostro que a nadie se le antojaba oculto, que nadie quería creer que lo estuviese. En estos tiempos que los velos islámicos saltan a los periódicos a las primeras de cambio, una votación, una reacción y un conclusión ha hecho deslizarse otro velo de un rostro inesperado: el velo de Israel, de sus gobernantes sobre todo, se ha deslizado de su rostro mecido por el la brisa de 153 sufragios en la ONU.

Porque desde que Estados Unidos se quedó solo en la defensa del absurdo que los halcones de Israel mantienen y mantendrán, su velo se ha soltado de su cara y no solamente nos ha dejado ver lo que son, que ya lo sabíamos, sino que ya no les permite ocultar lo que no son.

Durante décadas han ocultado el torcido gesto de su militarismo, el crispado semblante de su expansionismo y la torva mirada de su deseo de supremacía y su odio bajo un solo velo, uno con varios pliegues, pero un solo velo.

Decían que eran un Estado soberano legal y que eran de los nuestros. Decían que esos dos pliegues en el velo de la historia justificaban lo que hacían, justificaban lo que eran y lo que obligaban a su país, su población y su futuro a ser.

Pero ahora ya no existe ese velo.

Pese a que filósofos europeos, opinadores estadounidenses y diplomáticos israelíes sigan gritando a los cuatro vientos que los gobernantes de Israel son demócratas -aún de esa paupérrima democracia que disfrutamos en el Occidente Atlántico- el velo de sus acciones ya no les oculta.

Porque un gobierno democrático no responde a tiros a través de una alambrada a la propuesta de un país de ser admitido en la ONU como observador; porque un gobierno democrático no responde con la ampliación de un plan de invasión, declarado ilegal por la ONU, sobre una tierra que ha sido reconocida hace apenas unas horas por el resto del mundo como un territorio que no le pertenece.

Ya da igual que se vote o no se vote dentro de las fronteras de Israel, no se puede ser demócrata cuando se ignora y se reacciona con la fuerza a la decisión más mayoritaria de las Naciones Unidas desde su fundación. Más mayoritaria incluso que aquella que antaño permitió la fundación del estado soberano sobre el que ellos gobiernan y del que su pueblo disfruta.

Ya da igual que haya o no libertad religiosa dentro de las lindes de Sión porque no se la reconocen a otros aunque el mundo al completo les diga que deben hacerlo; ya da igual que tengan parlamentos, división de poderes o Constitución porque se niegan a reconocer la soberanía de otro estado al que todos reconocen -aunque sea como observador-.

Porque como los monarcas absolutos de los tiempos salomónicos, reaccionan reteniendo un dinero que no les pertenece, invadiendo una tierra que no les pertenece, matando a agricultores que no han cometido otra falta que andar por la tierra que el mundo al completo dice que les pertenece.

Así que el velo de la supuesta defensa democrática de Israel se ha rasgado como dice el mito religioso que lo hiciera aquel del templo de Jerusalén.

Y por fin hemos podido ver lo que algunos ya sabían, los que muchos intuían y lo que la mayoría no quería aceptar: que, por más que lo digan, los halcones de Sión, que tienen como rehenes a todos los ciudadanos de Israel, nunca fueron de los nuestros.

Si la votación que aceptó a Palestina como observador en la Asamblea General de Las Naciones Unidas les dejó solos ante el mundo, su reacción violenta, invasiva, ilegal y desmesurada a esa decisión mayoritaria les ha granjeado nuevas amistades.

Porque hay otros que tampoco reconocen en su locura yihadista y mesiánica un estado soberano que todo el mundo acepta, porque hay otros que también responden con balas y bombas cada vez que el mundo les reprocha algo o les lleva la contraria, porque hay otros que también matan a civiles inocentes cada vez que no consiguen sus objetivos. Los gobernantes de Israel han dejado de jugar en nuestra liga. Todavía les quedan Estados Unidos y Las Islas Marshall. Pero no son demasiados -aunque uno pese mucho- para decir que cuentan con el apoyo del mundo.

Ahora han cambiado de liga. Los halcones que confunden Israel con sionismo y exterminio con defensa juegan en la liga de Irán, Hezbollah, Hamas, Al Qaeda... Esos son ahora los suyos.

Tampoco es sorprendente. Llevan demasiado tiempo jugando al mismo juego de guerra, odio, violencia y despotismo que ellos. Solo que al Gobierno de Israel le estaba permitido jugar levando velo.

Evaristo Calatayud o las bucaneras de Francis Drake

Hay ocasiones en las que un puñado de elegidos para la injusticia se convierten, muy a su pesar, en  el epítome de todo lo demás, en la arquetípica punta del iceberg, que deja a la vista un peligro mayor, un mal general, un obstáculo peligroso y mortal.

Desgraciadamente para ellos, los alumnos, madres y padres del colegio Evaristo Calatayud se han convertido en eso. No por lo que hagan o dejen de hacer, no lo que reclamen o dejen de reclamar, sino por lo que están haciendo con ellos, con su transporte escolar, con su colegio y con su libertad.

Porque con ellos la Generalitat Valenciana está ensayando todo el catálogo de mentiras y justificaciones que sus ideólogos y asesores de imagen han pergeñado para ocultar su política, para justificar su desmantelamiento de la enseñanza pública.

La insistencia de los padres y madres de un centro de enseñanza combativo por demás obliga a Cabo y Catalá -los capitanes que se hayan en el puente de mando del destructor que bombardea sistemáticamente la educación pública en Valencia- a salir constantemente a la palestra, a soltar andanada tras andanada en la esperanza de que esas cargas de profundidad enviadas a ciegas hagan explosión en el lugar adecuado y les sofoquen el problema.

La idea del calendario erótico de las madres de Monserrat les supone un problema a Cabo, Catalá y toda la tripulación de ese navío de guerra contra la enseñanza pública porque a los varones y mujeres de este país les resulta imposible no mirar una imagen sugerente, porque mantiene el problema en los medios, porque otorga relevancia a algo que ellos intentaban hacer pasar por irrelevante.

Pero el problema del colegio Evaristo Calatayud no es un ejemplo por lo que ocurre ahora, con miles de enlaces a las fotos del calendario, con cientos de blogueros y columnistas escribiendo sobre ello. El colegio Evaristo Calatayud es un paradigma por lo que lleva ocurriendo en él desde hace mucho tiempo.

Porque ha soportado salvas y cañonazos de la armada invencible de la Generalitat Valenciana y ahora, aunque desarbolado y maltrecho, encima se empeña en contraatacar.

Porque mientras se trasfieren miles de metros cuadrados de suelo público para la construcción de centros privados, el Evaristo Calatayud ha visto crecer el número de matriculaciones, el ratio de sus aulas, ha pasado de 500 a 625 alumnos en un año y la consejera Catalá no ha construido un nuevo centro pese a que los padres y madres hicieron encierros en las aulas. Pese a que lo prometió en 2007.

Porque mientras destina dinero a espuertas -aunque luego no lo paga, eso sí- al apoyo de la educación concertada, a las reformas y ampliaciones de esos colegios y a la construcción de los nuevos hasta sumar unos 18 millones de euros, mantiene al pairo y sin insuflar viento en sus velas a toda la flota de la enseñanza pública, dándole en los presupuestos del plan de construcciones escolares de este año siete millones para nuevas construcciones -o sea lo que cuesta un centro- ; cinco millones para reformas en infantil y primaria, 3.000.000 para nuevas construcciones en secundaria -¿cómo se puede construir un centro de secundaria con 3.000.000 euros?- y 4.294.100 euros para la reforma de centros de esta etapa. Y hace que el Evaristo Calatayud siga teniendo que sobrevivir  en barracones prefabricados como otro ingente número de centros públicos valencianos

 Porque, imitando a la santa patrona del concierto educativo, la afortunadamente retirada Esperanza Aguirre, ha convertido al buque insignia de su armada educativa, la empresa Giegsa, que tenía como único objetivo la construcción de centros, en un fracaso económico que ha generado situaciones tan dantescas como las del colegio 103 y la del propio Evaristo Calatayud.

Colegios a medio construir, centros donde las reformas y mejoras no llegan o llegan con cuentagotas al tiempo que se dejan de ingresar millones de euros cediendo suelo, eliminando impuestos y costes de licencias de obras y demás gastos a los que construyen colegios privados a los que luego se les concederá un concierto.

Porque mientras sufragan los gastos generales de los centros concertados, dejan sin calefacción, sin transporte y sin lo más básico a los públicos.

Y todo eso obliga a los colegios como el Evaristo Calatayud y a los padres y madres de la enseñanza pública a actuar como una flota bucanera, como un grupo de barcos corsarios que tienen que rapiñar la riqueza que la Gran Armada de la Educación privatizada en Valencia conduce para repartir entre los centros privados y concertados.

Y, como el calendario de las aguerridas madres de Montserrat les obliga a hablar de ello, como la lucha de padres y madres les obliga a seguir defendiéndose públicamente, los almirantes de la flota educativa del PP les disparan con todo lo que tienen.

Y afirman que "la Conselleria de Educación ha realizado una inversión de 346.195 euros en los escolares del municipio". Tiran de la generalidad. La estrategia del gasto general para encubrir la injusticia particular es tan antigua en comunicación política como las elecciones en los Estados Unidos de América.

¡Enhorabuena!, nos parece muy bien lo que gastan, pero nadie le cuestiona por lo que se gasta, se les cuestiona por lo que no se gasta en un hecho concreto. Es como decir "no nos vamos a gastar 10.000 euros en curarle el cáncer porque ya nos hemos gastado quince millones de euros en curar a todos los demás". Sigue sin ser justo. Se habrá sido justo con todos los demás. Pero no se es con justo  con ese enfermo en concreto.

La primera andanada de la armada invencible se hunde en el mar a varias millas del bajel pirata del Evaristo Calatayud.

Como ven que marcha mal y que no ajustan el tiro pasan a otra estrategia de combate: el mítico divide y vencerás.

Afirman que todos los becados cumplen los criterios y que los no becados no. De manera que parece que lo que quieren los padres de los niños que no tienen beca es acceder a un derecho que no tienen, quizás quitándoselo a otros que sí lo necesitan.

Responderán -y si no al tiempo- a la impugnación de la concesión de las becas de transporte por parte de las madres de Monserrat (lo siento, sé que tienen un nombre colectivo, pero mi valenciano es pésimo y no consigo aprendérmelo) argumentando que quieren dejar sin beca a los que ya la tienen, que esa reclamación perjudica a los que ya la tienen concedida y cualquier otra cosa que se les ocurra para crear una división inexistente entre las familias becadas y las no becadas, para que cada una de las alas de la flota bucanera de Montserrat se enfrente a la otra y así ambas se olviden de su armada.

Pero claro, como eso es tan viejo como las Guerras Púnicas pues no cuela. 

No cuela ni siquiera cuando pretenden hacerles enemigos de otras poblaciones afirmando que buscan una ayuda que otros municipios no disfrutan y que darsela obligaría "a darselas o todos". Pero esa andanada tampoco roza la línea de flotación del buque del Evaristo Calatayud, porque cuando ha pasado lo mismo en La Pobla de Vallbona, Requena, Orihuela o El Saler, el problema se ha resuelto sin obligar a nadie a una batalla naval encarnizada para lograrlo.

Y tampoco cuela la andanada preparada de "la educación infantil no es obligatoria". ¿Qué están diciendo?, ¿que las madres o los padres de esos niños tienen que quedárselos en casa y no llevarlos al colegio si no pueden pagar el transporte? ¿qué tienen que comprarse un coche -o dos los que no tienen ninguno- con el único objetivo de poder dar educación a sus hijos?.

Que la educación infantil no sea obligatoria no implica que los gobiernos no tengan que garantizarla para aquellos que quieren tenerla. Ningún derecho es obligatorio -por eso son derechos- pero eso no significa que no tengan que garantizarse. Esa andanada mal calibrada pasa muy por encima del velamen del Evaristo Calatayud.

Así que como todo les va fallando, los almirantes Catalá y Cabo, terminarán ordenando -o al menos permitiendo- el fuego a discreción en la esperanza de hundir este escurridizo bajel que tanto está molestando a su reluciente armada invencible de la educación privatizada.

Falta poco para que algún desabrido diputado autonómico haga algún comentario sarcástico sobre el calendario, o para que alguna diputada valenciana se ofenda por el lucimiento de curvas y escotes de las madres de Monserrat -más por envidia que otra cosa, es de suponer- y cuestione con ello su condición de "buenas madres". Al tiempo.

Y si todo les falla siempre pueden tirar del perro ladrador. De ese tan típico argumento del PP levantino, expuesto por su congresista castellonense, la dulce Andreíta Fabra y su expresivo "que se jodan". No será muy diplomático pero permitirá captar el mensaje que están mandando desde el principio.

De momento, Catalá, Cabo y toda la gran armada se sienten seguros pero quizás no deberían estarlo tanto.

El Titanic se hundió por un iceberg del que solo era visible un tres por ciento; La Armada Española fracasó porque a la salida de una tormenta en la que se metieron ellos solitos les estaba esperando toda una colección de pequeños y rápidos buques que les acosaron hasta hundirlos en el fondo del mar.

Eso es lo que hace importante al Evaristo Calatayud y otros colegios que resisten al arrollador impulso de la educación que ha implantado el gobierno del PP allá donde haya accedido al poder.  Que son Sir Francis Drake tocando las narices al Duque de Medina Sidonia.

Y, por si nuestro orgullo patrio nos nubla la memoria, terminó ganando Drake.