Wert modifica el contexto en defensa de la concertada

Si hay algo que hemos perdido en este mundo nuestro tras generaciones de dedicarnos solamente a ir a la nuestra como sociedad y a mirarnos el ombligo como individuos es la capacidad de contextualizar.  Para nosotros no existe el contexto, no prestamos atención a lo que rodea a nuestros actos ni a los de los demás. 

En contra de Ortega, ya no somos "yo y mis circunstancias". Somos solamente “Yo y mi acto aislado en cada ocasión”.

Y si hay un individuo de los actuales inquilinos de Moncloa que está jugando con esa incapacidad secular del Occidente Atlántico de contemplar más allá de las fronteras del hecho aislado es José Ignacio Wert. Y si hay un acto que pretende explicarse de esa forma por los portavoces, voceros y embajadores de Wert en cada una de las comunidades autónomas de este país es su reforma educativa.

Después de pelearse por el monolingüismo, bilingüismo o trilingüismo, después de acabar definitivamente con Educación para la Ciudadanía -la asignatura de cabecera del anterior gobierno- y de otras luchas menores, Wert ha abordado en su nueva ley educativa novecentista lo que realmente le importa, lo que busca desde el principio con ella.

La solución a la dicotomía entre la educación pública y la concertada.

Y en su ley incluye una serie de elementos que juegan a ser buenos, positivos, asumibles pero que, si por una vez nos paramos a mirar el contexto general, nos damos cuenta de que quizás, por decirlo de algún modo, no sean castos y puros en su elaboración.

Wert, que no hace referencia alguna en su ley a garantizar la oferta de enseñanza pública para los ciudadanos, sí incluye la garantía de "enseñanza subvencionada allá donde haya demanda".

Y eso está bien. Está bien hasta que se mira a Madrid, a Valencia o a Castilla La Mancha. Entonces la cosa cambia. No por las palabras sino por el contexto.

Porque el por ejemplo, María José Catalá, Consejera de Educación de la Comunitat Valenciana es capaz de posar en una instantánea con esa pose orgullosa del político satisfecho con los brazos cruzados ante el pecho mientras en el colegio 103 le crecen los enanos, mientras en el Evaristo Calatayud se le encierran los padres y se le ven obligadas a desnudarse las madres, mientras en los colegios públicos se caen los techos, se cortan las calefacciones o se le enmohecen los barracones que dan cabida a las aulas.

Y ¿Por qué está orgullosa Catalá? Pues por esto:

"Este dinero (los adelantos del Estado) lo dedicamos a pagar gastos corrientes de instituciones y centros que dependen de nosotros. Ya hemos pagado a los colegios concertados y ahora en diciembre queremos afrontar un cuatrimestre de los centros de Secundaria públicos. También se abonan gastos de transporte, comedor y todo aquello relacionado con servicios que se prestan y que precisan de pagos con cierta regularidad".

Vaya hombre ¿Y por qué ha empezado por los centros concertados?, ¿por qué no lo ha hecho por los públicos?, ¿por qué se ha preocupado de pagar las rutas de los concertados y no de pagar el autobús de Montserrat o la luz de los centros concertados y no el gasóleo del Luis Vives?

Por sí solo no tendría explicación plausible. Pero, en el contexto general, sí la tiene. Se llama crear demanda.

Porque si machacas a la educación pública, la reduces a su mínima expresión y la haces impracticable mientras cuidas la concertada conseguirás que haya demanda de esta. En realidad será demanda de cualquier centro educativo que funcione pero como solamente permites funcionar a los concertados, pues los padres, madres y alumnos optarán por la concertada.

Y así con todo.

En La Comunidad de Madrid, Lucía Figar lleva negando el pan y la sal a once municipios que piden desde hace años un segundo centro educativo -colegio o instituto- en sus términos municipales, en Valencia Catalá lo hace con Montserrat y otras al menos seis localidades, en Galicia, Feijoo riza el rizo y cierra colegios públicos para meter a alumnos de distintas edades en idéntica aula.

¿Qué pasa si, en esas condiciones, aparece un visionario y comprometido empresario educativo -lleve sotana o no- y con suelo cedido por las Administraciones, con ayudas y subvenciones para la construcción y con exención del pago de impuestos, de tasas y de licencias, construye un colegio privado?

Pues que entonces entra en acción la famosa máxima de la ley Wert de la garantía de "enseñanza subvencionada allá donde haya demanda" y, ¡Voila!, tenemos un colegio concertado.

Si se hubiera construido uno público no existiría esa demanda, si se hubiera facilitado el transporte o el comedor no existiría esa demanda, sí se hubiera mantenido la calidad de la enseñanza con el adecuado ratio de alumnos, las condiciones adecuadas de las instalaciones o la situación idónea del profesorado no existiría esa demanda.

Porque la comunidad educativa busca educación de calidad no educación pública o concertada. Pero Wert, Figar, Catalá y todos los demás crean un contexto en el que la única oferta de calidad ha de llegar desde la concertada porque ellos se aseguran de que a la pública le resulte imposible competir.

Es como decir que la televisión pública no puede competir con la televisión privada cuando te empeñas en programar documentales sobre la reproducción de cangrejos de río en alta montaña mientras las cadenas privadas proyectan Los Tudor o Juego de Tronos.

De esa forma se va creando el contexto que hace que la ley no sea neutral, no sea equilibrada. No sea una ley. Sea un panfleto propagandístico y una resolución dictatorial.

En la misma entrevista que no tiene desperdicio, Catalá -de la que voy a abrir un club de fans en Facebook, proponiéndola para el record mundial de cagadas políticas por segundo- contesta a un entrevistador, que recuerda a los que en el NODO introducían las peroratas del gobernante de antaño de las botas altas y cargo militar superlativo, "Las familias necesitan que la Administración facilite el tener a todos escolarizados en el mismo centro, o que si quieren elegir un colegio lejos de su domicilio porque tienen determinada preferencia, como una especialización en nuevas tecnologías o idiomas, lo puedan hacer". 

Ole, ole y ole. Saliendo por la puerta grande.

De modo que no hay 43.000 euros para pagar un autobús a los niños de Montserrat para que acudan al único y más cercano colegio que tienen, el Evaristo Calatayud, pero si hay disposición para que sea posible acudir a cualquier centro concertado en cualquier rincón de la Comunidad Valenciana. Y lo mismo con el Calvo Sotelo de Madrid o con el Rosalía de Castro de Galicia.

Y será concertado. Porque las autoridades educativas del PP se asegurarán de que los centro públicos no puedan competir con los concertados en programas de idiomas, de tecnología o de cualquier otra cosa. Y lo harán como ya lo están haciendo. Negándoles fondos, inversiones y dinero en general.

Creando el contexto, en definitiva.

Y solamente queda una pregunta, una de esas triples a lo Mourinho: ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?

No es porque la educación concertada sea más barata para el Estado, que no lo es. No es porque sea la más utilizada por los ciudadanos porque solamente el 25% la utiliza en contra del 70% de la pública -el resto va a la privada pura-. No es ni siquiera porque tenga más calidad porque entre los 100 mejores colegios e institutos de Madrid, por ejemplo, hay 89 públicos y entre los diez mejores, siete.

Su preferencia está fundamentada en otra parte del contexto que se explica con otras dos normas que quiere introducir Wert -y que lo hará, aupado por su mayoría absoluta-. 

La primera es el aumento de un periodo máximo de cuatro años para renovar los conciertos a un mínimo de seis en primaria y cuatro en secundaria. Lo que significa que los empresarios del sector tendrán más seguridad de que, hagan lo que hagan, tendrán un mínimo de seis años para ganar dinero. Ya no un máximo de cuatro, sino un mínimo de seis que podrían ser más porque es un mínimo.

Y eso puede que no le dé estabilidad al modelo educativo, pero si se lo da al negocio. Si se lo da a los beneficios y a las ganancias porque sabes que recibirás dinero público durante más de un lustro como poco.

La segunda es que se eliminan los representantes municipales en el consejo escolar. Lo que supone a todos los efectos que, aunque cambie el gobierno municipal y vaya a manos de otros gobernantes más propensos a la responsabilidad con la educación y con el dinero que el Estado dedica a los concierto, no podrán meter mano en el negocio hasta que se acabe el concierto, si es que se acaba.

Así que la Ley Wert no quiere que la educación concertada se haga mayoritaria por su calidad, por sus bajos costes o por su mejor gestión, sino porque así se transformará en un negocio del que podrán beneficiarse no los alumnos ni los padres ni, por supuesto, los profesores, sino los empresarios que utilicen la educación como se usó la vivienda o ya se está usando la sanidad.

Y luego está la guinda del pastel. La última pincelada que termina dibujando el contexto que ha creado el PP para la educación en España.

El 80% de los integrantes de las patronales de educación concertada son religiosos. En este país el 93% de los religiosos se ganan la vida con la educación. Les da negocio y les da capacidad de proselitismo. Supervivencia y poder.

De manera que potenciar la educación concertada es potenciar la educación religiosa, es asegurarse de que la mayoría de los alumnos estudia en centros religiosos de enseñanza. Es volver al nacional catolicismo.

Wert lo sabe, el PP lo sabe y por supuesto La conferencia Episcopal lo sabe. Educación para la Ciudadanía, la asignatura alternativa a la religión o la contrainmersión lingüística son el chocolate del loro.

http://www.calendariosolidarioautobus.com/index.php

La educación concertada debe prevalecer. Si unas madres tienen que tirar de lucha y de encantos sensuales que lo hagan, si unos padres tienen que tirar de encierro y barricada que lo hagan, si una comunidad escolar tiene que enviar a sus hijos a casa por la acumulación de basura en sus aulas, que procedan a ello.

La educación concertada debe extenderse y prevalecer. Está en juego la enésima evangelización de España.

Id y predicad el evangelio clama Wert y sus apóstoles autonómicos. Hacedlo aunque los derechos de los demás sean pisoteados en el intento.