Pedofilia, poner la mesa y el PP de las listas negras

Alguien me dijo hace unas horas que estas endemoniadas lineas llevaban sin renovarse muchos días. 
Y es cierto. No va este silencio de que no se encuentre nada importante sobre lo que escribir como fue la respuesta instintiva, sino más bien de todo lo contrario. No es que no pase nada, es que pasan demasiadas cosas.

Al borde de una guerra de dimensiones apenas identificables por causa del absurdo supremacismo occidental y la recalcitrante cabezonería rusa; en el límite mismo de la vergüenza, contemplando como todo lo ganado en la infinita guerra palestina se va por el desagüe por culpa de una falsa hermandad del gobierno palestino con aquellos que solo entienden de guerra, sangre y yihad y contemplando como la segunda generación del chavismo desarma Venezuela en un puzle incompleto e incomprensible, entre otras muchas cosas, nosotros seguimos a lo nuestro.

Nuestro gobierno, ese que habita Moncloa por nuestros votos, sigue empeñado en pasar a la historia como el gestor de las nimiedades. El país se consume en un descenso a la miseria desconocido desde los tiempos de posguerra pero ellos se empeñan en mirar a otro lado, en legislar sobre otros asuntos.

Y la última de las cortinas de humo que han puesto en marcha afecta a los menores, a los niños. 
A esos mismos niños a los que les están robando el futuro comprometiendo el presente de su educación y de su sanidad, a esos mismos menores a los que ponen en peligro cada día reduciendo a la precariedad o haciendo desaparecer directamente el trabajo y el empleo de sus padres y madres.

Pues bien, la corte genovesa quiere ejercer de dios de las pequeñas cosas y se pone a elaborar dos leyes que nos dejar como mínimo tiritando.

La primera sería digna de figurar en el listado de mejores productos de la literatura del absurdo porque pretende ni más ni menos que obligar a los menores a colaborar en las tareas domésticas.

Sí, lo que no ha logrado progenitor alguno a lo largo de mil generaciones de humanidad, lo que ha sido el caballo de batalla de toda pelea familiar que involucrara a niño y madre, niña y padre a lo largo del desarrollo de la civilización humana, el gobierno del Partido Popular pretende solucionarlo legislativamente.

Así el "recoge tu cuarto", "pon la mesa", "haz la cama" o "no dejes los juguetes tirados por todas partes" se convertirían en el articulado de una ley que convirtiera todo ello en una obligación dentro del territorio del estado español.

Y la otra ley en la que andan es la de elaborar un registro "para siempre" -y son sus palabras, muy técnicas y concisas, por cierto- de personas condenas por delitos de pederastia y obligar a las empresas -de momento solamente a las que tengan una actividad relacionada con la infancia- a asegurarse de que ninguno de sus empleados está en ese registro.

La primera ley parece ridícula y la segunda necesaria. La primera parece absurda y la segunda lógica. La primera mueve a la risa y la segunda a un asentimiento serio y silencioso.

Pero en realidad son dos expresiones del mismo concepto. Dos ejemplos de la misma forma de entender el gobierno, la ley y la sociedad de un gobierno que hizo pellas en bloque el día que en el colegio explicaban el concepto de legalidad y justicia.

Ambas demuestran un total desconocimiento de los principios en los que debe basarse la redacción de una ley y de los elementos fundamentales que establecen los derechos de las personas.

Empezamos por el absurdo.

Para empezar un menor de edad no tiene responsabilidad legal. Resulta que en este país -y en todo el mundo civilizado, que por algo es civilizado- los menores carecen de esa carga social ¿por qué? Porque son menores. Y si tienen restringidos sus derechos también tienen en justa contraprestación limitadas sus responsabilidades.

O sea que no se puede condenar a nada a un menor por fumar o beber, saltándose las prohibiciones, pero sí se le podrá condenar por dejar su habitación hecha una leonera.

¿Qué va a hacer el juez en el hipotético caso de que un progenitor contrariado demande a un niño de siete años por no recoger los Power Rangers del salón?, ¿enviarle a un centro de internamiento de menores?

El desconocimiento que demuestran es tal que repentinamente te hace pasar de la risa por el ridículo al miedo cuando descubres que además del desconocimiento hay otra cosa del esperpéntico apunte carpetobetónico que es esa propuesta legal.

El Gobierno del Partido Popular pretende sustituir la implicación por el ordeno y mando, la evolución normal de la sociedad por la genética social, el aprendizaje por la obediencia. La educación por la imposición.

Y tan convencido está de ello que no repara en el hecho de que la situación legal se lo impide, de que la lógica social se lo imposibilita, de que el sentido común hace que su propuesta parezca un chiste. De mal gusto, pero un chiste.

Y ahora vamos con la otra. Con la ley del registro "para siempre" de personas que hayan cometido delitos relacionados con la pederastia y la pedofilia.

Antes de hablar del asunto diré dos cosas: 

Primero: para mí, la condena adecuada para la pedofilia, el abuso infantil, el maltrato infantil y cualquier crimen cometido contra menores, sería la castración o ablación y la posterior ejecución pública con garrote vil en la plaza del pueblo. Es el único caso en el que ni me inmutaría ante una pena de muerte.

Segundo y también para mi y para quien quiera recordarlo: El fin no justifica los medios.

Así que, El registro "para siempre" de personas relacionadas con la pedofilia es uno de los elementos más aberrantes que se puede proponer en una sociedad de derechos.

Da igual lo que hayan hecho, da igual lo que hayan dejado de hacer, da igual que sean odiosos, aborrecibles y merezcan colgar por sus gónadas de una cuerda hasta que mueran, como diría al auditor militar: "el reo tiene derechos".

No los tiene porque se los merezca, no los tiene porque sea bueno o intachable, los tiene porque la justicia no se puede aplicar desde otro principio que la equidad, porque la sociedad no puede mantenerse si los que redactan la ley aplican los mismos modos de hacer que los que la conculcan. Los tienen porque nosotros no somos como ellos.

Puedes hacer que los antecedentes por ese tipo de delitos tarden más años en desaparecer, puedes hacer que los juicios sean públicos y notorios, puedes aplicarles la cadena perpetua o la pena de muerte pero no puedes hacer que alguien que ya ha pagado su condena por un delito cargue con ella toda la vida.

No hay sistema legal en el mundo -salvo de la República Popular China y el de la República Islámica de Irán, dos grandes ejemplos de democracia- que mantenga el concepto de antecedentes vitalicios en ningún tipo de delito.

Y nuestros legisladores -que Solón se revolvería en su tumba si supiera que comparte categoría con esas gentes- se pasan todo eso por el arco del triunfo, deciden que no tiene importancia porque ellos quieren lograr un objetivo -que en este caso es plausible y necesario- y esa es la manera más rápida de lograrlo.

Y pretenden justificar esa absoluta falta de criterio y de respeto por los principios que hacen justa una sociedad afirmando que "los menores precisan una protección mayor". Los mismos menores que podrían ser llevados a juicio por no hacer su cama.

¡Vaya hombre! Ellos que tanto protestaron por el concepto de discriminación positiva en otros ámbitos sociales -donde también es un error aplicarlo, por cierto- ahora tiran de él.

Pero su justificación se diluye como un azucarillo en aguardiente.

Porque si ese fuera el principio también crearían un registro de por vida de padres, tíos, hermanos o abuelos que han violado a sus familiares menores de edad o de madres que han asesinado a sus bebés recién nacidos o que han dado palizas de muerte a sus vástagos. Y también lo harían público para todo español o española supiera que les esperaba a sus retoños si mantenía una relación y terminaba teniendo un retoño con esas personas.Pero no lo hacen. 

Sería igual de ilegal y de injusto pero sería coherente con la excusa que dan para el que proponen ahora.

Pero lo más demoledor de este proyecto de ley que presenta el ministerio de la ínclita Ana Mato es que "El ministerio aún ignora qué legislación habrá que modificar para crear esta base de datos, cómo accederán los empleadores a la información, ni a qué profesionales afectará".

Así hacen las leyes en este país los que gobiernan ahora. Ignorando las anteriores, los principios de derecho y las declaraciones y protocolos de justicia internacional. 
Lo que necesito es bueno y como tengo el poder legislativo hago una ley para que se produzca lo que necesito. Sin importarme si es justo o no, sin importarme si me salto las leyes internacionales y nacionales o no. Y si eso ocurre, pues la cambio y punto.
No es que importe en absoluto el futuro de un pederasta ni si un infante se queda sin paga por no arreglar su cuarto. Pero sí es importante el rumbo de futuro que emprende una sociedad. Dale a un gobierno la capacidad legal de crear listas negras y comienza a preocuparte por no estar en ninguna de ellas.
Porque hecha una siempre tendrán una excusa para justificarlas. Siempre que les venga bien, claro.

Ya tiene quien le escriba (In Memoriam)

-Tenía que llegarme hoy con seguridad -dijo el coronel.
El administrador se encogió de hombros.
-Lo único que llega con seguridad es la muerte, coronel.

Mato, del silencio socrático al hambre en el colegio

Hay personajes que no hacen otra cosa que desperdiciar ocasiones para hacer lo que mejor saben hacer, es decir, callarse. Y uno de esos personajes es la ministra de Sanidad, Ana Mato.

Mal le iba ya con su socrático enroque en el "solo sé que no sé nada" que le permitía ignorar quién pagaba sus viajes a Disneyland París, quién hacía aparecer, emulando a David Copperfield -el mago de Las Vegas, no el personaje de Dickens, por supuesto-, jaguars de a millón de euros incluidos los extras en sus garajes o qué despacho ocupaba en cada momento su señor esposo, así que decidió que tenía que saber algo.

Y, en un país en el que casi dos millones de niños viven en el límite interno de la pobreza, en el que hay cinco millones largos de parados -uno y medio de ellos sis prestación o subsidio- y 700.000 familias en condiciones de pobreza, ella descubrió que la causa de la malnutrición infantil que varios estudios internacionales han detectado en nuestro país son "los malos hábitos alimenticios".

Y tiene razón. No hay peor hábito alimenticio que no tener nada que llevarse a la boca.

Con esa afirmación ya hubiera sido suficiente para sustituir al cristo crucificado por la procelosa Mato en cualquiera delas procesiones que se nos avecinan. Pero la ministra debió pensar que saber no es suficiente. Que ella es del gobierno y tiene que arreglar las cosas.

Así que decidió poner la solución a este rampante problema en otra de las áreas que mas cuida la corte genovesa que actualmente es inquilina, por nuestros sufragios, de La Moncloa: la educación

"El Ministerio está trabajando con las escuelas para que los niños realicen una alimentación saludable, con una dieta que incluya verduras, legumbres, fruta y pescado, y para que realicen diariamente ejercicio físico".
Y de un plumazo consigue airear lo que otro de los ínclitos del Consejo de Ministros había estado intentando evitar, tapar, eludir y esconder. Que los recortes en educación lo son también sanitarios. Que el ataque a la Sanidad Pública y al Educación pública son la misma andanada contra los ciudadanos que les atacan en su salud presente y futura.
Porque otro ministerio, el de Educación, es uno de los principales responsables de la pérdida de calidad en la alimentación en los colegios, de esos mismos centros a los que Ana Mato dice que irá a pedir una dieta con verduras.
Porque han cercenado o eliminado las becas de comedor para muchas familias, porque permiten que los colegios concertados, que se mantienen con dinero público, prohíban a los alumnos llevar sus tarteras con comida o no les faciliten un microondas para calentarlos y les fuercen a comer bocadillos o la comida fría.
Porque los impagos reiterados de las comunidades autónomas bajo su gobierno, desde Madrid a Valencia, desde Castilla - La Mancha a Murcia, obligan a los servicios de catering que atienden a esos colegios a suspender el servicio o, en el mejor de los casos, a bajar la calidad de los alimentos y el tamaño de las raciones.
Porque la política de recortes de sus compañeros de Consejo de Ministros hace que haya docentes que hagan comida en sus casas para luego llevársela todos los días a algunos de sus alumnos que tienen a sus dos padres en paro y sin prestación de desempleo.
Y Ana Mato se atreve a decir que la solución a la malnutrición infantil está en comedores de colegios públicos que su propio gobierno está llevando a la precariedad y el desastre.
Y encima lo dice la titular de Asuntos Sociales, que debería saber la cantidad de recortes que ha hecho en esa materia, que debería haber respondido -si hubiera tenido respuesta- a las quejas de organizaciones no gubernamentales de todo tipo -incluidas las de su amado catolicismo- sobre el recorte en gato social que han obligado a cancelar campañas de ayuda, reparto de alimentos e incluso a cerrar comedores sociales.

Ana Mato hace lo que se ha hecho siempre, lo que cualquier gobierno haría. Vincula, salud, alimentación y educación, tirando de un triduo clásico y repetido hasta la saciedad por los expertos.
Pero ignora que su gobierno nos está negando las tres cosas y que son responsables de la malnutrición creciente porque han sacrificado la calidad alimenticia en los centros educativos en aras de conseguir dinero para otros fines y porque les están negando a las familias los recursos necesarios para alimentar bien a sus niños.
Mejor habría hecho la ministra en permanecer en su socrático "solo sé que no sé nada" y seguir preguntándose con sorpresa quién aparca coches de lujo en su garaje.

Y una multa de tráfico desnuda a Esperanza Aguirre

Lo malo que tiene el pasado es que nunca lo puedes borrar.

Este comienzo que también lo es de la canción de Café Quijano viene hoy a colación más que cualquier otro día en una jornada que está marcada por muchas cosas pero que probablemente pasará a los anales de la historia del ridículo político de este país -que ya ocupa varios volúmenes de considerables proporciones- por lo podría darse en llamar el Incidente Aguirre.

La falsamente retirada de la política ejecutiva, Esperanza Aguirre, se sube en su coche y se da a la fuga mientras unos agentes de movilidad la están multando por aparcar en el carril bus de la Gran Vía madrileña. En la huida arrolla una moto, genera  lesiones a un agente según denuncia este y monta un cisco mediático del tamaño de un continente pequeño. 
Pero lo más importante de todo este embrollo es que manda al limbo toda una carrera política o, para ser más exactos, todas las cortinas de humo en las que basaba gran parte de su carrera política.

Porque ella, que apoyaba sin crítica alguna las acciones policiales ejercidas contra otros, contra manifestantes o simples ciudadanos descontentos, ahora resulta que cuando esas acciones son ejercidas contra ella no está de acuerdo y hasta las considera ilegales.

“Después de que hiciera todos los trámites, y me devolviera la documentación, le he preguntado al agente si me iba a quitar la multa, o qué. Me ha dicho que no, y entonces le he dicho “pues me voy”, se defiende la ínclita Esperanza.
O sea, que hay que apoyar a la policía cuando retiene durante 72 horas en comisaría a Alfón sin cargo alguno, pero no hay que hacerla caso cuando un agente le dice a ella, presidenta y "lideresa" del Partido Popular Madrileño que no puede marcharse; hay que defender las actuaciones de la policía cuando carga contra profesores o profesionales sanitarios en sus manifestaciones pero no hay que quedarse en el sitio cuando le dicen a Tita Espe que no puede marcharse.
Atrás en el recuerdo quedan esos desfiles de la policía municipal frente a ella. Guardadas en el cajón de los recuerdos impropios todos esos halagos que les dedicó cuando eran "su" policía o los intentos de crearse una policía propia cuando era presidenta de la Comunidad de Madrid
Así que toda esa maraña de afirmaciones, de declaraciones grandilocuentes, de discursos e imprecaciones tejida a lo largo de años de ejercicio político en las que supuestamente consideraba a la policía como la garante de la democracia en contra de los violentos, los delincuentes y los desestabilizadores desparecen como el humo en cuanto la policía decide tratarla como trata a todos los demás ciudadanos para bien o para mal.
Y el supuesto carácter democrático de Esperanza Aguirre sigue deshaciéndose como un azucarillo en aguardiente cuando la dama del eterno Chanel sigue desgranando sus explicaciones: "Me ha explicado (el policía) que no podía irme y he decidido que eso era una retención ilegal así que me he marchado”.
Después de mi, el diluvio. O, en términos políticos "L'État, c'est moi", que diría el monarca absoluto francés.
Resulta que, como no tenemos jueces en España, ella puede decidir que eso es una retención ilegal y marcharse. Alfón, los detenidos de Ocupa el Congreso o los de las Marchas de la Dignidad no pueden, pero ella sí. Resulta que como no hay fiscales, abogados y tribunales competentes sobre ella recae la potestad de decidir si una retención es ilegal o no.
A lo mejor es que en su senectud empieza a creer que sus democráticas propuestas de eliminar el Tribunal Constitucional o el Supremo fueron llevadas a efecto o a lo mejor es que cree que el concepto de resistencia a la autoridad por el que se pretende juzgar ahora a los detenidos de las Marchas de la Dignidad solo se aplica a personas con pasamontañas y mochilas y no abuelas conservadoras que se dan a la fuga.
Y el supuesto talante democrático de Tita Espe sigue arrastrándose por el lodo de su verdadera forma de ver el poder y el gobierno en este incidente baladí que es síntoma y reflejo de otras muchas cosas.
“Lo que pasa es que el coche que tengo ahora es muy largo, para llevar a mis nietos, y le ha dado sin querer a una moto y la he tirado, pero sin darle a nadie. Eran seis policías pero ninguno estaba subido en esa moto”, explica la multada líder del PP madrileño.
¡Ole sus gónadas internas!
Si alguien tira una papelera hay que multarle, si alguien pide en la calle hay que multarle, no digamos ya si quema un contenedor -que eso es más que lógico- o si rompe un escaparate. De hecho, ella ha llegado a defender eso como actos de "terrorismo social". 
Pero que ella arrolle una propiedad pública en una huida ilegal no debe tenerse en cuenta, no debe considerarse ni siquiera una falta. Es culpa del coche, es culpa de los policías, es culpa del tráfico. En definitiva, es culpa del perverso sistema que le ha retirado el coche oficial por el poco plausible motivo de no ejercer ya la Presidencia de la Comunidad de Madrid.
Atrás, enterrados en sus discursos electorales, quedaron los párrafos en los que defendía la condición de inviolable del mobiliario público, olvidadas las arengas en las que ponía como valor fundamental el respeto del orden y de la autoridad.
Claro, como resulta que ahora ella ya no es la autoridad.

“Lo que pasa es que me estaban reteniendo para buscar una foto. Confiaban en que alguien de la calle, en plena plaza de Callao, hiciera una foto y así pudieran tenerla todos los medios para montar lío. Y por eso me he ido, para evitar que tuvieran esa foto”,  continua la procelosa Aguirre.

¡Acabáramos!

Lo que importa es la foto. Yo, Esperanza Aguirre -que no cualquier otro- tengo derecho a que nadie me fotografía, retrate o grabe en una situación que yo misma he provocado con una infracción de tráfico porque sino mi imagen de política sin mácula, defensora del orden y de la ley, puede irse a tomar por donde amargan los pepinos.
Se olvida de los circos mediáticos y convocatorias de los gobiernos de su partido para que los medios captaran en directo detenciones policiales de etarras, pasa por alto los montajes para que justo en el momento de la conexión los antidisturbios estuvieran corriendo a porrazos por Cibeles a los manifestantes. Esas fotos si pueden apañarse, pero con ella de protagonista no. Ella tiene derechos.

Debe ser que los padres de La Constitución Española y los redactores de la Declaración Universal de Derechos se olvidaron de colocar ese corolario que protegiera a Esperanza Aguirre de miradas indiscretas y públicas, cuando incumple la ley, se salta la autoridad a la torera y además huye a toda prisa por la Gran Vía de un coche de policía municipal. Aunque eso tampoco tiene que ser tenido en cuenta porque "ha sido solo un momento porque mi casa está al lado".

Pero tampoco hay que extrañarse. No es la primera vez que se da a la fuga tras cometer un delito. Se marchó del ayuntamiento dejando un agujero financiero de considerables proporciones. Y abandonó a toda prisa y por la puerta de atrás la presidencia de la Comunidad de Madrid cuando vio que todos los trapicheos realizados por sus adláteres iban a terminar salpicándola. Lo que es de extrañar es que los agentes no la hayan detenido por reincidente.

En resumen, que algo que podría no haber pasado de ser una anécdota se ha convertido en el crisol en el que se refleja el auténtico carácter que ha estado mucho años creyendo que nos engañaba sin conseguirlo.

Alguien que considera que el poder y los privilegios son inherentes a su persona, tenga cargo o no; que piensa que la ley no se le puede aplicar porque forma parte de un elite que tiene derecho a hacer lo que le da la gana, a usar a los policías como una guardia de corps cuando le viene bien pero no a respetarles cuando le causan un problema y a decidir lo que está bien y lo que está mal sin atender a lo que dicen leyes, decretos, ordenanzas, reglamentos cualquier conjunto de normas que se pueda consultar.

Cuando se tiene un pasado siempre se vuelve a él. Y cuanto más viejo eres, más fácil te resulta volver.

Eso es lo que le ha pasado a Esperanza Aguirre. Eso es lo que le ha hecho transformar un incidente de tráfico en un intento de ejercicio totalitarista del poder. 
De un poder que ya no tiene pero que sigue creyendo que le pertenece por el simple hecho de llamarse Esperanza Aguirre. Como le ocurriera en su tiempo al Rey Sol.

Gomendio, el IPhone y la defensa Bart Simpsom

Hay momentos en los que la autojustificación es divertida. 
Contemplar como algún adolescente bordea el ridículo para explicar sus regresos etílicos a altas horas de la madrugada o como un adulto se enfanga en un laberinto de explicaciones en una defensa numantina de un acto indefendible puede hasta resultar gracioso y si no que se lo pregunten a los guionistas holliwoodienses de comedias románticas. Pero hay otros momentos en los que simplemente resulta bochornoso. 

Cuando un responsable político que lleva varios años al frente del sistema educativo echa balones fuera y pretende justificar unos resultados con la defensa Bart Simpsom de "yo no he sido, nadie me ha visto, no hay pruebas", la sonrisa se te congela en los labios y se torna en mueca como mínimo de desdén.

Y eso es lo que ha hecho y está haciendo Montserrat Gomendio, la número dos del ínclito ministro Wert, con los últimos resultados de ese famoso Informe Pisa que la educación española tiene clavado desde hace años en la planta del pie y no consigue arrancarse.

El rendimiento medio de los alumnos españoles en «resolución de problemas» en PISA 2012 es de 477 puntos, 23 puntos por debajo de la media de la OCDE (500 puntos). España ocupa el puesto 29 entre los 44 países que han realizado esta prueba y el 23 entre los 28 de los que pertenecen a la OCDE.

Y ¿qué significa esto? Pues muy sencillo. Que los alumnos españoles son casi incapaces de aplicar los conocimientos obtenidos a la vida diaria. Tienen problemas para moverse en el metro, para programar los aparatos electrónicos y hasta para utilizar la aspiradora.

En realidad todo esto no va de profesores y de centros docentes. En realidad todo esto va de adolescentes sobreprotegidos, llevados a todas partes en coche por sus padres, que no son obligados a participar en las labores domésticas -sean chicos o chicas, no empecemos con lo del machismo, por favor-, a los que se les solucionan los problemas desde su más tierna infancia para que no molesten llorando, quejándose o montándola parda en el suelo del salón mientras hay visitas.

Pero como es un informe educativo, Gomendio cree que tiene que echarle la culpa a alguien y como no va a ser ella la culpable -¡Dios nos libre!- arremete contra el profesorado.

Y les acusa de tener metodologías inadecuadas basadas en la memorización de contenidos, de no adaptar los contenidos a las nuevas tecnologías, de ser los culpables de que los adolescentes españoles no aprovechen al máximo las posibilidades de su reproductor mp3 o de su IPhone.

Y ella se sienta toda estupenda y trascendental en la mesa de una rueda de prensa y carga contra un sistema educativo que ella dirige, que ella ha podido cambiar en el tiempo que lleva como Secretaria de Estado de Educación. Como si fuera de otro ministerio, como si fuera de otro país, como si fuera de otro universo.

Como ha decidido que el profesorado, las direcciones de los centros, los rectorados universitarios y todos los que han protestado contra sus reformas y recortes son el enemigo y pertenece a la rama más recalcitrante del Partido Popular, esa que tiene como lema heráldico eso de "al enemigo ni agua", les echa la culpa del fiasco adaptativo del alumnado español.

Son los profesores y su forma de dar clase los que han provocado este fiasco. Porque en lugar de enseñar tablas de logaritmos deberían explicar el manual del IPhone, porque en lugar de dar clases de música, armonía o composición deberían enseñar a sus alumnos a descargar, convertir y programar música en mp3, porque en lugar de enseñar los mapas de movimientos de tropas en las guerras mundiales o Europa física deberían explicar el plano del metro con sus correspondencias, trasbordos y cambios de línea.

"Manifiestense menos y hagan mejor su trabajo" puede leerse en la frente fruncida de Gomendio mientras dice otras palabras.

Porque en realidad este exabrupto, este momento de autojustificación propia que arroja a los leones a todo el resto de la comunidad educativa, va de eso. De charle la culpa a aquellos que tienen que ser los culpables porque están en su contra, en contra de sus decisiones. En contra de su Reforma Educativa.

Y en ese punto es cuando la autojustificación ridícula que podría generar una sonrisa condescendiente se transforma en propaganda manipuladora que solamente mueve a la arcada y la repugnancia.

"La Locme -su ley- resolverá este problema y los docentes tienen la responsabilidad última en cambiar el método", dice Gomendio, demostrando que lo único que ha buscado todo el tiempo es vender el humo de su reforma, es justificar sus actos.
Y es lógico que la Locme solucione todos estos problemas.
Porque todo el mundo sabe que San Pablo en su carta los gálatas explica claramente cómo programar el IPhone y por eso la religión se hace contar en la media, porque de todos es sabido que no hace falta memorizar contenidos para pasar una reválida que te deja fuera del sistema educativo si la suspendes, porque todo el mundo conoce la realidad de que son los "nacionalismos excluyentes" los que complican sobremanera el mapa del metro de las principales ciudades españolas y por eso hay que estudiarlos en esos términos.
Porque seguro que la aplicación de la Locme compensa el hecho de que se hayan cerrado aulas de informática en colegios e institutos públicos por los recortes presupuestarios de su ministerio, es probable que compense de los ordenadores rotos o desfasados que no se reponen, de las horas de formación que se les han quitado a los docentes para que asuman clases masificadas, de los centros de formación del profesorado que se han cerrado uno detrás de otro en el suicidio falsamente austero que ha emprendido el actual gobierno del país de la Educación Pública..
Y sobre todo es seguro que la aplicación de la Locme compensará que la comunidad educativa española haya perdido durante la crisis al menos un 12% del gasto educativo, unos 6.300 millones de euros. Que su ministerio haya eliminado 33.000 profesores en el último año y medio y 55.000 desde el comienzo de la crisis.
Si hay que echarle la culpa a alguien, que no sean unos padres exageradamente protectores y una sociedad occidental atlántica que pretende vivir por siempre en una adolescencia de Peter Pan y Campanilla, del fiasco en la adaptación cotidiana de nuestros jóvenes es a esos recortes que impiden avanzar y evolucionar al sistema educativo. 
Y eso no lo va a solucionar la Reforma Educativa de Wert y Gomendio, que no incluye en todo su texto y desarrollo ni un solo párrafo de reforma metodológica que no sea el recurso a modos y maneras previos a La Restauración.
Gomendio lo sabe, nosotros lo sabemos y todo el mundo lo sabe. Aunque no sepamos programar el IPhone para que nos avise de los tuits de nuestros colegas. Pero ella tiene que decirlo, tiene que intentarlo. Por si cuela.
Pues se siente, señora Gomendio, no ha colado. Vuelva a intentarlo.