El Gobierno da a la zorra nuestras bajas (sin perdón)

Parece increíble, parece imposible, pero cuanto más avanza el tiempo más demuestra nuestro gobierno que no es nuestro, pese a que nosotros lo colocáramos donde está, que no tiene nada que ver con nosotros, que no le importamos lo más mínimo.

Cuando parecía que poner nuestra atención hospitalaria, y por ende nuestra vida, en manos de un triunvirato de inútiles, ladrones y avariciosos era el limite externo, la linea roja de la irresponsabilidad gubernativa, que ya era imposible llevar más allá, en mitad del hastío veraniego, cuando nos pilla con la guardia baja de las tapas y las cañas, de los viajes y los amores imposibles, nos suelta otro croché de derecha -que de izquierda estos no dan ni la hora- y nos roba la posibilidad de estar enfermos.

La corte moncloíta nos roba la enfermedad con la misma facilidad con la que nos robó la salud. Mientras mantiene con visajes patrios nuestra vista centrada en una roca inútil que dejó de servir para algo cuando la guerra en los mares incluyó submarinos y portaaviones, mientras nos hace concentrarnos en la tragedia ferroviaria con reformas que llegan tarde y que no impedirán que los conductores sigan siendo humano y cometan un fallo con el que cargarán toda su vida. Nos roba la enfermedad y se la regala a las aseguradoras.

Aunque suene extraño, aunque suene imposible, concede a las aseguradoras la posibilidad de decretar las altas médicas de las enfermedades comunes. Se la quita a los médicos -y por tanto a nosotros- y se la da a las aseguradoras -o sea a las empresas.

Y como quien en la cosa nada tiene que perder,como si nuestra salud y nuestra vida se cuantificara en millones de euros, se apoya en el argumento de que ahorrará 6.600 millones de euros. Como si eso importara, como si eso fuera determinante.

Es tan absurdo como si los reclusos de una prisión fueran los encargados de decretar las libertades condicionales, como si las juntas de adquisiciones de los museos de arte contemporáneo estuvieran formadas por pintores contemporáneos. Como si contratara a ladrones de guante blanco para vigilar la exposición de las Joyas de la Corona.

Las aseguradoras ganan más cuanto menos tiempo se esté enfermo. Es más, ganan mucho más si nadie está enfermo. Como ganan mucho más si no pagan ningún accidente de coche, como ganan más si de repente todos los seres humanos fueran inmortales y siguieran pagando religiosamente su seguro de entierro.

Ya fue un error de dimensiones megalíticas concederles la gestión de las bajas por enfermedad profesional o por accidente laboral, ya fue un ataque directo contra los profesionales sanitarios y los pacientes que fuera alguien que gana dinero con ello quien decida si una enfermedad es laboral o si se está recuperado de un accidente laboral.

Pero ahora son las enfermedades comunes. Son todas las enfermedades.

¿De verdad creen que un agente de seguros está capacitado para saber cuando una persona está curada de una depresión clínica ?, ¿en serio quieren convencernos de que una mutua, por muchos papeles y documentos que genere, va a ser consciente de cuando ha remitido a límites aceptables el dolor de una fibromialgia?

Porque todo eso son enfermedades comunes, aunque la propaganda de nuestro gobierno juegue a que creamos que se trata de las gripes y los constipados. Todas esas enfermedades y otras muchas son enfermedades comunes porque los médicos no tienen la obligación de decirle ni a la empresa ni a la mutua cual es la enfermedad común de la que están tratando al paciente y por la cual dan la baja.

De modo que ahora, sin saber realmente cual es la enfermedad que aqueja al trabajador, un chupatintas de oficina podrá "al sexto día de la propuesta dirigida a la inspección médica del servicio público de salud. Si el inspector no responde en ese tiempo, el silencio administrativo se considerará aprobación, y la mutua podrá comunicar al paciente que está de alta y sin derecho a subsidio".

Este "alta médica presunta" -así la llaman- no responderá a ningún criterio médico, a ningún concepto de salud, solamente responderá a la necesidad de las mutuas de ahorrarse dinero, de no pagar un día más, una semana más, un mes más. Solo responderá a la decisión de la zorra de qué gallina del gallinero quiere devorar.

Quitar a los médicos la decisión sobre el alta laboral para dársela a un oficinista de una mutua de seguros es lo mismo que poner a un espía enemigo a cargo del Estado Mayor de la Defensa, lo mismo que colocar a un yihadista al frente de la lucha antiterrorista, lo mismo que colocar a un maltratador al frente del Instituto de la Mujer. Es un sinónimo de fracaso y derrota. Es como poner a alguien que no es capaz de aprobar la revalida al frente del Gobierno -¡Ups, eso ya lo han hecho!-.

Y, antes de que alguno de los que defienden a capa y espada cualquier decisión del inquilinato genovés de La Moncloa por el mero hecho de que le voto hace ya casi un par de años, diré que en parte nos lo hemos buscado nosotros, que la excusa se la hemos dado nosotros. Nos lo hemos buscado con los sarpullidos repentinos cuando no se quiere ir a trabajar en los días de más presión en el trabajo, con los recursos a médicos amigos para que nos firmen bajas que luego resolvemos con un puente más largo en la playa, con bajas de meses durante un embarazo en el que nos imposible movernos, mientras luego nuestros compañeros nos ven haciendo las compras navideñas en El Corte Inglés.

El fraude en las bajas laborales puede ser un problema y de hecho lo es pero la solución no es tratar a todos como delincuentes, la solución no es fingir que las aseguradoras -que ya controlan el 80 por ciento de las bajas, pero que deben esperar a la decisión del facultativo- son entes beatíficos que no pensarán en sus beneficios a la hora de tomar esas decisiones.

Pero que una gallina se salga del corral no se soluciona poniendo a la zorra a su cuidado. Se soluciona volviéndola a llevar adentro y poniendo a un cuidador que se preocupe de ella y que sea lo suficientemente avezado en el manejo de la escopeta como para dar entre los ojos a la zorra cuando intente acercarse al gallinero.

La solución está en hacer más fuerte el sistema de inspección, en gastar más dinero en controlar esas bajas para luego ahorrarse todo lo que conllevan los fraudes en las bajas. Es concienciar a los profesionales de que ellos también pierden con las bajas fraudulentas, es retirar del ejercicio a los que participen en ellas y sancionar a los trabajadores que se demuestre que las utilizan. No darle el poder absoluto a las entidades que, con razón o sin ella, siempre considerarán por beneficio propio que toda baja es evitable.

Por cada trabajador que ha cometido fraude en su baja laboral hay un pleito contra una aseguradora, contra una mutua que no quiere hacer frente a sus obligaciones, que se intenta agarrar a la letra pequeña para no pagar los seguros, las prestaciones o los pagos que debería hacer. Puede que muchos trabajadores se hayan aprovechado de las bajas pero lo que es irrefutable es que en la naturaleza de las mutuas está el anteponer ahorrarse el desembolso económico.

Nuestro gobierno ya nos había empezado a devolver a la servidumbre con la reforma laboral, nos había abocado a los gremios feudales con la reforma educativa y nos arroja directamente a la esclavitud, al algodonal, al momento en el que no podemos estar enfermos sin que nuestro patrón nos de permiso para ello, en el que si caes  y puedes volver a levantarte tienes que seguir trabajando sin curarte las heridas.

Para así ahorrar 6.600 millones de euros que utilizar en salvar a unos bancos que han realizado el fraude de las preferentes, han amañado resultados contables, han generado un agujero financiero fraudulento, han apañado ilegalmente indemnizaciones millonarias.

Que han cometido mil veces más delitos que cualquier trabajador que haya alargado una baja o fingido un dolor de espalda para no ir tres días a trabajar.

Pero, claro, el señor del castillo puede fallar y hay que perdonarle, al esclavo no. Nobleza obliga.

El cuento de Rosell y la CEOE: Aladino (2)

Lo prometido es deuda -salvo si eres Díaz Ferrán, claro está-. Así que sigamos con el segundo relato fantástico que Juan Rosell se ha sacado de la manga para ilustrarnos sobre la necesidad de que sean los trabajadores los que asuman la siguiente vuelta de tuerca que quiere dar a nuestro yacente sistema económico para intentar en vano resucitarlo.

Vamos con el Aladino y el Genio de la Lampara. Para empezar, un mapa. Toda búsqueda del tesoro necesita un buen mapa

El cuento de Rosell pide al genio de la lámpara su primer milagro: su primer deseo. Déficit cero sin aumento recaudatorio, sin que los empresarios asuman o tengan que asumir un descenso de sus márgenes de beneficio por mor de la actividad recaudatoria.

Porque todos sabemos que el descenso en la recaudación es solamente por el descenso de la actividad económica. Nada tiene que ver el fraude fiscal empresarial que se cifra en 80.000 millones cuando hace dos años se fijaba en aproximadamente la mitad.

La subida de impuestos -que por cierto ha repercutido mucho más sobre el IRPF y los rendimientos del trabajo que sobre el Impuesto de Sociedades y loas rentas del capital- ha llegado a su límite de eficacia porque los que pagan no pueden compensar las inmensas cantidades que no aportan los que no pagan.

Y, le guste o no al cuentacuentos empresarial, los que no pagan son fundamentalmente sus representados, los empresarios y las corporaciones que o eluden con lagunas legales sus responsabilidades tributarias o directamente defraudan y se llevan el dinero a la Confederación Helvética.

Y, por supuesto, una amnistía fiscal que ha renunciado al 90% de todos esos capitales para que los ladrones se rediman.

Y por si el primer milagro solicitado al genio de la lampara no pudiera cumplirse, el presidente de unos empresarios que no aceptan ni la responsabilidad en el fiasco ni el sacrificio para salir de sigue pidiendo deseos, sigue creyendo que con acariciar la lampara se le dará todo aquello que exige.

Primer deseo:

Se eliminará el distinto tratamiento fiscal, igualando el tratamiento de las empresas y sus beneficios al de las personas físicas y sus rendimientos del trabajo. De manera que los beneficios empresariales no tributen en menor medida. Así todo español pagará a Hacienda en función de sus ingresos, independientemente de como los obtenga. Todos salvo aquellos que solamente muevan capitales de un lugar a otro en fondos de inversión. Esos tributarán más ¿por que? Porque como no aportan ni producto, ni innovación ni empleo tienen que compensarlo con lo único que tienen: dinero. Deseo Concedido.

Segundo deseo:

Se penalizará fiscalmente a todo aquel empresario que no reinvierta un tercio de sus beneficios netos en I+D o reinversión productiva. Se dejará de considerar las "inversiones" no justificadas o no destinadas a la actividad empresarial como tales y la empresa tributará por ellas como bienes de lujo. Los empresarios que inicien con sus beneficios nuevas actividades empresariales recibirán una rebaja fiscal en función de los nuevos empleos que creen, sin incluirse los empleos que trasladen de una empresa a otra. No se considerará inicio de nueva actividad empresarial la división en diferentes empresas de una sola. Deseo concedido.

Tercer Deseo:

¿De verdad está frotando la lampara para pedir que sus deudas no sean efectivas?. Parece difícil. Pero vamos a ello.

Las deudas en cotizaciones a la Seguridad Social serán detraídas directamente de la parte de los beneficios netos que no sean reinvertidos o distribuidos entre los trabajadores -ya sea en beneficios o en dinero-, así desaparecerán. Las deudas tributarias podrán ser diferidas o demoradas siempre y cuando se presente la documentación necesaria que justifique que su importe ha sido destinado al pago de proveedores o de deudas con los trabajadores. Se imposibilitará el reparto de dividendos entre los accionistas mientras cualquiera de estas deudas esté vigente, haciendo con ello que también los socios financieros contribuyan al pago de esas deudas. Deseo concedido.

Cuarto Deseo:

Deseo Concedido, sin más. Por una vez y sin que sirva de precedente, el genio de la lampara empresarial piensa con el cerebro y no con su patológica avaricia.

Quinto deseo:

Aunque es algo redundante con el segundo. Se obligará a destinar el mencionado porcentaje de los beneficios a I+D e innovación y solamente se desgravará por él cuando la innovación esté realmente implementada. Deberá presentarse una memoria de cada proyecto de I+D o de innovación que tendrán que ser aprobados como tales por un organismo independiente. Quedan excluidas de esta consideración de I+D la redacción, copia o plagio de informes de mercado, expansión o cualquier otro tipo, la reforma de sedes o de redes informáticas que solamente supongan un cambio de hardware y software básico, la elaboración de páginas wed, redes sociales o espacios virtuales, etc. Es decir, lo que los empresarios españoles vienen presentando como I+D cuando en realidad es solamente salir del pleistoceno. Todas esas actividades se considerarán inversión productiva, pero no I+D ni innovación. Deseo concedido.

Sexto deseo:

Este mola. El Estado aplicará desgravaciones a los procesos de internacionalización cuando estos estén en marcha. No se consideraran como tales viajes de "chupipandi" empresarial a China, Las Barbados o Japón, los fines de semana con acompañante en Nueva York en un seminario en el que los conferenciantes hablan en inglés mientras el empresario participante solamente sabe decir sí en esa lengua, las cenas y comidas con empresarios extranjeros en Marbella, Ibiza o La Toja -¿alguien hace todavía negocios en la Toja?. Solamente se desgravarán los gastos de implantación de la internacionalización y las inversiones reales para ella. Siempre y cuando, eso sí, no supongan una destrucción del tejido productivo y empresarial en España, ni la deslocalización en terceros países de centros de producción.

En caso de que esto se produzca no solamente no se desgravarán los gastos de la empresa sino que se consideraran productos extranjeros, sujetos a gravámenes, todo lo producido en esos centros internacionales. Si son en países de la UE se calculará la diferencia entre el rango laboral e impositivo de ese país con España para fijar el gravamen. Deseo Concedido.

Quizás Juan Rosell no sabe que los deseos de la lampara siempre suelen tener trampa, quizás aún no ha descubierto que Aladino quedó mucho peor después de solicitar sus deseos al genio que antes de pedirlos. Quizás se de cuenta de que no puede exigir a un gobierno que se imponga e imponga a otros sacrificios solamente para que el y sus colegas puedan vivir mejor cuando no han hecho absolutamente nada por salir de esta crisis mortal del sistema económico. Quizás deje de creer en los cuentos de Las Mil y una Noche.

Pero me temo que no...

El cuento de Rosell y la CEOE: La Lechera (1)

Debe ser que me aburro con esto de las vacaciones estivales en espera de viajar a lugares donde la vida es otra cosa, se la juegan de otra manera y los recuerdos y las compañías te hacen percibirla de otra forma. Pero sea como fuere me ha dado por leer cuentos y me encontrado uno escrito ni más ni menos que por Juan Rosell.

¿Se acuerdan de Rosell, ese empresario que sustituyó al frente de los empresarios españoles a un actual reo de no se cuantos delitos empresariales? Pues bien, el chico, como ve que esto de la reforma laboral del Gobierno Popular no va bien, como ve que pese a que dejado a seis millones de personas sin empleo no le ha hecho ganar más dinero, pues pide otra vuerta de tuerca.

Pocas de las medidas que propone tienen desperdicio. Pero antes de entrar en honduras -no en Honduras, aunque nuestro mercado laboral se parece cada vez más al hondureño, con todos los respetos-. Hay que analizar los principios del documento, que en esto tan importantes son los principios como los finales.

Desde luego hay que estar de acuerdo. Ya nadie confía en que los empresarios españoles -gracias a sus principales representantes públicos- sean capaces de superar su condición de patronos novecentistas para constituirse en verdaderos empresarios.

Es lógico que el aumento de la confianza no llegue de un día para otro. Nadie va a creerse que de la noche a la mañana un colectivo que ha estafado de forma sistemática 80.000 millones de euros al fisco, albergando capitales en paraísos fiscales, deje de hacerlo; nadie va a olvidar en un abrir y cerrar de ojos que empresas en su día emblemáticas como Pescanova, Marsanz u otras muchas han caído en quiebras fraudulentas, amaño de balances, compraventas ilegales y un sinfín de delitos e irregularidades para que sus directivos se embolsaran inmensas cantidades de dinero, dejando a sus empresas a la cuarta pregunta y a sus empleados, acreedores y proveedores con una mano delante y otra detrás.

Y por supuesto nadie va a olvidar de repente que esos empresarios, que ahora reclaman confianza como si la desconfianza fuera culpa de otros, han protagonizado amaños con elementos corruptos de los gobiernos de todos los partidos. Han participado en concesiones nepotistas de servicios que nunca se llegaron a fiscalizar, han realizado ERES fraudulentos para repartirse los beneficios, han creado una burbuja que estalló mientras ellos escapaban con sus fortunas acumuladas, dejando viviendas a medio hacer, urbanizaciones sin construir y créditos bancarios sin pagar.

No puedo estar más de acuerdo con el señor Rosell en que, con ese panorama, resulta más que difícil recuperar la confianza. Sobre todo para aquellos pobres ilusos que alguna vez la tuvieron realmente.

Y no puedo por menos también que estar de acuerdo con los caminos indicados por el nuevo pero nada innovador presidente de la CEOE para conseguir esa mejora de la confianza.

Claro que hay que mejorar los fundamentos para demostrar que España ya no permite esas cosas. Esas reformas económicas significarán cambiar la legislación sobre delitos fiscales, sobre quiebras fraudulentas, sobre evasión de capitales, sobre alzamiento de bienes, etc, etc etc., para que se tenga que pagar lo que se adeuda o incluso hacer una dura ley que permita confiscar todo el dinero evadido.  Así dejaremos claro que ya no se consiente.

Y tendremos que ser mucho más competitivos. Impidiendo que se declaren y desgraven como inversiones empresariales, pisos en el Barrio de  Salamanca, Viajes a las Maldivas con un grupo de coristas -¿aun existen coristas, por cierto?, joyas de aniversario para la esposa o el marido, coches deportivos para los hijos o cualquier otra "inversión necesaria", mientras se sigue usando maquinaria digna de museo que origina accidentes laborales, se sigue sin invertir en seguridad laboral o se sigue sin trasformar los procesos productivos o sin pagar a los trabajadores la especialización y los conocimientos.

Y, claro, para atraer a esa competitividad internacional habrá que asegurar a las empresas que los políticos no van a conceder las contratas públicas a sus amigos y familiares, habrá que dejarles claro que si se les pilla en una de esas de regalos bajo cuerda, compensaciones en negro o dádivas bienintencionadas, se les prohibirá operar en nuestro país además de que sus directivos irán a la cárcel a hacer compañía al político sobornado. 

Supongo que a eso se refiere el bueno de Rosell con sus reformas económicas y sociales para mejorar la confianza. Porque al fin y al cabo en quien no confiamos es en los empresarios y en sus formas de hacer las cosas, que son los que han originado este fiasco.

Y por eso también estoy de acuerdo con los caminos que ha elegido para presidente de la patronal que se niega a dejar de serlo para convertirse en empresarios de verdad como ejes fundamentales de esas reformas.

Muy razonable. Porque aumentar la productividad supone forzar -sí, forzar ¿acaso los empresarios tienen inmunidad ante la ley?- a la reinversión productiva, castigar fiscalmente a aquellos que no reinviertan sus beneficios en la mejora de su empresa, en el aumento de la productividad.

Porque aumentar la productividad de un sistema económico supone gravar por encima de las rentas del trabajo -las productivas- a las del capital, que son improductivas y meramente especulativas; supone controlar las sociedades de capital que hacen que solamente un 30 por ciento de los beneficios empresariales de este país surjan de producir algo y no solamente de mover capitales de un lugar a otro.

Porque la asignación de recursos humanos, financieros y tecnológicos a las actividades competitivas supone limitar hasta su desaparición la creación de empresas interpuestas que ejercen simplemente de testaferros, cortinas de humo y falsos proveedores de empresas que de esa manera consiguen eludir impuestos a través de actividades de intercambio de capital virtual que no generan ningún producto con el que se pueda competir en el mercado.

Porque la asignación de recursos financieros a la economía española supondrá asegurarse de que los beneficios empresariales contribuyen a crear consumo, compartiéndolos en su justa medida con los trabajadores que son los que más aportan a esos beneficios, hecha la amortización del capital invertido por el empresario.

Y por supuesto en colaboración con Europa. Para que la administración continental no acepte paraísos fiscales en los que nadie da cuenta del dinero que tiene, para no permita que se creen en países que tienen frontera con ella sociedades con un solo empleado que facturan sobre el papel miles de millones de de para no pagar impuestos en España Francia o Italia, para que no consientan que haya corporaciones que facturan sus ventas en España en una filial de un país de la UE como Irlanda, solamente porque ese país les da ventajas fiscales más allá de toda lógica.

Sin duda el presidente de la CEOE se refiere a esa competitividad, esa flexibilidad y esa optimización de sus recursos.

Porque sino es eso, solamente estará haciendo una vez más lo mismo. Vendernos el cuento de la la lechera según el cual los buenos y arriesgados empresarios necesitan no pagarnos nuestros sueldos y poder despedirnos cuando quieran para utilizar ese dinero en crear nuevos empleos que darán trabajo, generaran consumo y nos harán a todos felices aquí, en la tierra de Jauja.

Y ese ya nos lo han contado y es mentira.

Su constante incremento de beneficios en los últimos años, el continuo descenso de la inversión productiva y en I+D, el desplome del consumo y el paro galopante mientras no hacen más que sucederse los dineros escondidos y las quiebras fraudulentas dan constancia de ello.

Así que supongo que ese cuento no es el que nos está intentando contar.

Pero hay mas...

Sanidad pública, Gobierno y lo que ha pasado ya

Existe una vieja cita, como otras tantas puesta en boca de un buen puñado de personas que bien podrían haberla dicho, pero que no se sabe con seguridad si la dijeron, que reza así: "El periodista es aquel que se despierta cada día deseando que no pase nada que no haya pasado ya".

Pues bien, en esto de la venta por partes de la sanidad pública que ha comenzado el Gobierno que nos echamos encima en los últimos comicios y que su división de proyectos avanzados, en forma de gobierno autonómico de Madrid, está realizando de forma inmisericorde y sistemática, la cita nos viene al pelo.

Cada día sale a colación un nuevo dato, una nueva jugada nepotista, un nuevo informe o una nueva declaración que demuestra que lo que el Gobierno -ya sea madrileño, valenciano, castellano manchego o español en general- quiere que ocurra, ha ocurrido ya. Como muestra un botón

De repente se sabe que Sanidad, la misma Sanidad que no tiene dinero para pagar a los centros de dependientes, la misma consejería que pretende prejubilar a cientos de facultativos para ahorrarse sus nóminas, aumentó sus partidas presupuestarias en ni más ni menos que 345 millones de euros.

Uno diría que por fin han decidido gastarse el dinero en la salud de los madrileños, pero va a ser que no. Porque ese aumento presupuestario no fue al pago de las medicinas recetadas, a la atención primaria ni a ningún otro elemento asistencial. Fue al pago de conciertos con clínicas privadas y centros de gestión privada.

Lo que quieren que pase, es decir, que la gestión privada de los hospitales sea la parte del león de la sanidad pública, está pasando ya. Y lo que nosotros sabíamos que pasaría, que será más cara que la gestión directa, también está pasando ya.

¿Vemos ahora porque es bueno que "no pase nada que no haya pasado ya"? Es una cuestión de referencias.

Así que las cuentas de Sermas, la entidad que se encarga de la gestión de los hospitales y los centros de Salud se desviaron 345 millones en un solo ejercicio (2012). Y además lo hicieron porque la partida de gastos en la gestión sanitaria concertada con clínicas privadas -y hospitales de gestión privada- se incrementó más de un 50 por ciento. Resulta cuando menos curiosos que nada haya hecho nada, en plenos recortes desmedidos e inmisericordes, para ajustar ese cargo al erario público.

Dicen que es por la puesta en marcha del hospital Rey Juan Carlos de Móstoles pero lo que no dicen es que esa puesta en marcha ha supuesto apenas unos 70 millones de euros y que el resto se debe al pago de deuda acumulada de los diferentes centros privados concertados y de los hospitales de gestión privada de la red.

Así que ya no necesitamos los informes de los profesionales sanitarios -aunque los hicieron-, ya no necesitamos los informes independientes de los expertos en gestión hospitalaria -aunque también están presentados-. La privatización de la sanidad madrileña ya existe y ya nos da la razón. El futuro es presente.

Lasquetty y su privatización de seis hospitales y varias decenas de centros de salud nos prometen cien millones de ahorro al año, mientras ese modelo de gestión ya nos está costando 345 millones más de lo previsto en un solo ejercicio; Sanidad nos promete transparencia y claridad a la hora de la gestión mientras ahora ya se niega a dar los datos económicos de Serma a la oposición, los profesionales y la ciudadanía para que sepamos en quien o en qué se han gastado ese dinero.

Y así con todo. Recortan en gastos de limpieza en los hospitales públicos, en personal, en comida mientras aumentan partidas destinadas a cubrir los agujeros que la gestión privada ha creado en los balances de los hospitales ya privatizados.

Y no solo en Madrid, sino en Valencia, en Catalunya, en Baleares. En todos los lugares donde se aplica este intento de convertir la sanidad pública en un negocio rentable para unos pocos y peligroso para todos los demás.

La Sindicatura de Compras de la Comunitat Valenciana presenta un informe en el que asegura que las resonancias magnéticas son más baratas dentro del sistema de gestión directa que "externalizadas". Un negocio de 21.000 millones de euros que manejan desde 2008 las empresas de personas afines a Zaplana e incluso miembros del PP y que ha hecho gastarse al erario levantino 16 millones de euros más de los necesarios cada año; En Catalunya no hay día que no se descubra que algún cargo cobró o recibió cualquier cosa a cambio de una concesión, una externalización o cualquier otro chanchullo sanitario; la Santa Cospedal y su consorte, Lamela, Beccaria, y un largo etcétera de nombres y apellidos, colocados en la sanidad privada de repente, por la tremenda nos lo dicen a gritos.

Ya no tenemos que esperar a ver qué hacen con la gestión privada de la sanidad. Ya sabemos lo que están haciendo, como la están gestionando y cuales son los objetivos que buscan. Ya sabemos que no es por ahorro, es por negocio nepotista y propio; ya sabemos que no es por necesidad, es por avaricia; ya sabemos que no está pasando nada que no haya pasado ya.

Ya ni siquiera tenemos la excusa del beneficio de la duda para no estar en contra suya. Ni siquiera aquellos que día les votaron.

Catalá, Burjassot y el síndrome del ladrón Gestas

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Hay regiones que para bien o para mal son siempre la punta de lanza de algo. Son el espejo en el que se mira el resto del país para conocer deforma oracular su futuro.

Y la Comunitat Valenciana pera desgracia de sus habitantes y de su futuro es el espejo mágico en el que el resto de España observa estremecida lo que les espera, lo que ya les está llegando. Lo que se nos viene encima.

Si hay un reflejo que asusta, ese es el de la educación pública valenciana. Destruida mucho antes que las demás por décadas de gobierno del Partido Popular, por lustros continuados de una forma de hacer política basada en el nepotismo, los egos faraónicos de sus gobernantes y el servilismo ideológico de sus administradores.

Y como cualquier espejo mágico tiene que tener ante él una bruja que se cree bella e inteligentemente maquiavélica y que no es otra cosa que un compendio de podredumbre interior, Valencia y el espejo roto de su educación tienen a María José Catalá.

Ya les ha tocado el turno a muchos. Colegios que pierden el transporte escolar por un cambio de criterios injusto y ven inundarse sus instalaciones precarias en Montserrat, la perdida de becas de comedor, de bus infantil o de becas de libros como en El Saler y otros muchos, centros que ver llenarse de barro los barracones a los que están condenados desde 2008 como el sin nombre 103.

Y ahora les toca el turno a los padres, los profesores y los alumnos de Burjassot, encerrados contra toda esperanza de que el espejo de la educación valenciana y de la falsa reina que la dirige refleje por fin un poco de cordura.

Ellos tenían un colegio y el colegio se hizo viejo, tan viejo como la política de destrucción de la educación pública que lleva a cabo la Consellería de Educación de Catalá. Y ahora se cae ante sus ojos.

El Ayuntamiento quiere que se rehabilite, ellos quieren que se remoce y se recomponga, los alumnos y los profesionales docentes quieren que se mantenga. 

Y ante el nuevo problema, Catalá mira otra vez a la educación pública a través de su distorsionado espejo de ideología rancia y servilismo a una obra religiosa que dirige sus pasos en lo privado y en lo público la ve como un obstáculo, como una carga y de nuevo recurre a la locura para solucionar su dilema.

Su espejito le dice que debe dividir a los alumnos del colegio entre otros centros en lugar de rehabilitarlo y arreglarlo. Que el rendimiento del centro no importa, que los derechos de padres y alumnos no importan, que solamente existe su locura y los objetivos que esta la impone.

La misma locura que la llevó a medir en linea recta los kilómetros para el transporte en una carretera con más curvas que las caderas de Monica Belucci, a eliminar las becas de comedor o de libros. La misma demencia ideológica que le hace mantener a centenares de alumnos a lo largo de toda la Comunitat Valenciana chapoteando entre barro y humedades mientras estudian historia o matemáticas, la que la obligó a cargar contra los profesores interinos y mandarlos a casa privando a alumnos de los docentes necesarios.

Catalá insiste con el colegio de Burjassot en su locura, negándose a aceptar el regalo de terrenos del Ayuntamiento para que instale un colegio provisional mientras se dedica en otras localidades a regalar terrenos a entidades religiosas para que abran colegios, sigue alegando falta de dinero y de recursos mientras renuncia a los ingresos impositivos y por la venta de terrenos regalándoos para que aquellos que, en contra incluso de las palabras de su pontífice, prefieren evangelizar a educar.

Y lo del colegio de Sant Joan de Ribera en Burjassot sería uno más de los síntomas de esa dualidad esquizoide que sufre la Consellera de educación que, llevada a la dicotomía entre servir a su dios de la obra y a sus ciudadanos la hace una y opta vez elegir al mito de la zarza por encima de aquellos a los que debería servir como política.

Sería lo mismo si no fuera además un robo.

Porque Catalá tiene el dinero, Catalá tiene las aportaciones económicas necesarias para la reconstrucción del colegio de Burjassot que permitiría a todos los alumnos seguir estudiando en el centro. Las tiene pero no son suyas. Las guarda pero no le pertenecen, las esconde pero no son de su propiedad.

Son del Banco Europeo de Inversiones y se las dio precisamente para eso. Y ese dato solitario cambia el cuento. Transforma a la malvada madrastra y la falsa reina del espejito mágico en un personaje diferente, en el evangélico Gestas cualquiera, en una ladrona

Así que, si no las utiliza en esa función, está robando; si pretende redistribuir a los alumnos en otros centros, cerrar el Sant Joan de Ribera y utilizar el dinero en compensar las perdidas financieras que su incondicional apoyo a los colegios e instituciones educativas religiosas del Opus Dei crean en los presupuestos de su consejería, está robando; si deja que se hunda el colegio mientras concede beneficios a otro religioso el año que viene o al siguiente para que compense su desaparición, está robando.

Si pone ese dinero al servicio de su concepto sectario de la educación como evangelización y de lo público como lastre que impide el control ideológico de las futuras generaciones, está robando.

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Porque si el Banco Europeo de Inversiones estuviera preocupado por la reevangelización de Europa habría dado el dinero al Vaticano, porque si el Banco Europeo de Inversiones hubiera querido que se cerrara el San Joan de Ribera hubiera sufragado su demolición

De modo que Catalá no tiene derecho a tomar esa decisión, no puede, por más que su distorsionado espejito de poder y santidad le de esa orden, dejar de usar el dinero para el fin para el que fue concedido a su gobierno y a su consellería.

Y a los padres y madres de Burjassot, a los profesionales docentes y a todos los valencianos en general les toca recordárselo.

Al fin y al cabo robar es un pecado y ella, devoradora ávida de esas lecturas, debe saber mejor que nadie como acaban los ladrones en su visión religiosa del mundo. Crucificados, al lado de su dios, pero crucificados.