Parece increíble, parece imposible, pero cuanto más avanza el tiempo más demuestra nuestro gobierno que no es nuestro, pese a que nosotros lo colocáramos donde está, que no tiene nada que ver con nosotros, que no le importamos lo más mínimo.
Cuando parecía que poner nuestra atención hospitalaria, y por ende nuestra vida, en manos de un triunvirato de inútiles, ladrones y avariciosos era el limite externo, la linea roja de la irresponsabilidad gubernativa, que ya era imposible llevar más allá, en mitad del hastío veraniego, cuando nos pilla con la guardia baja de las tapas y las cañas, de los viajes y los amores imposibles, nos suelta otro croché de derecha -que de izquierda estos no dan ni la hora- y nos roba la posibilidad de estar enfermos.
La corte moncloíta nos roba la enfermedad con la misma facilidad con la que nos robó la salud. Mientras mantiene con visajes patrios nuestra vista centrada en una roca inútil que dejó de servir para algo cuando la guerra en los mares incluyó submarinos y portaaviones, mientras nos hace concentrarnos en la tragedia ferroviaria con reformas que llegan tarde y que no impedirán que los conductores sigan siendo humano y cometan un fallo con el que cargarán toda su vida. Nos roba la enfermedad y se la regala a las aseguradoras.
Aunque suene extraño, aunque suene imposible, concede a las aseguradoras la posibilidad de decretar las altas médicas de las enfermedades comunes. Se la quita a los médicos -y por tanto a nosotros- y se la da a las aseguradoras -o sea a las empresas.
Y como quien en la cosa nada tiene que perder,como si nuestra salud y nuestra vida se cuantificara en millones de euros, se apoya en el argumento de que ahorrará 6.600 millones de euros. Como si eso importara, como si eso fuera determinante.
Es tan absurdo como si los reclusos de una prisión fueran los encargados de decretar las libertades condicionales, como si las juntas de adquisiciones de los museos de arte contemporáneo estuvieran formadas por pintores contemporáneos. Como si contratara a ladrones de guante blanco para vigilar la exposición de las Joyas de la Corona.
Las aseguradoras ganan más cuanto menos tiempo se esté enfermo. Es más, ganan mucho más si nadie está enfermo. Como ganan mucho más si no pagan ningún accidente de coche, como ganan más si de repente todos los seres humanos fueran inmortales y siguieran pagando religiosamente su seguro de entierro.
Ya fue un error de dimensiones megalíticas concederles la gestión de las bajas por enfermedad profesional o por accidente laboral, ya fue un ataque directo contra los profesionales sanitarios y los pacientes que fuera alguien que gana dinero con ello quien decida si una enfermedad es laboral o si se está recuperado de un accidente laboral.
Pero ahora son las enfermedades comunes. Son todas las enfermedades.
¿De verdad creen que un agente de seguros está capacitado para saber cuando una persona está curada de una depresión clínica ?, ¿en serio quieren convencernos de que una mutua, por muchos papeles y documentos que genere, va a ser consciente de cuando ha remitido a límites aceptables el dolor de una fibromialgia?
Porque todo eso son enfermedades comunes, aunque la propaganda de nuestro gobierno juegue a que creamos que se trata de las gripes y los constipados. Todas esas enfermedades y otras muchas son enfermedades comunes porque los médicos no tienen la obligación de decirle ni a la empresa ni a la mutua cual es la enfermedad común de la que están tratando al paciente y por la cual dan la baja.
De modo que ahora, sin saber realmente cual es la enfermedad que aqueja al trabajador, un chupatintas de oficina podrá "al sexto día de la propuesta dirigida a la inspección médica del servicio público de salud. Si el inspector no responde en ese tiempo, el silencio administrativo se considerará aprobación, y la mutua podrá comunicar al paciente que está de alta y sin derecho a subsidio".
Este "alta médica presunta" -así la llaman- no responderá a ningún criterio médico, a ningún concepto de salud, solamente responderá a la necesidad de las mutuas de ahorrarse dinero, de no pagar un día más, una semana más, un mes más. Solo responderá a la decisión de la zorra de qué gallina del gallinero quiere devorar.
Quitar a los médicos la decisión sobre el alta laboral para dársela a un oficinista de una mutua de seguros es lo mismo que poner a un espía enemigo a cargo del Estado Mayor de la Defensa, lo mismo que colocar a un yihadista al frente de la lucha antiterrorista, lo mismo que colocar a un maltratador al frente del Instituto de la Mujer. Es un sinónimo de fracaso y derrota. Es como poner a alguien que no es capaz de aprobar la revalida al frente del Gobierno -¡Ups, eso ya lo han hecho!-.
Y, antes de que alguno de los que defienden a capa y espada cualquier decisión del inquilinato genovés de La Moncloa por el mero hecho de que le voto hace ya casi un par de años, diré que en parte nos lo hemos buscado nosotros, que la excusa se la hemos dado nosotros. Nos lo hemos buscado con los sarpullidos repentinos cuando no se quiere ir a trabajar en los días de más presión en el trabajo, con los recursos a médicos amigos para que nos firmen bajas que luego resolvemos con un puente más largo en la playa, con bajas de meses durante un embarazo en el que nos imposible movernos, mientras luego nuestros compañeros nos ven haciendo las compras navideñas en El Corte Inglés.
El fraude en las bajas laborales puede ser un problema y de hecho lo es pero la solución no es tratar a todos como delincuentes, la solución no es fingir que las aseguradoras -que ya controlan el 80 por ciento de las bajas, pero que deben esperar a la decisión del facultativo- son entes beatíficos que no pensarán en sus beneficios a la hora de tomar esas decisiones.
Pero que una gallina se salga del corral no se soluciona poniendo a la zorra a su cuidado. Se soluciona volviéndola a llevar adentro y poniendo a un cuidador que se preocupe de ella y que sea lo suficientemente avezado en el manejo de la escopeta como para dar entre los ojos a la zorra cuando intente acercarse al gallinero.
La solución está en hacer más fuerte el sistema de inspección, en gastar más dinero en controlar esas bajas para luego ahorrarse todo lo que conllevan los fraudes en las bajas. Es concienciar a los profesionales de que ellos también pierden con las bajas fraudulentas, es retirar del ejercicio a los que participen en ellas y sancionar a los trabajadores que se demuestre que las utilizan. No darle el poder absoluto a las entidades que, con razón o sin ella, siempre considerarán por beneficio propio que toda baja es evitable.
Por cada trabajador que ha cometido fraude en su baja laboral hay un pleito contra una aseguradora, contra una mutua que no quiere hacer frente a sus obligaciones, que se intenta agarrar a la letra pequeña para no pagar los seguros, las prestaciones o los pagos que debería hacer. Puede que muchos trabajadores se hayan aprovechado de las bajas pero lo que es irrefutable es que en la naturaleza de las mutuas está el anteponer ahorrarse el desembolso económico.
Nuestro gobierno ya nos había empezado a devolver a la servidumbre con la reforma laboral, nos había abocado a los gremios feudales con la reforma educativa y nos arroja directamente a la esclavitud, al algodonal, al momento en el que no podemos estar enfermos sin que nuestro patrón nos de permiso para ello, en el que si caes y puedes volver a levantarte tienes que seguir trabajando sin curarte las heridas.
Para así ahorrar 6.600 millones de euros que utilizar en salvar a unos bancos que han realizado el fraude de las preferentes, han amañado resultados contables, han generado un agujero financiero fraudulento, han apañado ilegalmente indemnizaciones millonarias.
Que han cometido mil veces más delitos que cualquier trabajador que haya alargado una baja o fingido un dolor de espalda para no ir tres días a trabajar.
Pero, claro, el señor del castillo puede fallar y hay que perdonarle, al esclavo no. Nobleza obliga.
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