El PP y De Cobos eligen a Lenin y no a Tayllerand

Hay corrupciones que atentan contra el más mínimo sentido democrático porque desestabilizan las instituciones hasta tal punto que resulta imposible confiar en ellas. La captura de dinero público a cualquier precio para engordar los bolsillos propios o allegados es una de esas corrupciones, el reparto de dádivas, concesiones y favores nepotistas es otra y así se podrían citar otras muchas.

Pero hay formas de corrupción mucho más perversas, mucho más peligrosas. Son aquellas que no desestabilizan el sistema democrático sino todo lo contrario. Son aquellas que lo hacen completamente estable e inmutable: estable en la injusticia.

Y la última descubierta del Partido Popular es una de esas perversas y peligrosas porque afecta a uno de los pilares básicos del Estado de Derecho. Por si alguien dudaba del intento desesperado y desesperante del emporio moncloita por controlar el sistema judicial con las leyes e involuciones sacadas de la mente del ministro Ruiz-Gallardón, Francisco Pérez de Cobos se ha encargado de ratificarlas desde su recientemente estrenado sillón de Presidente del Tribunal Constitucional.

El Partido Popular está dispuesto a pervertir, a corromper, el poder judicial en un intento de controlar ad eternum ese poder del Estado en su propio beneficio. Por eso Gallardón hace una ley que pone a los jueces al arbitrio del legislativo y que prácticamente convierte el Consejo General del Poder Judicial en una agrupación local de su partido.

Y por eso en el más esperpéntico y burdo intento de manipulación de la administración de justicia que se recuerda desde el Caso Dreyfus, no le duele en prendas colocar al frente del Tribunal Constitucional a un militante de su partido.

Porque, déjenme que lo repita despacio, Francisco Fernández Cobos es militante del PP. 

No puede serlo como juez, el propio desarrollo legal de la Constitución de la que ahora es máximo garante se lo impide, pero lo es; la propia lógica de la independencia de su cargo se lo prohíbe, pero lo es; la más mínima ética en el desarrollo de su supuesta vocación de justicia debería hacerle rechinar los dientes con solamente pensarlo, pero lo es.

Y el Partido Popular lo sabe, sabe que contribuyó a sus arcas con poco más de treinta euros anuales -la cuota mínima de una afiliado- durante cuatro años, sabe que eso no puede hacerlo ni siquiera un juez de instrucción porque significa vincularse a un partido, sabe que eso desde luego le incapacita para dirigir el Tribunal Constitucional, sino para el ejercicio de la justicia.

Pero le da igual porque hace tiempo que al Partido Popular esas cosas dejaron de importarle. Hace tiempo que dejó de considerar la democracia y el Estado de Derecho como un paso imprescindible e irrenunciable para el ejercicio del poder. Le da igual porque su deriva totalitaria ya se ha transformado en un tsunami que ahoga todo el sistema, que impregna todas y cada una de sus decisiones.

Los recortes y las mentiras electorales del Partido Popular le hicieron perder la calle pocos meses después de ganar La Moncloa. La sociedad se volvió en contra suya y entonces se vio enfrentado a la mítica elección que proponía un incombustible político francés.

"Cuando se prevé o se descubre un conflicto hay una única decisión que marca el devenir futuro de la historia: la elección entre el arma de la diplomacia o el enfrentamiento armado para prevalecer en ese conflicto", decía Charles Maurice de Tayllerand, el político que consiguió sobrevivir al Antiguo Régimen, la Revolución Francesa, el Imperio Napoleónico y la Restauración Borbónica.

Y cuando el Partido Popular cuando atisbó el conflicto social que sus mentiras electorales y sus decisiones injustas iba a provocar, optó por el enfrentamiento armado.

Por eso envió a antidisturbios contra huelguistas, por eso, por eso reprimió a profesionales sanitarios con Unidades Policiales de Intervención, por eso detuvo a activistas como si se tratara de terroristas, por eso incomunicó durante días a manifestantes como si se trataran de espías enemigos del Estado.

Por eso lanzó a sus voceros a exigir que se controlara el derecho de manifestación, por eso se sacó de la manga una ley que convertía en delito quedar por sms o Internet para manifestarse, por eso intentó que la policía no tuviera que responder ante la ley por sus acciones.

Decidió tirar de todo su amplio arsenal  totalitario en lugar del poco bagaje democrático que pudiera esconder entre sus filas. Tiró de decreto y no de dialogo para cerrar las urgencias rurales, para privatizar la sanidad madrileña, para despedir profesores interinos, para imponer la religión en las escuelas, para sacar a los menos favorecidos del sistema educativo, para arrojar a los inmigrantes lejos de la atención sanitaria, para dejar sin futuro a los jóvenes con las becas y la reforma laboral y a los ancianos sin presente con la rebaja efectiva de las pensiones.

Y en esa elección, en ese camino por parapetarse en el enfrentamiento constante, olvidó la segunda parte de la reflexión de Tayllerand: "La ventaja de la diplomacia sobre el enfrentamiento armado radica en la mayor posibilidad que otorga a aquellos que no participan directamente del conflicto de mantenerse neutrales sin romper por ello sus alianzas".

Lanzado al enfrentamiento directo y diario con la inmensa mayoría de sectores sociales, olvido que hay un tercer poder, que hay un tercer pilar del Estado que no se controla con unas elecciones: el poder judicial.

Y fueron forzados a intervenir. Desde Estrasburgo hasta Xativa, desde La Audiencia Nacional hasta los tribunales supremos autonómicos, desde el Tribunal Constitucional hasta los juzgados de instrucción.

Y le anularon sus detenciones, le paralizaron sus cierres de urgencias, le negaron la posibilidad de modificar el derecho de manifestación, le procesaron a sus sobrecogedores corruptos, le cuestionaron su Ley Hipotecaria y le detuvieron los desahucios de sus bancos amigos, le pusieron en libertad a sus "enemigos del estado", le paralizaron cautelarmente sus privatizaciones, le procesaron a sus antidisturbios, aceptaron demandas privadas y colectivas contra ellos.

Porque en un enfrentamiento directo y armado -donde las armas de unos son las leyes unilaterales y las de otros la protesta, no nos equivoquemos de concepto, que lo de armado es metafórico- entre el poder y la sociedad la neutralidad del Poder Judicial ya no es no pronunciarse, sino todo lo contrario.

Y fue entonces cuando el Partido Popular metió al poder judicial en su lista de enemigos junto a los ciudadanos que protestaban y se manifestaban, junto a los sindicatos y los colectivos profesionales que les negaban la mayor de sus recortes, junto con la comunidad educativa que les intentaba impedir destruir la Educación Pública, junto a los medios de comunicación que les criticaban. En definitiva, junto a todos aquellos que no eran ellos o sus adláteres.

Y envió a sus sargentos en forma de diputados o de delegados del gobierno en Madrid a insultarlos llamándoles "pijos ácratas" -que es algo tan rocambolesco como decir yihadista católico, por ejemplo-, a sus tenientes a criticar las decisiones judiciales después de haber asegurado que "las respetaban", como si hubiera que darles un premio por hacer lo que tienen la obligación de hacer.

Y sobre todo lanzó a la batalla a su general con mando en esa plaza. Ruiz Gallardón diseñó y presentó leyes que pretendían castigar económicamente los recursos para privar a los pobres de la justicia, redactó proyectos que pretendían amordazar a los medios para que no informaran sobre sumarios molestos o comprometedores, dictó borradores que colocaban a las altas instituciones judiciales bajo el control directo y constante del Gobierno. Sin posibilidad de autonomía para el Consejo General del Poder Judicial. Sin capacidad de Independencia para el Tribunal Constitucional.

Porque sin controlar o sacar del tablero de juego a los neutrales no se puede prevalecer en un enfrentamiento directo. Es tan antiguo como la guerra. Es tan viejo como el totalitarismo.

Y la colocación de Fernando Pérez de Cobos al frente del alto tribunal es el último arma secreta del Partido Popular en esa guerra emprendida contra todo el resto de la sociedad española y por ende contra la administración de justicia.

Intentan colar un quinta columnista confeso -al mejor estilo del leninismo, curiosamente- para que se haga cargo del máximo órgano jurisdiccional para garantizarse el control y el apoyo de los que, por naturaleza y ética, tienen que ser neutrales.

Les da igual que por ser de los suyos ni siquiera podría ser juez, les da igual que su militancia -directa o indirecta- le incapacite para tomar decisiones independientes en contra de su propio partido. Les da igual que la ley y la Constitución especifiquen claramente que eso no puede hacerse.

Mienten y callan en sus comparecencia ante el Senado, votan a favor de un nombramiento claramente anticonstitucional, niegan la mayor de la división de poderes.

Y lo hacen porque su arrogancia y el frenesí de ese enfrentamiento contra la sociedad que han desatado les impide hacer la reflexión más lógica: les impide darse cuenta de que si los jueces sentencian en su contra a lo mejor, solamente a lo mejor, es porque no tienen razón, porque sus leyes o decisiones no son justas, no porque se hayan pasado al enemigo.

Pero no es sorprendente. Una mente totalitaria solo puede dividir el mundo en aliados y enemigos. Nunca puede reconocer que no tiene razón. Es la esencia misma del totalitarismo.

Por eso recurren al quintacolumnismo del totalitarismo leninista para corromper el sistema desde dentro  en lugar a la diplomacia dialogante de Tayllerand para intentar salvarlo entre todos..

Wert o Bárcenas, cuestión de prioridad de ejecución

Una vez más lo estamos haciendo y no sabemos cuantas van ya. 

De nuevo las andanadas visibles y sonoras que las idas y venidas de los dineros corruptos que circularon por Génova, 13 lanzan contra la misma línea de flotación de lo que hoy es nuestro país han levantado el humo suficiente como para ocultar las cargas de profundidad que el gobierno, sustentado, dirigido y formado por los "sobrecogedores" políticos del Partido Popular, han ido arrojando en el mar de fondo de nuestro futuro.

Mientras nosotros nos quebrábamos las falanges -las de los dedos, no las de la historia pretérita, que conste- golpeando el ratón con furia cada cinco minutos para contemplar la nueva declaración de Bárcenas, el nuevo documento gráfico de los apuntes corruptos o el siguiente sinsentido emitido, radiado o redactado por los implicados en ellas, el Gobierno y su ínclito ministro de Educación sacaba adelante la votación en el Congreso de la LOCME.

De nuevo hemos perdido el foco, la ocasión, el objetivo. De nuevo hemos dejado que sus problemas cobren más relevancia que los nuestros. Que su vida sea más importante que nuestro futuro.

Tras cuarenta y cinco minutos de anodina defensa, José Ignacio Wert puso a votación una ley que amenaza con transformar nuestro futuro en una vuelta a la servidumbre a través del analfabetismo funcional, en un retorno al nacional catolicismo, en una involución a los oscuros tiempos en los que el saber era un privilegio y la educación era un arcano misterioso.

Y nadie estaba allí.

Todos los políticos de la oposición que intervinieron afirmaron que ese día debería estar compareciendo Don Mariano, ese presidente nuestro que no habla ni por prescripción facultativa y no da explicaciones ni aunque la vida le vaya en ello -que es el caso-, por los papeles de Bárcenas.

¿De verdad creen que el futuro de toda una sociedad, la destrucción de expectativas de varias generaciones es menos importante que los dineros sobrecogidos en Génova?, ¿de verdad creen que sus calendaría políticos, sus cábalas electorales deben tener prioridad sobre la verdadera corrupción del Gobierno del Partido Popular, la que vende ciudadanos y servicios a quien quiera comprarlos?

De Bárcenas se podía hablar hoy, mañana, se hablará y se seguirá hablando mientras los tribunales y los papeles del encausado sigan desgranando cada una de las dádivas, de las irregularidades, de los latrocinios perpetrados al amparo de los muros genoveses.

Pero ayer era el debate sobre la LOCME, era nuestro día. Era el día de pelear por nuestro futuro.

Que Wert y sus secuaces no le den importancia a nuestro futuro no es algo que nos sorprenda. Que solo acompañen a Wert en el hemiciclo los ministros de Agricultura y Trabajo para apoyar una reforma educativa que pretende transformar a nuestros vástagos en braceros y peones mal remunerados es hasta lógico. Trágicamente lógico.

Pero el hemiciclo debería haber estado custodiado por nosotros, deberían haber tenido que votar escuchando cada segundo que estábamos en contra, que nos oponemos a ese futuro, que no queremos su evangelización en las aulas, su formación profesional de peonaje que oculte el fracaso escolar, su expulsión del sistema educativo de los que más dificultades económicas o docentes tengan. Que no queremos la segregación económica de las becas universitaria que obliga a la brillantez a los pobres y permite la mediocridad a los ricos.

Deberíamos haberles hecho saber que nos importa mucho más perder 22.000 profesores para nuestros hijos que sus sobres, que el hecho de que 70.000 de nuestros vástagos se queden sin estudios universitarios por falta de dinero nos resulta mucho más corrupto que cualquier dinero que puedan recibir bajo cuerda de un constructor, que nos parece más indignante que dejen centenares de colegios públicos venirse abajo, anegarse de barro, y caerse a pedazos que el hecho de que manejen sus dineros extras a espaldas de Hacienda en paraísos fiscales, que nos lleva a la nausea que dejen a los estudiantes sin comedor, sin transporte, sin libros y sin futuro con mucha más fuerza que todo el dinero negro, verde o gris que podamos encontrar en sus bolsillos y sus cuentas helvéticas.

Deberíamos haberles dejado claro que queremos que caigan por esa regresión educativa. Y por la venta de la Sanidad Pública, por la Dependencia, por la cultura, por la Ley Hipotecaria y los desahucios, por la gestión de los fraudes de las preferentes, por una reforma laboral que nos transforma en manufactureros chinos o hindúes.

Teníamos que haberles dejado claro que esas son las tablas que están construyendo su ataúd político. Puede que los dichosos sobresueldos de marras y los apuntes manuscritos sean los clavos que lo cierren, pero la corrupción social de la que la LOCME es uno de los mascarones de proa es lo que debe enterrarles.

Pero no lo hicimos. Nos dejamos engatusar por las andanadas de la otra corrupción, la de los dineros, mientras estallaba una de las minas de la auténtica corrupción, la del futuro.

¿Para eso se ha dejado la piel en las calles la comunidad educativa?, ¿para eso padres y profesores llevan meses clamando en el desierto?, ¿para eso rectores, catedráticos, profesores  y estudiantes han encendido las aulas y los campus?, ¿para eso sindicatos profesionales y de alumnos, asociaciones de padres y órganos consultivos han estado dando batalla día y noche?

¿Para que ahora, el día de la votación -aunque esté perdida- Wert no escuche, no perciba, no sienta, la vergüenza que nos da que sea nuestro ministro de Educación, la repulsión que nos genera el modelo de educación y sociedad que nos quiere imponer?

¿Son los sobres de Bárcenas más importantes que todo eso?

Puede que a los políticos les importe más poner el foco en los oscuros caudales del Partido Popular porque les de más réditos a corto plazo, puede que ellos tengan que echar de cuentas para mociones de censura, reprobaciones y peticiones de dimisión, pero ese es su calendario. No el nuestro.

Tenemos que aprender que nosotros les marcamos el calendario a nuestros representantes, no a la inversa. En una lucha que se ha establecido en tantos frentes, tenemos que darnos cuenta de cuales son nuestras prioridades y de por qué lo son.

Tenemos que darnos cuenta de que el calendario es nuestro, las prioridades son nuestras y el futuro debe ser nuestro.

Y luego ya crujiremos al PP por sus malditos sobrecitos. Es de suponer que para la próxima habremos tomado buena nota.

Rajoy, Mato y el epitafio de una "democracia seria"

Una de las frases más celebradas de la intervención de ayer del "sobrecogedor" Presidente del Gobierno, celebrada porque en este país de esperpento ya estamos acostumbrados a celebrar el ridículo -sobre todo si es ajeno-, fue la de "España es una democracia seria".

Pero en eso hay que darle la razón a Don Mariano. Al menos en el grado de deseo.

Queremos que España sea una democracia seria. Por eso no es de recibo que el Presidente, su gobierno y su partido pierdan horas de reunión en estrategias defensivas para ocultar su corrupción y no dediquen ni un solo minuto a intentar impedir que una reducción del 25 por ciento en las camas disponibles de los hospitales de referencia durante el verano saturen las urgencias y limiten la capacidad de asistencia sanitaria a los ciudadanos.

Deseamos una democracia seria.  Y es por ello nos resulta incomprensible que llame al orden a los pocos de los suyos que hablan abiertamente de corrupción, de sobresueldos y de irregularidades y dejen pasar que una ministra de Sanidad afirme, en unas declaraciones dignas de Malthus, Mengele o Stajanov, que los anticancerígenos “Son innovaciones que desde el punto de vista de coste-efectividad no mejoran mucho la vida del paciente, quizá apenas en unas semanas, y aunque para el que tiene a su padre o su madre afectado es importante, a niveles macroeconómicos, no es rentable..." 

Apostamos por una democracia seria. Y eso hace que nos resulte chocante que el Presidente del Gobierno pierda el tiempo chateando para consolar a un ex despechado -aunque sea un tesorero- como un adolescente de afterhours y ni siquiera se comunique con un gobierno regional de su partido al que le han paralizado la privatización de seis hospitales por indicios de delito; o que llame con urgencia al presidente de la Comunidad de Madrid para recriminarle una bronca pública con la "Tita Espe" y ni siquiera le envíe un triste sms cuando lleva meses de bronca constante con toda la comunidad profesional sanitaria y los pacientes de su comunidad, menospreciánoles e insultándoles, por su oposición a la venta a parcelas de Sanidad Pública.

Ansiamos una democracia seria. Por eso nos avergüenza hasta  el extremo que acuda pronto en defensa de la rectitud de su ministra de Sanidad cuando asoman sus viajes a Disneyland París a costa de Gürtel y no hable de ella cuando por pura soberbia impide las subastas de medicamentos en Andalucía, que suponen ahorros de hasta el 40% sin poner el riesgo la atención sanitaria; o que ponga la mano en el fuego por su su santa virginal castellano manchega cuando se la acusa de comisionar ilegalmente pero no la arroje a las llamas con la misma presteza cuando su concubino figura en los consejos de administración de las empresas sanitarias a las que se dirigen las privatizaciones sanitarias de su partido.

Por supuesto que anhelamos una democracia seria. Y es por ello que nos coloca al borde de la nausea que se gaste dinero público en campañas propagandísticas para limpiar la imagen del gobierno mientras se recorta hasta el punto de encarecer los medicamentos y dejar sin cama a 300 enfermos crónicos de larga duración y se les envía a sus casas a morir o malvivir como puedan.

Porque en eso consiste una democracia seria. En defender a los ciudadanos por encima de las maltrechas nalgas de los políticos, en anteponer los derechos y las necesidades de la sociedad a las necesidades de justificación de los que ejercen el poder. En que el Presidente del Gobierno esté pendiente de los problemas de los ciudadanos, no de sus problemas partidarios. Es esa seriedad la que le debería obligar a marcharse tras permitir la condena a la muerte y la enfermedad de muchos de sus ciudadanos. No al contrario.

Por eso lo que dice nos nos suena a defensa, nos suena a epitafio. Por eso nos provoca una risa compulsiva que justifique su desesperada aprehensión al clavo ardiendo del poder en la seriedad de nuestra democracia. O nos provocaría risa si no fuera tremendamente trágico.

Génova Corrupta, The Next Generation

Esto de las generaciones es una especie de complicado galimatías. Las hay relevantes y recordadas con nombre de pila: La Generación Perdida, La Generación Sin Sentido, la Generación Maldita o La Generación Nini; las hay importantes y con número de serie: Del 98, Del 27, Del 50, Del 70 y luego están todas las demás. Los grupos de superheroes tienen generaciones al igual que sus némesis de coaliciones de archivillanos, los equipos deportivos tienen generaciones

excepcionales que recolectan títulos y copas para sus vitrinas,  las artes escénicas tienen generaciones que llenan de glamour las pantallas, las alfombras rojas y los escenarios.

Todo el mundo tiene generaciones. Incluso los partidos políticos.

Y lo único que diferencia unas de otras, lo único que hace que unas tengan nombre y otras pasen inadvertidas para el continuo de la historia, es una decisión, un impulso colectivo: si deciden cambiar la dirección, el ritmo o el objetivo de la generación anterior o si eligen continuar en la misma linea de lo que han recibido.

Hoy, una generación entera de genoveses, de líderes políticos del Partido Popular, está en esa tesitura. 

Sus nombres reflejados en papeles manuscritos de un individuo que no tiene el más mínimo pudor en incriminarse a sí mismo cada vez más para involucrarlos a ellos les coloca en esa disyuntiva; sus apellidos reflejados en recibos de sobresueldos y pagos irregulares, en listados de sobrecogedores de pasillo y despacho, en rúbricas de entradas y salidas de dineros oscuros, les colocan en esa posición de tener que elegir entre ser una generación que cambia o una que continúa.

Porque las financiaciones irregulares -por no decir ilegales, que puede no ser lo mismo-, las comisiones recibidas, las manipulaciones nepotistas que ahora asaltan las portadas de diarios y las cabeceras de los informativos -salvo en los medios públicos, claro está- no son algo que nos venga de nuevas.

Pocos se acuerdan ya de nombres  y apellidos como Salvador Palop, Naseiro, Ángel Sanchis, Vicente Sanz o incluso un señor, muy elegante siempre, que siendo ministro se fotografiaba sonriente con otros señores que portaban banderas no constitucionales llamado Eduardo Zaplana.

Pero en esto de la corrupción financiera del PP ellos son la primera generación. Ellos son lo que Cíclope es a los X Men, lo que Góngora es al 27, lo que Lacan y Althusser a la Generación Sin Sentido, lo que el botellón a la Generación Nini.

Y los rajoyes, cospedales, saenz de santamarías y florianos de hoy deben decidir si quieren un nombre generacional diferente a todos esos personajes o simplemente están dispuestos a heredarlos.

Deben decidir si quieren como ellos, escudarse en tecnicismos, prescripciones, recovecos legales para salir bien librados de esta. Si siguen la senda del caso Naseiro en el que nadie fue culpable porque las escuchas policiales que demostraban fehacientemente la corrupción, el nepotismo y la financiación ilegal fueron obtenidas casualmente cuando se investigaba el tráfico de drogas.

Si se reúnen para poner obstáculos a la investigación, le buscan las vueltas del poder a la judicatura para salvaguardarse o tiran de rango político y gubernativo para contener el fiasco.

O bien si deciden cambiarse el nombre y romper con lo que ya se hizo una vez, con lo que se ha hecho siempre, con lo que hicieron aquellos Naseiro y Sanchís, a los que todo el mundo sabe no inocentes aunque nadie pueda llamarlos legalmente culpables.

Deben decidir si dicen la verdad, si se apartan de los escudos de su inmunidad parlamentaria y su poder legislativo cuasi absoluto para no poner obstáculos, si reconocen sus errores y apechugan con ellos. Si lo hacen aunque los delitos hayan prescrito porque los saben ciertos, si no se escudan en la ley del silencio y en las triquiñuelas legales, si rompen con el lema de la anterior generación de financieros de su partido, que se resumía en la gloriosa frase del entonces presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Sanz, "Yo estoy en política para forrarme".

Pero en vista de lo acontecido en las intervenciones de ayer, en vista de los pactos con la prensa afín de Don Mariano para eludir las preguntas incómodas, de los dolorosos balbuceos de Cospedal, haciendo honor al nombre propio, parece que está claro el camino elegido.

Escuchando a Rajoy demorar unas explicaciones que le resultan imposibles de dar por que le obligarían a decir "no sé si ocurrió" y tendría que marcharse por inútil; "ocurrió y lo sabía" y debería irse por corrupto o "no ocurrió" y le obligarían a dimitir al más mínimo atisbo de mentira, se ve que ya han hacho su elección.

La generación de políticos que rige ahora los destinos del Partido Popular ya ha tomado la decisión de no pasar a la historia de su formación y de su país con nombre propio. Simplemente serán más de lo mismo, de lo que siempre ha sido y parece que no tienen el más mínimo interés en que deje de ser.

Génova Corrupta, The Next Generation.

Y sí, para que conste, el PSOE también tiene Filesa -recordatorio para cansinos autocomplacientes-.

Los números de Wert mudan el saber por un soplete

Dicen los que saben de esto, o sea, de sociología, que lo más difícil a la hora de tomar una decisión sobre una sociedad en mantenerse en ella el tiempo suficiente como para que los resultados te respalden. 

Yo diría que lo más difícil es renunciar a esa actuación cuando te das cuenta que los resultados no te respaldarán pero, como siempre, nuestro gobierno ha encontrado una solución intermedia, que no le sirve a nadie más que a ellos, pero que les asegura el éxito aparente.

En este caso la ha tocado al fracaso escolar. 

El Gobierno, con su arrogante ministro de educación cual calvo mascarón de proa, ha diseñado un modelo que arroja de la enseñanza cuanto antes a un numero cuanto más alto mejor de alumnos que tienen problemas para pasar a la primera. 

Ha decidido cambiar segundas oportunidades por un futuro en el que no existe otra salida que ser un operario sin cualificación, con bajas remuneraciones y nulas expectativas de salir de esa situación. 

Algo ideal para las empresas y sus cuentas de resultados pero relamente insostenible para una sociedad que pretende no ahogarse en un abismo cada vez más grande entre la miseria y la opulencia.

Así que para evitar que todos estos chicos y chicas que son incapaces de acabar las enseñanzas obligatorias, ahora casi un 25 por ciento del total, les estallen en la cara, Wert y su concepción estamental de la sociedad se sacaron de la manga la FP Básica, una suerte de aprendizaje de oficios que no aporta cultura, solamente habilidad laboral, que no enseña a pensar, solamente a ejecutar. Que no forma personas, solamente peones.

Pero como no las tiene todas consigo o, para ser exactos, sabe que las tiene en contra, no espera a que ese proyecto de ingeniería social que nos revierte al servilismo de sus frutos. 

Como sabe que sus revalidas, sus recortes en profesores de apoyo, desdobles, clases de refuerzo, psicólogos y su eliminación de todo lo que apoya a los alumnos que peor lo llevan originará un aumento apabullante del fracaso escolar, decide curarse en salud y garantizarse los buenos resultados. Al menos en apariencia.

Cubre su más que probable fracaso en la ingeniería social con un ejercicio arquetípico de ingeniería estadística. A partir de este momento los que saquen un título de FP Básica no figurarán en las estadísticas de fracaso escolar.

Veremos en un par de años -si consiguen llevar adelante su LOCME- como las cifras se han reducido drásticamente y nos las presentará a nosotros para las elecciones, a la Unión Europea para las ayudas y a quien sea menester para demostrar lo beneficiosa y exitosa que ha sido su reforma educativa.

Dará igual que esos títulos estén por debajo del mínimo exigido porque los que los posean no han conseguido superar la enseñanza secundaria obligatoria; dará igual que sean el producto de unas enseñanzas que solamente están encaminadas a que se aprendan los procesos de un oficio -y de solo uno- convirtiendo a los que los obtienen -y perdón por la expresión- en analfabetos funcionales en todo lo demás; dará igual que correspondan a personas que por falta de apoyo y de inversión en muchos casos no habrán superado una ESO ya depauperada, que el propio ministro considera que debe incluir la lectura, la escritura, las cuatro reglas y poco más.

Tendrán un título y yo no contarán para el fracaso escolar. El mismo ministro y el mismo gobierno que carga contra la "titulitis" universitaria ahora tira de ella para cubrir un fracaso que sabe de antemano que se producirá. 

Como si saber manejar un soplete fuera equiparable a dominar tu lengua materna, como si saber manejar una troqueladora tuviera el mismo valor docente que conocer la historia de tu país o desenvolverte de una forma medianamente aceptable con operaciones matemáticas complejas no balanceadas -siempre me ha encantado ese término, lo siento-.

Como tienen un título que les permite trabajar por 600 euros al mes sin posibilidad de dedicarse a otra cosa que no sea el oficio aprendido, revertidos a la condición de servilismo que no te posibilitaba abandonar tu oficio ni tu gremio porque nunca habías aprendido otra cosa, ya no son víctimas del fracaso escolar.

Tanto daría que se retirara también de las estadísticas a los que sacan en la mítica CCC de los anuncios radiofónicos un cursillo de guitarra eléctrica o siguen con aprovechamiento un curso veraniego de quiromasajista o monitora de fitness. Como tienen un título...

Tanto daría que saquen del fracaso escolar a todos los que aprueban la primaria o incluso la educación infantil, que yo he asistido a graduaciones de chavales de cinco años con birrete y todo. Un título es un título.

Pero claro tampoco es sorprendente porque es lo que ha hecho siempre el Partido Popular para presentar sus éxitos. 

Es idéntico a la desaparición repentina de un millón de parados de la noche a la mañana cuando José María Aznar decidió que las amas de casa y los jóvenes que no habían trabajado nunca no contaban en las estadísticas de desempleo, aunque estuvieran apuntadas en las listas del INEM; o cuando nuestro número de empresas se multiplicó por tres en un año solamente porque el mismo gobierno del PP exigió a autónomos que antes no tenían esa obligación que se dieran de alta como empresas; o los 500.000 pobres que desaparecieron del territorio patrio cuando también Aznar decidió bajar el listón de renta para considerarlos sin recursos.

Es la dinámica de siempre. Como aventuran y casi tienen la certeza de que lo que deciden hacer perjudicará a la mayoría con tal de beneficiar a la minoría que a ellos les importa, maquillan las cifras de antemano para intentar ocultarlo.

Porque el fracaso escolar de su LOCME y su FP Básica no será achacable al chaval que solamente sepa manejar un soplete o a la chica que tan solo llegue con lo puesto para hacer funcionar una troqueladora. Será el fracaso de Wert, su gobierno y su política educativa.

Y eso no pueden consentirlo.