Burocracia y miedo unen los extremos en Valencia

Alguien, hablando de esto de la política, sentenció que los extremos se tocan. Y no es que resulte darse cuenta cuando se contempla la historia. Pero a veces, en la cercanía de lo cotidiano y los pequeños detalles, esa máxima pasa inadvertida.

Se podría contar este relato: Un funcionario público pidió permiso para hablar en un medio de comunicación y  a partir de ahí hubo de tramitar la solicitud administrativa, que fue supervisada por el comisario político de su institución, que as u vez fue remitida -con apuntes y matizaciones- al agente encargado de Seguridad Interior, quien revisó el expediente del individuo y posteriormente remitió para su aprobación su informe al comité del partido, que a su vez lo puso en conocimiento del Secretario Ejecutivo del área, que decidió en consecuencia y tras sellar su autorización la remitió de nuevo a la instancia inmediatamente inferior para reproducir la cascada de aprobaciones en sentido inverso hasta llegar al solicitante. que, cuando la recibió, once meses después de la emisión del programa televisivo, la enmarco en un bastidor de nogal para justificar ante sus descendientes que él podría haber salido en Televisión.

Al leer este delirante ejercicio de burocracia ficción todo el mundo esperaría ver aparecer en algún momento las siglas KGB, el término Politburó o el acrónimo PCUS, puesto que parece digno del más puro stalinismo, de los mejores años del control acérrimo de la expresión política tras el telón de acero.

Pues bien esto no ocurrió en Volvogrado, en Leningrado ni siquiera en la eternamente fría Vladivostok, puerta temida de los gulags siberianos. Bien podría haber ocurrido en Valencia.

De hecho algo parecido ha ocurrido en Valencia donde dos profesores -dos directores de centros públicos, concretamente. fueron convocados para hablar en los medios sobre la aplicación de la malhadada LOCME y de los recortes en la enseñanza pública en el feudo educativo de la inmarcesible  consejera de Educación, María José Catalá.

En el ejercicio de totalitarismo burocrático desde que el bueno de Nikita Kruchev acuñara el axioma de que "la administración debe impedir al individuo que haga nada que pueda perjudicar al Estado" -entendido Estado como los que tienen el poder en el Estado, claro está- la Administración Valenciana de Educación le ha dado la mano ese otro extremo que tanto teme y contra el que tanto se postula una y otra vez el Partido Popular. Ha convertido al comunismo estatalista en su compañero de viaje.

Porque impedir a base de burocracia la disensión, la expresión libre de los pensamientos y de las quejas es, mal que le pese a los que ahora lo utilizan para sus fines neocon, una herramienta de control y dictadura inventada por los romanos, cierto, pero llevada a sus máximas consecuencias por los más fervientes seguidores de Josim Stalin.

Y aunque parezca imposible, si se piensa bien, es completamente normal.

Porque pese a las miles de diferencias irrelevantes, pese a la supuesta distancia ideológica y cultural, pese a la distancia histórica y al odio mutuo que el viejo dictador comunista y la consejera de Educación valenciana se hubieran profesado de conocerse, hay algo que les une, les empareja, que les hace parthenaires en la misma danza macabra sobre las sociedades que gobiernan.

No les une la ideología, no les une la economía: les une el miedo.

Miedo a que los que saben de lo que hablan puedan demostrar que ellos no saben sobre lo que legislan; miedo a que una sola palabra, un solo dato, demuestre las intenciones y los objetivos reales de sus acciones; miedo a que el poder se escape de sus manos si alguien demuestra que no lo ejercen para todos y en beneficio de todos; miedo a que los pensamientos de otros acallen sus ordenes, que las ideas de otros tiren abajo sus castillos de naipes. A que la libertad de otros ponga al descubierto su tiranía disfrazada de falsa democracia.

Y es lógico que ese miedo les una, les haga actuar de la misma manera, les haga utilizar la burocracia como mordaza de la libre expresión, como escudo contra la disensión. 

Porque para alguien que gobierna aprovechando una legitimidad otorgada para fines que no son legítimos y para los que no se le otorgó esa legitimidad, nada es más fuerte que el miedo.

Aunque este te haga ser el reflejo en el espejo de la historia se aquello que más odias.

Cospedal y el segundo nombre del Golpe de Estado

Existe una costumbre cada vez más arraigada de no llamar a las cosas por su nombre. 

La costumbre del eufemismo, del circunloquio nos invade como en su día lo hizo la del apocope que nos obligó a contraer la historia en una sola fecha reducida a una cifra y una letra.

Y si hay alguien que es un auténtico maestro en esto de las cosas dichas al revés, enunciadas a escondidas con un nombre falso, ese es el Gobierno que cargamos sobre los hombros desde nuestra última emisión de sufragios.

Tienen nombres falsos y alias para todo. Herencia recibida para incapacidad de gestión; necesidad para ideología inflexible, externalización para privatización, repunte y brotes verdes para manipulación de cifras, mejor mes de agosto en las cifras de desempleo para cero estadístico, revalorización mínima de las pensiones para pérdida de poder adquisitivo, crecimiento muy moderado de los sueldos para bajada proporcional de las nóminas, radicalismo antisistema para protesta ciudadana justificada, antidemocracia para oposición callejera a sus medidas, estabilización de la justicia para colocar a sus militantes al frente de los máximos órganos jurisdiccionales del Estado... y así un largo etcétera que les haría merecedores de un sillón en la Real Academia de la Lengua Española dedicado al eufemismo impropio.

Pero si hay, dentro de ese partido -que no de ese gobierno- alguien que ha depurado el arte de no llamar a las cosas por su nombre es la Santa Patrona del de la Austeridad, la Virgen Santa de los Recortes: Nuestra Señora de los Dolores de Cospedal.

Y lo demuestra con la última ley que pretende sacar adelante. Con la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla - La Mancha que pretende -y conseguirá- aprobar en el Congreso de los Diputados, amparada en la mayoría absoluta de su partido.

Llama a esa reforma ahorro pero resulta absurdo porque no ahorra nada por más que reduzca el numero de diputados del Parlamento castellano manchego. No ahorra nada porque, después de haberles quitado el sueldo, es absolutamente irrelevante que haya 49 diputados como ahora, 25 como ella quiere dejar o 100.00 como fueran en su día los Hijos de San Luis. Si el coste en sueldos es cero, reducir o aumentar el numero de diputados no modifica esa cuantía.

También la llama redistribución territorial pero tampoco sirve. Porque no es en nada racional que aumente el número de diputados en una circunscripción, Ciudad Real, hace un año y ahora reduzca a la mitad el numero total de diputados.

Se refiere a ello como un sistema de representación más justo. Pero falla de largo y por mucho. Porque nada de justo tiene que formaciones políticas que antes precisaban un 5% de los sufragios para entrar en el parlamento regional ahora tengan que alcanzar el 18%, mientras que las que ya tienen representación y que no han recibido esos votos se repartan los escaños sobrantes cuando no se alcance ese porcentaje -para entendernos, un 17% de la población castellano manchega podría votar a IU, por ejemplo, pero al no ser suficiente para alcanzar un escaño, ese escaño iría al partido más votado-.

Defiende que es un sistema más equilibrado pero no dice la verdad si llegar a mentir. Y volvemos a Ciudad Real.

Con las actuales reglas del juego, al PSOE le basta con superar en un 7% los votos obtenidos por el PP para desbancarles en la provincia de Ciudad Real. De superar esa frontera porcentual, 7 escaños serían para los socialistas y 5 para el PP. Sin embargo, con los nuevos cambios previstos, reduciendo de 12 a 6 el número de diputados a elegir, el partido que pretenda romper el empate deberá obtener un 20% más de votos que su inmediato rival: un escenario prácticamente imposible.

Y con todos estos eufemismos y nombres falsos la autoproclamada profetisa del recorte a ultranza y oráculo de la austeridad ciega se gana otro titulo, otra beatificación que podrá lucir con orgullo en sus tardes toledanas de mantilla y crucifijo a las puertas de la catedral: Santísima Redentora del totalitarismo.

Porque, la llame como la llame, la oculte bajo el nombre que la oculte, su reforma no es otra cosa que una lay pergeñada, ideada y redactada para garantizar su mantenimiento en el poder, para eludir y manipular la voluntad popular en el caso de que le sea adversa. Para garantizar que nadie la pueda descabalgar del caballo del gobierno que tanto tiempo, esfuerzo y cadáveres políticos arrojados dentro del armario le ha costado montar.

Por más que luego, en otro gesto de los típicos de los dictadores más recalcitrantes, se dedique a besar bebés por las esquinas.

Así que no llamemos a lo que Cospedal trama reforma estatutaria, representación equilibrada, redistribución territorial, ahorro presupuestario ni ninguno de los alias eufémicos que emplea para ella. Ni siquiera usemos los términos reforma injusta, pucherazo electoral o cambio electoralista que son los apelativos blandos usados por la oposición para denunciar esta nueva cacicada novecentista de Nuestras Señora de Cospedal, digna de los Santos Inocentes o EL Disputado voto del Señor Cayo

Cuando algo se diseña, se redacta, se presenta y se aprueba de la manera en la que se ha hecho con esto solamente tiene un nombre ajustado a la realidad. Es, simple y llanamente, un Golpe de Estado.

Las cosas por su nombre.

Wert y la soldada de los "espartanos" de la religión

Son tres mil. Tal como están las cosas no son muchos. 
Pero son los suficientes para que la partida de los Presupuestos Generales del Estado de la que salen sus sueldos signifique algo y lo simbolice todo.

Son exactamente 3.076 y son los profesores de religión que cobran un sueldo del Estado por impartir su asignatura. 

Pese a su escaso número -o quizás a causa de él- simbolizan algo. Algo que bien podía convertirles en el remedo moderno de esos tres centenares que se apiñaron en las Thermopilas para hacer lo mismo que hacen ellos -o que el Gobierno hace con ellos, para ser más exactos-: defender lo indefendible.

Y antes de que los fieles de Rouco Varela -no los fieles católicos, que con el nuevo papa una cosa empieza a no ser sinónimo de la otra- se lancen sobre mi acusándome como el egregio purpurado de una persecución religiosa similar a la soviética, un solo matiz.

Los profesores de religión son los 300 modernos espartanos de lo indefendible no porque no sea defendible que se imparta religión en los colegios, sino porque no es defendible que lo costee el Estado.

Si se utilizaran las aulas y los recursos de los centros públicos para dar religión fuera del horario lectivo, previo pago de una cuota mínima -como se hace con el karate, el violonchelo, el senderismo o cualquier otra actividad extraescolar-, nadie diría ni pío al respecto; si, al igual que ocurre con la catequesis para la primera comunión o para la confirmación, esas enseñanzas se impartieran en los centros religiosos, podrían parecernos inútiles pero las respetaríamos.

Pero el problema es que las paga el Estado, es que el Gobierno se compromete a aportar recursos a la defensa numantina de una enseñanza que solamente tiene cabida en un sistema de educación pública decimonónico y confesional. El problema es que suponen un agravio.

Y aquí, los que piensan en términos religiosos, se defienden diciendo que hay también profesores evangélicos e islámicos. Como si eso minimizara el agravio. Puede que lo minimice entre ellos, pero no con todos los demás.

Porque si un ateo convencido quiere que el Estado eduque a su hijo en el ateísmo no tiene profesores para ello. Porque si unos padres quieren que en el colegio se le impartan a su hijo clases sobre la inexistencia de dios o las diferentes teorías filosóficas que defienden esa irrelevancia del ser divino no encontrarán profesores, espacios ni presupuestos del Estado para sufragar esas enseñanzas.

Y ese es el agravio. Porque el ateísmo, el agnosticismo, el antiteismo o cualquier otra postura contraria a la religión o a su manifestación social es una creencia tan respetable como cualquiera que incluya la existencia de un ser divino. 

Y si este gobierno equipara el respeto por una creencia con el mantenimiento de los costes que supone hacer proselitismo de la misma dentro del sistema público de educación, entonces, por justicia y equidad, debería destinar presupuestos para que otros 3.076 profesores dieran clases de ateísmo a todos los alumnos de la enseñanza pública cuyos padres lo reclamaran.

Porque, en contra de los que jerarquía religiosa -cualquier jerarquía religiosa- ha intentado desde siempre vender a sus creyentes, el ateísmo no es el acto pasivo de "no creer en dios", es el pensamiento activo de "creer que dios no existe, es irrelevante o no tiene nada que ver con la humanidad".

Puede parecer lo mismo pero no lo es. Para lo primero basta con no aprender religión, para lo segundo es absolutamente necesario aprender ateísmo.

Como, por naturaleza y convicción, los ateos, agnósticos y antiteistas son enemigos de la implicación entre creencia y Estado, ninguno pide eso por pura coherencia y, amparados en la coherencia de otros, los gobernantes genoveses despliegan a toda vela su propia incoherencia y mantienen, en plena era de recortes forzados e intransigentes en la educación pública, el sueldo de unos profesores que están ahí para defender lo que el Estado no debería preocuparse por defender.

Y el enroque de rey de decir que se hace porque hay un acuerdo internacional que lo impone o porque la Constitución lo refleja indirectamente es tan insustancial como los dioses a los que se sufraga con ese dinero.

España denuncia acuerdos de pesca internacionales casi a diario, incumple tratados de reducción de emisión de gases, de protección del entorno natural o de cualquier otra cosa de forma casi sistemática y el cielo no se desploma sobre nuestras cabezas; se pretende enmendar la Constitución para introducir el perverso concepto del techo de deuda o el de equilibrio presupuestario o para algo tan baladí como que una infanta, infanzona, o lo que sea en estos momentos, alcance el rango de princesa heredera.

Así que los acuerdos internacionales y las constituciones pueden modificarse sin que tiemble el misterio y el velo del templo se rasgue por su centro.

Pero Wert y el gobierno sacro al que pretende representar -aunque el bueno de Francisco haya dejado claro que ni él ni dios son de derechas- se empeña en convertir a los 3.076 profesores de religión en la falange de los 300 hoplitas que defienden una posición irrelevante mientras el resto del ejercito persa se les cuela por los flancos y arrasa el Ática y todo lo que pilla a su paso.

Si los jerarcas episcopales españoles y las ordenes religiosas educativas quieren defender en las aulas lo que están perdiendo en la sociedad con sus modos, sus maneras y su incapacidad para evolucionar, transformándolas en las Thermopilas de su fe, están en su derecho de intentarlo.

Pero que, como Leónidas y sus chicos espartanos, se costeen ellos los hoplos, los venablos y los esclavos necesarios para esa defensa absurda e imposible.

Y luego que vuelvan a sus casas con sus escudos o sobre ellos. Al resto de la sociedad ninguna de las dos opciones le resulta relevante.

El imperio moncloita desmovliza los tercios sociales

Lo que hace de una actitud, de una acción, algo sistemático no es solo la dureza o el empeño que se ponga en ello, es el rigor y la continuidad con los que se persigue el objetivo en cuestión.

Pues bien, el hecho de que la corte moncloita esté dispuesta a cargar contra los servicios sociales municipales demuestra que su obsesión por la reducción de los mismos es un objetivo sistemático que pretende cambiar la sociedad, es una búsqueda continuada y casi compulsiva de la manera de desmantelar cualquier defensa pública a la que los desfavorecidos, los sin recursos, los arrojados a la miseria, puedan acceder.

Es algo sistemático porque , cercenados de raíz los presupuestos para asistencia social en los presupuestos del gobierno estatal, llevados al mínimo en sus dotaciones y su financiación por las comunidades autónomas en las que rige la misma corte genovesa que pusimos al frente del país en nuestra última visita a a las urnas, ahora buscan la tercera de las administraciones para poner la mano sobre el escudo social que los ayuntamientos mantienen a duras penas para proteger a parados, indigentes, dependientes y pobres de las contantes arremetidas de los recortes sanguinarios de una administración que ha dejado de ver a los ciudadanos como personas para convertirlos en impedimentos para cuadrar sus ficticios números.

Y una muestra de que en La Ley de Reforma Local el objetivo es ese y no otro es que fije su mirada en los Servicios Sociales y no en cualquier otra cosa como elemento preferencial del ahorro.

Porque si solamente se tratara de ahorrar, se buscaría primero minimizar por ejemplo plantillas de policías municipales cuyas atribuciones más allá de vigilar el ruido y los pasos de cebra se solapan -generalmente de forma conflictiva- con el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, se recortarían corporaciones, se fijaría un techo de sueldo en los representantes políticos locales -uno lógico, no uno que les haga ganar lo mismo que un Secretario de Estado-, se quitarían las fiestas locales, las concejalías de festejos y los presupuestos para esa materia.

Porque si se tratara de conseguir dinero recaudando, se forzaría a determinadas instituciones a pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles por los lugares en los que guardan sus sagrarios y sus cruces, se prohibiría a los municipios a regalar suelos libres de impuestos y de pago a empresas privadas para levantar sus negocios educativos privados, se impediría que los municipios ofrezcan rebajas o exenciones fiscales para que las empresas se establezcan en ellos.

Pero no se hace nada de eso y se busca poner la mano en los 5.000 millones que los ayuntamientos gestionan para servicios sociales, para evitar que los sin techo se mueran de frío mientras duermen en sus parques, que los ancianos e impedidos vivan en entornos insalubres porque están imposibilitados para limpiarlos, para impedir que los niños estén malnutridos o sin escolarizar porque sus padres no tienen empleo o no tienen dinero para pagar a alguien mientras ellos están trabajando.

Los municipios gestionan un tercio del total del dinero destinado a estas necesidades, a estas coberturas que suponen la delgada linea roja que diferencia una sociedad civilizada de una jungla de asfalto en la que todo vale, en la que los fuertes se alimentan del sufrimiento de los débiles y los arribistas de la carroña que esta caza macabra deja en los rincones.

Como hiciera el emperador, el único emperador que ha tenido España, después del desastre de los Países Bajos, el Gobierno de Moncloa quiere desmovilizar ese tercio, el último tercio social que protege a los españoles de los que han decidido ser su principal enemigo: su propio gobierno.

Lo que intenta esa reforma es que no haya ninguna administración que no esté en su poder que pueda dar con la mano izquierda lo que ellos quitan con la derecha -o viceversa, que nunca se sabe-. Porque lo que se busca es que la miseria no pueda ser paliada por aquellos que tienen una ideología diferente de la suya. Conscientes de que es un sueño imposible gobernar en todos los municipios de este país de forma simultanea, crean una ley que imposibilite a los ayuntamientos y gobiernos locales destinar el dinero a sus ciudadanos, a sus necesidades antes que a las suyas, las de sus socios y las de su ideología.

Y no se trata de un principio general. Solamente lo aplican a los servicios sociales, a las coberturas de urgencia y necesidad, a la atención social.

Porque si fuera un principio general que consistiera en impedir que la administración dé con una mano lo que quita con la otra no habrían permitido que el Ministerio de Industria de un crédito de 200 millones euros a una empresa para que complete un submarino que luego venderá al Ministerio de Defensa por 800 millones de euros. No hubieran permitido que dos ministerios paguen para que una empresa intermediaria se beneficie.

Así que la desmovilización en ciernes de los tercios sociales que suponen los servicios de asistencia municipales a través de la Ley de Reforma Local no es ahorro, no es recaudación, ni siquiera es ideología económica.

Es simple y llanamente un intento sistemático de dejar a los ciudadanos sin ningún clavo al que agarrarse por muy ardiente que sea para escapar de la miseria.

Porque una persona indefensa se rinde con mayor facilidad, acepta cualquier cosa con más resignación. 

Acepta cualquier pan aunque se le exija a cambio su propia dignidad. Y eso, solamente eso, es lo que se busca.

Londres y la estrategia "deseducativa" de Wert

Los hay que dicen que en esto de la reforma educativa, de la involución educativa que nos ha impuesto Wert apoyado en los votos que los españoles le dieron quizás para otra cosa, somos muy tremendistas, estamos exagerando.

Podría argumentarse que, al fin y al cabo, solamente hay que esperar para deshacer todo el daño que pueda haber hecho esta LOCME. 

Y sobre todo hay muchos que afirman que el futuro no está en riesgo, que puede ser un error, pero no busca convertirnos en seres resignados a nuestra suerte de servidumbre expresada, en el mejor de los casos, en una nómina de subsistencia de setecientos euros al mes.

La respuesta a esa defensa pírrica de Wert y su LOCME podría llegar de una miriada de citas de filósofos, políticos, estadistas y pensadores, podría venir de multitud de ejemplos históricos que van desde Tiberio hasta Fernando VII.

Pero resulta que la respuesta llega de Londres.

Nos viene de un estudio en el que los expertos británicos afirman que el nivel cultural de los padres es mucho más determinante en la educación que la posición económica de los progenitores.

Y los defensores de Wert y su falsa reforma educativa basada en el esfuerzo creerán que eso les da la razón. Porque se puede ser pobre y culto, así que aunque la crisis -que no el Gobierno, el Gobierno no es culpable, ya lo sabemos- nos reste poder económico, el futuro no está en riesgo.

Pero cualquiera que compre ese argumento es igual de egoístamente inocente como lo sería cualquiera que cayera en el timo del tocomocho o de la estampita.

Porque Wert propone y ha puesto en marcha un sistema en el que gran parte del alumnado que no tiene dinero para costearse algo mejor accederá a una educación pública en la que, dicho por el mismo, "solamente se asegurarán los mínimos de comprensión lectora y capacidad matemática". Es decir en la que se enseñará a leer, escribir y las arcaicas e inmutables "cuatro reglas". Eso y religión, por supuesto.

Y así, serán lanzados a un sistema laboral en el que se moverán el resto de sus vidas sin expectativas de mejora cultural con sueldos "ajustados", hermoso eufemismo de miserables.

¿Puede esa persona contribuir con su nivel cultural a la educación de sus hijos?, ¿puede alguien enseñado en esa educación pública criminalmente minimizada aportar algo a la educación de sus vástagos?, ¿puede, condenado a un sueldo ínfimo aportar los bienes culturales que se precisan?

El informe del Instituto de Educación de la Universidad de Londres es claro al decir que la aportación cultural depende de los bienes culturales presentes en la casa pero ¿puede alguien con un sueldo de setecientos euros comprar libros, desde las Dragolance hasta lo más arduo que se nos ocurra de Umberto Ecco?, ¿puede destinar parte de su sueldo a la adquisición de discos, películas o cualquier otro bien cultural?.

Pero sobre todo, ¿puede aportarlos cuando desconoce su existencia porque, en el diseño de educación pública de Wert y sus adláteres autonómicos, ni siquiera le dijeron que existían?

Así vemos por fin lo que se busca y lo que se obtiene con esta reforma educativa, segregadora por lo económico e injusta por lo social, que los votos del PP han puesto en marcha a petición y mandato de José Ignacio Wert.

Una sola generación educada en mínimos y arrojada a una existencia de subsistencia laboral mínima es el mejor garante de que la sociedad siga siendo así. Porque no tendrán ni el nivel cultural ni el económico para servir de trampolín educativo a sus hijos.

Y estos reproducirán el esquema con los siguientes.

Así que que reduzcan a una generación a la servidumbre inculta no es un mal pasajero y temporal, es la perfecta planificación para que los que vengan detrás terminen siendo esclavos.

Por eso no podemos esperar cuatro años. Por eso no podemos conformarnos. Por eso, por mucho que arriesgen, los que aman la educación y han hecho de ella su vida han decidido pelear.

Nosotros podemos hacer lo mismo o empezar a imaginar a nuestros hijos como Charlie Chaplin en Tiempos Modernos. Depende de lo egoístas que seamos.