martes, octubre 15, 2013

El imperio moncloita desmovliza los tercios sociales

Lo que hace de una actitud, de una acción, algo sistemático no es solo la dureza o el empeño que se ponga en ello, es el rigor y la continuidad con los que se persigue el objetivo en cuestión.
Pues bien, el hecho de que la corte moncloita esté dispuesta a cargar contra los servicios sociales municipales demuestra que su obsesión por la reducción de los mismos es un objetivo sistemático que pretende cambiar la sociedad, es una búsqueda continuada y casi compulsiva de la manera de desmantelar cualquier defensa pública a la que los desfavorecidos, los sin recursos, los arrojados a la miseria, puedan acceder.
Es algo sistemático porque , cercenados de raíz los presupuestos para asistencia social en los presupuestos del gobierno estatal, llevados al mínimo en sus dotaciones y su financiación por las comunidades autónomas en las que rige la misma corte genovesa que pusimos al frente del país en nuestra última visita a a las urnas, ahora buscan la tercera de las administraciones para poner la mano sobre el escudo social que los ayuntamientos mantienen a duras penas para proteger a parados, indigentes, dependientes y pobres de las contantes arremetidas de los recortes sanguinarios de una administración que ha dejado de ver a los ciudadanos como personas para convertirlos en impedimentos para cuadrar sus ficticios números.
Y una muestra de que en La Ley de Reforma Local el objetivo es ese y no otro es que fije su mirada en los Servicios Sociales y no en cualquier otra cosa como elemento preferencial del ahorro.
Porque si solamente se tratara de ahorrar, se buscaría primero minimizar por ejemplo plantillas de policías municipales cuyas atribuciones más allá de vigilar el ruido y los pasos de cebra se solapan -generalmente de forma conflictiva- con el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, se recortarían corporaciones, se fijaría un techo de sueldo en los representantes políticos locales -uno lógico, no uno que les haga ganar lo mismo que un Secretario de Estado-, se quitarían las fiestas locales, las concejalías de festejos y los presupuestos para esa materia.
Porque si se tratara de conseguir dinero recaudando, se forzaría a determinadas instituciones a pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles por los lugares en los que guardan sus sagrarios y sus cruces, se prohibiría a los municipios a regalar suelos libres de impuestos y de pago a empresas privadas para levantar sus negocios educativos privados, se impediría que los municipios ofrezcan rebajas o exenciones fiscales para que las empresas se establezcan en ellos.
Pero no se hace nada de eso y se busca poner la mano en los 5.000 millones que los ayuntamientos gestionan para servicios sociales, para evitar que los sin techo se mueran de frío mientras duermen en sus parques, que los ancianos e impedidos vivan en entornos insalubres porque están imposibilitados para limpiarlos, para impedir que los niños estén malnutridos o sin escolarizar porque sus padres no tienen empleo o no tienen dinero para pagar a alguien mientras ellos están trabajando.
Los municipios gestionan un tercio del total del dinero destinado a estas necesidades, a estas coberturas que suponen la delgada linea roja que diferencia una sociedad civilizada de una jungla de asfalto en la que todo vale, en la que los fuertes se alimentan del sufrimiento de los débiles y los arribistas de la carroña que esta caza macabra deja en los rincones.
Como hiciera el emperador, el único emperador que ha tenido España, después del desastre de los Países Bajos, el Gobierno de Moncloa quiere desmovilizar ese tercio, el último tercio social que protege a los españoles de los que han decidido ser su principal enemigo: su propio gobierno.
Lo que intenta esa reforma es que no haya ninguna administración que no esté en su poder que pueda dar con la mano izquierda lo que ellos quitan con la derecha -o viceversa, que nunca se sabe-. Porque lo que se busca es que la miseria no pueda ser paliada por aquellos que tienen una ideología diferente de la suya. Conscientes de que es un sueño imposible gobernar en todos los municipios de este país de forma simultanea, crean una ley que imposibilite a los ayuntamientos y gobiernos locales destinar el dinero a sus ciudadanos, a sus necesidades antes que a las suyas, las de sus socios y las de su ideología.
Y no se trata de un principio general. Solamente lo aplican a los servicios sociales, a las coberturas de urgencia y necesidad, a la atención social.
Porque si fuera un principio general que consistiera en impedir que la administración dé con una mano lo que quita con la otra no habrían permitido que el Ministerio de Industria de un crédito de 200 millones euros a una empresa para que complete un submarino que luego venderá al Ministerio de Defensa por 800 millones de euros. No hubieran permitido que dos ministerios paguen para que una empresa intermediaria se beneficie.
Así que la desmovilización en ciernes de los tercios sociales que suponen los servicios de asistencia municipales a través de la Ley de Reforma Local no es ahorro, no es recaudación, ni siquiera es ideología económica.
Es simple y llanamente un intento sistemático de dejar a los ciudadanos sin ningún clavo al que agarrarse por muy ardiente que sea para escapar de la miseria.
Porque una persona indefensa se rinde con mayor facilidad, acepta cualquier cosa con más resignación. 
Acepta cualquier pan aunque se le exija a cambio su propia dignidad. Y eso, solamente eso, es lo que se busca.

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