Hay un profesor en la Universidad Carlos III de Madrid al que le ha tocado la ardua tarea de introducir en la creativa mente de sus alumnos de Imagen Audiovisual, más proclives a pensar en planos secuencia y fundidos a negro, la nada audiovisual materia del derecho. Quizás sea porque sabe que tan solo le destinaran una parte ínfima de su atención o porque comprende que realmente esa es la sustancia del asunto, el hombre repite con paciente insistencia un concepto, una frase, casi un lema que ya se ha convertido en rolling gag entre sus alumnos: El derecho legitima el poder.
Y esa simple frase que hasta los más cerrados de sus alumnos comprenden es lo que ese gobierno nuestro que pusimos en Moncloa por mor de nuestros sufragios está empezando a comprender. Por las malas, como lo aprende todo la corte genovesa.
Esta semana los rectores de las universidades públicas madrileñas han llevado a los tribunales la subida de las tasas universitarias. Un aumento del 68% en los últimos dos años que lleva los campus al borde mismo de un regreso por la tremenda a los tiempos medievales en los que solamente se podía estudiar a golpe de doblón de oro y maravedí.
Y claro, el gobierno madrileño, fiel espejo de lo que es el gobierno del PP en cualquier sitio en el que tiene poder, se rasga la vestiduras y busca en la acusación su defensa, en la descalificación su argumento.
Afirman que no es el camino, que no se puede "judicializar la Administración", que es un comportamiento "desleal" por parte de los rectores, que no se puede recurrir a los tribunales cada vez que el gobierno legitimada por las urnas legisla contra nuestros intereses.
Y es entonces cuando la frase del sufrido profesor de Teoría General del Derecho de Primero de Imagen Audiovisual resuena por doquier como si todos los Iphone de última generación de sus alumnos estuvieran emitiéndola en estéreo: el derecho legitima el poder.
Ellos, los genoveses ahora moncloítas, que no han tenido reparo en llevar ante la justicia el aborto, el matrimonio homosexual se enrocan en esa defensa; ellos, a los que no les ha dolido en prendas paralizar el Tribunal Constitucional cuestionando la legalidad de cualquier partido abertzale que surgía en el más pequeño pueblo vasco, corrigiendo la financiación autonómica o firmando cualquiera de los cientos de recursos que han presentado por los motivos más espurios, ahora se mesan los cabellos y se untan el rostro de ceniza cuando alguien recurre a los tribunales para defenderse de ellos.
La educación, la universidad, sus rectores y sus alumnos hacen lo que tienen que hacer. Se defienden de la injusticia acudiendo a aquellos sobre los que recae la tarea de impartirla mientras aquellos que pretenden hacer del gobierno su feudo alquilado por cuatro años mantienen una postura que les coloca en el límite mismo del totalitarismo.
Pretenden que creamos que un puñado de votos -aunque sea un puñado de diez millones de sufragios- les legitima para hacer lo que les venga en gana durante los próximos cuatro años y que es anti democrático protestar por ello, quejarse de ello o denunciarlo ante un juez.
Fingen olvidar que los sufragios legitiman el acceso al poder, pero es el derecho y la justicia lo que legitima el ejercicio de es poder.
La Universidad española no puede permitirse cuatro años de becas del ministro Wert que expulsen de la posibilidad de los estudios universitarios a una generación de jóvenes por el mero hecho de no tener dinero para pagarlos, la universidad no puede permitirse cuatro años de subidas draconianas de tasas de la consejera Figar, que consigan que los que pueden pagarlas puedan estudiar y los que no puedan hacerlo no.
Porque con cuatro años así la universidad pública estará al borde del colapso sino ya dando sus últimos estertores y entonces será tarde mientras que las aves de presa de las universidades privadas, potenciadas y protegidas por los mismos que la están destruyendo, se alimentarán de su cadáver.
Así que los rectores hacen lo que tienen que hacer. Lo único que la sordera selectiva y la incapacidad para el dialogo de los gobiernos del PP les han dejado como camino. Recurren a Monstesquieu, recurren a la División de Poderes, recurren a los tribunales, recurren a la democracia.
Y cuando la sociedad recurre a la democracia, a la protección que el Poder Judicial supone al ciudadano contra el Legislativo y el Ejecutivo, el Gobierno, que cree que les urnas les han dado todos los poderes de forma absoluta e incondicional, empiezan a tener miedo.
Porque su experiencia con la justicia no es buena. Intentan controlarla colocando al frente de la misma a militantes de su partido, pero no es buena.
Porque la justicia les ha paralizado la reforma sanitaria en Madrid, el cierre de urgencias en Castilla - La Mancha, el despido de interinos en Valencia, la reducción de jornada obligatoria en Canarias, la eliminación de la paga extra, las prejubilaciones forzosas y el copago sanitario en medio país.
Y eso es algo difícil de digerir para aquellos que llevaban tanto tiempo ansiando acceder al poder ejecutivo para tapar sus desmanes y redibujar la sociedad española a imagen y semejanza suya y de sus aliados económicos.
Cuando los sindicatos, los rectores y los estudiantes llevan una reforma sanitaria ante los tribunales, piden el amparo de los jueces contra la Administración del Estado, solo significa una cosa: que toda la sociedad se siente desprotegida e injustamente sometida a un Gobierno que no gobierna para todos sino solamente para ellos.
Así que los rectores hacen lo que todo el mundo sabe que tiene que hacerse, lo que hasta los alumnos de Primero de Imagen Audiovisual ya conocen entre risas aunque los que ahora ejercen de autoridades educativas, no por saber, sino por poder, se empeñen en ignorarlo recurren al derecho y los tribunales porque el derecho legitima el poder.Y aquel que tiene la potestad de legitimar algo también tiene la responsabilidad de desligitimarlo cuando corresponde.
Los actuales inquilinos de Moncloa saben de sobra que ahora es uno de los momentos en los que corresponde.
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