Bañez y Cospedal o la política de las Uvas de la Ira

No son los grandes números los que demuestran el objetivo y la verdadera intención de una política. No son los inmensos presupuestos ni las partidas millonarias. Son los flecos, las cantidades pequeñas que figuran en la parte baja de las columnas de los balances.

Y la última de esas cifras que justifican una política de recortes e inmensos ahorros es la nada despreciable cantidad de 79 euros.

Porque esa ayuda, aportada por un gobierno extranjero que no tiene la obligación de darla, es la que ha sido utilizada de excusa por el nuestro, el que nos echamos sobre la espalda con nuestro último viaje a las urnas, para reducir en 180 euros la pensión de un hombre de 93 años que cobra 720 euros.

En las tierras castellano manchegas, bajo la férula de la Santa Patrona del recorte de Cospedal se ha empezado a aplicar a toda prisa una nueva norma emanada de la locura falsamente austera de este gobierno nuestro. 

En sus presupuestos, en la letra que nadie, ni siquiera la oposición lee hay una cláusula por la cual cualquier ayuda de un país extranjero a un cónyuge dependiente implica perder el complemento.

O sea que un hombre de un pueblo de Albacete ve descender su pensión de 720 euros a apenas 500 porque su esposa recibe 79 euros de Francia por dedicarse algunos años a acudir a vendimiar a ese país.

Podría decirse que es un error, podría decirse que es una falta de previsión de este gobierno que solamente piensa en la macroeconomía y en los grandes números. Pero no es así. El mero texto de la clausula de marras demuestra que no es así.

Está recatada e ideada precisamente para lograr ese objetivo. Para recortar de esos gastos en concreto. Ese es su principal y quizás único objetivo. Dejar sin un puñado de euros, que no dan ni para pagar un par de facturas de gas y luz, a 20.000 personas que reciben una ayuda de países que tienen un sentido social muy diferente del nuestro. En los que trabajar, aunque sea poco tiempo, da derecho a una ayuda, aunque sea pequeña.

Así una pareja de nonagenarios de Albacete pierde un tercio de sus ingresos porque Francia tiene la dignidad suficiente como para devolver con esa ayuda las cotizaciones de los temporeros de hace cincuenta años; otro matrimonio castellano manchego pierde 200 euros porque Suiza recuerda que una mujer trabajó hace cuarenta años en sus restaurantes durante un año y le de 20 pírricos pero justos euros por sus cotizaciones durante ese periodo.

Y mientras, nuestro gobierno, que el que realmente debería preocuparse por mantener la dignidad de todo trabajo, se agarra a ese clavo ardiendo para conducir a 20.000 ancianos de la supervivencia a la miseria, de la resignación a la desesperación.

Bien podrá la Santa Cospedal calarse la mantilla para escuchar discursos obispales sobre el valor de la familia y de la tradición en la muy sagrada catedral de Toledo el día del Corpus mientras envía a sus inspectores de la Seguridad Social a dar la noticia a dos ancianos de que el Gobierno ha decidido acelerar su muerte por ahorrarse 79 euros al mes.

Veinte mil temporeros por 80 euros son 1.600.000 euros al mes en toda España mientras que los asesores de la furibunda patrona del recorte le cuestan lo mismo -incluso medio millón más- solamente a la Comunidad de Castilla La Mancha. Cospedal podría haber ahorrado de los 67 millones destinados a los gastos de personal de la partida de "Alta dirección" de sus consejerías. Hubiera supuesto el chocolate del loro para sus altos cargos. Pero no lo hace y además permite que les reclamen una devolución de 720 euros por lo percibido desde enero de ese suplemento.

Pero no lo hace. Mientras habla de la necesidad de recortar diputados, mientras mantiene en su puesto a parentelas y deudas políticas que ha generado a lo largo de sus largos años de deambular por los pasillos y los armarios de Génova, envía cartas a ancianos haciendo cargar sobre sus artríticos hombros el peso de unos recortes innecesarios y desmedidos amparada en una ley de la que tanto se avergonzaba el PP que la colocó en letra pequeña para que nadie la viera, para que nadie reparara en ella.

Las uvas de la vendimia francesa son motivo para ellos de desatar su furia, su ira recaudadora, sobre ancianos que no les han hecho ningún mal, que no ha engañado a nadie, que no han defraudado miles de millones como aquellos a los que magnanimamente les han perdonado sus deudas y les han permitido mantener el 90 por ciento del beneficio de su continuado latrocinio al erario público.

¿esos son los valores que defiende la Santa Patrona cuando habla de justicia?, ¿esas son las pautas que defiende Nuestra Señora de Cospedal cuando asiente mesurada a las encendidas defensa de la familia y la tradición de los purpurados en sus púlpitos de misa de doce los domingos?.

¿que deberían hacer Verónico y Marcela -que así se llaman los temporeros nonagenarios- para sobrevivir?, ¿divorciarse legalmente para que ella pudiera reclamar una pensión mínima pese a seguir viviendo juntos? ¿Que ella, con las dos caderas rotas y solamente 79 euros de ingresos de un país extranjero, reclamara una pensión completa de dependencia?, ¿hacer lo que nunca han hecho: defraudar?

Porque si les pillan les perdonarán el 90 por ciento de lo defraudado. O a lo mejor no. Que ellos no tienen cuentas en Suiza.

Pero en una cosa hay que darle la razón al gobierno de Rajoy y al brazo armado de los recortes que encarna Cospedal. Su argumento -más bien su excusa- es completamente cierta. 

“Desde 2011, si una persona cobraba una pensión en España no se la consideraba dependiente”, afirman los voceros de Bañez, la ministra de trabajo que nunca cotizó, “Es una cuestión de equidad. No tiene sentido que eso no se aplique a quien recibe la ayuda de otro país”.

Y parece que de nuevo es el pasado lo que les fuerza a hacer ese ajuste. Pero esa ley de 2011 es suya, no pueden echar la culpa a nadie.

Podrían haber establecido su criterio de equidad a la inversa y establecer que todo aquel que reciba en España una pensión puede ser considerado dependiente si esta no sobrepasa, por ejemplo, un tercio de la pensión mínima. Podrían haber utilizado la lógica de la igualdad para darse cuenta que nadie puede vivir con 300 euros al mes y que necesita de otra persona -o sea que es dependiente- aunque perciba esa minúscula pensión.

Pero no Rajoy, Bañez y Cospedal han decidido igualar a la baja, hacernos a todos iguales, sí, pero iguales en la miseria. Hacernos todos víctimas por igual de su ira. Hacernos a todos Okies, víctimas de su ira por las uvas.

Es de suponer que poco imaginó el bueno de John Steinbeck que sus Uvas de la Ira iban a servir de nombre a uno de los peores bombardeos sistemáticos de la historia que se llevó por delante a culpables e inocentes en el valle de La Becah, como lo hace la ira recaudadora de estos profetas del recorte, encabezaBañez y Cospedal dos por la Santa Cospedal.

Pero desde luego nunca debió imaginar que pudiera bautizarse con ese ilustre título a las acciones de un gobierno que está dispuesto a dejar morir de hambre a un puñado de ancianos solamente porque recogieron uvas para ganarse la vida allende los tiempos.

La uvas de la ira ya son el título de una novela ni el nombre en clave de una operación militar. Rajoy y todos sus barones y baronesas genovitas -sobre todo Bañez y Cospedal- les han dado un nuevo significado.

Las uvas son las que recogieron en Francia Verónico y Marcela y la ira es la que nos hace acumular un Gobierno que les castiga a ellos por los fallos, errores y delitos de aquellos que aún componen sus listas electorales.