No se me ha olvidado. Todavía tengo algo que decir sobre la estulticia manifiesta de Igualdade de la Xunta de Galicia y lo haré. Pero dedicar dos entradas en estas endemoniadas líneas al mismo asunto en el mismo día iba a parecer paranoia. Y ya tengo bastantes dosis cercanas de paranoia persecutoria a diario como para insistir en el concepto los fines de semana.
Y hoy hay otro asunto, otro debate, relacionado con el genero y sus falsas guerras, con el sexo y sus supuestas violencias, que me resulta mas acuciante, más impactante. Más peligroso.
Se trata de un nuevo frente ideológico y, por supuesto, judicial -que en esto de la violencia afectiva todo termina redundando en algo judicial- que se ha puesto de moda.
Después de la negativa de las falsas denuncias, después de la campaña en favor de las retiradas de custodia preventivas, después de todo lo que han dicho y han querido decir, las ideólogas de la eterna persistencia de la violencia de género en nuestra sociedad se lanzan a una nueva palestra revindicativa.
Se trata de algo que podría definirse como la necesidad de obligar al sistema judicial a no hacer su trabajo. En beneficio de las mujeres maltratadas, claro.
El problema está en la dispensa de declaración, es decir, en la posiblidadi que se tiene de no declarar en contra de familiares allegados y personas con las que se mantienen relaciones afectivas estables -o aparentemente estables, que todo hay que matizarlo-.
Y esto supone que la mujer supuestamente maltratada puede negarse a declarar en el proceso judicial y, claro, si la supuesta víctima no declara y no hay pruebas objetivas, el enjuciamiento del presunto agresor no puede continuar -fijémonos en la utilización de supuesta y presunto. Algo que se está perdiendo en nuestros días-.
Y realmente es un problema. No vamos a negarlo. Pero la solución es sencilla.
Es tan fácil como eliminar un precepto legal incluido en nuestra legislación hace dos siglos para evitar situaciones en las que alguien se veía obligado a declarar contra sus allegados.
Un principio que se sustenta en un falso sentido de la lealtad que antepone la familia a la verdad, que hace prevalecer los lazos de sangre, los afectos y las amistades sobre la justicia. Muy decimonónico.
Esto es lo que propone el Consejo General de Poder Judicial pero, ¿quieren esto las adalides de la lacra de la violencia de género? Pues va a ser que no.
Y ¿por qué? Pues muy simple. Porque eso carga la responsabilidad de la denuncia sobre la denunciante -atiéndase a la utilización de denunciante y no de víctima por el mero hecho de presentar una denuncia-. Sí, ya sé que eso es lo habitual y lo común. Salvo en las denuncias de malos tratos.
Si se elimina ese principio de forma universal, no solamente conseguiremos que se transforme ese sentimiento tan arraigado en nuestro país de que la familia y los amigos siempre tienen razón y de que los allegados deben apoyar de forma incontestable e incombustible a sus afectos, independientemente de que estos tengan o no tengan razón ,independientemente de que sean culpables o inocentes. eso ya de por sí sería un avance. pero eso no es lo que pone nerviosas a las ideólogas de género.
Lo que preocupa a las detractoras de esta medida no es ese doce por ciento de mujeres que se echan atrás cuando el juez les recuerda que pueden negarse a declarar en el juicio en contra de su marido o de su ex marido -sigo sin saber por qué motivo sigue considerándose una relación afectiva la condición de ex, pero ¡hay tantas cosas en esto que no entiendo!-. Para no variar, las que verdaderamente sufren no les importan. Les importa el resto.
Porque si se elimina la dispensa de declarar y cualquier fiscal puede subir al estrado a cualquier denunciante de malos tratos es muy posible que las cifras cambien. Es más que probable que dejen de importar las denuncias falsas.
Es casi seguro que empiece a importar ese concepto tan medieval y deshonesto, eso tan sonoro llamado perjurio.
Porque en la actual situación, si la denuncia no se acopla a la realidad de los hechos, el sistema está obligado a tratarla como una denuncia errónea -¡como si fuera posible equivocarse al identificar a tu propia pareja en mitad de una acto de maltrato!- y no como una falsa denuncia en la que se presentan pruebas falsas -por eso existen tan pocas de las últimas-.
Pero si los fiscales llaman al estrado de forma obligatoria a las denunciantes y estas se niegan a declarar, las podrían acusar de obstrucción a la justicia y si su declaración resulta una mentira las tendrían que acusar, independientemente de su buena voluntad y su tendencia política, de perjurio. Lo dice la ley.
Así que las defensoras de la judicialización continua de las relaciones entre sexos no quieren que desaparezca el principio jurídico de dispensa.
No lo quieren porque si no existe ese mecanismo, las víctimas silenciosas dejarían de serlo para ser cómplices de un mal realizado contra su propia persona, porque si deja de aplicarse podría beneficiar a muchas inocentes, pero pondría en riesgo a un motón de mujeres falsarias y culpables. Y eso no puede consentirse. Si son mujeres hay que serles leal y hay que protegerlas, aunque mientan y destruyan. Muy decimonónico.
Por eso lo que pretenden es que el sistema judicial no haga su trabajo. Que los jueces no las recuerden que pueden negarse a declarar -o que si no lo hacen, el proceso no sea invalido, como lo es ahora-, que no sea necesario que declaren o que declaren por escrito -negando la posibilidad de interrogatorio a las defensas de los acusados- o que, simplemente, se utilicen sus declaraciones en la comisaría -ignorando que en las declaraciones policiales no hay presencia de letrados, fiscales ni jueces, con lo que no hay garantía procesal ninguna para acusados ni para acusadores contra el error o la mala intención de los que participan en ese acto-.
En definitiva. Lo que se pretende es mantener a las mujeres y los malos tratos en la sombra, en el misterio, aunque se afirme y se grite lo contrario. De manera que se pueda ayudar a unas pocas -aunque no sé en que ayuda a nadie que se le permita no responsabilizarse de su vida y de su futuro- sin perjudicar a otras muchas que podrían quedar al descubierto y poner en entredicho un sistema que nació agonizante en su concepción y que se suicidó definitivamente en su ejecución.
Porque en su paranoia -otra vez la paranoia, últimamente no se aleja de mi- creen que el concepto de dispensa en la declaración se puede aplicar en lo que ellas llamarían ampulosamente "el ámbito de género" y que se les debe consentir no declarar publica y socialmente contra las mujeres que pervierten y manipulan el sistema en su propio beneficio. Porque una mujer no debe estar obligada a criticar a otra en estas cosas, por el mero hecho de que ambas son mujeres, ¡que eso une más que los afectos y la sangre! Muy decimonónico.
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