Europa, jueces y fiscales no hacen demócrata al PP

Es esto nuestro de la supuesta democracia hay frases que se repiten una y otra vez desde que alguien las dijera probablemente con un fin diferente. Uno de esos lugares comunes es la sentencia que reza más o menos "es en el equilibrio entre seguridad y libertad en donde se calibra el grado de democracia de un gobierno".

Como en todo, en esto del buen o el mal gobierno, la cuestión acepta mil matices, cientos de puntualizaciones, una docena de excepciones y un par de negaciones absolutas -conocidas por todos los códigos militares del mundo como Estado de Sitio y Estado de Excepción-. 

Pero cuando se rompe ese equilibrio sin motivo aparente, la democracia -por imperfecta y podrida que se encuentre en este Occidente Atlántico que nos ha tocado vivir- cruje como los tablones de un viejo navío que hace agua en la sentina.

Los actuales habitantes de Moncloa hacen crujir esa cubierta y dan auténtico valor a la sentencia. Su sentido democrático se demuestra con algo que parece una ley pero no lo es, que asemejarse a un producto legislativo pero no lo es. Con algo llamado Ley de Seguridad Ciudadana, para entendernos Ley Fernández.

Y no lo demuestran porque a algunos no les guste o porque a la oposición le parezca excesiva. Demuestran que no entienden la democracia, la sociedad libre, ni el concepto de ciudadanía porque tienen pitando en los oídos todas las sirenas que el sistema ha diseñado para estas ocasiones y se niegan a escucharlas, porque tienen encendidas todas las luces rojas de alarma del barco democrático y se niegan a verlas.

Y la última es el Consejo Fiscal. 
Incluso los acusadores públicos, bajo el mando de uno de los suyos, como todos los estamentos judiciales del país, les están diciendo a gritos que esa ley es Inconstitucional y ellos a la suya.

Les dicen que la democracia no puede permitir que se otorgue a la policía potestad para que entre y registre domicilios sin que medie el conocimiento de que se esté produciendo un “flagrante delito” -¿nos acordamos de los gritos, sollozos y rasgamientos de vestiduras del Partido Popular con la ya histórica Ley Corcuera de la patada en la puerta? Parece que no-. 

Ellos no escuchan. Como les viene bien se hacen los sordos. Como antes lo hicieran otras grandes demócratas como los generales argentinos, Stalin, Franco, Caucescu, Hitler o Castro, por citar algunos ejemplos de demostrados demócratas que hicieron del registro por sorpresa un arma de control social.

Los chicos de Torres Dulce las pegan cuatro voces sentados en su consejo y les dicen que eso de retener a personas para proceder a su identificación podría no ser, por decirlo de alguna manera, el estilo constitucional que necesita una sociedad democrática. Pero el ministro Fernández y toda su corte genovesa se encogen de hombros. Si el Gobierno sudafricano pudo tener once meses retenido para su identificación a Steve Biko, ¿por qué no ellos?, si el Gobierno Chino puede tener catorce días retenido a un disidente en aislamiento con la excusa de que no iba identificado por la calle, ¿por qué no ellos?

Al fin y al cabo ellos también son un gobierno. Y la frontera entre Gobierno y Poder, entre Autoridad y Autocracia comienza a diluirse ante sus ojos. 

Y para terminar,  los fiscales del reino les dicen bastante alto y claro que la detención de personas por haber cometido una infracción no encuentra acomodo en nuestro sistema penal ni en nuestra Constitución. Pero también les da igual. 

Otros lo hicieron antes que ellos, desde en la antigua RDA hasta en Chile, desde en Abu Dabi hasta en Teherán, Desde en La Habana hasta Moscú, Desde en Buenos Aires hasta en Caracas. El hecho de que todos los que los hicieron no tuvieran la palabra democracia en su ideario de gobierno es irrelevante.

Y lo firma el Fiscal General del Estado.

Pero también les resulta completamente indiferente. Ya lo ha firmado antes el Consejo de Europa y siguen tan campantes -"en mi casa mandó yo"-; ya lo ha hecho antes el Consejo del Poder Judicial y ellos a lo suyo -"en mi casa mandó yo", otra vez-.

La Ley Fernández sigue su curso aunque nadie se siente amenazado cuando se cruza con una manifestación, aunque nadie se siente agredido por una huelga, aunque nadie siente que su vida corra peligro por un escarche. Diga lo que diga Europa, los jueces, los fiscales o los ciudadanos, la Ley Fernández sigue adelante.

Puede que algunos se sientan molestos, incomodados o disgustados pero desde luego no amenazados. Y soportar las molestias y las incomodidades es parte del mismo equilibrio democrático que es intentar no producirlas.

Lo único que se siente amenazado, agredido o en peligro es su gobierno que ya se ha convertido simplemente en poder sin rasgo ninguno de respeto o sentimiento democrático. Y claro, su permanencia en el poder no es ni una prioridad nacional ni un derecho constitucional.

Así que resulta que la frase es absolutamente cierta después de todo. ""Es en el equilibrio entre seguridad y libertad en donde se calibra el grado de democracia de un gobierno".

Y el Gobierno del Partido Popular simplemente no es demócrata porque pretende tumbar la balanza completamente hacia la seguridad, llevando al país a un permanente Estado de Excepción, no por su seguridad o la de sus ciudadanos sino por la suya propia y la de su estancia en el poder.

Da igual de donde vengan y hacia donde digan que vayan. Sus acciones les definen.