Normalmente valoramos las situaciones, los hechos, por la primera oleada de sus consecuencias. Y normalmente nos quedamos cortos.
Si alguien pensaba que lo peor que podía pasar con la privatización de la gestión sanitaria pública era lo que ya estaba pasando, ha cometido ese error.
Además de los recortes de servicios en busca de beneficios de las empresas gestoras, aparte de la perdida de calidad en el servicio, de las condiciones nepotistas de adjudicación, de la corrupción y el coste añadido para los usuarios de servicios que antes eran gratuitos que van desde la capa del acompañante hasta la mismísima almohada sobre la que reposar la cabeza durante una hemodiálisis, ahora llega la segunda parte, el meollo del negocio.
Además de los recortes de servicios en busca de beneficios de las empresas gestoras, aparte de la perdida de calidad en el servicio, de las condiciones nepotistas de adjudicación, de la corrupción y el coste añadido para los usuarios de servicios que antes eran gratuitos que van desde la capa del acompañante hasta la mismísima almohada sobre la que reposar la cabeza durante una hemodiálisis, ahora llega la segunda parte, el meollo del negocio.
La segunda oleada. La reventa.
Sacyr ha vendido el 49% del capital de las sociedades concesionarias a través de las que ostenta dos hospitales de Madrid a un fondo de Lloyds Bank por un importe de 90,2 millones de euros, según informó el grupo.
¿Que significa esto? Pues muy simple. Significa que una gran parte de los servicios no sanitarios de los hospitales de Parla y Coslada ahora están en manos de un cúmulo de sombras financieras sin nombre ni apellidos, sumergidos en un marasmo de sociedades y fondos participados que no son aquellos a los que se les realizó la concesión, que no son aquellos a los que si quisiera -que no quiere, por otra parte- podría controlar el gobierno regional a través de la Consejería de Sanidad.
Significa que Lloyds Bank tiene ahora como objetivo, no gestionar la sanidad pública de esos dos hospitales, sino amortizar cuanto antes los 90 millones de euros que les ha costado la inversión y que cuando lo hayan hecho, si no obtienen los beneficios que ellos consideran suficientes o si tienen pérdidas, intentarán deshacerse de esas inversiones, o sea de nuestros dos hospitales, al precio que sea, incluso al de nuestra salud.
Y de momento solo son los servicios no sanitarios de estos centros hospitalarios. Pero ya sabemos que eso no significa lo que parece significar.
Que eso no garantiza que la atención sanitaria no esté en peligro. Lo sabemos porque recordamos lo que pasó y está pasando con la Lavandería Central Hospitalaria; lo sabemos porque nos acordamos de lo que pasa con los servicios de cocina o de limpieza en muchos hospitales públicos que se encuentran bajo gestión privada, los recortes, la bajada en la calidad de esos servicios y como repercute todo eso en el incremento de los riesgos para la salud de los pacientes hospitalizados.
Esta segunda oleada de la privatización nos convierte en moneda de cambio entre individuos que solamente ven balances en despachos británicos y si los gestores que pueden ser controlados por los gobiernos ya han empezado a hacer de la capa nuestra salud y nuestra sanidad un sayo de beneficios financieros, qué no harán aquellos que se encuentran completamente a salvo en la impunidad del marasmo empresarial que reside en la city londinense.
Nada es ilegal, nada es irregular porque Sacyr mantiene el 51% del tinglado financiero en el que se han trasformado los hospitales públicos y retiene el control. Pero si alguien creía o quería creer que el dinero no iba a mandar en la sanidad pública con la privatización que deseche la idea.
las consecuencias de la primera oleada están siendo demenciales. Las de la segunda serán trágicas. El choque entre dinero y vida siempre es trágico.
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