Lasquetty y el topetazo cervantino contra el juez

Si al bueno de Alonso Quijano le tocó pararse en seco y hacer famosa a través de la eterna pluma de don Miguel aquello de "Sancho, con la Iglesia hemos topado", al no tan bueno de Ignacio González, ese Presidente de la Comunidad de Madrid que ha puesto precio y beneficio a nuestras vidas vendiendo nuestra salud,  le va a tocar en breve acuñar una paráfrasis de la misma, con menos glamour histórico pero para él y para su escudero seguro que más dolorosa que la cervantina al topar de frente con la purpura eclesial de nuestras tierras.

"Lasquetty, con la judicatura hemos tomado".

Porque, por segunda vez en la existencia tempestuosa y peligrosa de esta subasta al por mayor de la Sanidad Pública que ha montado el Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid, un togado le paraliza el recorrido, le corta las alas, le obliga a seguir en tierra en lugar de alzar el vuelo en busca de los beneficios económicos para ellos y sus socios a costa de nuestra salud.

El Juzgado nº 4 de los Contencioso Administrativo -para mi ese nombre siempre ha bordeado lo arcano- les ha exigido que paren, que no empiecen con su privatización de hospitales. Esta vez en respuesta a un recurso de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM).

Sí. Esos señores y señoras que de repente se han convertido para el gobierno madrileño por arte de magia de la demagogia totalitaria que se gasta Lasquetty en peligrosos antisistema, en radicales izquierdistas, o en privilegiados que solamente quieren mantener sus privilegios en detrimento del bien de todos.

Esas personas que forman parte del colectivo de profesionales que llevan meses viendo descender sus nóminas por sus paros, huelgas y movilizaciones, poniendo en riesgo sus situaciones económicas y sus futuros profesionales para defender que nosotros -los pacientes de ahora y del futuro- sigamos siendo atendidos sin discriminaciones, sin detrimento para nosotros a cambio de una mayor ganancia económica para los grupos empresariales a los que se ha concedido, al parecer irregularmente, la gestión de esos hospitales.

En definitiva, de una denuncia de los profesionales sanitarios.

Y esta segunda paralización ya no es un síntoma, ya no es un indicio. Es una comprobación empírica de lo que es y quiere ser el gobierno del Partido Popular en Madrid, en Valencia, en Castilla-La Mancha y en todas las comunidades autónomas en las que gobierna. Y por supuesto en Moncloa.

Que la judicatura tenga que intervenir dos veces para paralizar una privatización a la que se oponen pacientes, profesionales, ciudadanos y la sociedad en general es de por sí suficiente muestra de la intransigencia de un gobierno que pretende hacer su trabajo de espaldas a la voluntad y los intereses de todos.

Que la judicatura tenga que paralizar por segunda vez un proceso que está pendiente de sentencia y de resolución de Constitucionalidad porque el gobierno, que debería ser de todos, se empeña en insistir en el desarrollo de un modelo que prima los beneficios por encima de la atención, anteponiendo sus cuentas públicas al beneficio de los ciudadanos ya demuestra que ese gobierno pretende desoír a todos y a todo para llevar a cabo su recalcitrante política, fracasada antes de empezar.

Que Lasquetty y sus adláteres insistan, pese a que dos instancias judiciales lo investigan, en seguir adelante con las concesiones a HIMA, BUPA y Ribera Salud, cuando se han detectado prácticas que no han corregido, que ningún juez ha desestimado y en las que varios miembros de la judicatura ven indicios de irregularidad -si no de delito-, demuestra que a Lasquetty y González les importa mucho más a quién le van a dar las concesiones que el hecho de concederlas. Les preocupa mucho más el beneficio que para sus acólitos socios y conocidos suponen esas concesiones que la supuesta ideología liberal capitalista que debería subyacer tras esa decisión.

Pero si las paralizaciones judiciales son una muestra clara de la marea de intransigencia, arrogancia y nepotismo que aqueja a aquellos que quieren desmembrar la Sanidad Pública en su beneficio, la forma en la que el Gobierno de Madrid y el consejero Lasquetty responden a esas paralizaciones, a esas decisiones judiciales, muestra otro reflujo mucho más importante, mucho más peligroso.

Su cada vez menos disimulado totalitarismo.

Porque a la primera paralización responden con el argumento de que el PSOE -el partido que la presenta- no tiene legitimación para presentarlo. 

No afirman que las irregularidades en el pliego de condiciones no existen, no defienden que el hecho de que un día antes del final del plazo el aval pasara de ser de 40 millones de euros a solamente cuatro no atenta contra la libre competencia. Se limitan a ampararse un tecnicismo legal -existente, eso es cierto- que viene a decir que los partidos políticos no son legítimos representantes de los intereses de los ciudadanos en los procesos judiciales.

Ellos, que cuando se refiere al PP se llenan la boca de hablar de legitimidad porque han sido el partido más votado, van a los tribunales a negarles a los otros partidos esa legitimidad que al parecer es incuestionable para ellos, hagan lo que hagan.

Es decir mandan el mensaje: "Lo único que importa son los intereses de las empresas que están en el proceso, no los de los ciudadanos. Nosotros solo escucharemos sus problemas, no los vuestros".

Y ahora, en la segunda paralización, cuando los que presentan la solicitud son profesionales directamente implicados en el proceso a los que no se puede acusar de ilegítimos -aunque se intenta pese a todo-, el proceso de respuesta se repite.

Ni siquiera se preocupan de negar que "la magnitud del servicio hospitalario supone que las empresas adjudicatarias, en sus legítimas aspiraciones empresariales, deberán introducir importantes modificaciones y cambios estructurales durante la vigencia de la concesión”, como dice el auto, ni a cuestionar que la adjudicación “lleva implícita una considerable dosis de irreversibilidad”.

Su respuesta se limita a decir que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid es un órgano superior y ya levantó la paralización.

O sea, traducido a la mente pensante del PP: "tu jefe ya nos ha dado la razón. Da igual que tus argumentos sean fuertes, justos o adecuados. Limítate a obedecer y ser buen chico".

O sea que, según lo ve Lasquetty a través de su arrogante prisma de nepotismo, en esto de la privatización de hospitales solamente pueden protestar las empresas concesionarias y los jueces tienen que hacer lo que le venga bien al Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Si las paralizaciones demuestran las irregularidades y el mal gobierno, las respuestas son síntomas claros de la vena totalitaria que aqueja a estos autonombrados salvadores de la Sanidad Publica.

No se sabe lo que da más rabia. No se sabe lo que da más miedo.
De momento, por fortuna, con el juez hemos topado.