Montoro, miseria, autopistas y la píldora de Matrix

Que nuestro gobierno, ese que nos echamos a la espalda en los últimos comicios, vive en Matrix es algo que ya se nos antoja cotidiano desde los tristemente famosos brotes verdes que solamente ellos ven.

Arquitectos de sus propias cifras, ya no se conforman con presentarlas como paradigma de una recuperación inexistente o de una realidad manipulada que solamente ellos perciben como positiva. Ahora han dado un paso más.

Como en la mítica película de los Warchosky, ya no se limitan a ignorar a los que están fuera del sistema de realidad virtual en el que pretenden hacer vivir a la sociedad española, sino que a hora además envían a sus agentes a localizar y destruir a aquellos que consiguen abrir un ojo a destiempo y ven que lo que cuentan no existe, no es real.

Y no hay mejor agente Smith para estas cosas que Montoro, ese ministro que cree que la mala educación es elegancia, el insulto es sarcasmo y la arrogancia es superioridad.

No conforme con intentar vendernos la píldora azul de que cerrar 2013 con un déficit público mayor del esperado es un dato positivo, con contento con intentar colarnos el enganche a Matrix de que una reforma fiscal, que vuelve a beneficiar a las grandes empresas y a no perjudicar en exceso a los defraudadores, es beneficiosa para todos, el ministro de Hacienda la emprende contra Cáritas.

¿Qué ha hecho Caritas? ¿lo hace porque la Iglesia diocesana española lleva años eludiendo pagar impuestos?, ¿carga furioso contra la institución porque sus inspectores han descubierto que es utilizada para blanquear otros capitales o patrimonios sacros?

Pues no. Arremete contra esa institución porque por una vez -y a lo mejor hasta sirve de precedente- se ha puesto del lado de los que se tiene que poner, ha dejado el palio bajo el que la iglesia española lleva un siglo dando cobijo a los gobiernos conservadores de este país y se ha descolgado con algo que seguramente los procelosos inquilinos de Moncloa no esperaban: "rescatar a los 700.000 hogares sin ingresos costaría 2.600 millones de euros, la mitad de lo que el Gobierno va a invertir en salvar a las autopistas".

Y claro eso al Gobierno le hace crujir los entresijos porque además de ser cierto viene de alguien a quien están beneficiando, a quien están haciendo ganar dinero con su reforma educativa, con las continuas concesiones a la educación religiosa concertada, con sus cesiones gratuitas de suelo en todas las comunidades en las que gobierna el Partido Popular -o sea, casi en todas-.

Viene de alguien que creía que estaba firmemente conectada a a Matrix y que nunca delataría que es una realidad virtual engañosa.

Y Montoro, que no encuentra exactamente contra quien disparar -si contra los obispos ¡Dios nos libre! o contra cualquier otra cosa que se le ponga delante- mueve a diestra y siniestra su pistola reglamentaria y tira por la calle de en medio.

“Eso de pedir un mayor presupuesto del Estado para erradicar la pobreza está bien para las sociedades centralizadas, pero no en la nuestra", dice Montoro. Y, como diría alguien muy querido, se queda tan pichi.

Como quien no quiere la cosa acaba de acusar a Cáritas, a la estructura diocesana en la que se integra y a la jerarquía eclesiástica que la dirige de comunistas.

Así sin más.

Porque, claro, son los comunistas los que quieren sociedades centralizadas, son los rojos los que quieren que el dinero de los impuestos se destine en parte a compensar las desigualdades, son los radicales los que quieren que la riqueza no solamente se cree sino que se distribuya.

Resulta curioso que Montoro diga que los presupuestos para erradicación de la pobreza -o para minimizar su impacto- no son cosas de nuestra sociedad. Porque da la casualidad de que el 44% de los fondos de Cáritas que, como su propio y latino nombre indica, se dedica precisamente a eso vienen de instituciones públicas.

Pero claro Montoro no les puede acusar de radicales antisistema porque son de la Iglesia, no les puede decir que son unos terroristas violentos porque no colaría mandar a unos cuantos policías encapuchados a quemar contenedores delante de la Catedral de la Almudena para poder hacerlo. 
Así que opta por desprestigiarles, por adoptar ese tono de "yo se de economía y tú no" para que parezca que estos "pobres curas tienen buena intención pero no entienden".

Y por supuesto reza en su fuero interno para que nosotros, los que oímos sus palabras no sepamos que hay dos grupos de trabajo de Naciones Unidas que llevan varias décadas instando a los gobiernos del mundo a destinar fondos a la erradicación de la pobreza -la general y la infantil-, que ignoremos que el Consejo de Europa se ha quedado ronco de repetir que los gobiernos de los estados miembros tienen que tener como prioridad eliminar las bolsas de pobreza de sus territorios y que nunca hayamos oído leído o visto la parte de los presupuestos de ministerios, comunidades autónomas y ayuntamientos que va destinada a ayudas, subvenciones y aportaciones a organizaciones no gubernamentales de todo rango y condición que tienen como único objetivo declarado la erradicación de la pobreza.

Así que Montoro nos intenta colar de nuevo la píldora que nos mantenga firmemente pegados a Matrix para que creamos que una sociedad moderna, liberal y capitalista tiene la obligación de salvar a empresas en quiebra y costear carreteras privadas por valor de 5.200 millones de euros pero no de salvar a 700.000 familias de la miseria más absoluta.

Y por si fuera poco el insulto a nuestra inteligencia el tipo -porque ha perdido su tratamiento de ministro con la primera afirmación- se descuelga con que "los informes de Cáritas sobre la pobreza son puramente estadísticos y por ello cree que no nos podemos basar en ellos a la hora de acabar con este problema".
Él, que forma parte de un gobierno que ha tirado de estadísticas manipuladas y números engordados para segar la hierba bajo los pies de multitud de prestaciones sociales, que solo ve a los individuos como números, que es absolutamente impermeable a los rostros y las vidas que están tras los ERE, los desahucios, los despidos, las bajadas de salarios y todo lo demás, ahora se atreve a decir que las estadísticas no son lo que marca el nivel de pobreza de un país.
Y eso lo dice en una rueda de prensa que ofrece para dar estadísticas que, según él y solamente según él, si determinan la situación económica de un país. Pero para bien, claro.
O sea que cuando los números le salen al gobierno las estadísticas sí sirven, pero cuando no le cuadran o le arrojan a la realidad social de un país que empieza a estar devastado por la miseria entonces no hay que tenerlas en cuenta.
 “Lo que erradica la pobreza es el crecimiento y la creación de empleo”,concluye el ministro en uno de esos mantras que repite hasta la extenuación con la esperanza de que empape nuestro cerebro hasta no dejarnos pensar.
Pero va a ser que no. Lo que erradica la pobreza es la distribución de la riqueza y la forma en la que una sociedad moderna distribuye la riqueza es mejorando las condiciones de trabajo, no empeorándolas para que se mantengan los beneficios de unos pocos, utilizando los impuestos para dar servicios sociales que abaraten a los ciudadanos sus vidas, no limitándolos, eliminándolos o privatizándolos como está haciendo el gobierno del que Montoro forma parte.

Lo que erradica la pobreza es la creación de empleo digno y bien remunerado, no de trabajo precario en condiciones de semi servidumbre como el que pretende crear su Reforma Laboral.
Y desde luego lo que no erradica la pobreza es gastar 5.200 millones de euros en rescatar autopistas privadas deficitarias.Porque eso ni crea empleo ni genera crecimiento.
"No tiene nada que ver con la realidad". Puntualiza Montoro.
Claro que no. No tienen nada que ver con la realidad que él vive, enganchado en la matriz de datos falseados por él mismo y que ha llegado a creerse de tanto intentar que los demás los digiramos sin protestar.
No tiene que ver con su realidad. Pero su realidad no existe. Las 700.000 familias que viven en la pobreza sí. Y eso no hay píldora de Matrix que nos lo borre de la mente.

Dignidad sanitaria arcaica o gobierno prehistórico

Entre las cosas importantes del pasado fin de semana, a saber la muerte de Adolfo Suárez -ese que supo irse a tiempo de la política, ¿se acuerdan?- y el clásico de fútbol entre esos dos equipos que se enfrentan mas veces que persas y griegos pero que siempre parece que es la única y más importante, ocurrieron otras cosas.

Y uno de esos hechos que todo el mundo, al menos todos los que forman parte del stablishment, se empeña en minimizar es la manifestación que hizo confluir las marchas por la dignidad que habían recorrido el país contra la política de recortes -y de otras muchas cosas- de ese gobierno nuestro que pasea de Génova a Moncloa sin pasar por ni una sola vez por la calle.

Es absurdo ponerse a discutir sobre si fueron un millón o treinta y seis mil, tampoco hay ya que valorar si dejar sin testículos a un manifestante o apretar la cara de otro contra el suelo con un escudo antidisturbios es forma adecuada de dirimir protestas, o si mientras miles se manifiestan pacíficamente hay que poner el foco informativo en los que montan bronca.

Tampoco toca ya discutir si elevó la tensión más Ada Colau con sus tuits o la egregia delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, con los suyos. Pero hay una cosa que se antoja que no debe pasarse por alto, que puede resumir al final quien o quienes están más cerca de la verdad en este asunto.

Las marchas, la manifestación y la protesta reclamaban una cosa: dignidad.

Y desde las apoyaturas del gobierno, desde sus medios afines y sus voceros oficiales, se las calificó de todo. De radicales, de sectarios, de terroristas... Y hubo algunos que, quizás aquejados por el virus de la modernidad post capitalista y neo liberal, las acusaron de antiguas y anticuadas. 

Y eso sí que es gracioso. Bueno sería gracioso, si no fuera patético.Cierto es que recuperar imágenes en sepia de tiempos pretéritos para promocionarlas podía parecer anticuado, cierto es que los lemas coreados sonaban a superados hace tiempo, pero hay una cosa que no conviene olvidar: reclamaban dignidad.

El hospital de la Paz, el hospital de referencia para muchos asuntos sanitarios en esta país, estaba sin calefacción mientras los manifestantes reclamaban dignidad. 

Los enfermos, por tercera o cuarta vez este año, tenían que ser cubiertos con mantas e incluso con toallas para que no tuvieran fría porque la central térmica del hospital no se cambia por falta de presupuesto mientras los manifestantes reclamaban dignidad.

Los profesionales sanitarios tenían que calentar agua en hornos microondas para lavar a los pacientes con una palangana mientras los manifestantes pedían dignidad.

Los pacientes del hospital general de Alicante tenían que secarse con sus propias toallas y llevarse las mantas desde casa porque cinco años de recorte presupuestario han dejado al centro sin material mientras los radicales coreaban lemas desfasados pidiendo dignidad.

Una paciente con una hernia estaba sedada contra el dolor en su casa en espera de una operación que tuvo que ser suspendida porque no había anestesista en el hospital Gregorio Marañón de Madrid -otro centro de referencia- a causa del os recortes de personal mientras esos antisistema se colgaban de la arcaica reclamación de dignidad venida de otro tiempo.

Unos padres enterraban a una niña de tres años que murió camino del hospital tras una larga espera porque la sanidad vasca le negó una ambulancia con el argumento de que vivía en el Condado de Treviño y eso corresponde a Miranda de Ebro para no cargar con los costes mientras los "pijos ácratas" clamaban a gritos en Colón por la dignidad.
Mientras los que viven en otro momento de la historia reclaman una dignidad que dicen trasnochada, los pacientes de hemodialisis han de llevarse sus propias almohadas en Valladolid, los hospitalizados lavar sus propias sábanas en Castellón, los enfermos de urgencias se agolpan en los pasillos del Vall D'Hebron de Barcelona o de los hospitales Castellano - manchegos, las familias de los pacientes tienen que recorrer un descampado digno de una novela de Delibes, sin asfaltar y sin luz para acceder al hospital Infanta Leonor en el distrito madrileño de Vallecas...

Así que más allá de los números, de los manifestantes, de las fotografías en sepia, de los lemas repetidos y recuperados, no nos dejemos engañar.
Se recuperan lemas de antaño porque tenemos un gobierno de antaño. Se reclama la dignidad que ya se tenía porque nos la están robando, porque ya nos la han robado.
Todas esas situaciones sanitarias son indignas. Indignas de un país, ya no occidental o avanzado, sino simplemente civilizado, todas las decisiones que han llevado a esas situaciones son las que son realmente antiguas, trasnochadas y pertenecientes a otro tiempo. Al tiempo de Los Santos Inocentes, al tiempo de Los Miserables. Al tiempo en el que se tomaron esas fotos en sepia y se acuñaron esos lemas en negro sobre blanco.
Si a las que tuitean elegantemente vestidas de negro riguroso sentadas en el borde de la mesa de su despacho esos lemas  les suenan antiguos y desfasados es porque el gobierno al que pertenecen ha tomado decisiones antiguas y desfasadas que han arrojado nuestra sanidad a momentos pretéritos. A situaciones de las que hasta Cánovas o Sagasta se avergonzarían.
No es que reclamar dignidad sea anticuado. Es que robarla es prehistórico. Y eso es lo que hacen con nuestra sanidad y con otras muchas cosas.

22M: El mínimo común múltiplo de la dignidad o "mañana en la batalla piensa en ti".

Los hay que comenten el error de planificar las cuestiones sin contar con los otros. Rectifico, casi siempre cometemos el error en este Occidente Atlántico nuestro de planificar las cosas sin contar con los otros.

Y eso es lo que le ha pasado a nuestro Gobierno, ese que pusimos con nuestros votos en Moncloa y que es reflejo en muchas cosas de lo que somos y lo que quisimos ser.

Ese es, al fin y al cabo, el motivo que ha desembocado en las Marchas por la Dignidad que culminan mañana.

Como sabían que iban atacar, a bombardear lo que es nuestra sociedad, a intentar dinamitar lo que se había logrado con la historia y la sangre, se pusieron a planificar la defensa contra el posible contraataque. Y tiraron por la calle de en medio, por la clásica defensa genovesa del divide y vencerás.

Pensaron que si a unos les quitaban el puesto de trabajo, a otros el sueldo, a otros los beneficios sociales, a otros las posibilidades de futuro, a otros el acceso a la educación,  a otros el apoyo estatal... cada uno iría a la suya, cada uno se enfrentaría a todos los demás para conservar lo suyo, para barrer para casa.

Y no estaba mal pensado como estrategia de resistencia en los recortes. Y además ellos lo vendían a través de todos sus voceros noche y día. 

Profesionales sanitarios, funcionarios, profesores, eran privilegiados que solamente protestaban para conservar sus privilegios, los pacientes eran hipocondríacos que colapsaban el sistema sanitario, los inmigrantes venían en patera desde Mali a hacer turismo sanitario, los alumnos becados eran ninis que vivían en un perpetuo botellón en medio de los campus, los parados de larga duración eran vagos que vivían de la sopa boba y no buscaban empleo.

Cada colectivo machacado, recortado, atacado y humillado era culpable de su propia desgracia.

Y les hubiera funcionado si lo hubieran hecho con dos, con tres, incluso con media docena. Somos como somos y nos encanta ver caer a los otros mientras no nos salpique a nosotros. Sobre todo si creemos que socialmente tienen más relevancia que nosotros.

Pero cometieron, como siempre cometen los gobiernos, como siempre ejecuta la corte genovesa que ahora manda en España, el error del exceso. 

Les hicieron lo mismo a todos. A la Educación, a la Cultura, a los profesionales sanitarios, a los pacientes, a los empleados, a los desempleados, a los pequeños empresarios, a los dependientes... a todo el mundo.

Y entonces, claro, la cosa cambió. Nuestro ego occidental infinito ya no se veía reflejado en la victoria del Gobierno contra unos pocos, como pasara hace unos años con la militarización de los controladores aéreos, como pasara al principio de esta danza macabra de recortes con la eliminación de las pagas extra a los funcionaros.

Si les ocurre a tantos puede que llegue a ocurrirnos a nosotros y eso nos da miedo. Si tanta gente es metida en el mismo saco puede que algo esté fallando y eso nos hace pensar.

Y lograron que la sociedad española hiciera lo que se hace tan poco en este Occidente Atlántico que va a la suya desde el individualismo al egoísmo, desde el egocentrismo a la autarquía personal y social. 

Lograron que recordáramos las matemáticas de primaria e intentáramos sacar el mínimo común múltiplo de todas las operaciones de recorte y destrucción social que el Partido Popular y sus gobiernos pretendían desarrollar por separado.

Y nos salió una palabra.

No se trataba de sueldos, no se trataba de puestos o condiciones de trabajo, de derechos perdidos o de privilegios retirados, no se trataba de ayudas, de subvenciones, de beneficios. Se trataba de una sola cosa: de dignidad.

Porque no poder atender a un paciente en buenas condiciones le roba la dignidad a profesionales sanitarios y enfermos, porque tener que educar entre el frío de las aulas y sin poder poner todos los medios para ello le roba la dignidad a profesor y alumnos, porque verte alejado de tu propio futuro y arrojado a un horizonte de una vida de 600 euros al mes de empleo semi esclavo le roba la dignidad al empleado y al parado, porque tener que hacer juegos malabares para poder atender al pariente que depende de ti le roba la dignidad a la persona dependiente y a aquellos que le atienden, porque tener que convivir en la misma casa con alguien a quien dejaste de amar por no tener dinero o trabajo para poder marcharte le roba la dignidad a la más importante de las relaciones humanas, porque tener que volver a casa a los cuarenta y cinco y que tus padres pensionistas te paguen las facturas le roba la dignidad a los hijos y a los padres, porque tener que rebuscar en la basura porque tu pensión o tu subsidio no te llegan le roba la dignidad a jóvenes y viejos.

Y tantas dignidades robadas, tantas humillaciones, excedieron con creces nuestro gusto por ver caer al otro. Nos recordaron algo que nos cuesta mucho ponernos en la mente cuando nos levantamos cada mañana: que gran parte de nuestros derechos dependen de que se respeten los derechos de otros. Que nuestra dignidad no puede separarse en lo social y lo personal de la de otros.

Habrá muchos a los que mañana, durante las marchas de la dignidad, se les ocurrirá como excusa para no acudir que los sindicatos tienen problemas de corrupción -que los tienen-, que los médicos ganan más que ellos, que los profesores tienen más días de vacaciones que los demás, que los funcionarios tienen días de asuntos propios y ellos no, que los estudiantes no hincan tanto los codos como ellos creen recordar que lo hacían, que los pensionistas entran gratis en muchos sitios o cualquiera de todas esas explicaciones vanas y egoístas que repiten como una letanía.

Si aún piensan todo eso que se queden en casa. Parafraseando al bardo de la Pérfida Albión: No quisiéramos luchar con aquellos que temen perder con nosotros. 

La dignidad es un derecho propio y se puede renunciar a él. Pero no existe el derecho de pretender que los demás se fuercen a perder su dignidad para que no se note que tú has renunciado a la tuya.

Hay muchos que ya han encontrado el mínimo común múltiplo de esta sociedad. Eso es lo que distingue a quien intenta luchar de a quien no lo hace, a quien busca aliados y no enemigos. A quien suma su granito de arena a lo de todos y no intenta encerrarse en su playa esperando que nunca le salpique la marea.

Siguiendo con el bardo: Mañana, en la batalla, piensa en ti. Y cuando te des cuenta mientras cambias de canal en el televisor que también te están robando a ti muchos de tus derechos., búscanos. Estaremos en la calle intentando pelear también por tu dignidad.

Segunda oleada: nuestra salud en manos de sombras

Normalmente valoramos las situaciones, los hechos, por la primera oleada de sus consecuencias. Y normalmente nos quedamos cortos.

Si alguien pensaba que lo peor que podía pasar con la privatización de la gestión sanitaria pública era lo que ya estaba pasando, ha cometido ese error. 
Además de los recortes de servicios en busca de beneficios de las empresas gestoras, aparte de la perdida de calidad en el servicio, de las condiciones nepotistas de adjudicación, de la corrupción y el coste añadido para los usuarios de servicios que antes eran gratuitos que van desde la capa del acompañante hasta la mismísima almohada sobre la que reposar la cabeza durante una hemodiálisis, ahora llega la segunda parte, el meollo del negocio.

La segunda oleada. La reventa.

Sacyr ha vendido el 49% del capital de las sociedades concesionarias a través de las que ostenta dos hospitales de Madrid a un fondo de Lloyds Bank por un importe de 90,2 millones de euros, según informó el grupo.

¿Que significa esto? Pues muy simple. Significa que una gran parte de los servicios no sanitarios de los hospitales de Parla y Coslada ahora están en manos de un cúmulo de sombras financieras sin nombre ni apellidos, sumergidos en un marasmo de sociedades y fondos participados que no son aquellos a los que se les realizó la concesión, que no son aquellos a los que si quisiera -que no quiere, por otra parte- podría controlar el gobierno regional a través de la Consejería de Sanidad.

Significa que Lloyds Bank tiene ahora como objetivo, no gestionar la sanidad pública de esos dos hospitales, sino amortizar cuanto antes los 90 millones de euros que les ha costado la inversión y que cuando lo hayan hecho, si no obtienen los beneficios que ellos consideran suficientes o si tienen pérdidas, intentarán deshacerse de esas inversiones, o sea de nuestros dos hospitales, al precio que sea, incluso al de nuestra salud.

Y de momento solo son los servicios no sanitarios de estos centros hospitalarios. Pero ya sabemos que eso no significa lo que parece significar. 

Que eso no garantiza que la atención sanitaria no esté en peligro. Lo sabemos porque recordamos lo que pasó y está pasando con la Lavandería Central Hospitalaria; lo sabemos porque nos acordamos de lo que pasa con los servicios de cocina o de limpieza en muchos hospitales públicos que se encuentran bajo gestión privada, los recortes, la bajada en la calidad de esos servicios y como repercute todo eso en el incremento de los riesgos para la salud de los pacientes hospitalizados.

Esta segunda oleada de la privatización nos convierte en moneda de cambio entre individuos que solamente ven balances en despachos británicos y si los gestores que pueden ser controlados por los gobiernos ya han empezado a hacer de la capa nuestra salud y nuestra sanidad un sayo de beneficios financieros, qué no harán aquellos que se encuentran completamente a salvo en la impunidad del marasmo empresarial que reside en la city londinense.

Nada es ilegal, nada es irregular porque Sacyr mantiene el 51% del tinglado financiero en el que se han trasformado los hospitales públicos y retiene el control. Pero si alguien creía o quería creer que el dinero no iba a mandar en la sanidad pública con la privatización que deseche la idea.

las consecuencias de la primera oleada están siendo demenciales. Las de la segunda serán trágicas. El choque entre dinero y vida siempre es trágico.

Europa, jueces y fiscales no hacen demócrata al PP

Es esto nuestro de la supuesta democracia hay frases que se repiten una y otra vez desde que alguien las dijera probablemente con un fin diferente. Uno de esos lugares comunes es la sentencia que reza más o menos "es en el equilibrio entre seguridad y libertad en donde se calibra el grado de democracia de un gobierno".

Como en todo, en esto del buen o el mal gobierno, la cuestión acepta mil matices, cientos de puntualizaciones, una docena de excepciones y un par de negaciones absolutas -conocidas por todos los códigos militares del mundo como Estado de Sitio y Estado de Excepción-. 

Pero cuando se rompe ese equilibrio sin motivo aparente, la democracia -por imperfecta y podrida que se encuentre en este Occidente Atlántico que nos ha tocado vivir- cruje como los tablones de un viejo navío que hace agua en la sentina.

Los actuales habitantes de Moncloa hacen crujir esa cubierta y dan auténtico valor a la sentencia. Su sentido democrático se demuestra con algo que parece una ley pero no lo es, que asemejarse a un producto legislativo pero no lo es. Con algo llamado Ley de Seguridad Ciudadana, para entendernos Ley Fernández.

Y no lo demuestran porque a algunos no les guste o porque a la oposición le parezca excesiva. Demuestran que no entienden la democracia, la sociedad libre, ni el concepto de ciudadanía porque tienen pitando en los oídos todas las sirenas que el sistema ha diseñado para estas ocasiones y se niegan a escucharlas, porque tienen encendidas todas las luces rojas de alarma del barco democrático y se niegan a verlas.

Y la última es el Consejo Fiscal. 
Incluso los acusadores públicos, bajo el mando de uno de los suyos, como todos los estamentos judiciales del país, les están diciendo a gritos que esa ley es Inconstitucional y ellos a la suya.

Les dicen que la democracia no puede permitir que se otorgue a la policía potestad para que entre y registre domicilios sin que medie el conocimiento de que se esté produciendo un “flagrante delito” -¿nos acordamos de los gritos, sollozos y rasgamientos de vestiduras del Partido Popular con la ya histórica Ley Corcuera de la patada en la puerta? Parece que no-. 

Ellos no escuchan. Como les viene bien se hacen los sordos. Como antes lo hicieran otras grandes demócratas como los generales argentinos, Stalin, Franco, Caucescu, Hitler o Castro, por citar algunos ejemplos de demostrados demócratas que hicieron del registro por sorpresa un arma de control social.

Los chicos de Torres Dulce las pegan cuatro voces sentados en su consejo y les dicen que eso de retener a personas para proceder a su identificación podría no ser, por decirlo de alguna manera, el estilo constitucional que necesita una sociedad democrática. Pero el ministro Fernández y toda su corte genovesa se encogen de hombros. Si el Gobierno sudafricano pudo tener once meses retenido para su identificación a Steve Biko, ¿por qué no ellos?, si el Gobierno Chino puede tener catorce días retenido a un disidente en aislamiento con la excusa de que no iba identificado por la calle, ¿por qué no ellos?

Al fin y al cabo ellos también son un gobierno. Y la frontera entre Gobierno y Poder, entre Autoridad y Autocracia comienza a diluirse ante sus ojos. 

Y para terminar,  los fiscales del reino les dicen bastante alto y claro que la detención de personas por haber cometido una infracción no encuentra acomodo en nuestro sistema penal ni en nuestra Constitución. Pero también les da igual. 

Otros lo hicieron antes que ellos, desde en la antigua RDA hasta en Chile, desde en Abu Dabi hasta en Teherán, Desde en La Habana hasta Moscú, Desde en Buenos Aires hasta en Caracas. El hecho de que todos los que los hicieron no tuvieran la palabra democracia en su ideario de gobierno es irrelevante.

Y lo firma el Fiscal General del Estado.

Pero también les resulta completamente indiferente. Ya lo ha firmado antes el Consejo de Europa y siguen tan campantes -"en mi casa mandó yo"-; ya lo ha hecho antes el Consejo del Poder Judicial y ellos a lo suyo -"en mi casa mandó yo", otra vez-.

La Ley Fernández sigue su curso aunque nadie se siente amenazado cuando se cruza con una manifestación, aunque nadie se siente agredido por una huelga, aunque nadie siente que su vida corra peligro por un escarche. Diga lo que diga Europa, los jueces, los fiscales o los ciudadanos, la Ley Fernández sigue adelante.

Puede que algunos se sientan molestos, incomodados o disgustados pero desde luego no amenazados. Y soportar las molestias y las incomodidades es parte del mismo equilibrio democrático que es intentar no producirlas.

Lo único que se siente amenazado, agredido o en peligro es su gobierno que ya se ha convertido simplemente en poder sin rasgo ninguno de respeto o sentimiento democrático. Y claro, su permanencia en el poder no es ni una prioridad nacional ni un derecho constitucional.

Así que resulta que la frase es absolutamente cierta después de todo. ""Es en el equilibrio entre seguridad y libertad en donde se calibra el grado de democracia de un gobierno".

Y el Gobierno del Partido Popular simplemente no es demócrata porque pretende tumbar la balanza completamente hacia la seguridad, llevando al país a un permanente Estado de Excepción, no por su seguridad o la de sus ciudadanos sino por la suya propia y la de su estancia en el poder.

Da igual de donde vengan y hacia donde digan que vayan. Sus acciones les definen.

Gestores privados como "coyotes" fronterizos.

Los golpes siguen llegando.

La exclusión sanitaria de los inmigrantes sin papeles que residen en España sigue dejando un reguero de casos y cosas que nos arroja directamente al barbarie.

Desde el africano muerto de una pulmonía mal tratada o no tratada -que nunca se supo ni se sabrá del todo- hasta la anciana con un órgano trasplantado a la que luego se le cobran revisiones, medicamentos antirechazo y seguimientos clínicos; desde los ilegales rechazados en centros de salud hasta la inmigrante a la que se venda de urgencia y cura de urgencia una quemadura y luego se le cobra por las curas sucesivas.

Y ya ni siquiera están a salvo de la quema, de la exclusión, aquellos que acudan a la atención sanitaria dentro de las excepciones fijadas por la norma. De esos tres principios decorativos de la atención de urgencia, los partos y los niños, que lo único que buscan es evitar la dantesca imagen de mujeres extranjeras dando a luz en las puertas de los hospitales o de personas de otras tierras muriendo de dolor sin recibir atención sanitaria.

La Fundación Jiménez Díaz de Madrid, uno de esos centros sanitarios de la red pública que están bajo la tan alabada y supuestamente eficiente gestión privada, ha cobrado a un residente paraguayo 390 euros por atenderle de urgencia. Está prohibido pero lo han hecho; el hombre llegaba como quien dice con la vesícula en la mano pero lo han hecho. Es una atrocidad pero lo han hecho.

Y eso ya es de por sí un síntoma de lo que está pasando y de lo que va a pasar.

La exclusión del os inmigrantes es el punto más álgido del proceso privatizador que los actuales inquilinos de Moncloa han puesto en marcha con nuestra salud y es uno de los ámbitos en los que más se están demostrando sus inconsistencias.

Las empresas gestoras, acuciadas por unos números de beneficios que no les salen, cargan los costes sobre los pacientes, se saltan las normas subcontratando servicios que no pueden subcontratar, incluso servicios clínicos enteros, y cargan la necesidad de beneficios sobre los pacientes. 

Y como se supone que los pacientes que menos importan son los ilegales, los que no pueden reclamar porque si recurren a alguien serán expulsados o deportados, pues con ellos lo hacen incluso de manera ilegal. Como el estraperlista de posguerra que cargaba los precios del chocolate porque sabía que era la única fuente y nadie podía reclamar a las autoridades, como el camello de esquina y poblado que corta la droga sabiendo que nadie puede quejarse porque está comprando algo ilegal. Como el coyote que cobra 1.000 dólares por cruzar la frontera a un espalda mojada.

El decreto de exclusión de los inmigrantes de la sanidad convierte a las empresas en traficantes de salud que se aprovechan de aquellos que no tienen opción de protestar, que obtienen beneficios ilegales de los que no están en condiciones de enfrentarse a esa irregularidad o ese abuso.

Empiezan por ellos pero cuando lo necesiten para sus cuentas de resultados y sus repartos de dividendos continuarán con todos los demás.

Y lo justifican por "un error administrativo" -¡Bendito error administrativo que cubre todas las vergüenzas y tapa todas las carencias!-. Y eso vuelve a dejar todo el proceso privatizador, todas sus motivaciones, todas sus excusas, al descubierto, en fuera de juego.

¿No se supone que se ha optado por la gestión privada porque es más eficaz?, ¿no se intenta vender que dejar nuestra salud en manos de los ejecutivos del negocio sanitario es sinónimo de acierto y pulcritud?

Pues un error administrativo tiene que castigarse, tiene que multarse, tiene que vigilarse. Están cobrando miles de millones por no tener errores administrativos, por ser mejores que gestores que los públicos. 

Y no me suena que ningún gestor público de un hospital haya querido nunca cobrarle nunca a nadie la atención de urgencia en contra de la ley.

De modo que gestión irregular o gestión incompetente. Tanto da una explicación o la otra. Ninguna de las dos salva los muebles de la privatización sanitaria.

Eso en lo que respecta a los socios económicos de este gobierno, a las empresas que se han hecho con el control de la sanidad pública. Pero el Gobierno también se lleva lo suyo.

Porque este paciente y su vesícula llegan a la Jiménez Díaz como muestra de lo inútil y absurda que es la estrategia de nuestros gobiernos. 

Ambos, vesícula y hombre, llegan así a las urgencias hospitalarias porque han sido rechazados en seis centros de salud durante un año; llegan en situación de emergencia porque el sistema no ha querido -o no ha podido por la prohibición gubernamental- ocuparse de su salud en los estadios en los que era más sencillo y seguramente más barato hacerlo que la hospitalización de urgencias.

Todo lo ahorrado en ese paciente se gasta al final en su tratamiento hospitalario de urgencias o incluso más con lo que esa decisión supuestamente de austeridad de dejar a los sin papeles fuera de la atención médica normalizada pierde todo su sentido, se queda sin explicación.

A menos claro está que los que hacen las cuentas de nuestra sanidad cuenten con que los inmigrantes ilegales sin tratamiento mueran de sus dolencias antes de precisar atención sanitaria de urgencia. El más puro malthusianismo social, vamos.

Es muy posible que no sea ese el objetivo. Pero, sea cual sea, se le parece mucho.

Un gobierno maltusiano y unos gestores hospitalarios que actúan como coyotes fronterizos. Curiosa hermandad para el desastre.

9.300 € hunden el andamio de la sanidad privatizada

Cuando alguien se instala en el andamio del engaño suele creerse firme porque tiene los pies bien asentados en sus mentiras, en sus excusas, pero lo que nunca cuenta es que es precisamente el andamio de la mentira lo que falla, tiembla y se derrumba porque no puede mantenerse sobre el firme de una realidad que lo rechaza.

Y eso es lo que les está pasando a nuestros gobernantes con la cortina de humo de la gestión privada de la sanidad pública. Tanto han apoyado los pies en sus frases repetidas que han llegado no solo a creer que nosotros las creeríamos sino a creérselas ellos mismos.

"Nada cambiará para el paciente", "no supone ninguna diferencia", "no es una cuestión de beneficios sino de maximización de recursos"... Mantras repetidos como frases de un responso, como oraciones de una letanía, que estaban seguros de que creeríamos, de que nos llevarían a la fe ciega en un modelo que desde el principio no era otra cosa que una forma de intentar lograr beneficios privados de lo público.

Pero llega la realidad y les sacude el andamio hasta que se lo destruye.

Una prótesis de cadera en Tarragona es la última punta del iceberg de realidad contra el que ha chocado el Titanic de la privatización sanitaria en España. Una mujer que paja 9.300 euros por saltarse la lista de espera es hoy el epicentro de un seísmo que empezó hace tiempo y que va a seguir mucho tiempo más a menos que lo paremos.

Empezó con pequeños temblores en distintos lugares, como lo hacen siempre los grandes cataclismos. En Castilla - La Mancha, con una ambulancia parada esperando que dos consejeros autonómicos de sanidad se pusieran de acuerdo sobre quien pagaba el traslado del paciente, en Madrid con un paciente no atendido en un centro sanitario de gestión privada de un infarto porque no le pertenecía, con una enferma en León derivada a otro hospital en pleno ataque de epilepsia.

Y continuó con seísmos de intensidad cada vez más elevada en la escala de lo ridículo y lo dantesco. Hospitales que exigen a los pacientes de hemodialisis que se lleven sus propias almohadas, centros sanitarios que cobran por la cama del acompañante e incluso por la silla que está a la cabecera del enfermo, gestores privados que pretenden cobrar las dietas especiales que precisan determinados enfermos.

El andamio de mentiras que intenta ocultar que la privatización sanitaria cada vez tiembla más pero aquellos que se aferran a él por deseo de beneficio propio, desde Moncloa a los gobiernos autonómicos, desde los políticos hasta las empresas privadas beneficiadas, siguen firmes creyendo que sus rezos les salvarán, que los dioses de su dinero y nuestra estupidez acudirán en su auxilio para que el andamio no se derrumbe. Para que el terremoto pare, para que una mano divina haga desaparecer el inmenso iceberg de la trayectoria de colisión del Titanic privatizador que no quieren parar y no saben cambiar de rumbo.

Pero el cataclismo estalla cuando la realidad demuestra que en realidad el objetivo final es el que se barruntaba, el que se profetizó, el que se sabía.

Un hospital catalán con una lista de espera de seis meses para la implantación de prótesis encuentra un hueco si le pagas 9.300 euros. Los mismos médicos, los mismos quirófanos, la misma gestión privada de lo público son cambiados y retorcidos para ganar dinero, con el único objetivo de obtener beneficios.

Un hospital madrileño bajo gestión privada de lo público -el palíndromo imposible que nos han querido vender- deja esperando a un enfermo que entra por urgencias para realizar una operación programada de un dolencia no grave simplemente por el hecho de que ese paciente es de pago.

Y ya no hay andamio de mentiras que oculte la realidad de que quien paga recibe atención y el que no tiene dinero para pagarla no; ya no hay ninguna colección de mentiras que pueda ocultar el hecho de que aquellos que han sido colocados por decisiones nepotistas al frente de la gestión de nuestra salud solamente buscan beneficios y hacen cualquier cosa para obtenerlos.

El Titanic de la gestión privada la Sanidad se encamina hacia el iceberg que le partirá por la mitad porque ya nada oculta que se pretende un nuevo feudalismo sanitario en el que el dinero, la posición y la condición económica marca la vida y la salud.

Los gobernantes, sus adláteres y sus socios en la sombra no van a cambiar el rumbo, van a seguir enfilados hacia su objetivo porque una prótesis de cadera en Tarragona les ha dejado sin andamio en el que sostenerse y a nosotros nos toca ser el iceberg.

Nos toca seguir ahí, viendo lo que viene, resistir el impacto y lograr que el trasatlántico de seis cubiertas de la privatización sanitaria se estrelle contra nosotros, contra nuestras convicciones, contra nuestros derechos, contra nuestra resistencia como profesionales, como pacientes y como ciudadanos en general.

Conviene recordar para aquellos que se encojan por el miedo ante el estruendo del choque que, cuando el Titanic se partió en dos y se hundió llevándose estrepitosamente el lujo y el dinero de todas sus cubiertas a los fondos marinos, el iceberg contra el que se estrelló seguía estando allí.

PP, China, franquismo y "en mi casa mando yo"

Hay pocas ocasiones en las que este Occidente Atlántico acepta pensar en contra propia, transige con ese vicio de no querer hacer las cosas bien por miedo a que en algún momento nos vengan mal.

Y si había un ejemplo de esa poco frecuente tendencia era el concepto de jurisdicción universal que la legislación internacional se empeñaba en mantener pese a los constantes duelos y quebrantos que le provocaba.

Pues nuestro Senado, que es lo mismo que decir nuestro gobierno, acaba de ratificar su sentencia de muerte.

Acaba de clavar el último clavo en el ataúd de la justicia universal, de que los criminales, los grandes criminales -no los de portada de sección de sucesos y los de mini serie documental televisiva, sino los de verdad-, puedan ser perseguidos, juzgados y encarcelados en cualquier lugar del mundo.

Un día después de los fastos y recuerdos de un crimen internacional, en el mismo día en el que en Crimea se está gestando la respuesta a un crimen masivo de represión que desembocará con toda probabilidad en más crímenes multitudinarios; a la misma hora en la que el régimen sirio  y parte de sus enemigos acumulan tantos delitos de Lesa Humanidad que no caben en sus tumbas, los inquilinos de Moncloa, a los que nuestros sufragios pusieron allí para otra cosa, entierran la jurisdicción universal.

Les dan a todos los criminales masivos de otros tiempos, de nuestros tiempos y del futuro, un lugar donde esconderse.

Desde Joseph Kony hasta Putin, desde Al Asad hasta los Ayatolas iranís, desde el PCCH hasta el PNA, desde Netanyahu hasta toda la corte de tiranos y tiranuelos con terno de gobernantes democráticos o con uniforme de revolucionarios que pueblan y han poblado el continente americano por debajo de Río Grande están dando palmas con las orejas. El Champan y la sangre corren para celebrar la recuperación del concepto de impunidad universal.

Y ¿Por qué?

Unos dirán que es por China, por los procesos abiertos contra sus gobernantes. Y tendrán razón. Solo una parte de razón, pero la tendrán.

Pero viendo como maneja el Partido Popular la justicia, como la ha convertido en un brazo armado de su política, como ha hecho todo para controlarla y mantenerla bajo su control, esos procesos se podían haber paralizado de otra manera, se podrían haber dejado morir en los despachos judiciales, se podrían haber ido derivando hasta que acabaran en manos de un juez afín, se podían haber hecho llegar a un Tribunal Supremo controlado, a un Tribunal Constitucional dirigido desde Moncloa y Génova, 13 que tiene un militante del partido como presidente.

Y así se habría tenido contento al gigante al que tanto se le pidió, reclamó y exigió despertar y que ahora nos está quitando el aire con su bostezo. Así se podría seguir mendigando inversiones y esclavos para los centros de producción deslocalizados de nuestras empresas. Así se podría seguir fingiendo cada aniversario de Tianammen que al Occidente Atlántico le importan los derechos humanos y jugar el resto del año al juego que, como diría el cansino cantautor, "que mejor juega y que más le gusta" que no es otro que revolcarse en el lecho con China por dinero.

Pero no se ha hecho así. Se ha ido a cargarse directamente el concepto de jurisdicción universal. Así que debe ser por otra cosa.

Y los habrá que dirán que es por aquello de cubrir los crímenes y desmanes de una dictadura y un bando de una Guerra Civil Española. Dos momentos históricos a los que no deberían sentirse vinculados si de verdad fueran lo demócratas que se llenan la boca de decir que son. Y tampoco les faltará razón.

Al gobierno español no debería importarle que Argentina juzgara a torturadores de otra época, pero misteriosamente le importa; no debería hacerle temblar el pulso o alzar la ceja que magistrados de allende de un océano u otro hablen de fosas comunes de la Guerra Civil o de los represaliados del franquismo, pero le importa.

Como les importó a otros que hicieron fracasar una Ley de Memoria Histórica que nunca debió ser legislada porque no se debe obligar a nadie a recordar solamente para vindicar la memoria de familiares muertos, de ancestros asesinados o de abuelos combatientes.

Pero podría hacerse de otra forma, aún con ese vicio hispano de impedir que la vida se convierta en historia. De no dejar que Franco, Azaña, Carrillo, Serrano Suñer, Mola, Queipo de Llano, Negrín, Calvo Sotelo o Ibarruri ocupen su lugar en los libros hasta el punto de que a nadie le importe quien de todos ellos tenía razón o si alguno de ellos la tenía -sinceramente, ¿alguien tiene una opinión formada sobre quien tenia o no razón en la Dictablanda de Primo de Rivera o en la Guerra de Sucesión? No. Pues a eso me refiero-.

Y no se hace a través de los arteros mecanismos que el Partido Popular suele utilizar para lograr sus objetivos judiciales porque en realidad  el objetivo primario del PP no es el pasado de la historia reciente de España, ni el presente de la maltrecha economía del país. 

Se dinamita el mismo concepto de jurisdicción internacional por el futuro. Por su futuro en el poder.

Porque, con Estrasburgo soltando guantazos a diestro y siniestro en sus enrojecidos mofletes por la Doctrina Parot, la exclusión sanitaria de inmigrantes, el aborto y hasta la reforma educativa, el gobierno del PP quiere dejar claro un concepto que es muy suyo, muy de aquellos en los que se apoya sin tener que apoyarse: "en mi casa mando yo".

Y si para enviar ese mensaje hay que aceptar que China mande en su casa a costa de la vida y la libertad de sus ciudadanos, pues se pasa por el aro; si hay que tolerar que toda suerte de tiranos machaquen a sus poblaciones, pues se tolera; si hay que permitir que los estados más poderosos militarmente cerquen por hambre y guerra a poblaciones indefensas, se permite; si hay que dejar pasar que los locos de la yihad y el paraíso mantengan a hombres y mujeres oprimidos bajo el terror del gobierno las falsas interpretaciones de las palabras de u profeta, pues se deja pasar.

Porque en realidad la jurisdicción universal es un peligro para el PP como gobierno -lo es para cualquier gobierno, no nos engañemos- porque le obliga a respetar reglas que no puede cambiar, a ajustarse a convenciones que no puede modificar. No vaya a ser que algún juez de algún lugar del mundo tenga un concepto de genocidio que incluya matar por pobreza, o que algún magistrado de alguna corte internacional considere fundamental derechos que ellos está cercenando y decida procesarles.

Por eso hay que mandar el mensaje de que a Moncloa -no a España, que no es lo mismo, aunque ellos quieran confundirlo- no le importa y no le gusta la jurisdicción universal, le trae al pairo lo que el universo diga sobre sus actividades. Se la pelan los crímenes internacionales, transnacionales o universales.

No es por el pasado de sus abuelos combatientes, no es por el presente de sus negocios. Es por el futuro de su poder y su mantenimiento en él.

Y eso es más peligroso que China y el franquismo juntos, marchando de la mano.

Hace falta carne (2014)

Hace falta carne, chaval.

En pómulos regios de una infanta que no sabe qué sabe.

En las heréticas hamburguesas de tres pisos.

Alrededor de los visibles huesos de modelos de Cibeles,

en las frases falaces de un debate mil veces repetido.

Hace falta carne en la olla cotidiana del pobre;

carne entre los dientes macilentos del hambriento.

Carne en los carrillos de África y en los mofletes de Asía.

Hace falta carne entre las manos y entre las piernas

de aquellos que sólo la tienen entre las cejas.

Hace falta carne entre los dedos y entre los muslos

de aquellas que sólo la tienen entre los sueños;

Hace falta carne, chaval.

Entre las sábanas de los que la imponen en las pantallas;

entre las mantas de los que la niegan en las iglesias.

Más carne puesta ante los libros y no ante los cañones;

carne colocada de nuevo en el asador de la inteligencia.

Carnes rojas de justicia y rebelión,

carnes blancas de paz y transigencia,

carnes abiertas por la rabia ante el idiota

carnes de mis carnes, carnes de las carnes de todos.

Hace falta carne y sal.

Hace falta Carnaval.