Pues ya está claro. Por fin el Partido Popular ha presentado el primer punto de su programa electoral para las elecciones municipales y autonómicas del próximo mes. Es un punto, un principio básico, que, con toda seguridad, extenderá a su programa nacional para los comicios generales que tanto ansían adelantar y que esperan como agua de mayo.
Lamento profundamente haber dudado de su capacidad para generar ideas porque, visto lo visto, han presentado un principio general novedoso, impactante y original.
Y para demostrarlo han hecho que le de carta de naturaleza uno de sus pesos pesados. No ha sido el bueno de mariano que dice todo con la boca pequeña como para no molestar, no ha sido Esperanza Aguirre que lo dice todo con la boca grande como sabiendo que se equivoca y fingiendo que no le importa.
Ha sido Trillo, Federico Trillo, uno de los tipos serios que quedan en las filas del PP o que al menos lo parecen.
Y lo ha hecho como mandan los cánones. Nada de mítines sobre economía o visitas en las que se abordan los problemas sociales de los españoles. Eso está muy visto.
Federico Trillo ha presentado el revolucionario plan del PP relacionándolo con lo único que importa, con el terrorismo, con lo único que existe, ETA, con el único personaje del que resulta posible hablar en estos días, Troitiñio. Como debe de ser.
Y ¿cual es ese principio novedoso que revolucionará la política española? ¿cual es ese punto programático que nos permitirá salir de la crisis, abandonar el déficit público y el endeudamiento municipal?, ¿cual es ese descubrimiento político que nos sacara de la lista de peligros financieros europeos?
Pues muy sencillo: la total y absoluta quiebra del Estado de Derecho.
Así como suena, sin anestesia ni nada. Porque Don Federico se ha descolgado afirmando que "una vez que se recurrió por la fiscalía la resolución de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional que supuso la excarcelación de Troitiñio, el Ministro del Interior tenía todas las razones para haber procedido al seguimiento e incluso a la detención preventiva de este". Manda huevos, Señor Trillo, manda huevos.
Y dicho así no parece nada fuera de cuadro, ni siquiera se asemeja de lejos a un principio político de actuación que sea aplicable a un programa electoral. Pero lo que está defendiendo trillo, el PP y todos aquellos que, desde los medios afines y desde cualquier parte, asienten mesuradamente con la cabeza cuando leen estas frases es, sencillamente, el final de las garantías constitucionales, dar carpetazo al Estado de Derecho, acabar con la democracia y la justicia en este país.
¿Exagero? No creo.
Troitiño fue excarcelado legalmente después de que un tribunal, un alto tribunal decretara que había cumplido su condena. Troitiño era un hombre libre, legalmente libre. Eso lo sabe Trillo, eso lo sabe el PP y eso tenemos que tenerlo claro todos.
El fiscal del Estado solicitó una reunión de la audiencia para aunar criterios judiciales antes de decidir sobre el recurso que había presentado a esa excarcelación. Y el señor Trillo y el Partido Popular afirman que en ese momento Troitiñio tenía que haber sido detenido de nuevo.
Explico esto a la gente que tengo alrededor y parece no sorprenderles, reaccionan como si fuera algo normal, como si lo habitual fuera esa forma de actuar de los poderes del Estado.
Claro que escribo sentado en un balcón de la plaza de Djemma el Fna, en pleno corazón de Marrakech, y esta gente está acostumbrada desde su mas tierna infancia a convivir con los acosos policiales, con las detenciones ilegales. Esta gente ha crecido para su desgracia presente y para la nuestra futura en un régimen totalitario.
Porque lo que pide Don Federico es que la policía vigile y persiga a un hombre legalmente libre, que no es sospechoso de ningún delito, que no ha cometido delito alguno tras su excarcelación y sobre el que no pesa orden judicial de detención o vigilancia alguna. Eso se llama acoso policial. Y eso es un delito.
Federico Trillo lo sabe, el Partido Popular lo sabe y nosotros haríamos bien en no ignorarlo aunque creamos que nos viene bien.
Porque lo que solicita el Portavoz de Justicia del PP es que la policía detenga a alguien solamente porque el fiscal lo quiere o, para ser más exactos, porque el fiscal tiene dudas de que tenga que ser excarcelado. Sin decisión judicial alguna, sin pruebas de comisión alguna de delito. Sólo porque un fiscal tiene dudas sobre lo ajustado a derecho de una decisión judicial. A eso se le llama detención ilegal. Y es un delito.
Don Federico lo sabe, las mesnadas de Génova lo saben y nosotros haríamos bien en recordarlo porque algún día puede venirnos bien
Porque un hombre que ha cumplido su condena y que es libre por decisión y refrendo judicial no es un delincuente, no es un criminal hasta que vuelve a cometer otro delito, hasta que vuelve a perpetrar otro crimen y la policía y el ministro encargado de ella, en este caso el ínclito Rubalcaba, no pueden ir deteniéndole porque un fiscal haya presentado un recurso a un tribunal que todavía no ha decido sobre el asunto. Eso se llama régimen totalitario. Y es un crimen de proporciones históricas.
El señor Trillo lo sabe, los ideólogos del PP lo saben y nosotros haríamos bien en tenerlo absolutamente claro porque si no lo hacemos puede terminar viniéndonos muy mal.
Si esta exigencia llegara desde una barra de bar al leer el periódico sería desechable por inculta y desinformada, si proviniera del púlpito de una de esas misas que aún se estilan de vez en cuando en los madrileños Jerónimos por los caídos por dios y por España sería explicable por fascista y dictatorial, si partiera de los familiares de algunas de las pasadas víctimas de Troitiñio sería comprensible por dolorosa y vindicativa.
Pero parte del Portavoz de Justicia del PP, de alguien que sabe que está exigiendo al Gobierno que haga algo ilegal, de alguien que sabe que sus exigencias suponen la comisión de dos delitos, de alguien que incluso sabe que el acoso policial arbitrario y la detención ilegal son los principales síntomas de la existencia de un estado autocrático, totalitario y despótico. Parte de él y sabe lo que está haciendo, lo que está exigiendo.
Incluso sabe que, si se hubiera hecho, Troitiño hubiera acabado en la calle más rápido que ahora. Porque sus abogados hubieran tenido tanto material para acusar al Gobierno, a la Fiscalía, a la Policía y al Ministerio del Interior de esos delitos que la Abogacía del estado y el Tribunal Supremo hubieran pasado años cegados por el papeleo de este asunto.
Sabe todo eso y pese a ello lo dice. Pese a ello convierte esa exigencia en la postura oficial de un partido que, justo hasta ese momento, hasta la publicación de ese comunicado, podía hacerse llamar democrático.
Así que la única conclusión posible es que lo sabe pero no le importa lo más mínimo.
Que no le importase al profeta del pasado de barra de bar e invectiva política entre licor de hierbas es inocuo, que no le importe al fascista recalcitrante y nostálgico del "con Franco esto no hubiera pasado" es irrelevante, que no le importe a la víctima del delincuente al que se ha excarcelado legalmente es intrascendente.
Que no le importe el principal partido de la oposición y a su portavoz de Justicia es, ni más ni menos, que un crimen de Estado.
Porque si lo sabe y no le importa eso lo convierte en una estrategia electoral, en un principio político, en un punto programático. El Estado de Derecho puede doblarse, suspenderse e incluso quebrarse siempre que me venga bien, siempre que sea conveniente, siempre que me impida hacer lo que creo que tengo o que me viene bien hacer.
Y está la originalidad de este nuevo programa electoral de PP.
Da igual que el Estado de Derecho y las garantías constitucionales me impidan perseguir, vigilar, acosar y detener a alguien por el mero hecho de que alguien piensa que no debe andar suelto -salvo en el caso, claro está, de que sea un perverso posible maltratador de mujeres, ¡Anda, leche, pues no va a ser tan original la idea de Don Federico!-. Yo lo hago.
Da igual que, según el código penal español y La Constitución, tan tremolada y citada, nadie pueda tratar como un convicto a alguien que ha sido puesto legalmente en libertad tras cumplir su condena porque se considera que ya ha saldado su deuda. Yo lo hago.
Da igual que no se pueda aplicar el concepto de riesgo de fuga a alguien que no puede fugarse porque no está en la cárcel ni tiene que estarlo, según la justicia ha decidido. Yo lo hago.
Ese es el Estado, ese es el gobierno, que nos propone el Partido Popular en su programa electoral encubierto dentro de su eterna vinculación electoral relacionada con los asuntos viscerales y mediáticos del terrorismo.
Y algunos dirán que quizás la propuesta de anular el Estado de Derecho en determinadas situaciones sea buena, sea, aunque maquiavélica en su concepción, democrática en sus fines. Aunque me provoque una cierta urticaria genital ese razonamiento, he de reconocer que quizás pudiera ser cierto, pero cuando vuelvo al área de justicia del PP -y a la del PSOE, en esta ocasión- me doy cuenta de que es una esperanza baldía.
Porque si ese fuera el objetivo de esta nueva forma de concebir el Estado de Derecho y las libertades públicas que el PP nos propone con Troitiñio, habría emitido el Señor Trillo un comunicado en idénticos términos, criticando la actuación judicial y policial en el caso Gürtel, en las corruptelas y escuchas madrileñas, en el Caso Fabra, o en el proceso contra Jaume Matas.
Y hubiera exigido que, en cuanto el fiscal presentara cargos o requerimientos o cualquier otro acto judicial que le correspondiera, el Ministro del Interior y los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado se saltaran a la torera las garantías constitucionales y los fundamentos del Estado de Derecho y procedieran a detenerles en aras de la justicia y el castigo a los culpables.
Pero me temo que no ha hecho eso. Por lo menos no lo había hecho cuando salí de España hace unos días. Eso sí que hubiera sido original.
Visto con más detenimiento, con lentes de aumento, más al microscopio, no es una propuesta electoral tan original ni tan sorprendente.
No puede sorprender cuando parte de un partido que trata como héroes en la lucha antiterrorista a guardias civiles que han sido condenados por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por torturar y asesinar a un detenido.
No lleva a sorpresa cuando llega de una formación política que se atreve a criticar al máximo órgano judicial europeo en materia de derechos y libertades por condenar al Gobierno español por no investigar adecuadamente casos de tortura a abertzales -o incluso a etarras-.
Cuando esa propuesta está generada por los mismos que consideran un insulto que ese mismo órgano jurídico decrete que se ha vulnerado la libertad de expresión por condenar Otegui por el mitin de Anoeta o por condenarle por un delito, el de injurias al rey, que no solo no cometio, sino que ademas no es compatible con el Estado de Derecho Europeo y su constitución.
No resulta sorprendente que alguien que ha percibido siempre los derechos constitucionales de los demás como un problema, como una molestia. De alguien que se ha posicionado en la Ley de Partidos, la Ley de Violencia de Género, en el referéndum del Estatut, en las consultas no vinculantes vascas, en las leyes de inmigración y con otras tantas normas del lado de los maquiavelismos que anulan los derechos de todos en aras de unos supuestos y nunca claros beneficios y objetivos,. Después de intentar cercenar tantas veces la democracia no sorpende que ahora incluya por fin en su programa la absoluta quiebra de esos fundamentos y esas garantías.
Si les exigen a otros que, estando en el gobierno lo hagan, será porque ellos, cuando estén en el gobierno están dispuestos a hacerlo. Es decir, algo que han de incluir en su programa electoral.
No sea que después de todo no estén dispuestos a hacerlo y solamente sea una estrategia de desgaste para dejar en mala posición ante la opinión pública al candidato a candidato -¡vaya lío que se gasta el PSOE, por cierto!- más fuerte que tiene el partido rival. Aunque Trillo y todos los demás sepan de antemano que no se puede hacer y que ellos tampoco lo harían
Porque no puede ser eso, ¿verdad?
Pero tampoco resulta original en demasía.
Eso de crear un Estado de Derecho para luego saltárselo a la torera cuando les viene bien es algo que ya han hecho muchas veces muchos otros, ahora que caigo.
Lo hicieron los jacobinos con Madame Guillotine, los bonapartistas con su revolucionarismo exportado por las armas, los fascistas con sus fascios de camisa negra, los stalinistas con sus Gulahs, los maoistas con su revolución cultural, los chavistas con sus modificaciones constitucionales ad hoc, los castristas con su revolución continua, los republicanos estadounidenses con su mcarthismo pasado y su eje del mal o su Guantánamo presentes, los nacionalsocialistas con su Ley de Buena Convivencia...
Lo ha hecho y está haciendo Berlusconi con su dictadura mediática y sus leyes personalizadas, Sarkozy con su legislación de laicismo militante e inmigración, el polaco Kaczynski con sus normas homofobas o su proyecto de juicios sumarios en los estadios de fútbol, el húngaro Vicktor Orban con su Ley Mordaza,
Lo hace Zapatero con su Ley de Violencia de Género, Artur Mas con su política lingüística, Camps con sus clases de Ciudadanía en inglés, Chaves modificando leyes autonómicas que perjudicaban a empresas familiares, De Cospedal reclamando la eterna culpabilidad para un excarcelado y la presunción de inocencia también eterna para sus imputados.
Lo hace Hugo Chávez con sus milicias populares, Evo Morales con sus leyes de recorte de derechos, Cristina Fernández de Kirchner con sus multas a los analistas económicos desleales y sus monopolios estatales del papel prensa, El Assad con su levantamiento del Estado de Emergencia y sus represiones simultaneas, Mohamed VI con su reforma constitucional increíble y descreída.
Así las cosas, si tengo oportunidad, a lo mejor me quedo en Marrakech. Por lo menos aquí los totalitaristas llevan siglos siéndolo, son profesionales y no se disfrazan de democrátas.
Salvo por eso y por que aquí nadie espera, contra todo pronóstico, salir por arte de magia de una crisis económica que se está eternizando, cada vez me es más difícil percibir la diferencia.
Y algunos dirán que quizás la propuesta de anular el Estado de Derecho en determinadas situaciones sea buena, sea, aunque maquiavélica en su concepción, democrática en sus fines. Aunque me provoque una cierta urticaria genital ese razonamiento, he de reconocer que quizás pudiera ser cierto, pero cuando vuelvo al área de justicia del PP -y a la del PSOE, en esta ocasión- me doy cuenta de que es una esperanza baldía.
Porque si ese fuera el objetivo de esta nueva forma de concebir el Estado de Derecho y las libertades públicas que el PP nos propone con Troitiñio, habría emitido el Señor Trillo un comunicado en idénticos términos, criticando la actuación judicial y policial en el caso Gürtel, en las corruptelas y escuchas madrileñas, en el Caso Fabra, o en el proceso contra Jaume Matas.
Y hubiera exigido que, en cuanto el fiscal presentara cargos o requerimientos o cualquier otro acto judicial que le correspondiera, el Ministro del Interior y los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado se saltaran a la torera las garantías constitucionales y los fundamentos del Estado de Derecho y procedieran a detenerles en aras de la justicia y el castigo a los culpables.
Pero me temo que no ha hecho eso. Por lo menos no lo había hecho cuando salí de España hace unos días. Eso sí que hubiera sido original.
Visto con más detenimiento, con lentes de aumento, más al microscopio, no es una propuesta electoral tan original ni tan sorprendente.
No puede sorprender cuando parte de un partido que trata como héroes en la lucha antiterrorista a guardias civiles que han sido condenados por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por torturar y asesinar a un detenido.
No lleva a sorpresa cuando llega de una formación política que se atreve a criticar al máximo órgano judicial europeo en materia de derechos y libertades por condenar al Gobierno español por no investigar adecuadamente casos de tortura a abertzales -o incluso a etarras-.
Cuando esa propuesta está generada por los mismos que consideran un insulto que ese mismo órgano jurídico decrete que se ha vulnerado la libertad de expresión por condenar Otegui por el mitin de Anoeta o por condenarle por un delito, el de injurias al rey, que no solo no cometio, sino que ademas no es compatible con el Estado de Derecho Europeo y su constitución.
No resulta sorprendente que alguien que ha percibido siempre los derechos constitucionales de los demás como un problema, como una molestia. De alguien que se ha posicionado en la Ley de Partidos, la Ley de Violencia de Género, en el referéndum del Estatut, en las consultas no vinculantes vascas, en las leyes de inmigración y con otras tantas normas del lado de los maquiavelismos que anulan los derechos de todos en aras de unos supuestos y nunca claros beneficios y objetivos,. Después de intentar cercenar tantas veces la democracia no sorpende que ahora incluya por fin en su programa la absoluta quiebra de esos fundamentos y esas garantías.
Si les exigen a otros que, estando en el gobierno lo hagan, será porque ellos, cuando estén en el gobierno están dispuestos a hacerlo. Es decir, algo que han de incluir en su programa electoral.
No sea que después de todo no estén dispuestos a hacerlo y solamente sea una estrategia de desgaste para dejar en mala posición ante la opinión pública al candidato a candidato -¡vaya lío que se gasta el PSOE, por cierto!- más fuerte que tiene el partido rival. Aunque Trillo y todos los demás sepan de antemano que no se puede hacer y que ellos tampoco lo harían
Porque no puede ser eso, ¿verdad?
Pero tampoco resulta original en demasía.
Eso de crear un Estado de Derecho para luego saltárselo a la torera cuando les viene bien es algo que ya han hecho muchas veces muchos otros, ahora que caigo.
Lo hicieron los jacobinos con Madame Guillotine, los bonapartistas con su revolucionarismo exportado por las armas, los fascistas con sus fascios de camisa negra, los stalinistas con sus Gulahs, los maoistas con su revolución cultural, los chavistas con sus modificaciones constitucionales ad hoc, los castristas con su revolución continua, los republicanos estadounidenses con su mcarthismo pasado y su eje del mal o su Guantánamo presentes, los nacionalsocialistas con su Ley de Buena Convivencia...
Lo ha hecho y está haciendo Berlusconi con su dictadura mediática y sus leyes personalizadas, Sarkozy con su legislación de laicismo militante e inmigración, el polaco Kaczynski con sus normas homofobas o su proyecto de juicios sumarios en los estadios de fútbol, el húngaro Vicktor Orban con su Ley Mordaza,
Lo hace Zapatero con su Ley de Violencia de Género, Artur Mas con su política lingüística, Camps con sus clases de Ciudadanía en inglés, Chaves modificando leyes autonómicas que perjudicaban a empresas familiares, De Cospedal reclamando la eterna culpabilidad para un excarcelado y la presunción de inocencia también eterna para sus imputados.
Lo hace Hugo Chávez con sus milicias populares, Evo Morales con sus leyes de recorte de derechos, Cristina Fernández de Kirchner con sus multas a los analistas económicos desleales y sus monopolios estatales del papel prensa, El Assad con su levantamiento del Estado de Emergencia y sus represiones simultaneas, Mohamed VI con su reforma constitucional increíble y descreída.
Así las cosas, si tengo oportunidad, a lo mejor me quedo en Marrakech. Por lo menos aquí los totalitaristas llevan siglos siéndolo, son profesionales y no se disfrazan de democrátas.
Salvo por eso y por que aquí nadie espera, contra todo pronóstico, salir por arte de magia de una crisis económica que se está eternizando, cada vez me es más difícil percibir la diferencia.