Guindos nos endosa 2.500 millones más de miseria sin tocar los Presupuestos Generales

Hay frases que, aunque se inventan para ocultar la verdad, terminan siendo el principal síntoma de esa verdad que se pretende ocultar.

El Eurogrupo, esa entidad casi invisible y elusiva, le exige al gobierno español un ajuste suplementario de 2.500 millones de euros y Guindos, ese ministro de Economía que lleva sin hacer bien su trabajo toda la legislatura, saca pecho y dice que "no hará corrección alguna en los Presupuestos Generales del Estado para lograr ese ajuste".

Y pareciera que las dos cosas son opuestas, que Guindos está diciendo que no habrá más recortes, que ya está bien de exigirnos un déficit al que no podemos llegar. Pero en realidad no está diciendo eso. Él y toda la corte genovesa que habita en Moncloa nos tratan como niños, como si nos fuéramos a quedar en las primeras palabras, como si hubiéramos olvidado que todo lo que dijeron antes y para de acceder al poder se quedó en agua de borrajas.

Probablemente porque están acostumbrados a compartir consejo de ministros con gente simple y simplista, creen que los demás somos iguales.

La frase de Guindos no dice que no habrá recortes, solamente dice que esos recortes, que esos 2.500 millones adicionales de miseria y sufrimiento que nos exige en virtud de un poder que no deberíamos darle el Eurogrupo, no saldrán de los Presupuestos.

Es decir no lo serán recortes legales. Serán, como les gusta tanto a las huestes ministeriales de Rajoy para todo, una suerte de sanción administrativa.

Porque si recortan las prestaciones de Desempleo con uno de esos decretos Ley que tanto les gustan y sacan del sistema digamos a medio millón más de desempleados porque rebajan el tiempo de prestación o aumentan el tiempo de contratación necesaria para solicitarlo o reducen los días que corresponden por año trabajado, no habrán tocado los impuestos, no habrán tocado los Presupuestos Generales del Estado, pero de repente, por arte de la magia de la negación de un derecho y de la precarización de la sociedad, habrán obtenido algunos cientos de millones adicionales.

Porque si, como quien no quiere la cosa, el Ministro Montoro, ese alter ego enano y cabreado por toda la eternidad de Guindos,  decide a golpe de decreto aumentar en un punto las retenciones mínimas obligatorias en las nóminas -en las de los que aún las tienen- no habrán tocado los Presupuestos y de repente a costa de alargar unos cuantos días más el fin de mes de todos los asalariados españoles habrán conseguido otro puñado de centenares de millones de euros que ofrecer como holocausto propiciatorio en el altar del sagrado Eurogrupo.

Y así, sin tocar los Presupuestos General, puede seguir extrayendo dinero y fondos de nuestra miseria a través de la herramienta que se creo ad hoc para esa función. La Reforma Laboral.

O sea que lo que Guindos está diciendo no es que no quitará dinero a los españoles para conseguir esos 2.500 millones adicionales. 

Está diciendo que no renunciará al submarino de la armada que nos está costando 800 millones de euros, que no dejará de pagar los sueldos de los profesores de religión y de los capellanes penitenciarios y castrenses, que no dejará de dilapidar 300 millones de euros en intentar resucitar la agonizante Marca España, que no dejará de gastar 85 millones de euros en sufragar los partidos políticos, que no renunciará a los 30 millones que gasta en promocionar la tauromaquia, ni a los dineros que emplea en las pensiones vitalicias de los políticos, ni a ninguno de los gastos que ha mantenido en el presupuesto mientras recortaba de Sanidad, Educación, Cultura y todo lo que para ellos es superfluo de la sociedad española.

Lo que dice el ministro Guindos es que ese dinero no saldrá de lo que ellos han decidido gastarse en lo que les importa, sino que saldrá, a través de la malhadada Reforma Laboral de todo lo que nosotros ya no podemos sufragar.

Que será nuestra miseria la pague esos 2.500 millones y no sus gastos ideológicos y solo encaminados a mantenerse en el poder y hacer involucionar la sociedad a imagen y semejanza de su pensamiento ultramontano.Y eso es perfecta compatible con las exigencias del Eurogrupo. De hecho, es en realidad el mismo concepto.

Porque a los sacrosantos gurús europeos solo les importa su déficit y al Gobierno del Partido Popular solo le importa su beneficio y su poder.

A ninguno de ellos le importamos nosotros.

El nuevo boom de la construcción (penitenciaria)

Lasquetty no aprende a lavar los trapos sucios

Existen expresiones que, repetidas a lo largo de siglos y generaciones, terminar por cobrar un sentido distinto al literal.

Por fortuna, siempre hay alguien que con esa mezcla de estulticia y soberbia que suelen tener aquellos que ejercen el poder con el conocimiento interno de su propia incapacidad, consigue llevarlas de nuevo a su sentido literal. Así Javier Fernández Lasquetty ha lograd que aquello de "negarse a lavar los trapos sucios" adquiera tras varios siglos de nuevo un significado literal.

La Lavandería Central Hospitalaria está en pie de guerra porque el consejero, su consejería y toda la política de privatizaciones de la sanidad pública madrileña le han hecho que su única defensa sea negarse a lavar los trapos sucios. O al menos hacerlo a ritmo lento.

Y Lasquetty se encoge de hombros porque dice que él no tiene la culpa de que los trabajadores del servicio adjudicado a dos empresas -de la Fundación ONCE- vayan de repente a recibir menos de la mitad de su sueldo, de que de repente se vean abocados a vivir con menos de 700 euros al mes.

Pretende colarnos que no es de su incumbencia cuando él, sus antecesores en el cargo y su partido -que desgraciadamente lleva ejerciendo mastodónticamente el gobierno en la Comunidad de Madrid desde hace décadas- son los que han originado esa situación.

Pretende colarnos que ese es un problema del convenio, de los sindicatos, de la empresa. Como si no nos diéramos cuenta que la ropa que no lavan es la de los hospitales públicos, como si no supiéramos que esas inmensas coladas que ocupan diez camiones diarios son una garantía sanitaria. Un derecho de todos porque forma parte de nuestro derecho a una atención sanitaria pública de calidad.

Su soberbia le lleva a minimizar la situación como si afectara a un servicio menor, a un servicio no esencial, como si se declararan en conflicto colectivo los papás Noel de los centros comerciales o los personal shoppers de las urbanizaciones de alto copete.

Nos vende la mentira más artera y ladina que se puede intentar colar sobre la sanidad.

Puede que en su visión mercantilista y nepotista de la Sanidad la lavandería sea algo en lo que se puede recortar, como parece serlo la limpieza hospitalaria o la comida para los enfermos. Pero, a estas alturas del partido que nos vemos obligados a jugar contra aquellos que deberían garantizarnos la sanidad pero quieren recortárnosla, debería saber que ya no puede vendernos esa moto. Ni esa ni ninguna de ningún otro parking.

Porque la lucha y la concienciación de los profesionales de ese sector ya nos han enseñado. En la Sanidad no hay servicios prescindibles.

Como si una cirujana pudiera operar en con garantías sin su vestimenta estéril en condiciones de perfecta pulcritud, como si un enfermero tuviera seguridad de hacer una cura sin su equipación y la ropa de cama del enfermo limpias e impolutas, como si la limpieza no fuera esencial para la curación, el tratamiento y la recuperación de los enfermos.

Pero Lasquetty tira balones fuera porque no le importan nuestras vidas, no le importa nuestra salud y no le importan las condiciones de trabajo de aquellos que son esenciales para la sanidad pública que, por desgracia para él y para sus manejos, lo son todos, desde los cirujanos hasta las cocineras, desde los lavanderos hasta las enfermeras, desde las doctoras hasta los limpiadores. Todos.

Bueno, quizás los predicadores, capellanes y confesores no lo sean tanto. Pero de esos no se recorta ni un duro. No vaya a ser que...

De nuevo queda al descubierto porque esta situación es producto de su política -y la de sus predecesores- de privatización hospitalaria, una política que permite a las empresas adjudicatarias reducir el sueldo a la mitad a trabajadores que no han reducido a la mitad su jornada, que no han reducido a la mitad su ritmo de trabajo y que no reciben la mitad de los camiones de colada hospitalaria.

Trabajadores que, de repente, se vieron abocados a trabajar para una empresa privada a la que le importa un carajo nuestra salud, las condiciones de salubridad de los hospitales madrileños y mucho menos la dignidad de sus trabajadores. Que solamente quiere ganar dinero y lo hace a costa de  los derechos de todos. Los nuestros, negándonos una ropa limpia necesaria en los hospitales y los de los trabajadores, negándoles el sueldo que merecen por su trabajo.

Porque, si hacen el mismo trabajo que antes de ser privatizados y que los que aún están contratados por la administración -que no sufrirán esa rebaja-, su sueldo no tiene porque ser reducido a la mitad. Porque si la remuneración digna cuando se lava ropa esencial para el buen funcionamiento de la red sanitaria madrileña es de 1.400 euros, no pasa a ser de 700 por el mero hecho de que una empresa quiera tener más beneficios.
Y todo ello lo único que pone al descubierto son los trapos sucios de la Consejería de Sanidad y de todos los que han sidos consejos del Partido Popular madrileño en esas funciones. Trapos que hablan de concesiones irregulares, de vender a empresas servicios esenciales, de poner en peligro nuestra salud a cambio de dar ganancias a sus socios y amigos, cercenando, minimizando y destruyendo áreas completas de la atención sanitaria pública a cambio de comisiones bajo cuerda o puestos futuros altamente remunerado.
La ropa sucia de la Lavandería Central Hospitalaria no es otra cosa que la prueba metafórica de todos los trapos sucios que se almacenan desde hace años en los despachos de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y sobre los que se sienta y asienta el actual consejero.

Y para rematar la faena, cuando la Lavandería Hospitalaria se le alza en armas y le convoca una huelga, La Comunidad de Madrid tiene la pétrea cara dura de decirles sin inmutarse que no pueden hacerla en los plazos pedidos porque  "al ser un servicio público y esencial no tiene derecho al carácter urgente. De modo que se tiene que presentar la solicitud forzosamente con 10 días de antelación”.

¡Ole y olé y olé! 

No eres esencial para que te mantenga dentro del sistema público y no te lance a las garras de aquellos que solamente quieren hacer dinero a costa del sistema, no eres esencial para que te asegure un sueldo digno, pero eres esencial para que te restrinja el derecho a protestar por las condiciones estajanovistas y serviles en las que te he obligado a trabajar.

Pues, con su privatización hospitalaria paralizada en los juzgados y con sus jueces amigos maniobrando para intentar echarle una mano, con sus dos antecesores imputados por nepotismo y corrupción, con cada una de sus medidas recurrida ante los tribunales y sus manejos aireados a diestro y siniestro, mas le vale al egregio consejero Lasquetty que solucione el problema que nos está creando a todos con su intento de llevar La Lavandería Hospitalaria al Manchester del Siglo XIX y la Revolución Industrial.

Porque, si hay algo que va a necesitar ese nefasto personaje es alguien que sepa los lavar los trapos sucios.

De hecho, ya lo necesita.

Cuando ser ciudadano es motivo de sanción

Parece que los actuales inquilinos de Moncloa no están por la labor de la confianza. Quizás sea porque no han hecho nada para ganarse esa confianza o porque saben que la sociedad ya la ha perdido.

Y como no están dispuestos a confiar en la sociedad sobre la que gobiernan lo único que se les ocurre es recurrir a algo llamado nueva ley de Seguridad Ciudadana no para recuperar esa confianza sino para evitar que se vea, se sepa o se conozca que la sociedad ya  no confía en ellos.

En la enésima sesión de maquillaje de su imagen pública, que ellos confunden con la de España, aunque todos sabemos que no es lo mismo, deciden modificar la ley no para dar seguridad a los ciudadanos, sino para sentirse ellos seguros de los ciudadanos.

Los mismos que hace 20 años criticaron hasta el aburrimiento la Ley Corcuera por la famosa "patada en la puerta" que atentaba contra los derechos de los ciudadanos, ahora la modifican -dejando ese aspecto, curiosamente, intocado e intocable- para recuperar algo más antiguo, algo más viejo rancio. 
Algo llamado control totalitario de la calle, los ciudadanos y la sociedad.

Para empezar intentan dificultar e impedir los escarches y uno se pregunta ¿en qué beneficia eso la seguridad ciudadana?

La respuesta es absolutamente en nada. Ni siquiera mejora la seguridad de los políticos. Porque los escarches no ponen en riesgo a nadie, no ponen en entredicho la seguridad de nadie. Su conciencia culpable sí, pero su seguridad no.

Son molestos para quien los sufre como molestas son sus decisiones políticas para quien las padece; son una forma de presión por parte de aquellos a los que el propio poder no presta oídos. Pero no ponen en peligro a nadie.

Así que simplemente no tienen nada que ver con la Seguridad Ciudadana.

Tienen que ver con la seguridad que precisa la corte genovesa que habita en Moncloa de que nadie le recuerde que lo está haciendo mal, que nadie haga público sus errores, sus decisiones ideológicas ni sus intenciones de revertir un país a la servidumbre laboral y la desestructuración social.

Y tiene que ver con el totalitarismo más absoluto, no porque se prohíban o porque se persigan. Sino por el modo en el que se intentan perseguir e impedir.

Como los jueces ya han dicho que son legales, no digo que son ilegales, pongo una sanción administrativa. la justicia dice que no son sancionables, pero el Gobierno dice que sí. Y el Gobierno manda. Punto final.

Invaden un ámbito que no es del Ejecutivo solamente para protegerse, solamente para impedir que se sepa lo que hacen, que repercuta en la puertas de sus casas la miseria que ellos están llevando a los salones de millones de hogares, para que sus hijos no tengan que escuchar que su padre o su madre son aviesos, mezquinos y están destruyendo las expectativas de millones de personas.

La justicia dice que son legales, que son constitucionales, que se tienen que aguantar pero, ellos, ajenos a todo, ajenos a Montesquieu y su división de poderes, ajenos a la democracia, ajenos a la justicia, se limitan a intentar cambiar las reglas del juego para protegerse, para sentirse seguros.

Y otro tanto con aquello de no manifestarse delante del Congreso o de no llevar la cara tapada en las manifestaciones.

A nadie se le oculta que ver ciudadanos encapuchados corriendo por las calles puede ser un síntoma de anarquía.

Pero lo que nadie duda es que ver policías encapachados, embragados y sin identificar convirtiendo el Congreso en la tercera parte de Fortaleza Infernal, cargando en estaciones de ferrocarril o corriendo a porrazos a manifestantes se una prueba fehaciente de totalitarismo.

Porque eso tampoco nada tiene que ver con la seguridad ciudadana.No hay nada que justifique que un policía no se identifique cuando se le exige, no hay nada que pueda hacer comprender que un agente del orden no haga su trabajo a cara descubierta.

Dejemos ya la excusa baladí de ETA y de los policías infiltrados porque los terroristas ya no existen y los policías encubiertos no están en las Unidades de Intervención.

Pero ello no conceden las mismas herramientas a los ciudadanos que a los policías. Ellos no permiten la misma impunidad a unos y a otros. Son incapaces de equilibrar. Ni siquiera de eso. o todos o ninguna. Y se acabó.

Y tampoco se les puede grabar, ni se pueden difundir sus imágenes, ni se les puede insultar, ni se puede hacer mofa de ellos.

Y todo eso estaría muy bien si pasara por los tribunales. Si fueran los jueces los que deciden. pero de nuevo pasan a la sanción administrativa para que la palabra de un policía valga más que la de un ciudadano, para que con que él diga que le han insultado o que han hecho mofa de él o que le han grabado "malintencionadamente" sirva para castigar, para multar.

Y, no nos confundamos, eso no es culpa de los policías. No es culpa de la ley. Ni siquiera es culpa del sistema.

Es responsabilidad de aquellos que pretenden usar policía, ley y sistema solamente para protegerse ellos mismo, solamente para estar a salvo de la ira que han generado con acciones que solo les benefician a ellos, sus socios y sus adláteres.

Si no quieren que les graben a elementos descerebrados de las UPI dando palizas o disparando en Atocha que impidan que lo hagan, si no quieren que haya imágenes de policías sin placa y negándose a identificarse que les sancionen por no hacerlo.

Si no quieren que la gente se manifieste ante el Congreso que den voz a la sociedad dentro del hemiciclo, si no quieren que la gente oculte la cara para protestar que obliguen a la policía a no ocultar la suya para actuar.

Si no quieren que les escarchen en las puertas de su casa que se aseguren de hacer bien su trabajo en lugar de correr cual mozos en sanfermines a coger el tren o el avión en el puente, si no quieren que haya huelgas que escuchen a los sindicatos, si no quieren que haya protestas que hagan caso de lo que  la sociedad les está exigiendo en lugar de seguir a pies juntillas sus criterios ideológicos.

Si no quieren que se vean las protestas, consigan que nadie tenga motivo para protestar. Gobiernen en lugar de mantenerse en el poder, busquen el beneficio común en lugar del de sus socios y lobbies.

Pero claro eso no se logra con una Ley de Seguridad Ciudadana. Eso se logra con integridad y democracia. Algo que parece que se han prohibido así mismos desde hace mucho tiempo.

Y ahora nos quieren prohibir a nosotros.

Europa no deja a Wert esconderse tras sus faldas

Si hay algo que caracteriza a aquellos que hacen de la mezquindad su esencia vital es su absoluta incapacidad para aceptar las culpas -las responsabilidades, se llaman ahora-, su continuo intento de echar balones fuera para no verse comprometidos por las consecuencias de sus actos.

José Ignacio Wert, ese individuo que alguien decidió arrojar sobre la Educación y la cultura de este país en forma de ministro, había demostrado arrogancia en sus formas, soberbia en sus fondos e ignorancia en todo lo demás, pero ahora ha sumado una mezquindad ya intuida a su catálogo de virtudes.

Porque Wert quiere recortar las becas Erasmus a toda costa- De hecho las recortó y luego tuvo que "desrrecortarlas" en un trabalenguas ridículo y dantesco.

Pero el sigue en sus trece. Quiere recortar las Erasmus, necesita el dinero de esas becas para otras cosas que ni dice ni comenta. Mas como no quiere que de nuevo le salpique la polémica de quitarle dinero a nuestros varios miles de estudiantes universitarios que campan por Europa, como no quiere tener que volver a salir a la palestra tan rojo de vergüenza como la nariz del reno Rudolf un 24 de diciembre a decir que le han enmendado la plana "por propia iniciativa", tira de nueva estrategia.

Y decide echarle la culpa al empedrado. Decide esconderse tras otros y fingir que la reducción de las Erasmus y del dinero asignado a ellas se producirá pero no por culpa suya, no porque él lo quiera, sino porque otros se lo impondrán.

Torna su soberbia en falsa humildad y su grandilocuencia en mezquindad y le echa la culpa a los de siempre, a los hombres de negro, a los mismos que fueron culpables de que nuestro dinero tuviera que ir a parar a los agujeros bancarios, a los mismos que, según su jefe, el ínclito Rajoy, nos imponen unos recortes indeseados: a Europa.

Dice que las Erasmus caerán, que nuestros universitarios no podrán salir a Europa a completar sus estudios, que no tendrán dinero publico para ello, porque Bruselas va a recortar los fondos que da a España para ese fin.

Y como ocurriera con los estudiantes, cree que colará; como pretendió con los rectores, cree que nadie le va a contradecir;  como sucedió con la comunidad educativa en general, cree que todo el mundo es tan ignorante, apático o sumiso que nadie osará alzar la voz para decir la única verdad: que está mintiendo.

Como ocurre siempre con la soberbia no se tiene en cuenta a los demás porque se les desprecia, se les considera irrelevantes. No se les toma en consideración.

Wert, que ha defendido dogmáticamente esos recortes, que finge intentar imponer una "cultura del esfuerzo" tan falaz como insustancial, ahora se disfraza de uno de esos niños de primaria a los que quiere enseñar religión pero quitarles las becas de comedor y dice: "no es culpa mía, el profe me dijo que lo hiciera. Yo solo hice caso a los mayores".

Y en su supremo ejercicio de cobardía, olvida que se enfrenta al aparato burocrático más inmenso desde el Imperio Romano, a la administración más descomunal del siglo probablemente solo superada por la Administración Federal estadounidense y el extinto aparato estatal soviético.

Olvida que esa organización siempre a medio construir llamada Europa tras la que pretende esconderse paga a gente solamente para desmentir cosas.

Y su cara vuelve aponerse colorada cuando Europa le dice que es mentira, que ha incrementado un 4,3% el presupuesto de las Erasmus para este año; la cara vuelve a arderle de rubor cuando el portavoz europeo de Educación le reconvine por su mentira y dice a todo un continente que aumentarán la aportación en un 60% hasta 2020.

Y es precisamente esa Europa tras la que pretendía esconderse, tras la que tenía la intención de ocultar su obsesión por repatriar estudiantes y destinar el dinero de su educación a otras cosas, la que da un paso adelante y le deja en fuera de juego como a Cristiano Ronaldo en uno de sus peores días.

“No sé cómo decirlo de una forma más diplomática, pero decir eso es basura", afirma el portavoz. Y con esa frase lo dice todo.
Un ministro de educación diciendo basura sobre educación. Alguien que ha hecho del recorte y de la involución educativa su principal legado al futuro del país no encuentra amparo tras el mastodonte europeo, no recibe cobertura de su mezquino escaqueo de responsabilidades y se ve obligado a asumir que "la basura" que dice y hace sobre las becas Erasmus es toda de cosecha propia, es toda idea y obsesión suya.
Puede que cuando lo pidieron los estudiantes, Moncloa no se dignara escucharles; puede que cuando lo exigieron los padres, el gobierno se negara a entenderles; es posible que cuando lo recomendaron los rectores y los reclamaron los docentes, la corte moncloíta se negara a hacerles caso.
Pero a lo mejor que ahora que Europa, la todopoderosa Europa que manda y dispone en una España falsamente intervenida, llama basura a las mentiras y las obsesiones restrictivas de nuestro ministro de Educación, la corte de Genova, 13 sí escuche y decida dejarle solo con su soberbia y su mezquindad y devolver la educación a su ministerio.
Aunque es seguro que si ocurre -que no ocurrirá- será "por propia iniciativa" de Wert. De eso no nos cabe la menor duda.

Francisco hace a Rouco compar ruedas de molino

Hay una vieja canción del mitificado pop de los 80 españoles, ese de la movida, que dice algo parecido a "si tienes que jugártelo a una carta, ve de cara al decir tu palabra. Pero antes de que el eco la repita, Dios y El Diablo te ayuden a estar lejos porque la vida en la frontera no espera, es todo lo que debes saber".

Si sustituyes la difusa frontera por las más concretas convenciones geográficas de la ciudad Estado del Vaticano, algo parecido debe estar sintiendo Jorge Mario Bergoglio, más conocido como Francisco.

Porque el hombre no pierde el tiempo en decir todo lo que tienen, quiere y cree que debe decir sobre la estructura de su jerarquía, de su credo y de sus fieles. Por si la vida en Roma tampoco espera, como ya demostró en edades pretéritas.

Pero lo último que ha dicho nos compete. Seamos laicos, ateos, agnósticos, católicos, protestantes o de cualquier otro credo o no credo, nos compete. Puede que sus quejas sobre otros asuntos nos importen, que sus revisiones sobre gais o sobre la familia nos interesen. Pero Francisco ha hablado de corrupción y eso nos compete por españoles. Creamos o no creamos lo que sea.

Como quien no quiere la cosa, como quien en la cosa nada tiene que perder -salvo la vida, quizás- el papa sin numerar se ha descolgado diciendo: "A todos aquellos que con una mano defraudan al Estado y con la otra dan dinero a la Iglesia: para los cristianos de doble vida no hay perdón de Dios”.

De un plumazo se ha cargado la política de toda la derecha española desde los tiempos de Cánovas y Sagasta, desde que el falso general del bigote y las botas fundara el nacional catolicismo, desde que el Partido Popular decidiera escuchar los arrullos de la Conferencia Episcopal en lugar de los quejidos de la sociedad que debía gobernar..

Se ha cargado nuestro más típico modus operandi de catolicismo castizo de andar por casa: el " a Dios rogando y con el mazo dando".

Así que don Mariano, el bueno de don Mariano ya no tendrá que perder el tiempo en la Almudena ni en visitas compostelanas para congraciarse con su dios y los jerarcas que dicen servirle falsamente.

La Santa Cospedal de mantilla de encaje en la catedral toledana no tendrá que reservar en su agenda espacio para hacer genuflexiones buscando la indulgencia plenaria a sus manejos, sus sueldos sobrecogidos y sus comisiones ilegales.

Güemes, Lamela o Aguirre pueden ahorrarse el rito de la comunión dominical mientras sigan disfrutando de sus sueldos millonarios en empresas a las que favorecieron o de comisiones millonarias por sus componendas nepotistas.

Porque no merecen el perdón de dios. Merecen la cárcel, la inhabilitación y hasta, si se apura, la deportación de antaño a Cabo Verde, pero no el perdón de dios.

Porque defraudar a Hacienda, a la sociedad, no se cubre con una limosna. Porque robar al erario público no se cubre con pagar a los profesores de religión, porque apropiarse de dinero que nos les pertenece y es de todos no se cubre dando subvenciones o regalando terrenos al Opus Dei para que haga negocio con sus colegios o sus universidades.

Porque, al parecer, su dios ha empezado a pensar más en lo de todos que en lo que le dan a él. O al menos lo hace su pontífice.

Y puede parecer que no. Pero eso coloca a una buena parte de este país en una encrucijada.

Porque si la democracia cristiana española ya no es democracia por corrupta ni cristiana porque ni su mesías ni su pontífice les perdonan: ¿alguien puede decir qué opina Rouco de esta nueva singularidad teológica española?

Porque su jefe acaba de decir que no puede adscribirse a ellos, que no debe pedir el voto para ellos, acaba de decir que no merecen el perdón de dios. De hecho, ha sido un poco más explícito:  “Se merecen -lo dice Jesús, no lo digo yo. Y el yo no soy yo, es el papa Francisco- que les pongan en el cuello una piedra de molino y los arrojen al mar”.

¿Tiene Rouco tantas piedras de molino para colgar del cuello de aquellos a los que da de comulgar cada domingo?, ¿tiene piedras de molino suficientes para lanzar al mar a aquellos que le pagan los profesores de religión, los curas castrenses y hospitalarios, las residencias obispales y el proselitismo evangelizador disfrazado de educación?

¿Cuantos de sus amigos y aliados caerán dentro de la nueva definición vaticana de fariseo y pecador: "finge ser cristiano, pero lleva una doble vida. Y la doble vida de un cristiano hace tanto mal, tanto mal… Dice: ¡Yo soy un benefactor de la Iglesia! Meto la mano en el bolsillo y doy a la Iglesia. Pero con la otra mano, roba: al Estado, a los pobres… Roba. Esta es la doble vida”?

Si una limosna ya no limpia un robo, si una dádiva a la iglesia ya no esconde la corrupción a los ojos de su dios, Rouco Varela y todos los jerarcas católicos hispanos que se han aliado con los corruptos, los nepotistas y los estafadores tiene un problema teológico y social de considerables proporciones.

Pero hay otros que tienen otro problema que dirimir, otra decisión que tomar. Otros que nos importan más, otros que son fundamentales para esta sociedad porque forman parte de ella.

Todos aquellos que votan al Partido Popular porque se supone que son aquellos que defienden lo que sus prelados y purpurados les dicen que hay que defender.

Pero si Francisco dice que no, que por corruptos no son cristianos, que por defraudadores no merecen perdón, que dejen de pensar exclusivamente en los gais y en la familia tradicional y en el aborto a la hora de emitir sus sufragios y piensen en lo esencial.

¿En qué excusa se refugiarán ahora para dar su voto a quienes demuestran que no son demócratas al incumplir sus promesas, que no son liberales al alterar la economía en su favor y que no son cristianos al defraudar?

Por suerte para ellos todavía les queda España. Les queda la bandera, les queda el soberanismo y les queda Gibraltar para justificar su apoyo a los que nos desangran, a los que  nos roban y aquellos a los que su propio dios rechaza por boca de su propio pontífice. Pero ya no pueden refugiarse en que se lo impone su credo y su iglesia.
Cierto es que nada de lo que diga Francisco afecta a nuestras leyes. Pero nunca está de más que sepan que se están quedando incluso sin justificaciones internas. Que además de la cárcel por corruptos y ladrones, merecen el desprecio de su dios por pecadores irredentos.
Por más que defiendan la familia tradicional, besen el anillo obispal en manifestaciones y comulguen los domingos.
Y ya no lo decimos los laicos y los ateos. Ya lo dice hasta el Papa.

La desertificación española

Concertados o la verdadera división educativa del PP

Parece que una de las dicotomías que se han impuesto desde el Gobierno que nos echamos a las espaldas en las últimas elecciones en el distingo entre educación concertada y enseñanza pública.

Pero, no nos engañemos, ni Wert ni sus avatares autonómicos -Catalá, Figar y demás-  tienen esa dualidad en su maniqueo concepto de organización de la sociedad, en su mapa en blanco y negro de con nosotros o contra nosotros. Sus dicotomías son otras, sus divisiones son otras.

Y una de las pruebas más trasparentes, más meridianas de ello es Alberto Fabra, ese presidente de la Comunitat Valenciana que destila públicamente la poca vergüenza de cerrar una televisión pública que no se pliega a sus necesidades de propaganda política argumentando que "no cerrará un colegio por mantenerla abierta" o que necesita ese dinero para "educación, sanidad y unos servicios sociales de calidad".

Él y su senescal educativa, María José Catalá, no hacen distingo a la hora de destruir la enseñanza y la educación entre pública y concertada. Para ellos es lo mismo.

Y lo demuestra el hecho de que le deban millones a centros y entidades educativas concertadas. Al Patronato Intermunicipal Francisco Esteve le deben 433.000 euros y Bienestar Social, 393.000 euros. El Colegio La Unión de Torrent, 760.000 euros. A Torrepins le debe el Consell 300.000 euros.

Y así hasta catorce colegios concertados.

Pero no hay que confundirse. Cuando asistimos a las protestas de estos centros exigiendo el dinero que Fabra y Catalá les deben y les niegan no veremos a monjas con pancartas, a profesores de religión con lemas en sus camisetas ni a miembros de la Conferencia Episcopal Española apoyándoles.

Porque estos colegios no cobran cuotas "voluntarias" que bordean la legalidad, no rezan el ángelus ni dan clase de valores cristianos. Estos colegios son concertados sí, pero no son religiosos.

Son los colegios que se hacen cargo de los más débiles, de los que necesitan más apoyo en el desarrollo de su proceso educativo. Son los colegios concertados que atienden las necesidades educativas de los discapacitados psíquicos y físicos.

Así que la diferencia, la división dogmática e ideológica no se encuentra entre lo concertado y lo público, no se halla entre lo gestionado directamente por el Estado -o el Gobierno Valenciano, en este caso- y lo gestionado por entidades privadas -sin ánimo de lucro, se presupone-. 

Porque entonces estos centros que atienden a discapacitados no tendrían que manifestarse en Torrent, Paterna o Valencia y nadarían en fondos y exenciones fiscales como lo hacen aquellos a los que Catalá ha concedido suelos gratuitos por valor de varios millones de euros, como lo hacen esos otros concertados a los que ha aumentado las becas de comedor mientras elimina físicamente los comedores mismos en muchos centros públicos.

Si la diferenciación que hace la política educativa del Partido Popular en Valencia y en el resto de España enfrentara a la dicotomía entre lo público y lo concertado, estos profesores, directores y alumnos no tendrían que protestar porque recibirán los mismos edificios gratuitos para asentarse que algunas universidades privadas, porque verían aumentar y alargarse sus conciertos dentro de los 663 millones de euros que la Consellería va a dedicar a pagar conciertos con entidades privadas educativas.

Pero, si no es la división entre la gestión educativa pública y la concertada la que marca la política educativa del Partido Popular ¿cual es entonces?

¿De verdad hace falta que lo diga?

Es la maniquea y perversa elección entre servicio y negocio. Y entonces todo cuadra. 

Porque la educación de discapacitados no está concebida como un negocio y por ello, por muy concertada que sea, no entra dentro del tipo de enseñanza que quiere y se esfuerza por promover Catalá en Valencia, Figar en Madrid y Wert en todo el territorio nacional.

Porque la educación de discapacitados nunca dará beneficios por su condición ineludible de servicio público a un colectivo con necesidades especiales más allá de su renta y posición económica y por ello cae en el mismo saco que la enseñanza pública obligatoria convencional, sean los centros concertados o no.

Porque lo único que les importa es que sus socios ganen con el negocio y que ellos no pierdan dinero que pueden usar para sus cosas en prestar un servicio.

Esa es la única división que entienden: Servicio o negocio, prestaciones o ganancias.

Y eso hace que hasta los profesores de la concertada vayan a la huelga cuando se dan cuenta de que los recortes en la educación afectarán a sus centros y el gobierno hace todo lo posible para que sus contratadores sigan ganando dinero aún a costa de sus salarios, de sus jornadas y de sus condiciones de trabajo.

Por más que unos y otros hayan intentado establecer una falsa división entre lo público y lo concertado, esa división no existe en la mente de los ideólogos del desmantelamiento educativo español.

Solamente existe la que pone a un lado a los que precisan el servicio educativo y de otro a los que quieren ganar dinero a costa de esa necesidad.

Bueno, esa y la otra división. Entre los que enseñan y los que adoctrinan. Que otro gallo nos estaría cantando si en esos colegios concertados para discapacitados se rezara el Ave María a la entrada, el Ángelus a mediodía y el Jesusito de mi Vida a la hora de irse a acostar. De eso tampoco cabe la menor duda. Y mucho menos a la ínclita hija de La Obra, María José Catalá.

Trabajar y cobrar por la Sanidad, según Lasquetty

Hubo un tiempo en el que las cosas estaban claras. Hubo un tiempo en el que cuando hacías un trabajo recibías una remuneración por él. Podía ser mayor o menor, podía ser justo o injusto pero el que trabajaba recibía un salario y el que no trabajaba no.

Pero ahora ya no es así. Y mucho menos en la Sanidad pública madrileña. Los ideólogos de este recorte absurdo e innecesario en las prestaciones sanitarias, los demagogos de la necesidad de cambiar un modelo sanitario público en beneficio de uno privado que genere beneficios a los que ellos quieren beneficiar, han decidido cambiar las reglas del juego neocon -o sea liberal capitalista- más básico.

Ahora unos trabajan la sanidad y otros cobran por ella.

Más allá de las externalizaciones ahora detenidas por mano judicial, más allá de los oscuros contratos y cambios de actividad de los consejeros sanitarios Lamela y Güemes, imputados por sus más que sospechosos fichajes por empresas concesionarias de los servicios por ellos externalizados -¡Uy perdón, quise decir privatizados con nepotismo!-, los próceres políticos de la Comunidad de Madrid siguen intentando meter en la mano en la caja de lo sanitario para sacar tajada de ello.

Los hospitales públicos han perdido 4.000 trabajadores desde 2.008. Otra manera de no gastar, de poder utilizar ese dinero en lo que les viene bien en lugar de en lo que es necesario.

Han dejado Alcorcón con 406 trabajadores menos, el 12 de Octubre con una reducción de 399, el Hospital de la Princesa con 205 menos, el Puerta de Hierro con 201 y así en una cascada sin fin que deja plantillas reducidas, condenadas a la saturación, expuestas a la inoperancia para poder ahorrar.

La partida para los sueldos del personal de los 26 hospitales madrileños se ha reducido en 12 millones de euros. Han reducido y congelado salarios de los que trabajan en la sanidad madrileña, de los que la mantienen, de los que tienen nuestra salud y en ocasiones nuestra vida en sus manos, en sus diagnósticos, en sus curas, en sus bisturís. Esos sufren recortes, dejan de cobrar.

Pero los otros, los que están pegados parasitariamente a la sanidad por decisiones de gobierno, los que hacen política y no sanidad, sí cobran por ella.

Porque la única partida que no se ha reducido de todo el dinero que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid destina a sueldos es aquella en la que se incluye a los altos cargos de la consejería y al procelosos consejero Fernández Lasquetty. Ellos sí cobran por la sanidad.

Así que todos esos recortes necesarios para que el sistema se mantenga, todas esas pérdidas de prestaciones, todas esos inevitables -según ellos- retrocesos en la gratuidad del sistema público de salud adquieren una nueva dimensión.

Nos arrojan a la verdadera explicación del asunto.

No hay que pagar por las recetas para que se mantengan abiertos los quirófanos, no hay que abonar más dinero por los medicamentos si se es pensionista o enfermo crónico para que no tener que cerrar eliminar camas hospitalarias, no hay que pagar una tasa por la tarjeta sanitaria para que las unidades de enfermería no se queden sin material para curas, no hay que morirse de pulmonía sin acceso a medicación gratuita si se es inmigrante ilegal para que las unidades especialidades de los centros hospitalarios tengan dotaciones suficientes. No es para eso.

Todo el dinero que, de repente, hay que pagar en un sistema que era gratuito y universal no va para que los que diagnostican mis enfermedades, los que curan mis heridas, los que mantienen limpio y aséptico el hospital o los que se aseguran de que la comida que como sea la adecuada para mi enfermedad. Todo eso es "recortable", "externalizable", "eventualizable" y "precarizable".

Todo lo que nos hacen pagar va a un solo objetivo, tiene un único fin. Va a lo único que no se mueve, que parece intocable. A que Lasquetty y su corte sigan cobrando por una sanidad por la que no trabajan.

Mientras los que la necesitan pagan más y los que la trabajan cobran menos o incluso dejan de cobrar porque son despedidos.

Puede que la corrupción de Lamela y de Güemes merezca la cárcel, pero es seguro que la otra, la corrupción de Lasquetty por no aplicarse los mismos recortes que impone a los demás, merece de partida la dimisión y si se apura un poco, solamente un poco, los barrotes de una celda

En una de esas prisiones en las que se quiere recortar la asistencia sanitaria a los reclusos, por supuesto.

Wert usa nuestro dinero para refundar Esparta

Como dice el dicho popular: cada uno es cada cual y tiene sus cadacualadas. 

No hay nada que decir a la decisión de unos padres de educar a sus hijos en un sistema, más que decimonónico, espartano en el que hombres y mujeres no se mezclan. 

No hay nada que decir ante el intento inoperante de evitar o demorar lo inevitable y cercenarles a unas y otros la relación temprana con aquellos con los que están condenados a relacionarse: los integrantes del otro sexo. 

No hay nada que decir a que intenten tapar el sol con un dedo y para evitar un beso infantil o un magreo adolescente les impidan y retrasen el acceso a las principales herramientas que tienen para llegar a la compresión entre sexos, que son el conocimiento, la amistad y la mutua compresión, algo a lo que la mente y el corazón humanos están más abiertos cuanto más jóvenes son.

Bueno, en realidad hay mucho que decir. Pero no pasa de ser una opinión mientras no exista una ley que impida a los padres fastidiar la vida de sus hijos con sus decisiones educativas.

Pero sobre lo que sí hay que decir es sobre que el Gobierno de un país, cuya Constitución mantiene que no debe haber discriminación por motivo de sexo en ningún ámbito de la vida, se empeñe en sufragar a través de los conciertos educativos a colegios que ponen en práctica ese tipo de educación segregada por sexos.

Puede que no sea la mayor preocupación que la comunidad educativa tenga que afrontar por mor de la malhadada LOCME de José Ignacio Wert, pero esa insistencia en defender la educación segregada por sexos es una muestra más de que no es una reforma necesaria, ni una reforma técnica, ni una reforma ineludible.

Demuestra que es solamente una regresión ideológica a la España anterior a Moyano. Como lo es la asignatura de religión, como lo es la formación profesional de aprendices.

Porque, por más que intente venderse de otra manera, por más que se hable de opción educativa o de decisión docente, la enseñanza segregada es todo lo contrario de eso. 

No se trata de educar, se trata de un resquicio, una última trinchera, una pírrica muralla que intenta precisamente evitar educar en aquello a lo que ciertas ideologías y creencias tienen un miedo cerval, un pánico atroz: el sexo.

Como el Apartheir evitaba tener que educar a los miembros de una raza en la convivencia con los de otra, como las juderías o los barrios mozárabes del tiempo de los ínclitos Isabel y Fernando evitaban la necesidad de educar a los cristianos viejos en la convivencia con otras religiones.

La enseñanza segregada lo único que intenta evitar es tener que educar a unos y otras en como relacionarse, como comprender y como respetar a los miembros del otro sexo. Y eso no es un proceso educativo sino "deseducativo".

No hay organismo internacional que no afirme que la segregación de sexos en la escolarización no es la forma de educar más recomendable. No hay informe pedagógico serio que no afirme que la mejor manera de evitar los problemas que en la vida adulta afectan a la relación entre hombres y mujeres -en ambos sentidos- es enseñarles a conocerse y comprenderse desde la infancia.

Y un Estado no puede obviar eso. No puede poner en riesgo el equilibrio social más importante, el equilibrio entre los sexos, simplemente porque una parte de sus votantes quieran dormir a pierna suelta en la falsa tranquilidad de que sus hijas no serán besadas en un pasillo por un rapaz o de que sus hijos no sean sorprendidos con la mano entre carnes femeninas en un recodo del aula de manualidades.

Pero nuestro gobierno de nuevo no hace caso de los criterios docentes, no hace caso de los criterios educativos. 

Se impone a sí mismo y a nosotros a golpe de enmienda a su propia ley la obligación de pagar a los colegios que han decidido hacer dejación de su función educativa en un aspecto tan importante como las relaciones entre sexos. A las entidades que han elegido sustituir las clases por muros, la convivencia por la segregación, aplicando el viejo adagio religioso de que "quien evita la tentación evita el pecado".

Una máxima que seguramente se encontrará en todos los manuales de enseñanza. En los del siglo XV.

Pero a Wert y sus adlateres, obsesionados con rendir pleitesía a un credo que creen que les garantiza votos contra la perversa y retorcida izquierda atea, todo el desarrollo educativo de un continente, incluyendo muchas organizaciones docentes católicas, no les importa. 

Con tal de asegurar el puñado de votos de aquellos que solamente conciben la relación entre hombre y mujer en términos sexuales, de aquellos que interpretan el amor o las relaciones entre sexos por lo que sucede del ombligo para abajo, deciden utilizar el dinero de los contribuyentes de toda una sociedad, una sociedad mixta, una sociedad en la que la relación entre hombre y mujer es inevitable-como no es posible de otra manera, a despecho de los jerarcas eclesiásticos y de las más radicales mackinnoniana- para sufragar un sistema educativo que puede que les prepare para sobrevivir en una orden religiosa o en la Esparta de Leónidas, pero no en una sociedad occidental atlántica.

Cogen nuestro dinero, el de todos, el que antes se usaba en programas de educación sexual, en campañas y en psicólogos de apoyo y se lo dan a constructores de barracones para las falanges masculinas y celosías para los serrallos femeninos, que han decidido ahorrarse el esfuerzo de educar y sustituirlo por el cómodo ejercicio de ocultar de la vista aquello a lo que tienen miedo, aquello que no quieren que sus vástagos conozcan. 

Algo bastante parecido a lo que ocurre en las madrasas coránicas y las escuelas rabínicas, por cierto.

Las instituciones educativas católicas tienen derecho a proponer ese modelo; los padres católicos, por desgracia, tienen derecho a arriesgar el equilibrio relacional futuro de sus hijos e hijas aceptando ese modelo. 

Pero el Gobierno no tiene derecho a obligarnos a todos pagarlo cuando el mundo que se mueve en nuestros parámetros de civilización ya ha descubierto que esa no es una buena forma de educar.

No, a menos que planee transformarnos en Esparta, Kabul o Roma.

Fabra, RTVV, los colegios y la zorra de esopo

Muchos dirán que la muerte de RTVV tampoco es para echarse las manos a la cabeza, que el hecho de que un canal de televisión, un medio de comunicación, caiga en la ruina no es diferente de que lo haga otra empresa, que algo que no es rentable no puede seguir generando pérdidas y es mejor cerrarlo.

Y todo eso sería razonable y hasta verdadero si RTVV, la televisión pública valenciana, hubiera muerto y si lo hubiera hecho por su propia naturaleza, por la desidia o la falta de profesionalidad de los que la hacían o por la incapacidad de dar con la conexión necesaria con el público para mantener las siempre temidas y deseadas audiencias.

Pero RTVV no ha muerto. Ha sido asesinada. Si muere un medio de comunicación la culpa es de muchos y puede no ser de nadie en concreto. Si lo matan, los verdugos tienen nombre y apellido.

Y, no nos confundamos, no son los trabajadores los que pierden RTVV, ellos pierden su puesto de trabajo; no son los políticos los que pierden el medio autonómico, ellos pierden una plataforma de comunicación que han transformado con sus manejos y su ceguera en un altavoz propagandístico de su poder.

Los que pierden RTVV son los valencianos, es la sociedad a la que los medios públicos de información deben garantizar el acceso a ese bien fundamental para la supervivencia de la libertad de elección política. Los que la perdemos somos nosotros.

Hoy, un día después de que la justicia anulara el ERE que anteponía el negocio al servicio público, que ponía por delante las veleidades políticas de las necesidades sociales, la televisión autónoma valenciana va a ser cerrada, sacrificada en el altar del orgullo de aquellos que la han llevado al patíbulo.

Como un juez les dicen que RTVV no es suya para hacer lo que quieran con ella sino que es de los valencianos entonces ya no la quieren. Y la rematan.

Porque el cierre es solamente el tiro de gracia en la frente de un reo que ha sido ajusticiado poco a poco, de un medio secuestrado que ha sido torturado mientras se esperaba un rescate en forma de sufragios y escaños por él y de cuyo cadáver se deshacen ahora, cuando ya no puede reportarles beneficio alguno.

Empezaron a matarla cuando la convirtieron en otro elemento de ganancia personal, de enriquecimiento de sus amigos y socios, de control político. 

Cuando permitieron que se inflaran presupuestos para llevárselo muerto con la mano escondida en la espalda, cuando se empeñaron en colocar a parientes y amigos para garantizarles puestos estables y pingues sueldos públicos.

Siguieron matándola y sangrándola cuando la embarcaron en proyectos sin sentido, en costosas retransmisiones, que solamente cubrían la necesidad de mostrarse de los políticos que la dirigían, que la manipulaban. 

Cuando permitieron y forzaron que aquellos que la dirigían en su nombre no buscaran la audiencia y sí el voto, no persiguieran la información y sí el adoctrinamiento, no buscaran el entretenimiento y sí el aborregamiento.

Y la clavaron la estocada mortal cuando obligaron a sus profesionales de la información a callar, a manipular, a decir mentiras como puños o callar verdades como panes. Cuando convirtieron los informativos en un mitín político continuo y constante. Cuando la separaron de la realidad de valencia para vincularla al mundo de ficción que precisaban los gobernantes valencianos para sus intereses electorales.

Y ahora, uno de esos que era de obligada salida en los informativos, de los que había que hablar, a los que había que hacer constantes genuflexiones informativas, la da el tiro de gracia.

El Presidente Fabra ha hecho todo lo posible para mantenerla como herramienta de propaganda, como forma de hacer ganar dinero a sus socios y acreedores políticos con las "externalizaciones", para mantener el sueldo a sus adlateres y acólitos purgando el ERE de afines y soguillas y, ahora que un juez le hace ver que no puede utilizarla para eso, como la mítica zorra de la fábula clásica, dice: "no las quiero que están verdes" y decide cerrarla.

Y encima se atreve a poner de excusa los colegios, los centros de salud, los hospitales para justificar la medida. Se atreve a poner a los profesionales que protestan en el bando de los egoístas, de los que quieren mantener su puesto de trabajo a costa de otros ahora que no hay dinero y hay que elegir.

El Gobierno de la Comunitat Valenciana hace tiempo que dejó de pensaren los colegios, en los hospitales y ahora deja de pensar en los medios de comunicación.

No nos confundamos cerrar RTVV es lo mismo que cerrar un colegio, que cerrar un hospital, que cerrar un centro de desintoxicación de drogadictos o cortar los fondos a un programa de ayuda a personas dependientes. Es cercenar un derecho.

Y da igual que sea el derecho a la asistencia sanitaria, a la educación, a recibir información o a comunicarla en libertad. Todos esos derechos son nuestros y Fabra ni ningún otro político tiene potestad para quitárnoslos.

Así que no nos engañemos. Con la ejecución de RTVV no pierden los 1.800 profesionales que se van a la calle a sumarse a los otros 30.000 profesionales de los medios que ya están en el paro. Perdemos todos. Los que emitimos y los que recibimos.

Como si nos cerraran un colegio o un quirófano.

Wert o cuando rectificar es de todo menos de sabios

Desde hace siglos, cuando alguien se equivocó y tuvo redaños para reconocer su error públicamente, se dice aquello de que rectificar es de sabios.

Y puede que sea verdad lo que convertiría el último paso atrás con las becas Erasmus de José Ignacio Wert, el ministro al que nuestras votaciones pusieron al frente de la Educación española, en la única muestra de sabiduría que ha dado desde que luce con arrogante soberbia su cartera ministerial.

Pero me temo que no.

No es que no se celebre el hecho de que a partir de Marzo no vayamos a tener un buen puñado de estudiantes españoles luciendo su falta de recursos y la falta de importancia que su gobierno les concede por las calles y los campus europeos, pero la rectificación de Wert en su decisión de quitarles, así por la tremenda, sin anestesia ni nada, la beca Erasmus, no demuestra sabiduría.

Demuestra otras muchas cosas pero sabiduría no.

Demuestra demagogia porque un día es necesario ahorrar cuanto antes, en mitad del curso, ese dinero para que el país no se vaya a pique, para que las cuentas -la sacrosantas cuentas públicas- cuadren, para que este territorio nuestro no sea una ruina humeante sin fondos ni recursos.

Pero al día siguiente resulta que, en un acto del más puro "digodieguismo" político, esa urgencia desaparece, esa necesidad se minimiza, esa furibunda captación de recursos financieros ya no es la prioridad absoluta de un gobierno que debe dejar a nuestros estudiantes por Europa con una mano delante y otra detrás para salvar los muebles de los presupuestos patrios.

Demuestra improvisación porque, ¿qué le ha impedido a Wert, sus adlateres, sus contables o sus secretarias de Estado, echar las mismas cuentas antes y después del anuncio?

¿Por qué no se han ahorrado ellos el bochorno y a todos los demás el susto, ajustando a priori los números y dejando las Erasmus como estaban?

Simplemente porque les interesa tan poco la sociedad sobre la que gobiernan, las personas que están detrás de los números, los rostros que se esconden tras los números de las estadísticas, que improvisaron un recorte y se abrazaron y dieron golpecitos en la espalda felicitándose por todo el dinero ahorrado sin pensar en quienes iban a sufrir ese recorte, sin tener en cuenta las consecuencias de sus actos.

Y cuando estás les han estallado en el rostro, les han abofeteado la cara hasta ponérsela roja desde periódicos y televisiones entonces han dado marcha atrás.

Demuestra arrogancia porque, para más sorna y escarnio, el proceloso ministro que quiere hacer de la Educación entrenamiento de siervos, sale de Moncloa con esa sonrisa torcida suya y se atreve a decir que la idea de no eliminar las becas se la propuesto él al ínclito Don Mariano -que debería estar consultando mientras tanto el efecto de la medida en su ya menguada y siempre menguante popularidad-.

Pero Don José Ignacio, si es idea suya ¿para qué cojones -con perdón- las ha recortado?, ¿para luego entrar en la corte moncloita y proponer no recortarlas?, ¿acaso cree que ya hemos estudiado en el sistema ese suyo de la LOCME y no sabemos distinguir un sofisma imposible en cuanto lo olemos a distancia?

Pero ni siquiera en la derrota, en el rapapolvo, en el varapalo, el bueno de Wert renuncia a su soberbia, a su grandeza, a su victoria por encima de todos y de todo. A tener razón.

Pero, sobre todo, demuestra lo que todos sabemos, lo que siempre hemos sabido y lo que nos niegan por activa y por pasiva. Que esos recortes no son necesarios, que esa eliminación de becas no es imprescindible, que quitarle dinero e inversiones a la educación no es algo que los genoveses que nos gobiernas hagan a disgusto porque no queda otro remedio.

Demuestra que lo hacen porque quieren hacerlo y que no es necesario sino una mera imposición de una ideología novecentista que no da valor a la educación. Que pretende revertir la sociedad española al servilismo de los Santos Inocentes de Delibes, desarmando a las generaciones futuras de la única arma y herramienta que tienen para enfrentarse al poder: la educación.

Demuestra que no es que no haya dinero, es que no se quiere utilizar en lo que se debe utilizar.

Porque cunado las Erasmus dejan de ser una herramienta para los ciudadanos, para los estudiantes, y un gasto en futuro para transformarse en un baremo de la popularidad del Gobierno, un factor en la ecuación de sus apoyos y sus votos y un elemento de imagen internacional de la corte moncloita, entonces de repente aparece el dinero y no hay problema.

Como ocurrió con las deudas e impagos de sus comunidades autónomas, como sucede con los agujeros financieros de las entidades bancarias por ellos controlados, como pasa con la dotación presupuestaria para los profesores de religión...

Como ocurre siempre que el dinero les beneficia a ellos, sus socios y apoyos o su imagen y no a todos los demás.

Y que en este caso miles de estudiantes que pululan por Europa se vean beneficiados por el hecho es motivo de alivio, pero no es otra cosa que una coincidencia circunstancial. Afortunada, pero circunstancial.