lunes, abril 15, 2013

Y la extremaunción se convirtió en delito sanitario.

Que lo que está haciendo el Gobierno con los servicios públicos no es un mal necesario e ineludible, como nos han querido vender desde la más tierna infancia de esta legislatura es algo que la inmensa mayoría barruntaba, una abultada porción de la sociedad intuía y muchos sabíamos desde el principio.
Pero, ahora que desgranan sin prisa pero sin pausa, como el calabobos -que diría el cantautor catalán-, los pasos que llevan a la privatización sanitaria quizás porque sea la más rentable a corto plazo ese barrunto, esa intuición, ese conocimiento se hace tan evidente que se transforma en certeza absoluta.
Los inquilinos moncloítas que se agarran a sus sufragios como patente de corso para hacer lo que les de la gana con el futuro de este país -incluso lo contrario de lo que prometieron hacer- siguen llenándose la boca de decir que se trata de una necesidad para limitar el gasto público, para "racionalizar" -curioso término, por cierto- la gestión de la sanidad.
Despiden personal sanitario interino, recortan plantillas, cierran quirófanos pero curiosamente la semana pasada en Madrid ponen en marcha la Dirección General de Seguimiento y Control de los Centros Sanitarios.
Más cargos políticos, más personal de confianza, más sueldos a cargo del erario público para controlar la gestión privada de los centros que han decidido colocar en manos de las empresas de sus parientes y socios -por más que que algunas como Capio se cambien el nombre para disimular y hacerse las suecas -nunca mejor dicho- y que parezca que tienen una vinculación con la empresa nórdica a las que ya nada las une.
¿Pero no se trataba de ahorrar en sueldos? ¿no se despide por eso a los interinos?, ¿o es que los nuevos cargos designados a dedo se dedicarán a esta tarea por amor al arte, sin cobrar un duro y en modo voluntariado social?
Si no se llevara cabo esta entrega feudataria de la sanidad pública a sus señores y vasallos para que se beneficien de ella no haría falta una nueva Dirección General, ya tenemos inspectores sanitarios, ya tenemos directores de hospitales, ya tenemos consejerías de Salud, ya tenemos Ministerio de Sanidad.
Así que va a ser que no es una cuestión de ahorrar, va a ser que lo que nos hacía sospechar la falta de estudios financiaros sobre esta venta al por mayor, lo que nos dejaron entrever las cifras facilitadas por los profesionales que se oponen a la medida y los que nos demostraron las filiaciones de los consejos de administración de las empresas que optaban a esas condiciones es una realidad. Una rocambolesca y trágica realidad.
La privatización no es necesaria pero se intenta imponer. Se intenta hacer cueste lo que cueste, aunque sea más que no realizarla, aunque tengan que aumentarse los costes de personal, aunque tenga que pagarse más sueldos de altos cargos para supervisarla. Es algo que se quiere hacer, no que se debe hacer.
Y es algo que se hace para beneficio propio y por ideología, una ideología tan deformada por el fanatismo y la intransigencia que ya nada tiene que ver siquiera con lo económico.
Y como muestra un botón. O mejor un alzacuellos.
La Santa del Recorte Cospedal -que ahora va de acusar a la gente de nazi, pero ya hablaremos de eso- pretende cerrar las urgencias nocturnas rurales en Castilla La Mancha, coloca bajo mínimos el servicio de ambulancias, arrampla con todo interino que se echa a la cara, privatiza la gestión de hospitales que convierten sus cocinas en un catering externo pero mantiene los capellanes.
El egregio presidente de la Comunidad de Madrid permite que los hospitales eliminen a personal auxiliar de limpieza y cocinas, externaliza servicios sanitarios supuestamente para ahorrar, pretende eliminar personal de los ambulatorios públicos pero mantiene los capellanes. Capellanes, no mulahs, no rabinos, no encarnaciones milenarias del Darai Lama, no chamanes indígenas. Solamente capellanes.
Y así en todas las comunidades gobernadas por el Partido Popular, en todos los territorios en los que se supone que la guadaña de la más intransigente austeridad se aplica para lograr un ahorro necesario e inevitable.
¿No sería más lógico mantener a los que limpian y dan de comer que a los que ayudan a rezar?, ¿acaso dan por sentado que ya se les van a morir tantos pacientes con los recortes que es absolutamente necesario que se preparen sus almas para el tránsito?, ¿tiene sentido gastar entre 30 y 60 millones de euros -que no sabe bien porque no lo dicen claramente- en capellanes e intentar ahorrarlos en cirujanas, médicos  especialistas y enfermeros especializados? ¿Es más importante morir tranquilo -engañado, pero tranquilo-  que intentar que te mantengan vivo?
Por supuesto que no. Pero ni el ahorro ni la lógica tienen nada que ver en las destrucción de la Sanidad Pública. Es una cuestión de beneficiar a los propios ya sea con cargos políticos sacados de la nada o con concesiones millonarias forzadas a golpe de decreto y mayoría absoluta pervertida y de mantener unos vínculos ideológicos absurdos que solamente servirán para dar la extremaunción a los servicios sanitarios públicos y universales.
Pero ni todos los capellanes del mundo lograrán absolverles del crimen que están cometiendo. Puede que del pecado sí, pero no de todo lo demás. La sociedad y la justicia no otorgan indulgencias plenarias a aquellos que la destruyen y la arrebatan sus derechos ni los tribunales ni las urnas suelen ser tan indulgentes como los capellanes mantenidos en nómina.

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