Balas en Ceuta y ejecución sanitaria de extranjeros

Una vez que se ponen en marcha las situaciones es muy difícil pararlas. Sobre todo si se deja que le inercia se haga cargo de las cosas. Sobretodo si no se tiene la voluntad de detenerlas.

Con gran parte de España conmocionada por los hechos de Ceuta , por un momento que se parece más al amanecer colonial de viejo imperio británico que al siglo XXI y una pequeña parte intentando justificarlo a cualquier precio la dinámica continua, se engrandece y se hace difícil de parar.

Pero las balas llovidas sobre los inmigrantes ilegales que saltaban la valla magrebí no son el comienzo, puede parecerlo, pero no lo son. Son solo el capítulo más destacado, más visible, más irremediablemente cruel, de algo que empezó mucho antes.

La caza del ilegal empezó mucho antes y su principal coto no son las vallas ceutíes ni los puertos canarios. Su coto de caza es la sanidad pública española.

Y la última bala lanzada sobre la cabeza y el cuerpo de esos inmigrantes que ahora parece que son caros pero que han estado resultando baratos mientras hacían los trabajos que nosotros no queríamos hacer cobrando los sueldos que nosotros no queríamos cobrar ha sido disparada directamente sobre una anciana de 81 años. El Gobierno, a través del Instituto Nacional de La Seguridad Social, ha decidido negarle la tarjeta sanitaria a una anciana que necesita asistencia sanitaria por el hecho de que nació en Colombia.

Pero no es porque sea ilegal, no es porque sea inmigrante, no es porque no tenga papeles. Es simplemente porque no nació en España. Porque el Gobierno ha decidido que la Sanidad Pública es suya y no de los españoles y que la condición de un ciudadano es algo que él puede ignorar y cambiar cuando le viene en gana.

Porque Margarita Restrepo -que así se llama la mujer- es española, nació en Colombia pero tiene permiso de residencia válido hasta 2017. Lo obtuvo con un permiso de reagrupación que firmó el mismo gobierno que le niega la asistencia sanitaria pública.

Pero eso a los genoveses que habitan en Moncloa no les importa. Como a ellos no les gustaba esa legislación de inmigración deciden que los que habitan legalmente en España en virtud de ella no tienen derechos, deciden convertir sus propias decisiones administrativas, sus propios permisos, en papel mojado y poner en riesgo de muerte a una anciana que llegó a España solamente porque ellos les dijeron que podía hacerlo y que vive en este país de forma absolutamente legal.

Así la caza del ilegal se convierte en la caza del inmigrante y la caza del inmigrante se transforma en la caza del extranjero. Sin ambages, sin paliativos, sin excusas. Es xenofobia pura y dura.

Transforma la Sanidad Pública en un elemento de control de la población, en una herramienta de sociología malthusiana solamente destinada a eliminar de la ecuación a todos aquellos que ahora no les resultan rentables.

Durante meses se han llenado la boca de decir que la exclusión de la atención sanitaria publica normalizada de los inmigrantes se debía a su condición de ilegales, a la lógica que suponía que si no aportan al país, que si trabajan fuera de la ley y viven fuera de la ley no es de recibo que le exijan nada al país, que solicitan de este país nada que no sean los mínimos imprescindibles que impone la caridad -atención de urgencias, a menores y al parto. Siempre me ha parecido curioso lo del parto, por cierto-.

Pero una vez más, como tantas otras, es mentira.

El "decretazo" de exclusión de los inmigrantes de la atención normalizada no afectó solo a los inmigrantes. Modificó, en disposiciones finales, otros reales decretos que iban destinado a privar de la asistencia sanitaria a residentes legales, con permiso de residencia legal. Que no tenían como objetivo al ilegal. Tenían en el punto de mira la extranjero.
No se dijo, se ocultó para hacerlo parecer otra cosa, se hizo por detrás, con alevosía, para lograr que la sociedad no se diera cuenta de que en realidad no había excusa, no había justificación ninguna. Para disimular que una medida de nacionalismo exacerbado y radical puro y duro, no una medida de necesidad económica. Que no era otra cosa que la apertura de la veda de caza del extranjero por aquellos a los que nuestra inconsciencia en forma de sufragios colocó en el Palacio de La Moncloa.
Y una de esas balas disparadas por los francotiradores del Instituto Nacional de la Seguridad Social ha ido a impactar sobre la sien de Margarita Restrepo.
Y seguirán llegando y herirán de muerte a muchos más. A muchos más que las de calibre 9 mm disparadas sobre la valla magrébí. Porque los principales afectados son, en general, personas mayores, los padres de trabajadores extranjeros que emigraron a España para trabajar, regularizaron su situación y después trajeron a sus familias.
Todo de forma legal, todo con el permiso de un gobierno que, aunque no fuera ejercido por ellos, era el de España y por tanto tienen la obligación de asumir como propio.
Pero los inspectores de la Seguridad Social, transformados en una suerte de fuerzas paramilitares que patrullan el día y la noche en busca de extranjeros que llevarse al punto de mira, ignoran todo eso y dan como explicación una que, por pura decencia torera, no deberían ni tener en la mente.
Le retiran a Margarita y a otros muchos la asistencia porque “las personas extranjeras que con posterioridad al 24 de abril de 2012 soliciten la inscripción en el Registro Central de Extranjería o el correspondiente permiso de residencia, no tendrán derecho a la asistencia sanitaria con cargo al Sistema Nacional de Salud”.
O sea que da igual que Estrasburgo les haya pegado un guantazo de considerables proporciones hace dos días como quien dice. Da igual que les haya puesto la cara colorada con la aciaga Doctrina Parot y les haya gritado a palmo y medio de sus cerrados pabellones auditivos que las leyes no pueden ser retroactivas.
Como a partir de ahora no quiero dar atención sanitaria a los extranjeros, a ningún extranjero, te la quito a ti aunque la hayas obtenido legalmente.
De modo que cambio la leyes propias en aras del derecho de sangre y de nacimiento; ignoro los principios legales internacionales para poder mantener abierto el coto privado de caza del extranjero que he decidido abrir en mi territorio.
Y la Sanidad es solamente un ejemplo. El más acuciante, le más peligroso, el más cruel. Pero es solo una de las armas de destrucción masiva del extranjero que está utilizando el ultranacionalismo de nuestro gobierno disfrazado de liberalismo capitalista económico.
Niegan la nacionalidad a una marroquí porque confunde la situación de Huelva con la de Almería en un examen. Pero no deportan y quitan la nacionalidad a personas con las que trabajo todo los días que creen que "Ceuta no es España" o que  "Canarias antes era de la Península". Nacer en suelo patrio da derecho a ignorar la geografía.
Y con la Sanidad Pública es un peor. Se niega la asistencia a ancianas que residen legalmente, se cobra el seguimiento de trasplantes a personas que lo necesitan y que han recibido el trasplante dentro de la sanidad pública española, se deja morir a menores extranjeros de pulmonía...
No hace falta irse a Ceuta para comprobar el aciago espectáculo de las balas del nuestro gobierno impactando contra las vidas de los extranjeros.  Con pasar por un centro de salud o una oficina del Instituto Nacional de la Seguridad Social es suficiente.
Y matan mucho más que las otras.