Y mas sorprendente es si proviene de Lucía Figar, la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, que parece haber tomado el relevo de su políticamente extinto compañero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, en el constante y continuo esfuerzo de hacer subir el pan cada vez que abre la boca.
Y en esta ocasión se trata del más que espinoso asunto de los abusos sexuales cometidos por un profesor contra varias alumnas en el Colegio Valdeluz de Madrid.
Resulta que la Comunidad de Madrid, el gobierno de la Comunidad de Madrid, sabía que desde 2007 este individuo se dedicaba a abusar o intentar abusar de sus alumnas y resulta que no hizo nada. Resulta que los servicios sociales lo sabían y no lo pusieron en conocimiento de la fiscalía, resulta que la consejería de Asuntos Sociales podía haber evitado que continuara pero se limitó a "cumplir el protocolo".
Y aquí es donde aparece Lucia Figar, como quien en la cosa nada tiene que perder, como quien pasara por casualidad por allí, y dice que "no es de sentido común" que Asuntos Sociales no pusiera esos abusos en conocimiento de la Fiscalía.
Como le pasara a la procelosa Cristina Cifuentes con el asunto del aborto o al extremeño José Antonio Monago con las urgencias rurales, parece que es una voz disonante, se muestra como una pincelada de disidencia mientras los portavoces oficiales de la Comunidad de Madrid dicen por activa y por pasiva que las cosas se han hecho "siguiendo el protocolo", que parece que es decir que se han hecho bien pero que, en realidad, es decir que no se ha hecho nada.
En contra de lo que pueda parecer, Figar no sube a la palestra y toma el micrófono de la disidencia. Lo que hace es meterse entre bambalinas y empuñar el altavoz de la autojustificación.
Nadie le quita la razón en lo que dice. No es de sentido común que Asuntos Sociales no hablara con la fiscalía. Pero tampoco es de sentido común que ella, Consejera de Educación, lo diga.
Porque los abusos se produjeron en un colegio, en centro educativo concertado. Y la jurisdicción sobre esos centros se encuentra más o menos debajo de las mismísimas narices de Lucía Figar, consejera de Educación de la Comunidad de Madrid.
Durante siete años la consejería que dirige la persona que no considera "de sentido común" actuar como se ha actuado ha seguido renovando el concierto, ha seguido aportando dinero público al colegio Valdeluz. Sin controlar que todo fuera bien en ese centro. Durante siete años no ha sido capaz de enterarse, preguntar o saber lo que estaba pasando. De hacer su trabajo.
Así que lo que hace Figar es echar balones fuera. Es, en uno de esos actos de lealtad extrema entre ellos mismos a los que últimamente nos tienen acostumbrados nuestros gobernantes, arrojar a los leones mediáticos a su colega de Asuntos Sociales para que nadie se pare a pensar un instante, alce la mano en una rueda de prensa y pregunte ¿qué podía haber hecho Educación?, ¿por qué Educación no hizo nada?, ¿qué va a hacer educación al respecto?
Aunque pueda parecer otra cosa.
Y el síntoma definitivo de que se trata de eso, de una estrategia disuasoria, y no de otra cosa es el resto de sus declaraciones: "se aplicaron los protocolos y lo que estaba previsto, eso se hizo”, dice Figar. Y continúa la faena de aliño con: "hay que estar abierto a cambiar los protocolos de actuación en los casos de abusos sexuales. Tenemos que verlo, pero no se cometió ninguna negligencia en ese sentido”, ha destacado. Y para rematar “hay que estar abiertos a revisar lo que haga falta”.
Un profesor ha estado abusando durante siete años de sus alumnas pero no se cometió ninguna negligencia, un director y un jefe de estudios le han estado encubriendo, pero no se cometió ninguna negligencia, una institución privada que mantenía a esos tres individuos en nómina y en contacto con potenciales víctimas ha estado recibiendo dinero público, pero no ha habido ninguna negligencia.
¿De verdad quiere que entremos por ese aro?
De modo que los tan traídos y llevados protocolos fallan y "hay que estar abiertos a revisar lo que haga falta".
Ella, que ha sido capaz de modificar de un plumazo todos los protocolos de selección de personal para poner en la dirección de centros a sus adláteres -aunque luego los tribunales le hayan enmendado la plana-; ella, que ha aplicado a capricho los criterios para conceder conciertos, dejando fuera a centros laicos y concediendo el concierto a centros religiosos aún por construir; ella, que cambia a su antojo lo que le viene en gana cuando le viene en gana para aumentar su poder no es capaz de hacerlo igualmente por la vía rápida cuando de lo que se trata es de aumentar su nivel de responsabilidad.
Porque si de verdad estuviera por el sentido común, Educación hubiera enviado una carta al propietario del centro exigiendo la suspensión en su puesto del director y el jefe de estudios mientras se aclaraba el asunto, so pena de perder el concierto; o hubiera enviado un escrito al Arzobispado de Madrid exigiéndole que retirara -aunque fuera de forma cautelar- el DECA a los tres implicados; o hubiera enviado una circular por la cual se exigía a todos los centros informar sobre cualquier denuncia de este tipo; o hubiera sometido a votación en el Consejo de Gobierno una reglamentación que pidiera, instara o exigiera a Asuntos Sociales poner en conocimiento de Educación cualquier situación de este tipo que se produjera en un centro educativo público, concertado o privado de su área de gobierno.
Pero no lo ha hecho. Se ha limitado a intentar guardar la ropa para poder seguir nadando en las aguas de su poder, a colocarse ante las cámaras y decir: "miren hacia allá, miren hacia Asuntos Sociales, no me miren a mi".
Lo único que es "de sentido común" para una política como Lucía Figar. Salvar el trasero.
Un profesor ha estado abusando durante siete años de sus alumnas pero no se cometió ninguna negligencia, un director y un jefe de estudios le han estado encubriendo, pero no se cometió ninguna negligencia, una institución privada que mantenía a esos tres individuos en nómina y en contacto con potenciales víctimas ha estado recibiendo dinero público, pero no ha habido ninguna negligencia.
¿De verdad quiere que entremos por ese aro?
De modo que los tan traídos y llevados protocolos fallan y "hay que estar abiertos a revisar lo que haga falta".
Ella, que ha sido capaz de modificar de un plumazo todos los protocolos de selección de personal para poner en la dirección de centros a sus adláteres -aunque luego los tribunales le hayan enmendado la plana-; ella, que ha aplicado a capricho los criterios para conceder conciertos, dejando fuera a centros laicos y concediendo el concierto a centros religiosos aún por construir; ella, que cambia a su antojo lo que le viene en gana cuando le viene en gana para aumentar su poder no es capaz de hacerlo igualmente por la vía rápida cuando de lo que se trata es de aumentar su nivel de responsabilidad.
Porque si de verdad estuviera por el sentido común, Educación hubiera enviado una carta al propietario del centro exigiendo la suspensión en su puesto del director y el jefe de estudios mientras se aclaraba el asunto, so pena de perder el concierto; o hubiera enviado un escrito al Arzobispado de Madrid exigiéndole que retirara -aunque fuera de forma cautelar- el DECA a los tres implicados; o hubiera enviado una circular por la cual se exigía a todos los centros informar sobre cualquier denuncia de este tipo; o hubiera sometido a votación en el Consejo de Gobierno una reglamentación que pidiera, instara o exigiera a Asuntos Sociales poner en conocimiento de Educación cualquier situación de este tipo que se produjera en un centro educativo público, concertado o privado de su área de gobierno.
Pero no lo ha hecho. Se ha limitado a intentar guardar la ropa para poder seguir nadando en las aguas de su poder, a colocarse ante las cámaras y decir: "miren hacia allá, miren hacia Asuntos Sociales, no me miren a mi".
Lo único que es "de sentido común" para una política como Lucía Figar. Salvar el trasero.
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