... Y se imaginen que son hombres

Hay veces que se tiene la vana esperanza de que las cosas cambien, de que el peso de la lógica se imponga. Sabemos que no va a ocurrir, pero los hay que todavía creemos que la información es eso, información y no una forma de hacer ver lo que piensa, lo que se cree, no lo que se sabe.

Por supuesto no existe desesperación cuando te das cuenta de que hace tiempo que dejó de ser así -si es que alguna vez lo fue-. Te contraría, eso sí, pero ya no te desespera.

En este mundo de fábula en el que se ha convertido el ámbito de la violencia familiar y afectiva -artera y voluntariamente rotado al de violencia de género- hoy me he levantado, me he desayunado, con una noticia que parece poner las cosas en su sitio, que parece dar el ejemplo definitivo de la nueva percepción de la realidad que se intenta imponer sobre las cifras, sobre las estadísticas.

La noticia afirma: "Las últimas estadísticas publicadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre violencia de género en el partido judicial de Pontevedra vienen a echar por tierra el cada vez menos extendido mito de las denuncias falsas por malos tratos. En la capital, aquellas personas procesadas por maltrato acaban siendo culpables de los hechos que se le imputan y, de hecho, el 100% de los varones que fueron juzgados acabaron por ser condenados por el juez".

Mas allá del hecho de que el comienzo de la misma es un canto a la propaganda apriorística -algo que parece que está permitido en el periodismo español, sobre todo en este asunto-, las cosas están claras. Si todos los juzgados por maltrato son declarados culpables entonces no hay denuncias falsas, no hay denuncias malintencionadas que solamente buscan los beneficios que una ley desajustada y discriminatoria concede.

Puede parecer cierto, pero no lo es. Puede parecer un silogismo perfecto, pero no lo es. Puede parecer justo, pero no lo es.

Porque leemos que se ha sentenciado a 87 hombres por malos tratos. Para que el argumento de este periodista fuera cierto ese tendría que haber sido exactamente el número de denuncias que se presentaran en el partido judicial de Pontevedra. Entonces no habría habido ni una sola denuncia falsa. Entonces la percepción del feminismo del eterno victimismo estaría, por decirlo de algún modo, ajustada a la realidad.

Pero el número de denuncias no aparece, no figura por ninguna lado. Nos cuentan cuántos y por qué, pero el número de denuncias habidas en ese partido judicial permanece en las brumas de lo desconocido.

Si fuese en otro ámbito simplemente consideraría parcialmente inútil al autor de la información. Pero estamos hablando de violencia de género, un mundo malhadado en el que las denuncias se tremolan constantemente como bandera de todo y por todo, como estandarte de luchas absurdas y de necesidades injustas.

Y curiosamente en esta noticia, justo en la que hacen falta como elemento comparativo, han desaparecido por arte de magia.

Si yo no fuera periodista, habría pensado que el dato era difícil de obtener; si no hubiera tardado cuatro minutos de reloj en conseguirlo, habría pensado que se le había pasado por alto; si no figurara en un informe público de libre acceso de los que maneja el autor de este magno ejercicio de hipocresía periodística, habría pensado simplemente que el redactor es un inútil.

Como soy periodista, he conseguido el dato del número de denuncias y estaba en un informe público, me limito a pensar que no ha querido ponerlo, que ha decidido ignorarlo.

Ergo, y por definición, que se ha preocupado de manipular más que de informar.

Porque resulta que según parece " Pontevedra es la provincia con más denuncias por violencia de género (3.595) y también en la que más aumentan, un 29,6%". Y no lo digo yo. Lo dice la memoria anual de la Fiscalía Superior de Galicia.

Así que tenemos 87 condenas para 3.595 denuncias. El mito de que las denuncias malintencionadas y sin fundamento son un mito -y valga la redundancia- acaba de desmoronarse como la integridad profesional de aquel que ha escrito la noticia.

Pero no voy a a caer en el vicio de la manipulación -ya tenemos bastante de eso-. Los 87 condenados lo fueron solamente en la capital de provincia. Pontevedra tiene otros partidos judiciales. Y el autor de la noticia lo sabe y lo incluye en su información. La suma de enjuiciamientos por maltrato es de 329 en toda la provincia.

Claro que el manipulador no incluye el número de cuantos de ellos fueron declarados culpables y cuantos inocentes, dato que también figura en el informe del CGPJ. A lo mejor porque no todos fueron declarados culpables y su mito de la inexistencia de la denuncias falsas sería contradicho por él mismo.

Así que eso nos deja con alrededor de 3.250 denuncias que están en el limbo, que han desparecido por arte de magia de las meigas pontevedresas, que han sido olvidadas o traspapeladas o retiradas por miedo.

Eso es lo que probablemente defenderán. Eso es lo que dirán las ideólogas del patriarcado perverso y maltratador para justificar la inmensa diferencia entre las denuncias y las condenas.

Pero todos sabemos que todas esas justificaciones son falsas. Todos sabemos que están condenados los que merecían ser condenados, los que podían ser condenados.

¡Claro que todos los hombes juzgados son condenados! Porque, afortunadamente, en la mayoría de los casos,  los magistrados y los fiscales solamente llevan a juicio las denuncias que tienen visos de poder ser probadas, de ser reales.

Aún aceptando un porcentaje de retirada voluntaria de denuncias verosímiles -el propio emporio feminista y el Gobierno lo sitúan en un 20 por ciento- estamos hablando de 3.000 denuncias que carecen de pruebas, que carecen del sustento jurídico suficiente para que sean llevadas a juicio.

 Estamos hablando de mas de 3.000 denuncias inverosímiles solamente en Pontevedra.

No diré falsas para que no se refugien en el concepto jurídico de denuncia falsa que implica manipulación de pruebas, intento de engaño al tribunal y la posibilidad de verificar que los hechos de los que se acusa son imposibles. Diré inverosímiles.

 Cuando la sociedad habla de denuncias falsas pone un nombre directo a una realidad. Se las puede llamar denuncias maldicientes -pero es muy rebuscado- o se les puede llamar denuncias mentirosas -pero suena pueril-, pero, en definitiva,  habla de ir a la comisaria mientras tu pareja está sentada en casa y acusarle de pegarte, de insultarte, de intentar violarte o de lo que se te venga en gana. Ni tú ni él podéis probarlo, no hay indicios ni testigos, no existe la más mínima verosimilitud. Pero sabes que puedes poner la denuncia y la pones aunque sea mentira. Eso es lo que la sociedad interpreta como denuncia falsa.

Cuando el Consejo General del Poder Judicial habla de denuncia falsa y hace estadísticas sobre ellas habla de cortarte los brazos, golpearte la cabeza contra una puerta, desgarrar la ropa y la piel y acudir con el mismo cuento.

Cuando el juicio puede probar que tu pareja estaba en el Casino de Torrelodones mientras ocurrían los supuestos hechos, cuando los peritos pueden probar que el golpe no procede de un puño humano y que el ángulo de los cortes indica que son autoinflingidos es cuando la consideran una denuncia falsa.

Si el tribunal no puede o no quiere probar que la denuncia es falsa, simplemente la archiva como errónea. Pero, no nos engañemos, no existe error posible cuando se denuncia a la propia pareja por malos tratos. Solamente puede existir falta de criterio -es decir, que lo que quien hace la denuncia considera que es maltrato no lo sea- o mala intención.

Está claro que son dos conceptos diferentes y que el que está pervirtiendo la ley -ya bastante perversa de por sí- es el primero, el social, no el segundo, el judicial.

Y todo el entramado del feminismo victimista debería por fin bajar a la realidad de la sociedad en la que viven. Tendrían que tener el suficiente coraje para empezar a pensar en contra suya, en contra de los vicios que su ideología ha desatado. Tener la valentía de dejar de usar el escudo de la falsa denuncia judicial y aceptar y refrexionar sobre las denuncias inverosímiles y malintencionadas.

Pero sabemos que no pueden hacerlo. No pueden hacerlo por interés y por fanatismo.

Por interés porque su poder, su capacidad de influencia y su supervivencia económica como asociaciones, colectivos y plataformas depende del número de denuncias, depende de la falacia de identificar número de denuncias con número de maltratadas.
Porque eso es lo que justifica sus subvenciones anuales, sus sueldos como liberadas de esos colectivos y esas asociaciones. Porque para poder vivir del maltrato tiene que haber maltrato en cantidades ingentes.

Pero, por seguir con el ejemplo pontevedrés, el año pasado no ha habido víctima mortal alguna de esa supuesta violencia machista omnipresente,  hay 329 enjuiciados de maltrato -sabemos que 87 culpables, los demás son un arcano-.

Estas cifras no justifican las constantes inversiones en el asunto, que en el caso de Galicia superan los 300 millones de euros. Para eso le damos 911.000 euros a cada una de las maltratadas y que rehaga su vida. Por que se trata de eso,¿no?

No pueden aceptar la existencia de denuncias inverosímiles y malintencionadas por su interés, pero tampoco lo pueden hacer por su fanatismo.

 Porque eso sería reconocer que la ley está mal hecha. No habría ningún problema -más que uno burocrático- si hubiera 3.595 denuncias y solo 87 culpables en Pontevedra si no existiera la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género. Y ellas lo saben. Las que acusaran en falso no lo harían porque no obtendrían nada.

Pero 3.250 hombres pontevedreses han podido sufrir medidas cautelares automáticas, alejamientos de sus hogares y de sus hijos automáticos, detenciones automáticas, condiciones adversas en sus divorcios automáticas -o semiautomáticas, como las armas cortas- por el hecho de estar denunciados. Y no lo han sufrido o podido sufrir no porque sus parejas o antiguas parejas sean perversas o unas arpías -que también serán algunos casos- sino porque es la ley la que sacraliza la denuncia como mecanismo de protección.

Si el feminismo recalcitrante y andrófobo reflexiona sobre esa situación se dará cuenta de que la protección de 87 personas deja desprotegidas a otras 3.250.
Descubrirá que su maravillosa idea de la discriminación positiva no es positiva para nadie. Que la sociedad no puede soportar castigar a más de 3.000 inocentes para conseguir enjuiciar a 329 posibles culpables.

Pero no pueden comprender eso. Para hacerlo tendrían que cerrar los ojos e imaginarse los rostros de  las víctimas de esa injusticia, de esa desmedida discriminación.

Tendrían que apretar mucho los párpados e imaginar que las que lo sufren son mujeres. Mientras sean hombres no les importa. Han decidido que no debe importarles.