Quería
yo ordenar algo mis pensamientos al respecto antes de volcar sobre estas
endemoniadas líneas algo sobre la de nuevo furibunda y aguerrida contienda que
se mantiene ahora entre bastidores, acallada por las económicas, sobre la
materia de la que no nos gusta hablar, sobre la que ni siquiera nos gusta
pensar: sobre nuestra ética.
Y claro,
cuando se trata de ética no se aborda nunca la ética política, no nos paramos
nunca en la ética personal en el trabajo, en la familia, en las relaciones
-menos mal que sobre eso no se puede legislar- Cuando la sociedad occidental
atlántica se enfrenta a la ética habla solo de las dos cosas que más teme: de
la vida y de la muerte. Y ahora nos toca hablar del aborto.
Alberto Ruiz
Gallardón, a la sazón ministro de Justicia, se ha lanzado a algo que prometió
el PP en las elecciones generales -¡Vaya, una promesa electoral que cumplen!-,
a la reforma de la Ley del Aborto -me niego hablar de interrupción voluntaria
del embarazo, hay momentos en los que los eufemismos sobran-.
Y claro
eso levanta ampollas en los pasillos del feminismo. Pero vayamos por
partes.
Quizás
la postura del feminismo defensor del aborto libre -y además gratuito-, se
pueda resumir en el escrito de Amparo Rubiales, experta en derecho
constitucional. Es uno de los pocos que tira de argumentos legales y constitucionales
y no de la pura víscera de las manos en triángulo y sacar a pasear la bandera rosa.
Sea
dicho de antemano que, apartado de la víscera, de una creencia que no profeso, de
una moralidad que no comparto, sólo me fundamento en la argumentación para
llegar a mis conclusiones. Quien esté esbozando en sus labios la palabra
católico, conservador o machista ya en estos momentos se puede ahorrar el resto
del post porque no habrá entendido nada.
"Una reivindicación histórica de las mujeres
es el derecho a decidir libremente su maternidad para poder interrumpir su
embarazo legalmente. Se ha abortado siempre, pero en condiciones de dureza
extrema, salvo si se tenían recursos económicos para salir fuera o hacerlo en
clínicas privadas".
Así
empieza la jurista su escrito. Y no es nada que se pueda negar porque es cierto, pero es algo que no
supone un valor en esta discusión. Que algo se reclame históricamente no lo
hace justo. Que algo se pida una y otra vez no lo convierte en un derecho si no
lo es en su origen.
Y el
aborto no es un derecho de la mujer.
La
decisión libre sobre la maternidad es un derecho incuestionable, igual que lo
es la decisión libre sobre la paternidad.
¿Por qué
entonces no está permitido que un padre exija el aborto de su pareja si no
quiere serlo? Es obvio. Porque interfiere con los derechos de un tercer
ser: La madre. En el caso inverso eso se obvia -y se hace por motivos
evidentes- y no es el meollo de la cuestión.
El caso
es que la decisión sobre la libre maternidad se liga indefectiblemente al aborto
cuando eso es una falsedad social, legal y estructural.
La
libertad de la elección de la maternidad está más que cubierta por los
anticonceptivos en España. Existen más de un centenar de métodos
farmacológicos, mecánicos y quirúrgicos -para hombres y mujeres- para evitar el
embarazo, existen dos métodos contraconceptivos post coito y existe la
abstinencia –no es recomendable extenderla demasiado, pero existe, no nos engañemos-.
Salvo en
los casos siempre esgrimidos de violaciones. Y hasta en eso el derecho al
aborto está en el alero.
No hace
falta denunciar una violación -cosa que en muchas ocasiones desgraciadamente
ocurre, para la víctima y las futuras víctimas- para acudir a una farmacia y
pedir una píldora postcoital -cosa que ya se puede hacer-, ingerirla y por lo
menos eliminar ese posible futuro problema de la terrible ecuación psicológica
que para toda mujer -u hombre- supone una violación.
Así que
el derecho a la libertad de elección de la maternidad en esos casos quedaría
cubierto con la reclamación que llevaría como mucho a la solicitud de la
gratuidad de la píldora postcoital, no del aborto. Legalmente debería ser así, aunque
parezca frío. Pero no sería tampoco un exceso legislar de forma más abierta, comprendiendo
el terrible momento psicológico que sufre una mujer violada.
Así que
no existe posibilidad de argumento legal alguno que una el derecho a la libre
elección de la maternidad con el aborto. Si se llega a la necesidad de abortar
es porque se ha rechazado voluntariamente el ejercicio de ese derecho de forma
previa al coito, porque se ha eludido una responsabilidad obligada para todo
hombre y mujer en esa materia. Punto final.
No se
puede exigir pues al Estado que acepte el aborto y se responsabilice de él como
expresión de un derecho del que la portadora del mismo no ha querido
responsabilizarse previamente. No en un país con libre acceso a los
anticonceptivos. En Sudán del Sur, en Eritrea, En Irán o en Bangladesh sí se
puede realizar esa justificación. En España no.
Quedan
fuera de esta argumentación los casos de violación que vayan acompañados de
retención ilegal, secuestro o cualquier otro tipo de delito que impida a la
embarazada ejercer ese derecho a priori con los anticonceptivos o a posteriori
con los contraconceptivos post coitales. En ese caso -y solamente en ese-
libertad de elección de la maternidad y aborto parecen indisolublemente
ligados.
"una mujer escribe una carta en los años
ochenta contestando a unas declaraciones del liberal José María
Ruiz-Gallardón -padre del actual ministro-, en la que decía: “Soy una mujer
casada y operada de cáncer que sufre un embarazo como una auténtica losa.
Consultados los facultativos correspondientes, me comunican que tal situación es
totalmente nociva, tanto para mí, por los controles a los que estoy sometida,
como para el feto, debido a las sesiones de cobalto recibidas. Nunca pensé que
ante este tema vital, los médicos de este país estuvieran imposibilitados para
intervenirme, amparándose en una farisaica legalidad, que personas como usted
abortan desde sus escaños y en la que solo están libres de culpa las mujeres
que como la de su señoría tienen posibilidad de abortar en el
extranjero”", sigue ejemplificando Amparo rubiales.
De nuevo
la señora Rubiales se mueve en una zona peligrosa.
Es
posible que en aquellos años esas quejas estuvieran justificadas pero hoy
habría que decirle a esa mujer que era su responsabilidad y la de sus médicos
informarse de los problemas que acarrea un embarazo si se está en esa situación
clínica y poner los medios para que ese embarazo no se produjera.
Si el
diagnóstico sobre el cáncer llega después del embarazo y su evolución hace
imposible esperar al parto para comenzar el tratamiento -procedimiento habitual
en estos casos-, entonces sí que sería una excepción en la que el aborto sería
aplicable como solución. Una nueva excepción.
La
crítica a la objeción de conciencia médica me parece demoledora por el simple
hecho de que el juramento hipocrático exige salvar vidas, no quitarlas.
Y ahí
llega el problema jurídico real.
¿Alguien
criticaría a un médico por negarse a separar a dos siamesas si esto supone
irremisiblemente la muerte de una de ellas?, ¿por qué entonces se critica al ginecólogo
que se niega a practicar una aborto?
Porque
no se considera que haya una vida en juego. Una que no sea la de la mujer.
Si la
desesperada embarazada acusaba de farisaica legalidad a aquellos que la
impedían en el aborto en el pasado siglo, ese fariseísmo ha pasado a las líneas
de la jurista que defiende esta posición porque obvia que el principal problema
del aborto no son los derechos de la mujer -cubiertos de sobra antes del coito-
sino los derechos de la no nacida.
Estos no
entran en conflicto cuando aún no ha sido concebida por supuesto, pero cuando
ya está concebida, por mor de que sus progenitores han hecho caso omiso de su
obligación de salvaguardar su derecho a la libre elección de la maternidad y la
paternidad, entonces son un factor que han de ser tenido en cuenta.
Por ello
se ha pretendido siempre eliminarlos de la ecuación.
El
proceso ha sido el siguiente, resumiendo.
Primero
se dijo que la nonata no estaba viva: Si no estuviera viva no se dividiría, no
crecería y ningún embarazo llegaría a término porque no se desarrollaría. No
tendríamos problemas con el aborto ni con la libre elección de la maternidad.
Estaríamos
extintos como especie y el aborto no sería necesario.
Después
se argumentó que estaba viva como parte del cuerpo de la madre y por tanto ella
tenía posibilidad de decidir sobre ella: algo que nos lleva de nuevo al
problema irresoluble de las siamesas si fuera cierto, pero que tampoco lo es.
En la
cadena de olvidos a los que se han sometido los argumentos que defienden esta
postura se han olvidado del padre. La aportación de material genético del
progenitor masculino -conocido o desconocido, voluntario o forzoso, conocedor o
desconocedor, responsable o irresponsable, eso da igual- hace que la nonata sea
un ser genéticamente diferente de su madre y por tanto un ser vivo distinto,
aunque no sea capaz de la vida autónoma. Se la puede definir como una
simbionte, pero no como una parte de la madre.
Y, por
último, esta línea de argumentación llegó a su postulación legalmente más
peligrosa: decir que la nonata no era humana: No hay argumentación contraria para
eso si se acepta que existe una definición de ser humano más allá de la
genética, la antropología y la zoología.
¿La hay?
La respuesta es no.
Cuando
se dé un solo caso de que un embarazo humano llegado a término alumbre un ser
de otra especie conocida o por conocer entonces podremos argumentar al
respecto. Hasta entonces toda nonata humana, sea cual sea su estado de gestación, es humana por definición genética,
antropológica y zoológica. No hay discusión posible.
Así que,
como es imposible mantener ninguno de estos tres argumentos y además resulta
que la feta está legalmente protegida en otros ámbitos cuando es un embarazo
deseado hasta el punto de que se le garantiza el derecho de herencia, de
reconocimiento y otros muchos, resulta que habrá que tener en cuenta los
derechos de la feta cuando entran en conflicto con los de la madre.
Y
recordemos que, en España, salvo excepciones, a esa situación solamente se
llega por irresponsabilidad previa al coito de sus progenitores.
¿Qué
derecho debe entonces prevalecer?, ¿debe anteponerse el derecho del progenitor
que no ha hecho nada hasta ese momento para garantizar su derecho a la libre
maternidad cuando tenía multitud de herramientas para ello?, ¿debe prevalecer
el de la no nacida que se encuentra en una situación que no ha sido buscada por
ella, que no es producto de su irresponsabilidad y que no tiene forma de
defenderse por sí misma?
En este
punto y ante esta redacción de las preguntas pocas mujeres tendrían duda en la
respuesta si la feta estuviera ya fuera del cuerpo materno ¿por qué las tienen
entonces antes?
"¿Quién es el ministro de Justicia para
decir lo que es ético? Se trata de que sea constitucional o no. Simplemente. Se
regula un derecho para que la mujer que quiera lo ejerza en las condiciones que
la ley establezca. No se necesita un debate sobre algo constitucionalmente
resuelto hace 30 años. No se entiende la razón por la que el ministro dice
ahora algo que está admitido por la mayoría social —ideologías al margen—, incluido
el TC. Se puede estar en contra del aborto, pero no como ministro. No se puede
volver atrás ignorando al único interprete de la Constitución, que ya se ha
pronunciado. ¿Por qué lo dice? En esta ocasión sí se puede afirmar que será por
“la herencia recibida”", concluye la jurista en su artículo refiendose sin
duda al padre del ministro.
Y he de
darle la razón en parte, pero no como cree que se la doy.
Si la
cuestión es que la ley sea constitucional o no, se podrá cambiar siempre y
cuando se altere dentro de los límites de La Constitución ¿se puede volver
entonces a una ley de supuestos incluso más restringida?
Lamentablemente
para ella, la respuesta es sí.
Porque
nuestra Constitución ya albergó esa ley sin problema de constitucionalidad
alguno con lo que ¿qué valor tiene el constitucionalismo como forma de oponerse
a las restricciones de la actual ley, cuando esas restricciones ya formaron
parte del cuerpo legal español estando la Constitución vigente? Ninguna.
Pero en
lo que no puedo darle la razón es que la ética no puede estar presente a la
hora de dirimir estos asuntos.
La ética
es la única manera de abordar la legislación sobre derechos en cualquier
ordenamiento jurídico del mundo.
Por lo
menos en cualquiera medianamente democrático. Mantenemos que la esclavitud es
un delito y el ser humano tiene derecho a ser libre porque no consideramos
ético que un ser humano esclavice y sea propietario de otro; mantenemos que
mujeres y hombres son iguales porque no consideramos ético que se discrimine a
nadie por motivos de sexo -o por cualquier otro motivo, ya puestos-.
Cada
derecho que defendemos, que exponemos o por el que luchamos es la expresión de
una reflexión y una conclusión ética a la que hemos llegado.
Así que
en cuestión de dirimir los derechos la ética es la única herramienta que
tenemos para definir nuestros ordenamientos jurídicos.
Solamente
tenemos que solucionar cual es nuestra ética social al respecto.
El
ministro utiliza la suya porque está en el poder y su ética se mantiene dentro
de la legalidad y la constitucionalidad ¿no hicieron lo mismo los gobiernos
socialistas cuando la ampliaron?, ¿no aplicaron su ética sobre el asunto?, ¿no
hicieron lo mismo cuando elaboraron todas sus leyes sobre derechos y
libertades?, ¿no aplicaron una ética en la que no era justo que los
homosexuales no pudieran casarse, o que las parejas de hecho no tuvieran los
mismos derechos o que las mujeres no pudieran abortar?
En
cuestiones de derechos es la ética la herramienta que utiliza todo gobierno
para legislar. No podemos aplaudir cuando coincide con la nuestra y negar la posibilidad
de utilizarla cuando nos lleva la contraria.
El
aborto solamente puede abordarse como se aborda la pena de muerte, la
eutanasia, o cualquier otro momento legal relacionado con la vida y con la
muerte. Personamelte yo estoy en contra de todos ellos por la misma base pero por motivos diferentes.
Si hay
dudas sobre matar a un individuo porque ha cometido un crimen execrable, si hay
dudas en obligar a terceros a matar a alguien porque considere que su vida no
es digna, ¿cómo
puede no haberlas a la hora de acabar con la evolución vital de alguien que no
puede ni expresar su opinión al respecto ni es culpable de acto alguno que pueda haberle privado de su humanidad?
Esa es
la discusión que estamos teniendo. No sobre si recorta un derecho a las
mujeres.
Las
mujeres nunca tuvieron ese derecho. Nunca tuvieron el derecho a decidir sobre
la vida y la muerte de sus hijas.
Sobre
tenerlas o no tenerlas, sí. Pero sobre matarlas o dejarlas vivas no.
Se use
la argumentación que se utilice, ya sea legal, constitucional, antropológica,
biológica o genética, no hay nada que sustente la defensa de ese derecho.
Lo
siento, pero en realidad todos y todas sabemos que es así. Aunque no nos guste.
Aunque nos moleste tremendamente tener que darle la razón a la realidad en
contra de nosotros, nuestra conveniencia y nuestras necesidades. Sabemos que es
así.
¿Tan difícil
es llevar siempre un condón en la cartera o en el bolso?, ¿tan imposible es
controlarse si no se tiene uno a mano?, ¿tan insufrible es soportar dos días de
vómitos y mareos para no jugar a la ruleta rusa con las posibilidades vitales de
alguien que compartirá la mitad de nuestro material genético?
¿Tan egoístas
y ególatras nos hemos vuelto que no queremos meter a la ética en la ecuación
para que el hecho de no estar dispuestas a renunciar a un polvo nos torne en
asesinas?
Porque
todo lo demás son excepciones y una ley de plazos no es una ley de excepciones.
¿Tan
básicas y primarias nos hemos vuelto?, ¿tan pronto hemos regresado a la caverna?
