24.000 sangrantes zarpazos en la espalda del futuro

Reducir es ganar.

Cada reducción se ve como un triunfo, como una derrota del gasto, como una victoria de la contención. Y eso parece bueno, se quiere vender como beneficioso. E incluso en ocasiones puede llegar a serlo.

Cuando la reducción es de 24.000 perece buena, cuando se logra en dos años parece casi un récord digno de una medalla. Cuando se descubre que se habla de profesores y no de millones de euros se nos abren las carnes por el medio.

La enseñanza pública, la que garantiza un mínimo de equilibrio social en el saber y en el conocimiento ha perdido 24.000 docentes en apenas dos años. Desde la educación infantil hasta el bachillerato públicos se han quedado sin una cifra de docentes que casi resulta inconcebible.

Desde Castilla - La Mancha hasta Madrid, desde Baleares hasta Andalucía, la guadaña de los paladines de la austeridad suicida en lo público ha cercenado puestos de trabajo, congelado ofertas de empleo público y reducido a un mínimo absurdo y demencial las tasas de reposición entre el personal docente.

Solamente se repone uno de cada diez profesores que abandonan su puesto por jubilación o por fallecimiento. Solamente dejan reponer uno para evitar un gasto que luego se realiza a manos llenas en campañas de imagen de su insostenible Marca España u otras estupideces similares, para reducir un déficit que no crea la educación pública sino la deuda hidropésica de las autonomías, entre otras muchas cosas.

Las generaciones que construirán nuestro futuro han perdido 24.000 personas que contribuyen a que la educación sea algo socialmente equilibrado e igualitario para ahorrarse sus pírricos sueldos mientras ayuntamientos y comunidades autónomas regalan suelo a manos llenas para construir centros educativos privados en lugar de cobrarlo a precio de mercado para sufragar con ese dinero el gasto de las nóminas de nuestros docentes. 

Porque cada profesora y maestro de esos 24.000 son nuestros, son nuestros empleados. Nosotros les pagamos con nuestro dinero.

No tienen derecho a quitárnoslos si nosotros no queremos que nos los quiten. Y nadie quiere que le quiten a nadie que le está permitiendo acceder a un conocimiento que hace posible mejorar su futuro.

Y aquí creerán que tienen su pie para intervenir los habituales integrantes de ese coro de cuervos que habla en contra de los funcionarios, que dice que tienen privilegios que los trabajadores de las empresas privadas no tienen, que afirman que si se ha podido reducir es porque sobraban, porque no hacían nada, porque estaban aprovechándose de un empleo garantizado sin hacer nada.

Y cuando acaben de decir la última frase de esa manida y gastada letanía de supuesta defensa de la competitividad y la capacidad, el canto rodado de la realidad les golpeará con su filo más afilado en mitad de los dientes.

Porque si así fuera no hubiera sido necesario cerrar aulas desde infantil hasta de bachillerato, no hubiera hecho falta incrementar los ratios de las aulas hasta niveles de masificación que no se conocían en este país desde los años ochenta.

Y sobre todo no hubiera sido imprescindible para cuadrar las cuentas la reducción más injusta de todas las que se producen dentro de esta vasta e incomprensible injusticia que es privar al sistema público de enseñanza de 24.000 de sus docentes mientras en todos los países de nuestro entorno esa cifra no hace otra cosa que crecer como es lógico si se quiere mejorar la educación.

No se hubieran perdidos profesores de apoyo, docentes de refuerzo, desdobles, psicólogos, pedagogos que contribuyen a equilibrar las posibilidades de aprendizaje de los que más difícil lo tienen, ya no por condiciones económicas, sino por simple condiciones genéticas y de nacimiento. 

No originaría una exclusión definitiva, una drástica reducción hasta casi cero de las posibilidades de mejorar su educación de todos esos alumnos con más problemas, con más dificultades, que precisan de un apoyo especial que ahora sus profesores no pueden prestarles, acuciados por las aulas abarrotadas, y que el resto de los profesionales docentes no pueden darles simplemente porque se han cerrado las plazas para ellos en la enseñanza pública.

Pero todo eso no cuenta porque parece ser que reducir es ganar.

Y tampoco es sorprendente porque parece que esa es la máxima se ha establecido últimamente no solo entre aquellos que habitan la Moncloa gracias a nuestros votos y en contra de lo que esos votos les pidieron que hicieran, sino entre todos los orgullosos componentes de nuestro cada vez más tembloroso e inestable Occidente Atlántico.

Reducir esfuerzo, reducir compromiso, reducir contacto con los demás, reducir responsabilidad para con nosotros mismos y con los que nos rodean parece que es un símbolo y un síntoma de estabilidad, de tranquilidad, de bienestar, de victoria sobre el tiempo que vivimos y el espacio que nos ha tocado vivir.

En España hay nueve millones de alumnos matriculados en enseñanzas no universitarias, de los cuales un 70% lo están en centros públicos.

O sea que 6.300.000 alumnos han perdido condiciones de enseñanza, visto reducidas sus posibilidades de aprendizaje y dificultada la construcción de su futuro a través del saber y el conocimiento.

 En esto y en todo, pero sobre todo en esto ¿Reducir es ganar?

Y quien no lo vea es que no quiere verlo o no le importa un carajo porque tiene dinero suficiente para recurrir a la enseñanza privada. Que viene a ser lo mismo.