El Gobierno lleva a los tibunales a la Universidad Pública por negarse a suicidarse.

Mientras se elevan y se repiten los ecos de las elecciones de dos comunidades autónomas -una que ha votado como nunca la habían dejado votar y otra que lo ha hecho como siempre se he empeñado en hacer- hay otros sonidos que son casi susurros que comienzan a alzarse de nuevo pese a que este gobierno nuestro pretende acallarlos con los brazos en alto de una victoria electoral en Galicia y las caras mustias de una debacle en Euskadi.

Y como siempre, como desde que empezara esta danza macabra que pretende convertir a Educación, Sanidad, Recursos Sociales y el futuro en general en los porteadores del catafalco mortuorio de un sistema económico que ya no es posible, esos susurros que se transformaran en gritos de desespero afectan a lo que no debería ser afectado, a lo que debería mantenerse. Afectan al futuro, a la Educación.

Mientras el ministro que debería encargarse de estos asuntos, al menos por el nombre, se preocupa de encontrar la manera de españolizar al alumnado catalán -y supongo que al vasco, aunque eso no se atreva a decirlo- o de buscar radicales antisistema entre las paternidades y maternidades responsables que defienden la educación pública y su universalidad económica, hay otro ministro que sí se está ocupando de la Educación. Se está ocupando a fondo.

Y ese es Cristóbal Montoro que, ni corto ni perezoso, ha decidido ejercer su condición de martillo de infieles anti recorte, de paladín del ahorro fiscal y ha encargado a la Abogacía del Estado denunciar a quince universidades. Quince universidades públicas, para más señas.

Cierto es que, desde los tiempos medievales de su creación, la Universidad y el Gobierno han tendido a no llevarse demasiado bien. Es lo que tiene que unos se empeñen en enseñar a pensar y los otros intenten que solamente se enseñe lo que ellos piensan. Pero que un ministro de Hacienda envíe a los abogados del Estado a emprenderla en los tribunales contra las universidades se supone que tiene que ser por algo grave.

¿Qué delito han cometido esas universidades?, ¿cuál es el crimen indescriptible que sus rectorías y sus claustros han perpetrado para que el Estado mismo cargue contra ellas?

No han recuperado la enseñanza de la alquimia, no han reabierto los tribunales magistrales de teología que condenaban de vez en cuando a alguien por herejía en los albores de la Universidad, no han iniciado la enseñanza de los ritos de exorcismo.

Han hecho lo que se supone que tiene que hacer una universidad: Han querido reponer catedráticos.

Y ¿lo han hecho a través de descaradas y fraudulentas simonías? ¿Lo han intentado a través de ilegales y trasnochadas regalías? ¿Les han pillado en un entramado de corruptelas en las que se intercambian cátedras a cambio de trajes hechos a medida -No entiendo porque se me habrá venido a la mente ese ejemplo- o por ingresos irregulares?

Pues no. Se han limitado a convocar unas oposiciones.

Pero claro eso es un delito porque atenta contra la decisión de Montoro y el Gobierno al que pertenece de fijar lo que han llamado techo o cupo de reposición. Lo han llamado así, pero podían haberlo llamado perfectamente epitafio de la educación superior pública.

Suena peor y más dramático, pero es mucho más cierto.

Porque ese Gobierno que dice preocuparse por el futuro del país, por sacarle de la crisis pero en realidad solo hace cuentas para poder reponer en los bancos los miles de millones que invirtieron desastrosamente, malgastaron o directamente robaron, ha decidido que la Universidad pública española puede sostenerse reponiendo solamente una de cada diez plazas que se extingan.

Ellos le llaman ahorro. La lógica lo define como suicidio. Una somera reflexión lo explica como manipulación.

Porque si, como seguramente defenderá Montoro y Wert -cuando se decida a volver a ocuparse de su ministerio- fuera ahorro y simplemente ahorro se podría haber hecho de mil formas. Se podría haber aplicado solamente a las plazas no docentes -desde bedeles hasta administrativos- no poniendo en riesgo la capacidad docente de los centros; o podía haberse buscado el ahorro eliminando las contratas de cafeterías o de comedores universitarios, por ejemplo. Y se detendrían en ese punto.

Porque si se tratara simplemente de ahorro se habría aplicado a toda la función pública en su conjunto sin excepción pero ¿han reducido a uno de cada diez él número de policías nacionales o guardias civiles repuestos tras su jubilación?, ¿han reducido a uno de cada diez el cupo de reposición de los inspectores de hacienda o de los miliares jubilados?

Me temo que no. Luego no debe ser precisamente el ahorro lo que les guía. Más parece que es el intento de ahorrar en la Educación Pública y precisamente en la educación pública.

La lógica comienza a ver en ese momento las venas cortadas de la Universidad Pública cuando se da cuenta de que si se repone solamente uno de cada diez catedráticos que se jubile, uno de cada diez profesores titulares que se jubilen, uno de cada diez adjuntos o investigadores que se jubilen, en un lapso de tiempo las posibilidades de asumir alumnado de esas entidades se reducirán drásticamente y no solamente eso.

Su calidad se reducirá dramáticamente hasta transformarse en esa universidad pública a la que nadie quiere ir en las películas estadounidenses.

Un catedrático no solamente da clase y obliga a los alumnos a comprar su libro -que, vale, lo hacen-, dirigen tesis doctorales, proyectos de investigación, elaboran programas y hacen una serie de funciones que si se les deja en el diez por ciento tendrán que asumir de forma masiva, perdiendo dedicación y calidad en las mismas.

A menos que tengan mucho menos alumnos, claro. Y ahí es donde entra la manipulación.

Porque si este movimiento de Montoro y la Abogacía del Estado se observa de forma aislada puede percibirse como un intento equivocado y pernicioso de ahorro. Pero si se contempla en todo el esplendor expuesto de todas las medidas que este Gobierno ha tomado contra la universidad se percibe como lo que realmente es.

Un intento de acabar con la Universidad Pública a cualquier precio. Una decisión ideológica que pretende alejar a los estudiantes de los estudios superiores y que además los que consigan acercarse a ellos no supongan un coste para el Estado.

Porque esta prohibición de reponer profesores se suma al endurecimiento salvaje de las condiciones  para obtener becas universitarias, a la subida desproporcionada de las tasas a la propuesta incluso de dejar de considerar determinados materias y enseñanzas como estudios universitarios -eso sí es idea de Wert, como no-.

Y eso ya no es ahorro. Eso es un intento burdamente encubierto con la excusa de los recortes y de la crisis de desmantelar la universidad pública.

Porque lo único que buscan es apartar al alumnado de los estudios superiores para que se conformen con ser lo que ellos han decidido que necesita España: operarios productivos que no piensan demasiado y por tanto no protestan mucho y solamente se preocupan por la supervivencia y no por la dignidad o el raciocinio. Es decir, personas y ciudadanos que no hacen lo que habitualmente se supone que enseña a hacer la Universidad, discernir.

Y para ello nada mejor que quitarle recursos, que recortarla dinero y profesores, que encarecerla para que la mayoría de los que quieren hacer una carrera universitaria se lo piensen dos veces antes de emprenderla.

Y tienen que hacerlo de este modo, sin pausa y sin respiro, porque en España la Universidad Pública está a años luz de la privada. 

Solamente un diez por ciento de las universidades privadas están acreditadas y solamente un cuatro por ciento a nivel europeo. Las Universidades públicas son las que tienen más prestigio, las que acaparan las investigaciones, las cátedras y los catedráticos más prestigiosos, las que aglutinan a todos los estudiantes extranjeros que vienen a estudiar a España por algún motivo. Y como todas esas cifras no les cuadran quieren cambiarlas.

Por eso tienen que minimizar el número de profesores, tienen que dificultar el acceso, tienen que encarecer los estudios. Porque -con la gloriosa y secular excepción de la vieja Fonseca- en este país no hay Harvard, Duke, Oxford o Stanford o Yale y por tanto la enseñanza superior privada no puede compararse a Bellaterra, Alcalá, La Complutense o cualquier otra universidad pública.

Así que, como han decidido que la enseñanza universitaria tiene que ser -como el resto de la educación- un negocio y no están en condiciones financieras de dar dinero a las universidades privadas para que aumenten su nivel, el único camino que les queda es el que han emprendido: empobrecer la universidad pública para colocarla por debajo del nivel que pueden exhibir las privadas.

Yo soy de La Complutense y estudié durante años viendo cada día a un jinete que recogía el testigo de otro agotado para seguir el camino del conocimiento -eso me decían que significaba la estatua que presidía la Avenidad Complutense-. Wert, Montoro y el Gobierno del PP han decidido que como la Univeridad Pública no se terminaba de agotar habíaque darla un fuerte empujón para hacerla tropezar y caer y que así se vea obligada a pasar el testigo a esa supuesta fuente de ingresos privados que serían las universidades privadas.

Y por eso es imprescindible que no renueven catedráticos, que aumenten sus tasas, que eliminen asignaturas y carreras enteras, que den menos becas e incluso que sea imposible acceder a una beca Erasmus de intercambio.

No se trata de ahorro. Se trata de venta de saldo al por mayor.

Así se mata dos pájaros de un tiro. Se convierte la Educación Universitaria en un negocio para las universidades y para los depauperados bancos que verán subir sus ingresos en réditos e intereses con los créditos que se deberán pedir para poder sufragar los estudios de nuestros hijos -como ya propone el ínclito Wert a gritos- y además se consigue que la mayor parte de la población ni siquiera se plantee esos estudios -y por tanto el bachillerato- y se limite a buscar una salida de supervivencia en un trabajo casi servil al que ya le ha condenado la Reforma Laboral.

Y quien quiera tener otra expectativa que se la pague. El mantra continuo del sistema que los neocon repiten para sus adentros aunque hacia el exterior lo disfracen de otra cosa.

Y me temo que eso nada tiene que ver con equilibrar las cuentas del Estado ni con salir de la crisis.

Así que Montoro lleva a juicio a quince universidades públicas por empeñarse en sobrevivir por poner de manifiesto una realidad que su gobierno pretende ocultar o por lo menos hacer pasar inadvertida: que cada profesor que no se reponga en una Universidad Pública es un disparo en la sien del futuro de nuestra civilización.

Y no tengo muy claro cuantas veces podremos suicidarnos sin llegar a morir definitivamente.