viernes, octubre 19, 2012

Intrerior convierte el escarnio en excusa del delito

El estudio es algo que normalmente confiere conocimiento, es un momento que en la mayoría de las ocasiones nos aboca al descubrimiento de algo que no sabíamos.
Pero en el caso de nuestro gobierno, ese que cree que la democracia es algo que solamente ha de ejercerse cada cuatro años en su beneficio y que el resto del tiempo no existe y se debe guardar en un hoyo profundo para solamente desenterrarla cuando conviene, parece que esa máxima universal no se cumple.
El estudio del Gobierno de Rajoy no le lleva nunca al conocimiento, le conduce directamente al error. Y su último estudio lo demuestra. Lo que está estudiando el Gobierno de Rajoy, concretamente su ministerio de Interior es prohibir la difusión de imágenes de policías en el ejercicio de sus funciones en momentos que puedan poner en riesgo sus operaciones.
Eso ¿debe hacerse? Yo creo que no. 
No digo que el derecho de un individuo a sacar su iPhone y grabar a un policía mientras espera escondido a lo Dick Tracy para practicar una detención de un delincuente sea sacrosanto. No lo digo porque ese derecho ni siquiera existe.
No digo que un cámara televisivo tenga derecho a meter su objetivo en el rostro de un policía mientras este hace un registro y luego el editor del informativo tenga derecho a emitirlo reiteradamente hasta que consigue que los cómplices del delincuente lo vean en las noticias de las diez y pongan pies en polvorosa. Y tampoco lo digo porque por más que se rasguen las vestiduras, por más que tremolen la libertad de expresión y la censura, los medios deberían saber que es más importante que la operación se concluya con éxito que el hecho de que ellos eleven las audiencias de sus informativos o las tiradas de sus periódicos. Ese intocable concepto de la libertad de información tampoco existe. O al menos no debería existir.
Entonces ¿por qué digo que lo que propone el Ministerio de Interior le conduce directamente al error?
Porque lo que busca es una prohibición imposible, la difusión por Internet, y porque se contradice a sí mismo. 
Porque lo que pretende evitar no es que los medios de comunicación informen de las cargas policiales en las manifestaciones o de los posibles episodios de enfrentamiento contra los manifestantes. Lo que pretende evitar con esa medida es la obtención de pruebas y su difusión masiva.
Apartando a los medios de comunicación y centrando su prohibición en los ciudadanos y los emisores más o menos anónimos de Internet comete el error de considerar el Derecho a la Información un privilegio de un colectivo, de un grupo reducido de personas -los integrantes de los medios de comunicación- para lograr apartarlo del resto de los ciudadanos. Para hacerlo más controlable.
Para "modularlo", como intenta modular el derecho de manifestación, como intenta "modular" el derecho de reunión. Como, por obra y gracia de su cada vez más evidente deriva totalitaria, intenta "modular" todo lo que signifique que la gente muestra su descontento contra sus decisiones, acciones o medidas.
Y ¿por qué digo que se contradice?
Se contradice porque ese mismo ministerio envía cámaras encubiertos, filma y publica imágenes de manifestantes cometiendo un supuesto delito, porque ese mismo ministerio edita y difunde imágenes de esos mismos agentes repeliendo agresiones de manifestantes radicales cuando le viene en gana.
Y sobre todo porque varias delegaciones del gobierno y altos funcionarios de Interior han enviado de manera reiterada el mensaje de que los ciudadanos deben colaborar con la justicia, delatando a infractores de normativas municipales, o incluso grabando a delincuentes para que luego se puedan utilizar como prueba contra ellos.
Y en realidad ese es el meollo del asunto. Lo que intenta limitar Interior no es la libertad de expresión sino, dicho por su mismo Secretario de Estado, las fotos o imágenes de policías "haciendo su trabajo (en cargas policiales, registros u otras operaciones) que luego puedan ser objeto de escarnio en las redes sociales u objeto de acoso en su ámbito privado".
Lo de los registros y otras operaciones cuela. Cuela porque tiene que colar, porque es justo y necesario que lo haga. Le moleste al periodista ciudadano y su IPhone de cuarta generación o no, le reste audiencias al informativo de las nueve o no. Cuela porque para que la lucha contra el crimen y la delincuencia funcione tiene que colar.
Pero lo de las cargas  policiales no. 
No cuela porque en ese caso los ciudadanos están haciendo lo que el Gobierno demandó de ellos. Están practicando la colaboración ciudadana. Están recopilando pruebas de un delito.
Si alguien graba a once miembros de las unidades antidisturbios sujetando a un muchacho, tapándole los ojos y golpeándole está recopilando pruebas de un delito de abuso de la fuerza; aquellos que grabaron la entrada de las UPIs en Atocha recogieron pruebas de ocho delitos de agresión injustificada -un por cada porrazo que se ve dar a un antidisturbios sin que medie provocación o resistencia, uno de imprudencia que no sé si se sigue llamando temeraria -por disparar balas de fogueo dentro de un recinto cerrado-, dos de intimidación -por empujar y gritar desaforadamente a un ciudadano que se encontraba sentado con su hijo impedido en un banco del andén- y al menos uno contra la libertad de información -por destrozar la cámara de un fotógrafo al grito de "mientras nosotros estamos aquí tu no haces nada y te estás quietecito"-.
Porque los que grabaron los videos de policías antidisturbios negándose a identificarse en la Plaza de Cibeles acumularon pruebas de un delito al no identificarse, de otro por cada golpe que un joven recibía por demandarles a gritos su número de placa -algo que según la ley es obligatorio para todo agente de la ley y un derecho de todo ciudadano-.
Porque los que grabaron el ya mítico momento del Bar Prado estaban recopilando datos sobre el intento ilegal de los antidisturbios de entrar en una propiedad privada sin autorización ni orden judicial, de sacar a la calle a personas que no estaban en la vía pública o de perseguirlas más allá de los límites de una propiedad privada, algo que también tienen expresamente prohibido por ley o incluso de golpear a un ciudadano que no había generado disturbio alguno.
Y eso es lo que convierte lo que estudia Interior en un error. Intentar a cualquier precio que no existan pruebas incontroladas e incriminatorias de los excesos y los delitos cometidos por algunos antidisturbios. 
Porque lo que hacen los emisores de Internet no pone en peligro operación alguna, ya que las cargas han concluido cuando esas imágenes son difundidas y el objetivo de las mismas es la disolución de la manifestación, cosa que ya se ha logrado.
Porque lo que hacen esas imágenes no es someter a escarnio a los agentes implicados, es denunciar sus delitos y excesos, porque no existe en esas imágenes un riesgo futuro de acoso en el ámbito privado porque nadie los conoce -ya que se han negado a identificarse de forma claramente ilegal- y ningún manifestante va ir a su casa a descerrajarles un tiro en la nuca como si corre el riesgo que suceda con un delincuente, un criminal o un terrorista.
Así que lo único que busca el Gobierno y su ministerios del Interior es evitar que existan pruebas que les obliguen a iniciar procesos, investigaciones o sanciones o que les hagan quedar en fuera de juego cuando no lo hacen.
Lo que intentan es no volver a hacer el ridículo de llevar a juicio por violencia a personas que luego un video colgado en Internet demuestra que lo único que hicieron durante toda la manifestación fue intentar impedirla, lo que intentan es que los ciudadanos no se mofen de una fiscalía que acusa a un manifestante de hostilidad y resistencia a la autoridad cuando unas imágenes difundidas por la red dejan claro que lo que hizo fue protegerles de la agresividad de otros usando su propia anatomía como escudo.
Lo que intenta el ministro es descubrir la manera de que el Gobierno no quede en entredicho por no haber iniciado ni siquiera una mínima acción disciplinaria contra los antidisturbios cuyos delitos y faltas están grabados y difundidos a los cuatro vientos.
No persigue evitar el escarnio contra los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, pretende evitar el oprobio y la vergüenza de que la población sepa que el Gobierno no investiga ni persigue delitos simplemente porque los ha cometido la policía que actúa en su nombre y bajo sus órdenes.
Pero para evitar eso no hace falta una ley de prohibición. No hace falta ni siquiera estudiarla. La solución es muy simple.
Ordenarles que no los cometan y castigarles si lo hacen. A lo mejor así no hace falta prohibir la difusión de esos vídeos porque lo que muestren no será perjudicial para la imagen policial y no será la prueba de un delito.
Porque, por si Interior y el Gobierno aún no lo saben, la imagen de alguien depende de lo que hace y de lo que permite que se haga, no de lo que otros filmen.

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