- Manipulación a la baja de los precios públicos para
favorecer a las adjudicatarias.
- Cambio en los criterios de valoración del coste sanitario
para beneficiar a las adjudicatarias
- Subcontratación ilegal de servicios médicos especializados
sin conocimiento del Sermas en Hospitales de gestión privada.
- Perdida de control de la preparación del personal
sanitario que realiza la recogida de sangre privatizado.
- Cesión sin contraprestación económica de material
propiedad del Estado a empresas privadas para la recogida de donaciones de sangre.
- Imposición de criterios de productividad cuantitativo en
los profesionales sanitarios en los hospitales de gestión privada, en detrimento
de la calidad de cada actuación.
- Aumento exponencial de las listas de espera en los
hospitales de gestión privada.
- Irregularidades en la derivación de pacientes públicos a
centros privados.
- 7.500 puestos de profesionales sin cubrir desde el inicio
del proceso de privatizaciones.
- Destrucción de empleo en los servicios auxiliares.
- Precarización absoluta de las condiciones laborales del
personal auxiliar (cocina, lavandería, etc) al forzarles a asumir las
condiciones de las empresas concesionarias para no perder su empleo.
- Descenso de un 30% en el personal de servicios auxiliares
en los hospitales de gestión privada.
- Cambio de los pliegos de condiciones a última hora para
beneficiar a determinadas empresas que optan a las concesiones.
- Participación en los concursos de empresas que ya están
incumpliendo sus contratos en otros hospitales privatizados.
- Aceptación en los concursos de empresas extranjeras que
mantienen requerimientos judiciales y fiscales en otros países por su
participación en la gestión sanitaria.
- Aceptación en los concursos de empresas que ya han
demostrado en otras comunidades autónomas su incapacidad para gestionar hospitales públicos y los han llevado a la ruina.
- Aceptación en los concursos de empresas que están siendoinvestigadas en países de la UE por los altos costes de los servicios en los
hospitales públicos que gestionan.
- Desvío de 345 millones de euros de los presupuestos para
la partida de pagos de conciertos con clínicas privadas.
- Rechazo de pacientes de urgencias de las clínicas privadas
concertadas con riesgo de la atención sanitaria del paciente.
No hay comentarios:
Publicar un comentario