Meter la mano hasta el codo en la caja pública, favorecer a los amigos y familiares, modificar las leyes a conveniencia, acallar o al menos intentarlo la disensión... Todos esos actos y actitudes son síntomas claros de la corrupción de un sistema de gobierno, de cualquier sistema de gobierno. Desde la Roma Imperial hasta la Corea del Norte dinástica de los dictadores comunistas, desde la democracia institucional mexicana hasta el sistema de cesantías de la de las dictablandas borbónicas españolas, desde la república francesa de Víctor Hugo hasta el dictadura mediática italiana de Berlusconi.
Pero desde los tiempos más clásicos, hay un síntoma, un defecto, que es la piedra angular de la corrupción política: "Aquel que aplica distintas criterios a los mismos problemas no gobierna, solamente dirige la nave del imperio hacia el desastre", decía Tácito.
No es que los genoveses inquilinos de Moncloa y sus cabezas de puente autonómicas se hayan privado de ejercer todos los demás elementos que determinan la corrupción política en amplias dosis en esto que han dado en llamar gobierno durante los dos últimos años, pero ahora se han decidido por dejarlo claro de la manera más clásica.
Y de nuevo es el ínclito Javier Fernández Lasquetty, el consejero de sanidad que está empeñado en extraer dividendos de la salud de los madrileños, el que encabeza ese proyecto de corrupción bautizado como externalización de la gestión sanitaria.
Porque se ha dedicado a practicar el principio de corrupción enunciado por Tácito de la forma más artera e injustificada: ha aplicado dos varas de medir, concretamente, dos criterios de valoración de la atención sanitaria madrileña.
Desde que empezara su proceso privatizador, desde que comenzara a echar cuentas con nuestras vidas, Lasquetty y su consejería utilizaron dos métodos para calcular cuánto cuesta atender a los madrileños en los hospitales de la región. En 2011 aplicó la fórmula de la Unidad de Complejidad Hospitalaria, y en 2012, los precios públicos.
Los dos son criterios válidos, cierto. Los dos se usan indistintamente, cierto. Pero no se mezclan. No se mezclan por una sencilla razón, No son equivalentes, no pueden serlo.
Esto parece un tecnicismo sin más, parece un error, parece otro de esos arcanos administrativos que en poco o nada afectan a los ciudadanos. Pero no es así.
Ese cambio de criterios de uno año a otro solo tiene un objetivo, solo puede tener un objetivo. El único objetivo que persigue Fernández Lasquetty desde que se pusiera al frente de la loca carrera que el Partido Popular madrileño ha iniciado hacia la tragedia sanitaria.
En 2011, el año de las primeras privatizaciones hospitalarias, aplica la fórmula de la Unidad de Complejidad Hospitalaria ¿por qué? porque es una forma de calcular que rebaja el coste de atención por paciente, porque es un cálculo que minimiza los costes.
¡Bingo! menos costes por paciente. Justo lo que se necesita para que el calculo del coste de las licitaciones de las empresas privadas que quieren meter la mano en la gestión de los hospitales madrileños se haga a la baja. O sea para que tengan que pagar menos por hacerse con el servicio.
Recordando a Tiberio con su bajada forzosa del precio de la sal, al Gran Capitán Fernández de Córdoba con sus cuentas de las campañas napolitanas o al cinematográficamente archifamoso Oscar Schindler con su valoración a la baja de la Deutsche Emailefabrike cuando aún estaba en manos judías, el consejero de Sanidad madrileño baja el precio de aquello que quiere vender para que sus amigos y socios en la sombra se ahorren dinero al hacerse con ello.
Ni siquiera les hace falta pujar en baja temeraria -como los chicos de Sacyr en el Canal de Panamá- La Comunidad de Madrid ya hace por ellos las bajas temerarias en las que se juega nuestra salud y nuestra atención sanitaria.
En la esperanza de completar el triunvirato corrupto de la gestión política de la sanidad madrileña y subir con Lamela y Güemes al podio del aprovechamiento personal del cargo, les pone en bandeja las licitaciones.
Y luego, con idéntico objetivo, con igual destino, llega 2012 y cambia el baremo.
Entonces utiliza los precios públicos para realizar el cálculo.
¿Por qué? De nuevo la respuesta es tan clara como oscuras son sus intenciones, tan trasparente como opaca intenta ser su corrupción.
¡De nuevo han cantado bingo! Si se utilizan los precios públicos el coste de la atención se encarece. Y las dos perdices a las que dispara Fernández Lasquetty caen con el mismo disparo.
Por un lado, las empresas adjudicatarias pueden reclamar más dinero del acordado por su concesión, pueden exigir un aumento de lo que reciben del gobierno autonómico porque los costes se han encarecido, artificialmente, pero se han encarecido.
Por otro, los hospitales que aún se mantienen bajo gestión pública, se convierten en algo más caro de mantener, disparan su coste y se crea una nueva falsa excusa para continuar con las privatizaciones, con la venta de nuestra esperanza sanitaria a aquellos que quieren comerciar con ella.
Dos varas de medir para un mismo bien, dos raseros cambiados e intercambiados con un único fin: beneficiar siempre a los mismos, cubrir las necesidades financieras de unos a costa de los riesgos sanitarios para todos los demás.
Si su escaso o nulo control ejercido sobre la gestión de los hospitales que privatizó, que permite llevar a cabo ilegales subcontrataciones, le coloca en la frontera interna de la negligencia criminal, esta ida y vuelta en sus criterios de valoración coloca a Javier Fernández Lasquetty en el portal de entrada de otros supuestos penales aún peores, todavía más perversos: Asociación de malhechores, conspiración para alterar el precio de las cosas y, en definitiva, Crimen Organizado.
La quintaesencia de la corrupción según Tácito. Según tácito y todos los demás. Sobre todo para los que han vuelto a llevarle a los tribunales. Al final le ponen un despacho
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