Hay expresiones concebidas como un acto reflejo que se emplean como muletillas cuando la boca debe hablar pero la mente está incapacitada para pensar.
Los narradores deportivos tienen cosas como "las espadas están en todo lo alto", jugado de poder a poder" o "con un tiempo para cada equipo"; los comentaristas de sociedad y espectáculos tienen otras como "marco incomparable" o "lujo asiático"...Y "la antesala de los oscars", sobre todo "la antesala de los oscars".
Y los políticos tienen las suyas "marco previo", "dialogo distendido", "establecer las bases", "crear los resortes"...
Pero una de mis favoritas es esa que han acuñado nuestros políticos ante los reveses judiciales. Es, como diría una comentarista de ecos sociedad del vestido de Scarlett Johanson, "elegante a la vez que discreta" y reza así:
"Acataremos las decisiones judiciales".
"Acataremos las decisiones judiciales".
Ellos la venden y la enuncian como un síntoma inequívoco de su talante democrático, de su compromiso con el Estado de Derecho que dicen defender. Pero se convierten en todo lo contrario cuando te paras a pensar un momento: ¿acaso pensaron alguna vez que tenían la posibilidad de no respetar una decisión judicial?, ¿acaso creyeron que su condición de poder ejecutivo les habilitaba para pasarse por el arco del triunfo una sentencia judicial?
Pues bien, en el marco incomparable de la privatización sanitaria madrileña, en el que las la lucha de poder a poder de pacientes y profesionales contra la furia privatizadora del gobierno del Partido Popular se mantiene con las espadas en todo lo alto, Javier Fernández Lasquetty se ha permitido el lujo -asiático, se supone- de intentar pasar por encima de ellas, o más bien por debajo, de una forma elegante a la vez que discreta.
Porque pese a lo que dicen los jueces, pese a que su "externalización" está paralizada, él sigue haciendo contratos al personal eventual con una clausula -que ya era ilegal antes y que sigue siéndolo ahora- que condiciona el cumplimiento de los mismos a que se apruebe o no la privatización tan deseada.
Así que el TSJM dice que todo sigue parado pero él, en lugar de aceptarlo y hacer contratos de seis o doce meses en los seis hospitales en cuestión sigue empeñado en vincularlos a una decisión que de momento no se tomará y que no supondrá la privatización de los hospitales que quiere "externalizar".
Desde hace un mes Lasquetty y su consejería se dedican a hacer contratos eventuales supeditando la renovación de los mismos a la decisión que adoptase en TSJM respecto a la suspensión cautelar del proceso.
Y ahora que el tribunal ha decidido mantener paralizadas las privatizaciones pero ellos respetan tanto la decisión que siguen manteniendo esa clausula en las contrataciones como si ni siquiera se hubiera producido.
Manteniendo la precariedad de los profesionales y afirmando con su actitud el hecho de que les importa prácticamente un carajo lo que digan los tribunales sobre su privatización, que ellos están dispuestos a hacer lo que les venga en gana.
Porque al parecer no está dispuesto a consentir que los "irresponsables" jueces -como los califica su jefe político- pongan en riesgo las cuentas que ha hecho. No las públicas, por supuesto, esas son solamente una excusa, sino las que afectan a los beneficios de sus amigos y aliados.
Por mucho que declare su respeto a las decisiones judiciales demuestra que carece de él, que solamente es una muletilla verbal para salir del paso ante los micrófonos, las grabadoras y las cámaras. Como el "marco incomparable" o "el duelo en la cumbre".
Porque respetar una decisión judicial es actuar en virtud de la misma cuando esta se produce y no funcionar como si la que hubiera de producirse ya fuera favorable.
Los jueces aceptan los recursos porque ven indicios de delito o como mínimo de ilegalidad, paralizan el proceso para evitar daños irreparables en un servicio básico como es la sanidad pública, pero él actúa como si pensara "Bah, esos tíos se equivocan, ¡Que sabrán ellos de leyes y de derechos! ¡A quien le importan esas cosas!"
No en vano su jefe, Ignacio González, ya ha declarado que la privatización es "perfectamente legal", para que esperar a lo que tengan que decir los magistrados.
Es como decir "predicarme padre, que por un oído me entra y por el otro me sale". Es como decir que las decisiones judiciales para el, su corte y a todos los que pretenden beneficiarse de la sanidad pública a costa de la salud del ciudadano y la dignidad laboral de los profesionales les traen completamente al pairo.
Y así coloca su respeto declarado a las decisiones judiciales en algo tan vacío como un mal comentario deportivo o una mala crónica de sociedad.
En algo tan manido y vacío como "la antesala de los oscars". Un lujo asiático, vamos.
Desde hace un mes Lasquetty y su consejería se dedican a hacer contratos eventuales supeditando la renovación de los mismos a la decisión que adoptase en TSJM respecto a la suspensión cautelar del proceso.
Y ahora que el tribunal ha decidido mantener paralizadas las privatizaciones pero ellos respetan tanto la decisión que siguen manteniendo esa clausula en las contrataciones como si ni siquiera se hubiera producido.
Manteniendo la precariedad de los profesionales y afirmando con su actitud el hecho de que les importa prácticamente un carajo lo que digan los tribunales sobre su privatización, que ellos están dispuestos a hacer lo que les venga en gana.
Porque al parecer no está dispuesto a consentir que los "irresponsables" jueces -como los califica su jefe político- pongan en riesgo las cuentas que ha hecho. No las públicas, por supuesto, esas son solamente una excusa, sino las que afectan a los beneficios de sus amigos y aliados.
Por mucho que declare su respeto a las decisiones judiciales demuestra que carece de él, que solamente es una muletilla verbal para salir del paso ante los micrófonos, las grabadoras y las cámaras. Como el "marco incomparable" o "el duelo en la cumbre".
Porque respetar una decisión judicial es actuar en virtud de la misma cuando esta se produce y no funcionar como si la que hubiera de producirse ya fuera favorable.
Los jueces aceptan los recursos porque ven indicios de delito o como mínimo de ilegalidad, paralizan el proceso para evitar daños irreparables en un servicio básico como es la sanidad pública, pero él actúa como si pensara "Bah, esos tíos se equivocan, ¡Que sabrán ellos de leyes y de derechos! ¡A quien le importan esas cosas!"
No en vano su jefe, Ignacio González, ya ha declarado que la privatización es "perfectamente legal", para que esperar a lo que tengan que decir los magistrados.
Es como decir "predicarme padre, que por un oído me entra y por el otro me sale". Es como decir que las decisiones judiciales para el, su corte y a todos los que pretenden beneficiarse de la sanidad pública a costa de la salud del ciudadano y la dignidad laboral de los profesionales les traen completamente al pairo.
Y así coloca su respeto declarado a las decisiones judiciales en algo tan vacío como un mal comentario deportivo o una mala crónica de sociedad.
En algo tan manido y vacío como "la antesala de los oscars". Un lujo asiático, vamos.
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