El ínfimo matiz entre la madurez y la moral in vitro

Sé que este post no será de los más apreciados, pero ¿qué se le va a hacer? 

Lo malo de pensar por tu cuenta es que hay veces que no estás de acuerdo con la mayoría. Con ninguna de las mayorías posibles. Las diferencias, por sutiles que sean, son siempre la marca de fábrica de lo que se pretende, del objetivo que se persigue con una decisión.

El Gobierno que nos aqueja no es muy dado a sutilezas, casi siempre opta por la tremenda. Claro que las oposiciones -las políticas, se entiende- que nos gastamos tampoco son de las de hilar fino, de las de detenerse a pensar un momento antes de comenzar el cada vez más manido rito de rasgarse las vestiduras.

Y la última polémica desatada en los pasillos parlamentarios y los medios de comunicación nos da un ejemplo de ello. No se trata de la moción de censura simbólica -aunque no se tiene muy claro de qué quiere ser símbolo-, no se trata de las privatizaciones nepotistas de la sanidad en todas las comunidades autónomas. Se trata de la reducción de la lista de personas que pueden acceder a la reproducción asistida gratuita a través del sistema público de salud.

Esta es la supuesta redacción de la orden del Ministerio de Sanidad.

"Restringir la prestación a parejas formadas por hombre y mujer en las cuales alguno de sus miembros presente patologías de esterilidad o infertilidad"

Esta sería lo que podría denominarse una redacción matizada.

"Restringir la prestación a personas que presenten problemas de esterilidad o infertilidad o parejas en las cuales uno de sus miembros presente un cuadro clínico de estas características".

¿Cual es la diferencia? Puede parecer que ninguna. Pero es abismal.

La primera, la que propondrá y aprobará Sanidad, amparada en su rodillo parlamentario, deja claro lo que se busca: excluir de la prestación a parejas homosexuales, lésbicas -y homosexuales y lésbicas no son sinónimos redundantes en este caso. Ya me explicaré-, y a mujeres sin pareja. Pero sobre todo deja claras las motivaciones de esa exclusión. 

Se trata de una exclusión ideológica, se trata de una decisión basada en los criterios morales y sociales que imponen que la familia que hay que potenciar es aquella formada por un hombre y una mujer, solamente esa y nada más que esa.

Porque si no fuera por ese motivo iría acompañada, por ejemplo, de una ley que controlara los precios de esa técnica en el sector privado por considerarla de interés social. Un reglamento que impidiera cobrar 1.500 euros por una inyección de esperma o que los tratamientos cuesten 3.000 euros cada intento. Pero no. Eso no aparece por ningún lado.

Y claro resulta lógico que los expulsados del sistema se enciendan, protesten, se enfaden y se sientan discriminados.

Los redactores de la ley, el decreto, la orden ministerial o lo que sea que se utilice para aplicar ese criterio en la Sanidad Pública española podrán dar todas las explicaciones que se quiera, podrán hablar de prestaciones, de recortes o de justicia. Pero la redacción de su propuesta deja claro que no han valorado nada de eso a la hora de tomar la decisión, que sus objetivos no son esos.

Y por ello cualquier argumento que se utilice en su contra es aceptable, por eso recurrir a su fijación con la moral cristiana a su intento de forzar un esquema de sociedad donde la homosexualidad sea una tara y algo marginal y casi perseguido es un argumento que se puede arrojar al rostro de este nuevo recorte.

No es porque deje fuera a lesbianas y mujeres solteras. Es porque explicita el motivo ideológico y falsamente moral por el que se las deja fuera

Cual es la diferencia con la supuesta redacción matizada. Esa de "restringir la prestación a personas que presenten problemas de esterilidad o infertilidad o parejas en las cuales uno de sus miembros presente un cuadro clínico de estas características".

Si no se ve, simplemente será porque no se quiere ver.

Esa redacción también dejaría clara la motivación pero en este caso la motivación no tendría nada que ver con la condición social, la tendencia sexual o el estado civil o afectivo de los ciudadanos, tendría que ver con el concepto de Sanidad Pública y con su justa aplicación. Sería la distinción entre estar enfermo y no estarlo.

Es cierto que dejaría fuera de esa cobertura a la mayoría de las lesbianas y de las mujeres solteras pero lo haría por el simple hecho de que no tienen una patología de esterilidad o de infertilidad, lo haría porque impondría la lógica de que un sistema de cobertura sanitaria público y universal está para curar y paliar enfermedades y patologías no para otros usos. Puede que fuera restrictivo, pero sería justo.

Lo sería porque las mujeres y los hombres de parejas heterosexuales que no tuvieran una patología de esterilidad o infertilidad tampoco estarían cubiertos -como no lo están ahora-, lo sería porque serviría para que las parejas de homosexuales masculinos -aquí llega la explicación- no podrían agarrarse a la discriminación que supone facilitar gratuidad a la consecución de un hijo a las lesbianas cuando no tienen ninguna disfunción mientras a ellos no se les costeaba, por ejemplo, los gastos de la adopción para poder tener un hijo.

Sería justo porque, quizás por primera vez en décadas, alguien en esta sociedad occidental atlántica nuestra nos recordaría que somos libres y tenemos derecho a decidir sobre nuestro modo de vida pero que también somos adultos, maduros y responsables y tenemos que responsabilizarnos de las consecuencias de esas decisiones y no pretender que el Estado cargue con ellas. Sobre todo cuando son económicas.

Sería justa aunque viniera mal a las parejas de lesbianas, a las mujeres solteras, a los hombres heterosexuales solitarios -a los que recordemos que el Estado español no sufraga en modo alguno su "derecho" a tener hijos sin contar con una partenaire biológica- y las parejas homosexuales masculinas -a las que tampoco el Estado sufraga gratuitamente su supuesto "derecho" a que tener un vástago sea gratis-, aunque curiosamente la progresía española obvia a estos dos colectivos en ese debate que habla de derechos universales. Como si se pudiera hacer distinción entre el -por llamarlo de alguna forma- "derecho a la maternidad gratuita" sin su reverso complementario que sería el "derecho a la paternidad gratuita".

En definitiva, sería justo porque abordaría el problema y la prestación desde una distinción entre enfermo y no enfermo que no incluiría discriminación alguna por razón de raza, credo, sexo, tendencia sexual, estado civil, situación afectiva o nacionalidad. 

Vamos, la quintaesencia de ese constitucionalismo sacrosanto nuestro.

Pero sobre todo sería recomendable y beneficioso porque significaría que alguien ha decidido que salgamos de ese egoísmo individualista autocomplaciente que nos ha conducido al túnel en el que nos encontramos como sociedad, como país y como civilización. Porque alguien nos cogería de los hombros por fin y nos sacudiría un poco para decirnos que no querer hacer algo no es lo mismo que no poder hacer algo.

Sería útil para decirnos que el hecho de que nosotros hayamos elegido no querer copular con miembros de otro sexo no significa que no podamos hacerlo y que el derecho que tenemos a esa elección y a que no se nos discrimine por ella no incluye en modo alguno el derecho a exigirle al Estado que corra con los gastos derivados de nuestras elecciones personales.

Vamos, que tenemos la obligación de asumir las consecuencias de nuestras elecciones, nos guste o no.

Y claro que los colectivos afectados seguirían protestando si la redacción del cambio en la legislación fuera la segunda y no la primera. Pero esa protesta les colocaría al mismo nivel que los que protestan porque dicen que su libertad religiosa obliga al Estado a pagar sus profesores de religión o a gastar dinero en mantener sus templos; al mismo nivel que los que exigen que el Estado les de todo gratis porque su fe les impele a tener catorce hijos cuando no pueden mantenerlos; al mismo nivel que aquellas que defienden que sus agresiones y sus insultos tienen que estar menos penados que los del otro sexo; al mismo nivel que aquellos que abogan por la obligatoriedad de que el Estado subvencione el asesinato ritual de un animal porque en España eso ha sido considerado tradicionalmente una fiesta popular.

En resumen, les situaría en el lado de la linea de los que defienden que su moral o su necesidad está por encima del concepto de justicia e igualdad.

Y antes de concluir un nuevo matiz -hoy estamos por los matices- Todo esto no significa que no sea preferible que la sanidad pública sufrague los tratamientos de fecundación a las mujeres solteras o a las parejas lésbicas -y ya de paso que el Estado subvencione total o parcialmente los gasto de adopción a hombres solos y parejas homosexuales masculinas-. Claro que es preferible. Es preferible, pero no exigible. 

Pero para ello debemos entrar en otras valoraciones. Para ello deberíamos encontrar una economía que nos permitiera aumentar nuestra renta una media un 200 por cien, para ello deberíamos estar dispuestos a pagar un 50% de esos ingresos en impuestos. Para ello nuestras empresas, nuestros defraudadores y nosotros mismos deberíamos asumir la responsabilidad de las cargas fiscales que conlleva y esperar que hubiera el superávit presupuestario suficiente como para que el Sistema Público de Sanidad pudiera dejar de limitarse a tratar, curar o paliar patologías y ofrecer otros servicios. Mientras eso no se produzca, la discusión sobre ese tema sería baladí.

Entonces ¿por que los redactores y huestes genovitas han elegido esa redacción si con la otra hubieran obtenido prácticamente el mismo resultado?

La respuesta es tan obvia que debería hacernos sentir vergüenza propia y ajena. 

Por un lado para que quede claro ante quien tiene que quedar claro que están de parte del sermón del púrpura y el blanco vaticano. Pero por otra para que entremos al trapo. Para convertirlo, como la supuesta reforma del aborto, en una cortina de humo que llene las portadas, los titulares y los discursos de la oposición. Para intentar de nuevo que otras cosas más importantes y relevantes pasen inadvertidas mientras se debate hasta la extenuación sobre algo que debería estar claro y transparente.

Lo primero nos hace avergonzarnos de nuestro gobierno, lo segundo debería hacernos avergonzarnos de nosotros mismos.

Porque, si creyéramos en la justicia, propondríamos el segundo texto aunque fuera en contra nuestra, no nos agarraríamos al clavo ardiendo de la ideología moral del PP que él mismo nos ofrece para pretender que la prestación de fecundación in vitro a las parejas de lesbianas y las mujeres solteras es justa per se en el actual sistema de sanidad pública, cuando sabemos o deberíamos saber que no lo es.

Tendríamos claro que la decisión del Partido Popular no es injusta porque deje fuera a las lesbianas y a las solteras sino porque ha decidido dejarlas fuera por ser lesbianas y solteras.

A nadie le gusta que se lo recuerden. Pero para salir de esto y no volver a caer en ello no solo tenemos que deshacernos de un sistema económico que se pudre en su catafalco y de los políticos corruptos y los banqueros avariciosos. Tenemos que deshacernos de ese concepto vacuo de que tener un derecho hace obligatorio que el Estado lo sufrague.

Tenemos que madurar. Aunque eso signifique costearnos nuestras propias elecciones como niños mayores.