viernes, diciembre 27, 2013

La "justicia y necesidad" de la glaciación salarial.

El año 2014 vamos a vivir congelados. No es que la glaciación se haya adelantado 98.000 años, no es que el cambio climática predicado por Al Gore nos haya bajado los termómetros hasta el cero absoluto, ni siquiera es que nuestra intolerancia occidental atlántica para el sufrimiento y la frustración nos haya llevado a la decisión de criogenizarnos hasta que pase este invierno eterno que los gurús de la economía nos auguran.
Es simplemente que nuestro gobierno, ese que se supone que tiene que hacer algo por nosotros, nos ha congelado el salario mínimo.
Y no es que nos lo haya congelado en los 1.700 euros de Luxemburgo o en los 1.400 euros mensuales de Francia. Nos lo han mandado al congelador en unos pírricos 640 euros que suponen un 60% menos del salario mínimo recién aprobado en la siempre citada Alemania. Eso que ellos estaban en contra del mismo concepto de salario mínimo.
Como estamos en esas fechas tan señaladas, que diría el Rey de Bostwana -¡Uy perdón!, de España, en qué estaría yo pensando-, vamos a hacer un ejercicio de buena voluntad y vamos a suponer que esa congelación del salario mínimo para el año que viene tiene una intención positiva.
Vamos a suponer que es justa y necesaria. Que, como diría el rezo, "es nuestro deber y salvación".
Pero el ejercicio de ciencia ficción navideña nos dura poco.
Porque si fuera justa no se congelaría el salario mínimo en 640 euros mientras se considera que lo mínimo que necesita en dietas para mantenerse un diputado son 1.823 euros. Así como suena.
Un individuo -o individua, seamos paritarios y pateemos el diccionario en los lomos- que cobra un sueldo de 3.126 euros brutos al mes necesita además 1.823 euros adicionales al mes para alojarse y comer. Como si su sueldo no se lo pagaran, como a todo el mundo, para que pague su casa y su comida.
Los españoles deben pagar su alojamiento y su comida con 640 euros mientras que el Estado paga 1.823 a alguien a quien ya le paga un sueldo para que se pague el alojamiento y la comida.
Pues muy justo no parece. Pero hay más.
Se congelan los sueldos de los funcionarios mientras se eleva el techo de remuneraciones de los cargos políticos municipales en la nueva Ley de Régimen Local -o como sea que la terminen bautizando-; se aumentan las retribuciones de los cargos de confianza mientras se externalizan servicios básicos como la gestión de las llamadas de urgencias, la lavandería hospitalaria o las donaciones de sangre con el único objetivo de poder reducir a la mitad los sueldos de los que trabajan en esos servicios.
Pero sobre todo esa congelación salarial no es justa porque está sola, es una isla de hielo en mitad de un proceloso mar de aguas ardientes que nadie se esfuerza por congelar.
Porque si realmente fuera justa no estaría sola. Se congelarían los precios de las tarifas eléctricas, pero se suben un 11% -que luego serán un 5% o un 6%, para que les demos las gracias-; se congelarían las tasas universitarias, pero se incrementan hasta un 75%; se congelarían los impuestos, pero se sube el IVA de forma estratosférica; se congelarían los precios, pero todo el mundo da palmas con las orejas y respira aliviado porque la inflación sube.
Y sobre todo porque, como siempre desde que la corte genovesa fue puesta por nuestros sufragios en el inquilinato de La Moncloa, la carga de esa congelación, de ese "obligado sacrificio", que dirán nuestros gobernantes no tiene una contraprestación en el otro agente del mercado laboral.
Sería justa si se congelaran los beneficios empresariales en aras de esa misma recuperación, si, por ejemplo, se impusiera una tributación del 50% en el ejercicio de 2014 sobre la parte de beneficios que excediera de la presentada en 2013, o se impusiera a las entidades financieras que no pueden elevar durante ese año el cálculo de sus intereses hipotecarios por encima del euribor marcado en 2013, aunque suba, o que los rendimientos financieros y especulativos, extraídos de los intercambios de acciones y valores,  tributarán el doble durante el próximo año.
Pero, obviamente, nada de eso se ha hecho, ni se piensa hacer. De modo que la congelación del salario mínimo en 640 euros no responde a ningún criterio de justicia.
Y ahora es cuando muchos se tirarán de los pelos, se rasgarán las vestiduras o moverán la cabeza a uno y otro lado resoplando y diciendo ¡Eso no se puede hacer en un sistema de libre mercado!, ¡Eso sería alterar las reglas del juego del sistema!
Y tendrán razón pero nadie ha dicho que se tenga que salvar el sistema a costa de la gente y de sus necesidades , nadie ha dicho que el liberal capitalismo tenga que ser mantenido a toda costa, incluso cuando el tufo de su cadáver ya empieza a conducirnos al desmayo. Si hay que cambiar el sistema pues se cambia.
Y para aquellos que comiencen a atisbar las sombras del colectivismo y los fantasmas del estatalismo solamente una frase: "el mundo es un inmenso cúmulo de grises". Entre la el parqué de La Bolsa y el koljos hay un inmenso abanico de posibilidades.
Así que solamente podemos suponer que esa congelación se hace porque es necesaria.
Es necesaria para que los empresarios tengan un colchón en el que arrojarse para no subir los salarios en las negociaciones colectivas, para realizar contrataciones precarias con sueldos de 700 euros al mes, para que los beneficios empresariales se mantengan o se eleven a costa de la reducción de poder adquisitivo de sus trabajadores, para que el Gobierno pueda cuadrar sus cuentas de un déficit, originado por otros factores, congelando los importes de todas las prestaciones que dependen del salario mínimo para su cálculo.
Aquellos que van de puristas del sistema liberal capitalista deberían estar rabiando y pidiendo cabezas. Eso es, por definición, una intervención del Estado para alterar a la baja el precio de la fuerza laboral ¿no va eso en contra del sistema?, ¿o solo se protesta cuando las intervenciones estatales perjudican a los empresarios?
O sea que es necesario para el sistema y los que medran dentro de él, no para nosotros. 
Tan necesario como que un diputado cobre 1.823 euros en dietas y un sueldo de 3.126 euros mientras los españoles más desfavorecidos deban conformarse con 640 euros al mes.

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