lunes, diciembre 23, 2013

Los 7.500 perdidos en lo público y el arte de priorizar

Un día antes de que vuelvan a contarnos el cuento que nos llevan contando dos mil años, parece increíble que sea difícil, casi imposible, encontrar un dato que debería estar en todas las portadas de los periódicos y los sumarios de los informativos de cobertura nacional.
A día 20 de diciembre se cerró por este año el Registro Central de Personal del Estado. Y eso parece que es un elemento burocrático más, una de esas cosas que hace la Administración sin que le importe a nadie,. Y resulta que este año está siendo así.
Como los grandes medios han comprando a la baja la cortina de humo lanzada por el gobierno con su "oportuna" presentación de su revisión de la Ley del Aborto y la han sumado a las otras que ya nos impedían la visión, como el soberanismo catalán, el orgullo patrio en Gibraltar o la enésima operación del monarca inconsistente que aún padecemos, nos hallamos saturados de números. Del porcentaje de mujeres que abortan en España, de las que usan anticonceptivos, de madres adolescentes, de los descensos y aumentos de una u otra cifra relacionada con esa materia en cuestión.
Y todos esos números, todas esas curvas, todas esas estadísticas, nos están ocultando otras, las que nos servirían para hacer balance. Las que nos darían la autentica visión de lo que el Gobierno central y sus herramientas autonómicas están haciendo con nosotros.
Porque ese Registro Central del personal del Estado tiene, a día 20 de diciembre, 7.500 nombres menos en su lista en Madrid.
Madrid -y es solo un ejemplo- ha perdido 5.400 profesionales sanitarios desde junio de 2011. 
Deberíamos estar temblando por nuestra salud; deberíamos estar hirviendo de indignación por el riesgo que supone que se prescinda de médicos, enfermeras, cirujanas, sanitarios, anestesistas a esa escala.
Deberíamos estar difundiendo en nuestros altavoces virtuales de Twitter, Facebook o cualquier otra plataforma de relevancia social esas cifras a toda pastilla. Pero no lo hacemos. Han conseguido que no lo hagamos.
Perder cinco millares y medio de profesionales en la sanidad pública nos coloca al borde de la tragedia, en la misma frontera de la emergencia sanitaria permanente. Nos satura las urgencias, nos engrandece hasta el infinito en número y tiempo las listas de espera quirúrgicas. Nos coloca a un milímetro escaso del desastre.
Eso sí que nos arroja a la cola de Europa, eso sí que nos vuelve a otros tiempos, eso sí que nos retrotrae no a la España de la transición de los viajes a Londres a escondidas, sino a la de Delibes de intentar curarse los catarros con cataplasmas, los sabañones con orina y hacer rogativas para que la enfermedad no se nos lleve.
A unos tiempos en los que los inmigrantes mueren de neumonía por falta de atención médica, en los que los ricos pasan por delante de los que esperan una intervención urgente para que les hagan una operación menor. A unos tiempos en los que tienes que jugarte el infarto, la embolia o el ictus porque has de elegir entre comer o medicarte contra la hipertensión crónica porque no te sufragan los medicamentos.
A unos tiempos que podrían ser el principio del siglo pasado pero que son hoy y van a ir a peor.
Y ahí no queda la cosa. Esa cifra que nadie conoce ni parece colocar como importante en sus titulares ni sus cabeceras se completa con otra: Dos mil cien.
Ese es el número de profesores que se han perdido en la Comunidad de Madrid, solo en la Comunidad de Madrid. Hoy tenemos dos millares y un centenar menos de docentes que en 2011.
Pero como estamos a otras cosas, como nuestra ideología nos puede, como la oposición se preocupa más de sus principios ideológicos -respetables y respetados- que de la realidad a la que se enfrentan, los rostros visibles de la bancada socialista piden ayuda a las mujeres del PP para otros menesteres legales, pero no para esto.
Como si esos 2.100 profesores fueran una cifra perdida, sin importancia. Como si no significaran también pararnos el progreso.
Como si su pérdida no supusiera volver a cuando los que tenían dificultades de aprendizaje no podían intentarlo porque no tenían refuerzos, desdobles ni profesores de apoyo y tenían que conformarse con hacer los recados de una tienda a cambio de las propinas de los clientes o acarrear los materiales de construcción para que los capataces los mezclaran.
Como si la desaparición de ese número de profesores del sistema público de educación no nos hiciera aterrizar de repente en tiempos en los que los alumnos con necesidades especiales ven desaparecer sus posibilidades de  futuro, subsumidos en aulas con ratios de alumnos engordados y con profesores saturados, obligados incluso a dar asignaturas para las que no tienen preparación específica, y que se ven incapaces, por falta de tiempo y exceso de esfuerzo, de identificar siquiera la existencia de esas necesidades especiales.
Nos enzarzamos en otros debates mientras nos arrojan a tiempos pretéritos, mucho más pretéritos que el aborto prohibido, la pérdida de Gibraltar o la república catalana de Compains, en los que la educación era un privilegio, en los que ser Bachiller era un título casi nobiliario y en los que la genética y la cuna marcaban de forma darwiniana la cultura y la educación.
Y tenemos que tener claro que eso sí revierte España a la barbarie y el medievalismo. Mucho más que cualquier otra ley, por mucho bombo ideológico que le den.
Vaya por delante que se está en contra de la nueva Ley del Aborto -aunque no por las causas y motivos que se están esgrimiendo-, pero aquellos que se lanzan con todo a esa batalla, como quienes se lanzaron antes a la de la enseñanza de la religión, o la de la defensa de la integridad de España, ignorando todas las demás, centrando la atención en ella, le están haciendo un flaco favor al futuro de este país.
Valencia pierde un 16% de su profesorado, Andalucía un 9% de su personal sanitario, el gobierno catalán ya se niega a dar las cifras, Castilla La Mancha planea librarse de un 25% del personal sanitario y docente y Madrid pierde 7.500 profesionales de la sanidad y profesores de la enseñanza públicas.
Sun Tzu decía que "La guerra es de vital importancia para el Estado; es el dominio de la vida o de la muerte, el camino hacia la supervivencia: es forzoso manejarla bien y tener claro el orden de prioridad de las acciones y de lo que se pretende defender. No reflexionar seriamente sobre todo lo que le concierne es dar prueba de una culpable indiferencia en lo que respecta a la conservación o pérdida de lo que nos es mas querido; y ello no debe ocurrir entre nosotros".
Y, por si alguien no lo ha notado, estamos en guerra. 
En guerra por nuestra supervivencia como sociedad libre. Una guerra no violenta pero que ya ha empezando a ser cruenta, a arrojar victimas mortales.
No es momento de equivocar las prioridades.

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