Cada vez que se presentan unos Presupuestos Generales del Estado en este país surge una duda reiterada que hace a muchos escudriñar las columnas de ingresos y gastos en busca de un dato que, para desgracia de todos, nunca aparece concretamente compilado, convenientemente resumido ni expuesto con la claridad que se supone que busca sobre todo este gobierno nuestro con su rutilante Ley de Transparencia.
Laicos y católicos quieren saber cuánto dinero se asignara a ese culto milenario que nunca evoluciona pero cuyos gastos no hacen otra cosa que aumentar y aumentar. Los unos para saber cuan lejos estamos aún del Estado Laico que buscan y los otros para saber cuánto dinero se les va ahorrar de arrojar anónimamente en los cepillos de sus iglesias.
Pues bien, este año abrimos la puja con 246 millones de pesetas que el Estado dará a la iglesia católica por el concepto de recaudación del IRPF. Tal y como están las cifras que se maneja de lo que debe el estado, de lo que quiere recortar y de lo que necesita para cuadrar las cuentas es poco o, al menos, parece poco. Parece el chocolate del loro.
Y lo es. Pero, con un millón de familias que no tienen los suficiente para comer, el loro no tiene derecho a chocolate.
Dirán que eso parte de lo que los católicos quieren que se asigne a la iglesia en la famosa casilla del formulario del impuesto y que por tanto es justo que se le de. Puede parecer un argumento sólido y contundente. Lo sería si fuera cierto.
Pero por el lado legal, el concordato con la Santa Sede de 1979, revisado en 2007, establece un mínimo de asignación del 0,7 por ciento del total de los impuestos recaudados para la Iglesia, se llegue o no a esa recaudación. Es decir que, aunque ningún católico hubiera puesto en la crucecita en la casilla, la iglesia hubiera recibido este año 200 millones de euros. Y eso no parece que sea ni justo, ni equitativo, ni saludable.
El porcentaje de lo recibido alcanza el 0,82 por ciento, es decir, es de suponer que se ha superado el número de crucecitas necesarias para llegar al mínimo. Pero no lo sabemos. No lo sabemos porque nadie nos ha dicho, como nos decían en las legislaturas anteriores -más supuestamente amantes del laicismo, pero igual de incoherentes que la actual a la hora de aplicar la aconfesionalidad del Estado- cuantas crucecitas se han rellenado.
Bueno eso si nos lo han dicho, pero no lo que supone en dienro esas casillas. Porque el 0,7, por poner un ejemplo, de declaraciones negativas no debe ser mucho, me temo.
En las dos legislaturas anteriores no se llegó al mínimo y aún así e le dio una media del 0,77 por ciento a La Iglesia y no hay nada que nos haga suponer o saber que en esta ocasión no ha sido lo mismo. A menos, claro está que la llegada del PP al poder haya desatado el fervor pagano -de pagar, claro- en los cátolicos y todos hayan corrido a rellenar su casilla.
¡Vaya hombre!, acabo de caer en quecuando se cerró el plazo del IRPF el Partido Popular no estaba en el gobierno. Así que eso no ha podido ocurrir. ¡Qué contrariedad!
El chocolate del loro empieza a atragantarse.
Pero se convierte en una bola inmasticable cuando te das cuenta del privilegio que representa que los católicos puedad decidir a que insytitución específica se dedican parte de sus impuestos. Ellos sí y los demás no. Como diría el futbolístico portugues permanentemente cabreado con el mundo ¿por qué?, ¿por qué?
¿Nos imaginamos que todos los musulmanes, judios, evangélicos, budistas, testigos de Jehová, gnosticistas zen, espiritistas, etc, etc, etc, pudieran hacer lo mismo? Y así con todos los credos, religiones, ideologías y filosofías que pueblan el planeta.
¿Por qué ellos pueden decidir qué parte de sus impuestos se dedica a esa institución en concreto -ni siquiera a un fin general, a una institución- y yo no puedo decidir que se dediquen a La Sociedad Histórica de Sagunto o la restauración de las ruinas romanas de Segobriga o a la construcción de un desdoblamiento en la carretera general que atraviesa mi pueblo?
No estoy pidiendo que así sea porque eso paralizaría la ejecución de los Presupuestos del Estado. Simplemente estoy poniendo de manifiesto la falla ética que supone darle a un colectivo -y solamente a uno- la posibilidad de establecer como prioritario un gasto, independentientemente de las necesidades del Estado.
El error ético que supone en una sociedad en general -y aconfesional en particular-, considerar que el sostenimiento de una entidad religiosa es una prioridad presupuestaria que tiene que tener un 0,7 por ciento mínimo, independentientemente de la situación financiera del Estado.
La solución para ambos aspectos: Hagamos una desgravación general del 0,7 porciento a todos los que tributan con el fin de que puedan destinarla al fin social, benéfico o solidario que se les antoje. Si al año siguiente no se presenta justificación de gasto de ese 0,7 por ciento en la declaración no se tiene acceso a la de ese ejercicio.
Es sencillo.
Claro, que eso haría que hubiera que dar recibos por las donaciones y a lo mejor eso no es del todo conveniente para seguir manteniendo la imagen de una iglesia pobre o de una iglesia autosufrada.
Y también es posible que obligara a la iglesia a hacer gastos en la recogida, gestión y distribución de sus donaciones y asignaciones solidarias que ahora se ahorran por utilizar el aparato del Estado.
Incluso cabría la posibilidad de que sus feligreses se guardarán el famoso 0,7 o incluso considerarn que es más importante salvar a los delfines de las costas de Madagascar que mantener a una institución con la que solo se realicionan algún que otro domingo y en bodas, bautizos y comuniones.
¡Que se le va a hacer! Pero así cada uno decidiría a qué loro quiere dar el chocolate o si no le importa que el loro pase hambre.
Y ahí no queda la cosa.
Luego están las exenciones fiscales.
En unos presupuestos, en una política económica en la que los impuestos suben para las personas físicas, para las sociedades, para las pequeñas y medianas empresas y pra casi todo el que se ponga por delante, la Iglesia mantiene exsenciones fiscales cuando menos poco justificables.
Y la mayor de ellas, la más incomprensible, es la del IBI y otra serie de impuestos municipales.
Y de nuevo la defensa siciliana de peón -o quizás vaticana de alfil, sería más apropiado decir- es que no supone la cuantía que aseguran los que se quejan.
Y en eso he de darles la razón. Esos excesivos numeros de 3.000 millones de euros sopondrían el 30 por ciento de la recaudación del IBI en España que apenas llega a los 10.000 millones y se basa en cálculos que consideran todas las propiedades de la iglesia como construidas sobre suelos urbanizables.
Realizada de forma más o menos adecuada, teniendo en cuenta la condición de suelo rústico de muchas de ellas -algo que en un buen porcentaje de los casos es ilegal, pero que vamos a pasar por encima- la recaudación ascenderia a porximadamente a unos 650 millones de euros.
Más chocolate para un loro que debe estar a punto de reventar.
Pero de nuevo el error no está en las cifras, la injusticia no está en los importes. Está en la bese éticas y social en laque sustenta.
Catedrales, monumentos y edificios educativos y sanitarios están exectos de IBI. Perfecto, cumplen una función social y cultural y se les ayuda a seguir manteníendola.
Pero los lugares de culto no. No cumplen función social alguna. El culto religioso no es una función social, es una decisión individual que puede aportar muchas cosas -no sé cuales- al individuo en concreto pero que no aporta beneficio alguno a la sociedad en su conjunto. Así que tributan IBi, vados y todas las tasas que estimen oportunos los ahogadosayuntamientos que ahora quieren cuadrar sus cuentas como sea.
Y por supuesto se eliminan de la lista de instituciones educativas a los seminarios -porque esos no educan, solamente enseñan una materia de exclusivo uso de los católicos-.
Así que esos inmuebles se sumarían a las residencias sacerdotales, los centros administrativos, las oficinas, los monasterios y conventos, los centros de reeducación -perdón, de retiro espiritual-, y demás locales que ahora eluden el impuesto.
Y no me vengan con que esas iglesias son sedes de Caritas o decualquier otra institución de misericordiosa caridad para justificar la excensión del impuesto porque eso se cae por dos motivos:
Las ONGS no tienen excensión del IBI -el ejemplo de Cruz Roja no vale porque ella lo tiene porque se dedica actividades sanitarias- y losespacios que se dedican a Caritas en las iglesias no pasan de una ridícula habitación de dos por dos. Así que, en todo caso, detraemos del impuesto la parte correspondiente al espacio destinado a ese fin y a otra cosa.
A lo mejor sigue siendo el chocolate del loro pero ya es chocolate belga de importación con raspaduras de naranja amarga. Ya es chocolate de gourmet.
Podría seguir con otra serie de exenciones impositivas que se conceden a la iglesia por parte de ayuntamientos concretos o de comunidades autónomas determinadas, pero eso me quitaria espacio para hablar de otra sima ética que se incluye cada año en los presupuestos generales y que pueden pasarse por alto en una sociedad acomodada en la que sobra el dinero pero que hacen rechinar los dientes cuando hace falta tanto para tantas cosas y para tanta gente.
Por ejemplo.
No se exige a la Iglesia Católica que registre a sus religiosos y religiosas en la Seguridad social y cotice por ellos para la jubilación y el paro. La inmensa mayoría de los sacerdotes y religiosas, a menos que sean maestros o profesores, tienen que darse de alta como autónomos y sufragarse por su cuenta sus pagos a la seguridad social. Ya no se trata de la perdida de cotizaciones, más de medio millón de cotizaciones, que eso supone, sino de la indefensión en la que se deja a todas esas personas solamente para que la estructura jerárquica del catolicismo no tenga que afrontar los costes de esa obligación que lo es para todo empleador.
En un país en el que hay perdidos en alguna parte de Suiza o Luxemburgo 88.000 millones de euros eludidos de las cotizaciones laborales, permitirque alguien no se haga responsable de las cotizaciones de sus trabajadores no es precisamente un ejemplo ético aceptable.
Y situaciones como asignar al presupuesto de defensa el pago de los capellanes castrenses que no realizan acción bélica ninguna esencial para la defensa, el de dotar a la iglesia católica en el presupuesto de Instituciones penitenciarias de un millón de euros por la asistencia religiosa a los presos, cuando los sacerdotes que lo realizan ya reciben su sueldo de sacerdote que si es bajo, lo es porque su institución no quiere subírselo o porque sus fieles no quieren contribuir en más a su sostenimiento.
Destinar partidas independientes al arreglo y restauración de elementos de instituciones religiosas que alcanzan los 42 millones de euros cuando la exención fiscal y tributaria se supone que está destinada a facilitar que esas entidades hagan frente a las labores de mantenimiento que supuestamente les corresponde. O sea que te quito los impuestos paraque tengas dinero para mantener el local pero luego te pago, yo, Estado, la restauración de elementos cuyo mantenimiento es responsabilidad tuya. Incomprensible.
Permitir que un Ministerio de Fomento reducido a su mínima expresión en sus inveriones destina sin embargo partidas que van desde los 100.000 euros para la restaruración de la Iglesia del cementerio de Cabanes a los 400.000 euros por la reconstrucción de la iglesia patronal Mieres para sumar hasta 12 millones de euros. Veamos, ?se recorta el gasto en transporte y se mantiene en iglesias? No parece, botepronto, una decisión económica muy acertada.
Consentir que cinco autonomías aumente nuna media de un uno por ciento sus asigaciones presupuestarias para el concierto educativo con instituciones que son en su 91 por ciento religiosas mientras planifican un recorte medio del 6,5 por ciento en las asignaciones a la educación pública.
En definitiva que tantas pequeñas onzas de chocolate hacen que el loro engorde hasta reventar.
Y contra todo eso solamente se opene esa mítica y nunca explicada cifra de 14.000 millones que la estructura católica le ahorra al Estado, nunca desgrosada y que se basa en la falacia de suponer que todo niño que ahora estudia en un colegio privado religioso tendría que ser asumido por el sistema público sin tener en cuenta que los padres de esos niños son los que verdaderamente cubren esos gastos y estarían dispuestos a seguir haciéndolo en instituciones privadas aunque no las gestionara la iglesia y lo mismo con los sistemas hospitalarios privados de gestión eclesial.
Porque todo lo concertado lo paga ya realmente el Estado. Hasta los profesores de religión
No se trata de una cuestión de números. No se trata de una cuestión de cifras.
Se trasta de un error conceptual que hace que se considere prioritario mantener una estructura cuando se recorta de todo lo demás. Una laguna de pensamiento que hace que se confunda la libertad religiosa con la implicación iglesia Estado.
Yo, Estado, nunca te pondré problemas por ejercer un credo o por tener una ideología, nunca te perseguiré por ello, nunca te discriminaré por ello. Pero te haré directamente responsable de tus elecciones, te haré directamente responsable de mantener aquello que en lo has decidido participar.
Y si no puedes hacerlo, a lo mejor te ayudo en la medida de lo posible, pero no lo haré cuando haya prioridades mucho más importantes que cumplir como el hecho de que casi un treinta por ciento de los habitantes de este país en edad laboral viven o en el umbral del hambre o gracias a recursos económicos que no les son propios.
Eso no lo háre.
Yo no lo haré como Estado y tú, aunque quisiera hacerlo, no deberías permitírmelo como cristiano. No tendría que imponertelo. Debería salir de tí.
Creo que en algún lado, en algún libro, algún nazareno dijo algo por el estilo.
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