Ignacio González, el heredero, el presidente de la Comunidad que nadie eligió porque a nadie se le dio la oportunidad de hacerlo, está furioso.
Simula estar calmado y contrito, pero está furioso; aparenta permanecer sumido en una profunda reflexión y en sesudo análisis pero está furioso.
Lo está porque las cosas no aparentan marchar como él quería, lo está porque, recuperada del negro combativo en la que la sumieron los profesionales del medio intentando evitar que se convirtiera en una herramienta de simple propaganda, Telemadrid amenaza con volver, los jueces amenazan con hacerla volver.
Y así, en ese lenguaje al que recurren siempre los cortados por el patrón el gobierno sempiterno y nunca abandonado de Esperanza Aguirre en Madrid, recurre a lo único que sabe hacer en esos casos: la amenaza.
"Si el ERE no prospera cerraremos Telemadrid". Lo intenta convertir -como todo en este gobierno del Partido Popular en nuestros tiempos- en una conclusión inevitable, en una consecuencia lógica de la realidad ineludible.
Pero no engaña a nadie. Es una amenaza.
No lo es por la frase en sí misma. Lo es por la que la continua para culminar la sentencia "No es prioritario para nosotros mantener un medio de comunicación".
Y esa es la clave.
Si los profesionales de Telemadrid vuelven a sus puestos de trabajo, la televisión de la Comunidad de Madrid volverá a ser un medio de comunicación. O por lo menos tendrá a casi un millar de personas dispuestas a convertirlo en eso.
Y eso nunca fue prioritario para el Gobierno del Partido Popular en Madrid.
Si no es una herramienta de propaganda para sus fines, no le interesa tenerlo; si no es un púlpito desde el que predicar su ideología, no le interesa; si no es una ventana desde la que mostrar hasta el hartazgo a un líder político impuesto a dedo, no votado, desconocido y continuamente hecho arder por los colectivos sociales y profesionales de los sectores públicos en sus sucesivas decisiones, Telemadrid deja de ser prioritaria.
Porque solamente esas motivaciones, esos usos sugeridos primero, impuestos después y manipulados en última instancia, sustentan esa amenaza de Ignacio González.
Si fueran simplemente las cuestiones económicas se hubiera limitado a cerrarla desde el principio y ya está. Ese era el máximo ahorro. El ERE podría haberse incluido dentro de ese cierre y habría podido justificarse por motivos económicos, pero la privatización no.
Pero ahora, como la decisión judicial amenaza con llevarle la contraria, con impedirle que "su" Telemadrid se convierta en una fuente de ingresos para sus socios y amistades a costa del erario público, con hacer imposible que sea simplemente un despacho de Agitpro del PP, ya no la quiere, ya no le sirve, la va a cerrar.
Porque la vuelta de los profesionales de Telemadrid, la decisión judicial contraria al ERE le obligaría a gestionar la televisión pública como un medio de comunicación. Le obligaría a dejar de colocar en los altos despachos y las altas nóminas a rebotados políticos del partido al que pertenece, le obligaría a sacrificar la propaganda en aras de una programación que atrajera audiencias y anunciantes porque la sentencia le habría dejado claro que Telemadrid necesita a sus profesionales y no puede prescindir de ellos.
Y en esas condiciones no la quiere, si no puede alcanzar su codiciada y ansiada herramienta de manipulación social, la cerrara. Como la zorra quejumbrosa de la fábula de Esopo "no la quiere, que está verde"
.
Es cierto, Ignacio González, por una vez y sin que sirva de precedente, tiene razón y dice la verdad.
Nunca fue una prioridad para el Partido Popular de Madrid poner un medio de comunicación y de información al servicio de sus ciudadanos.
Un medio de propaganda sí, de adoctrinamiento, también y de manipulación política y recolecta de votos, por supuesto. Pero un medio de información y comunicación, no.
Y Telemadrid solo puede ser eso si los jueces no le dejan convertirla en otra cosa.
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