Vidas sin valor o la paradoja sanitaria de cerrar las puertas del Lázaro canario.

La paradoja es una realidad que siempre nos coloca en el límite mismo de la incomprensión, en el borde de cuestionarnos lo que sabemos o creemos saber y lo que la realidad se empeña en mostrarnos en contra de esas seguridades que creíamos tener. Vamos, que nos coloca en ese sitio en el que nunca queremos estar y siempre nos deja incómodos: la necesidad de cambio.

Y la paradoja que supone del cierre por falta de recursos del Proyecto Lázaro, único centro que prestaba asistencia sanitaria gratuita y cobijo a los enfermos de SIDA sin techo y sin hogar en Canarias, nos arroja a una serie de paradojas que hace que nos veamos en la obligación de cuestionarnos muchas cosas.

La primera de ellas es que ese centro, precisamente ese, estaba regentado por Cáritas. Resulta curioso que un centro de infectados del HIV, al que más de una santa representada cinematográficamente ha considerado un castigo de dios, que siempre se ha vinculado desde los púlpitos ultramontanos y las salas vaticanas al vicio y la depravación sexual, sea gestionado por una entidad diocesana. Una paradoja positiva, no nos engañemos.

La segunda es que el cierre, provocado por los recortes, esos continuos, indolentes y locos recortes que aquejan a nuestra sanidad, a nuestros servicios asistenciales y a todo lo que dábamos por sentado como un derecho y que ahora resulta que nuestros gobernantes creen que no lo es, no vienen de un gobierno del Partido Popular, sino de uno que, por su condición de autonomista -como es Coalición Canaria- debería anteponer su sociedad a lo que otros dicen y luchar por ello.

Y la tercera paradoja, quizás la más importante de ellas, viene de una suma de las anteriores y de otras muchas en las que Moncloa se ha hecho especialista desde que las urnas nos arrojaran a este sinsentido de sacrificar a muchos para salvar a unos pocos que, por ende, ni siquiera merecen ser salvados.

Porque, después de que la Educación, la sociedad y la condición aconfesional del Estado, le exijan al PP que recorte los dineros públicos gastados en todos los ámbitos de la actividad religiosa católica, no se recorta en los conciertos educativos valencianos, que se incrementan salvajemente a pasos agigantados, no se recorta en los gastos educativos de la religión en las aulas que suman varios millones de euros por comunidad en cada curso en pago de profesores, ni siquiera se recorta en subvenciones marianas a cofradías, procesiones y entidades sacras varias. 

Se recorta en las dotaciones asistenciales para Cáritas. En eso sí.

Porque no es la Conferencia Episcopal la que sufraga Cáritas -por más que Rouco y sus adláteres lo digan y pregonen- son las aportaciones de las Comunidades Autónomas y el Gobierno Central la parte de león de sus ingresos.

Así que, cuando toca recortar a la Iglesia se le corta el grifo en lo asistencial, se el cortan los fondos en la única labor que es esencial y además en un lugar, Canarias, en el que es la única que la asume para los que viven en la calle y no tienen recurso alguno.

Moncloa, su área económica y sus recortadores a ultranza toman la decisión no porque Cáritas sea una organización religiosa, sino porque lo que hace es una tarea asistencial.

Convierten el reclamado recorte en gastos religiosos en el indeseable recorte en gastos sanitarios.

Y lo hacen sin inmutarse y con la aquiescencia de Comunidad Autónoma y Diócesis Canaria de por medio.

Porque la Comunidad podría haber cubierto esa rebaja, detrayendo el dinero de otra parte, realizando algún recorte suntuario que seguramente todavía no ha hecho. Parece que lo intenta, parece que busca financiación y que intenta conseguirla. Pero la previsión es la obligación de los gobiernos que conocen el terreno como son los autonómicos. La reacción está bien, pero la previsión es aún mejor.

Y sobre todo porque si la asistencia sanitaria a través de sus iniciativas solidarias -caritativas, según el concepto católico- fuera una prioridad para la jerarquía católica habrían encontrado el dinero para mantener abierto el centro, hubieran renunciado a un Corpus Toledano o a una misa multitudinaria por la familia y habrían empleado ese dinero para mantener abierto un centro que no solamente aporta tratamiento y cobijo a los enfermos de la isla, sino que además supone un aporte sanitario importante para toda la sociedad insular.

De modo que el cierre del centro es una paradoja ejemplar de lo que le importa y lo que no le importa a nuestro gobierno, de sobre quienes no le importa cargar sus recortes. De que fingen desconocer que detrás de esos números hay personas a lasque condenan a la muerte doblemente, por no tener acceso a sus medicaciones y por no tener acceso a un lugar en el al menos pernoctar con unas mínimas garantías de llegar al siguiente amanecer. Y es una paradoja, quizás más ejemplar todavía, de lo que le importa y no le importa a la jerarquía eclesial.

Los unos, pudiendo recaudar y recuperar dinero otorgado a la jerarquía católica en otros muchos conceptos eligen los ámbitos sanitarios y asistenciales como objeto del recorte y los otros, pudiendo renunciar a otros gastos mucho más inútiles, suntuarios e innecesarios, aceptan el recorte en la asistencia sanitaria a ese colectivo en concreto sin mover un solo dedo para evitarlo.

A los unos no les importan por desahuciados y a los otros por pecadores.

Pero, en cualquier caso, los que pierden son los enfermos, la sanidad canaria y toda la sociedad de la isla en su conjunto.

Moncloa por lo menos tiene la excusa de su cerril obcecación ideológica neocon -que es excusa solamente, no justificación- pero ¿qué excusa pueden dar los jerarcas episcopales?

Unos y otros estarán orgullosos.